Nefasta Santa Fe judicial

 

En el norte santafesino, el trámite judicial de un probado caso de abusos sexuales reiterados ha vuelto a tender sospechas sobre la vinculación entre referentes locales de Juntos por el Cambio y la Justicia provincial, en un maridaje de gravitación no menor en el país. De Santa Fe surgió la mitad de la actual Corte Suprema de la Nación, que de cupo femenino tiene sólo el género de su nombre y de federal únicamente a la Policía que la custodia.

Todo ocurrió en Avellaneda, una pequeña ciudad del norte de la provincia, aledaña a la más populosa Reconquista. En Avellaneda tiene sede e incidencia el conglomerado Vicentin. Uno de sus más encendidos opositores frente al anuncio de estatización de 2020, el actual senador nacional radical Dionisio Scarpin, quedó en el foco de atención al conocerse tanto las denuncias contra Marcelo Galaz, su mano derecha durante la década en que fue intendente, como el recorrido que siguieron.

La intervención del fiscal Aldo Gerosa posibilitó a Galaz, que admitió los hechos, reducir la expectativa de pena de más de 30 años a sólo 7 más una indemnización a la víctima, que fue presionada y engañada para aceptar un acuerdo en juicio abreviado.

El caso también salpicó a otro legislador radical, el senador provincial Orfilio Marcón, y a parte del Poder Judicial del norte santafesino. En gran medida por la desprolijidad de Gerosa, su hastío por ser perjudicado en concursos para acceder al cargo de juez y una notable dificultad para seguir en silencio los procedimientos normados para una Unidad Fiscal tan delicada como la que encabeza, enfocada en casos de violencia de género, sexual y familiar.

La última noticia fue el lapidario dictamen que la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) concluyó el 12 de mayo sobre su desempeño en la causa. Dado que la eventual sanción para los reproches contra Gerosa podría “poner en crisis su continuidad en el cargo” y requeriría por ello intervención de la Legislatura provincial, en la misma fecha el dictamen fue elevado a su comisión de Acuerdos. Lo recibió la diputada Lionella Cattalini, que se define como socialista y feminista.

Habrá que ver si el último término significa en Santa Fe lo mismo que en el resto del mundo. La provincia está habituada a definiciones sui géneris de identidades políticas como el peronismo o el socialismo. Como reveló Grama Sana, el nombre del Estado subnacional es anagrama de “nefasta”. Y ambas palabras lo son de “estafan”.

 

Mapa anagramático de las Provincias Unidas del Río de la Plata #anagramas #Argentina pic.twitter.com/VUqRFcgsW0

— Grama Sana (@GramaSana) September 1, 2020

 

Scarpin no es un personaje más en la política provincial. Además de su peso en la zona norte santafesina, es un fiel ladero de la periodista independiente Carolina Losada, a la que una sorprendente alquimia transformó en senadora nacional y ahora aspirante a la gobernación. El radical de Avellaneda fue su compañero de fórmula en las últimas legislativas de medio término.

 

 

Error de cómputo

El 3 de junio de 2021, Galaz fue denunciado formalmente por una familiar suya que padeció sus abusos sexuales durante alrededor de seis años, desde los cuatro a los diez de edad. La mujer es adulta ya, pero sus sufrimientos de pequeña le dejaron secuelas psicopatológicas y a eso contribuyó también que en los años siguientes debiera cruzarse cotidianamente con su victimario, que le hacía gestos para que no hablara y era a su vez funcionario de la Municipalidad de Avellaneda donde trabajaba su madre.

El juez Santiago Banegas, valorado en la jurisdicción, suspendió un intento inicial de juicio abreviado cuando se había concretado ya una audiencia, debido a que en el acuerdo faltaban las firmas del fiscal regional y de la víctima, a quien hizo saber que tenía derecho a ser oída. El 1 de febrero pasado, ella se presentó ante el magistrado interviniente para solicitar un nuevo fiscal, ya que consideraba que Gerosa la había engañado y presionado para la aceptación del acuerdo.

Su relato fue específico: narró que el fiscal le advirtió que de no consentir lo propuesto le “soltaría la mano”, ya que de otro modo se perdería el juicio, porque ella se había “empoderado”, hablado y configurado un rol de “mala víctima”. Gerosa llegó incluso a presentarse en la casa de la mujer para presionarla por su firma al acuerdo de una pena muy menor a los 32, 22, 12 y 10 años que en diferentes oportunidades le informó.

 

 

Esas sucesivas reducciones eran posibles gracias a las equivalentes quitas de cargos en contra del imputado, que el fiscal había entendido inicialmente en concurso real. Tal vez Gerosa haya visto muchas películas, pero el mecanismo del juicio abreviado autóctono no se asemeja al sistema del derecho anglosajón, que da libertad a la fiscalía para negociar cargos a cambio de información. De todos modos, en este caso Galaz tampoco realizó aporte alguno.

En abril se llevó a cabo un nuevo intento de juicio, presentando un acuerdo en que el fiscal Gerosa decía no haber tenido intervención. Pero el proceso quedó suspendido cuando el procurador general ante la Corte Suprema provincial advirtió de la posibilidad de iniciar una investigación sobre la actuación del juez Banegas en la causa. El magistrado se inhibió entonces de continuar su intervención e idéntica determinación tomó una de sus colegas. Por el momento, el juicio se encuentra técnicamente caído. Galaz ya había abonado una cuota de la indemnización y este lunes 29 debía pagar la restante y ser sentenciado e ingresar a la cárcel, pero en el estado actual del trámite eso no ocurrirá.

En mayo de 2022, después de diez meses de prisión preventiva en dependencias policiales, Galaz fue enviado a su domicilio. Allí pasó casi un año con su esposa como guardadora y en convivencia con sus hijos, dos niños pequeños. Las condiciones de su detención no están claras, porque nunca se le informaron tampoco con exactitud a la víctima: recién ante su insistencia, le indicaron que el acusado jamás había tenido tobillera electrónica. El principal escrito de Gerosa al respecto es contradictorio, porque pedía al mismo tiempo que se cambiara la modalidad de detención y que se lo dejara en libertad. Cuando Galaz aún permanecía detenido en una sede policial, alguien cerró por él sus cuentas en las redes sociales.

El funcionario municipal asumió ser culpable de abusos sexuales a una menor, pero fue puesto en convivencia con dos, y con medios económicos y posibles contactos como para planificar una eventual fuga. Durante sus años, como mano derecha del entonces intendente Scarpin, fue el encargado de conectar al municipio de Avellaneda con responsables de todos los Poderes y niveles de gobierno. En particular desde que en diciembre de 2019 fue designado como coordinador de Gestión Política municipal. Los ingresos familiares y su patrimonio le permitirían viajar al exterior sin problemas.

 

 

Contactos, sin tacto

El dictamen de la Auditoría General del MPA concluyó que el fiscal Gerosa impidió que la víctima confiase en él debido a que “iba variando su propuesta para cerrar el acuerdo abreviado de manera caótica, cerrando acuerdos a sus espaldas (…) y dejando en soledad a la joven, a quien le daba un trato indecoroso” y la cuestionaba por buscar asesoramiento particular en profesionales con perspectiva de género.

En la Avellaneda santafesina, pudo percibir El Cohete, sobrevuelan varias sospechas. De visitas de legisladores cambistas a despachos de Tribunales en fechas próximas a cambios en la causa. O a la propia vivienda del acusado, cuando había amenazado suicidarse, luego de dos intentos en la Celaduría de Reconquista.

El propio fiscal Gerosa confesó a la víctima y su familia temores y presiones que atribuyó a una conversación con el senador provincial Marcón, quien le habría consultado por la posibilidad de resolver la causa en un juicio abreviado, una manera de reducir impactos en un año electoral. Durante ese encuentro con la víctima, Gerosa se presentó como perjudicado por lo que llamó “radico-narco-socialistas” en concursos para ocupar cargos de juez en distintos puntos de la provincia.

La mujer, que ya había sido engañada en varias oportunidades, tomó la precaución de grabar la charla. Cuando el audio tomó estado público y la prensa provincial lo consultó al respecto, el fiscal justificó la definición en que unió a radicales, narcotraficantes y socialistas como un “exabrupto” en estado de enojo, y adjudicó la creación de un término similar al ministro bonaerense Andrés Larroque, al que descalificó como “poco presentable”.

En lo que tiene que ver específicamente con el caso Galaz, la mención de Gerosa al interés del senador provincial Marcón se dio en medio de una dificultosa autodefensa, cuando la víctima apuró definiciones:

 

 

 

 

 

Cartas

Por su parte, la víctima dejó plasmadas sospechas y comprobaciones en cartas que remitió durante la última semana a las cámaras de Senadores y Diputados y a la Comisión de género, mujeres y diversidad de la provincia, cuya integración decide la segunda.

El Cohete resguardará la identidad de la remitente, aunque durante el trámite de la causa la defensa se haya ocupado de difundirla. Más relevante es saber que denuncia haber tenido conocimiento de que el senador Marcón “mantenía contacto y pedía información sobre el proceso” al fiscal Gerosa.

“Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos, las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado”, indicó la denunciante, que incluyó enlaces para escuchar audios radiales de Gerosa y Marcón, de quien se pregunta por qué estaba tan interesado en la causa.

En la entrevista radial citada por la víctima, el senador trató de responder a ese interrogante por el “revuelo” que existía alrededor del tema, pero —pese a reconocer la simultaneidad con la recepción de quejas del fiscal por los concursos para juez en los que no coronó— indicó que no había sido su intención incidir en el trámite de la acusación contra Galaz. “No sé por qué me involucran con este tema, él nunca trabajó conmigo. Sí con (el senador nacional) Scarpin”, incineró a su correligionario y coterráneo.

—¿No le llamó la atención que en una causa se lo acuse por 32 años, pero el juicio se termine haciendo por 7? —le preguntó a Marcón el periodista Juan Manuel Berlanga, que lo entrevistó junto a su colega Stella Córdoba en el programa Sineseradio.

—Para eso hay una Auditoría General del MPA, que evalúa las conductas de los fiscales— respondió el legislador provincial.

La Auditoría emitió su dictamen cuatro días después, recomendando separar a Gerosa de la Unidad especializada que encabeza. El documento reprocha en duros términos al fiscal, a quien acusa de haber hecho “diversas declaraciones indecorosas e imprudentes”, carencia de perspectiva de género en su trabajo y desconocimiento de normas y estándares al llevarlo a cabo.

La resolución del caso todavía está pendiente, podría costarle el cargo a Gerosa y explicaciones a más de un referente político de la zona y la provincia.

Esta historia —según parece— continuará.

Lamentablemente, mientras tanto, se extenderá también la impunidad que atormenta a una víctima de abusos sexuales sufridos cuando era una niña, hace un cuarto de siglo.

 

 

 

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