NECESIDAD Y URGENCIA

 

A mediados de enero de este año recibimos a Cristina Vázquez en las oficinas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, acompañada de una amiga con quien vivía y de la presidenta de la Asociación de Pensamiento Penal. Conocíamos el caso, lo habíamos seguido de cerca y esperado con ansias la anulación de aquella injusta sentencia que le quitara su libertad durante más de 10 años.

Escucharla contar su historia, en primera persona, sin embargo, no se compara con conocer su caso y estar atentas a su resolución. Escuchar a Cristina narrar las consecuencias de un accionar judicial discriminatorio, misógino y racista no tiene nada que ver con lo que vemos y escuchamos todos los días. A Cristina, la administración de justicia de su provincia natal le arrebató la vida y dejó al descubierto de manera flagrante que sostener el status quo no es una opción.

Después de la reunión, un equipo especializado del ministerio elaboró un informe y evaluó cursos de acción para encontrar la forma de asistirla de la mejor manera y resolver alguna de las múltiples necesidades que tenía para empezar su vida nuevamente, luego de tantos años.

Más de 10 años presa y con una situación económica de extrema vulnerabilidad serían sin duda estigmas difíciles de sortear: mujer y pobre, una combinación que sumada a los prejuicios que la privación de la libertad imprime resultarían obstáculos para proyectar la vida, una vida condicionada por una injusticia que desnuda, una vez más, su carácter sistémico.

En esa intervención conversamos con ella acerca de la necesidad de que comience un tratamiento psicológico; se encontraba en una situación de alto grado de vulnerabilidad. Nos comprometimos a buscar un servicio de salud mental acorde a las necesidades y tramitar su ingreso a un programa de apoyo económico que le permitiera tener un mínimo de autonomía para dar los primeros pasos hacia su nueva vida.

Seguimos en contacto con ella los primeros meses. De hecho, pasado un mes de nuestra reunión le informamos que su ingreso al programa Hacemos Futuro ya estaba dado de alta. Ella nos contó que había decidido volver a Misiones y días más tarde de encontrarnos, había comenzado un tratamiento psicológico allí. Nos comprometimos a dar aviso al programa de su cambio de domicilio y el 13 de marzo le informamos que ya podía retirar su tarjeta en el Banco Nación de Posadas.

Días atrás recibimos con profundo dolor la noticia de la muerte de Cristina en Misiones. Unos días antes, el caso de Sofía en Tucumán, una niña de 12 años que debe vivir recluida en su propia casa por el acoso incesante de su vecino, sobre el que pesa una condena por abuso sexual agravado de su propia hija pero quien recientemente volvió a su domicilio con prisión domiciliaria por ser población de riesgo ante la emergencia sanitaria; el lunes pasado la liberación de quien fuera condenado como encubridor en el femicidio de Micaela García mientras queda a la espera de que su condena quede firme y tantos otros casos como el de Romina Tejerina en Jujuy o Belén en Tucumán.

La lista es interminable y es imposible pensar en la historia de Cristina y la de tantas otras mujeres y LGBTI+ sin que aparezca de manera evidente la necesidad y la urgencia de incorporar la perspectiva de género a los poderes judiciales. Es una prioridad. Y la muerte de Cristina —junto a tantas otras injusticias— es la confirmación insoslayable de que sobre esto no hay lugar para posiciones encontradas.

Estamos obligadxs a repensar las prácticas, organización y funcionamiento de los poderes judiciales de nuestro país. Hablar de incorporar “perspectiva de género” no forma parte de una retórica vacía de sentido. Implica cambiar de manera rotunda el modo en que se mira cada caso y la integralidad del sistema judicial. Es intolerable sostener un sistema que reproduce desigualdades y las legitima constantemente.

Cuando hablamos de incorporar perspectiva de género nos referimos a hacer lugar a una variable de análisis que tiene en cuenta las necesidades diferenciadas de las personas. Es muy difícil pensar en que haya justicia sin considerar una variable tan fundante como el género.

Tener en cuenta el contexto, las condiciones de desarrollo, las diferencias en los proyectos de vida y los condicionamientos que enfrentan mujeres y LGBTI+ y varones no es caprichoso ni forma parte de un discurso de ocasión. Implica acercar el Estado a las verdaderas necesidades de las personas y a sus trayectorias reales. Es reconocer que nuestra sociedad no es un bloque homogéneo sino que somos diversidad y necesitamos incorporarla a nuestras prácticas cotidianas.

La presencia de estereotipos de género en las leyes, reglamentos, prácticas, creencias culturales, modos de organización institucionales y prácticas cotidianas es una seria discriminación contra las mujeres e identidades diversas y su traslado a las prácticas judiciales es nocivo y constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esto no es abstracción retórica. Se traduce en historias reales, como la de Cristina y tantas otras que duelen y enojan. Todas y cada vez.

La ausencia de perspectiva de género en los procesos judiciales se manifiesta a lo largo de todas sus etapas, desde el inicio hasta el final. En los procesos penales, en los que se pone en juego el poder punitivo por parte del Estado, es quizás donde se percibe con mayor fuerza. Sin embargo, esta mirada debe estar presente en todos los procesos, cualquiera sea el fuero o la instancia. Buscamos promover un ejercicio del derecho para la vida y para la libertad y nunca para la exclusión y la opresión.

Es ineludible la urgencia de promover sin dilaciones un sistema que supere estereotipos de género que derraman, indefectiblemente, en prácticas discriminatorias, desigualdades y múltiples manifestaciones de violencias. Cada caso nos vuelve a convocar socialmente a la responsabilidad histórica de dar este debate. La vida de mujeres y LGBTI+ es urgente y prioritaria.

Avanzar en una reforma de la administración de justicia que tenga en cuenta el género y la diversidad en su funcionamiento y práctica cotidiana es absolutamente congruente con el objetivo de poner fin a las violencias de género, estructurales y sistémicas, contra las mujeres y LGBTI+ que nos condicionaron —y condicionan— históricamente. No estamos hablando de nimiedades: el impacto de una intervención judicial misógina o indiferente al género acarrea consecuencias muy difíciles de revertir que, en ocasiones, marcan la vida entera a quienes las padecen.

Para que podamos pensar con seriedad en la vigencia de una democracia de alta intensidad necesitamos construir consenso social acerca de la importancia de contar con una administración de justicia comprometida con los derechos fundamentales de las mujeres y LGBTI+ y priorizar estos debates. Sí es momento. Es necesidad y es urgencia.

 

 

* Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

 

 

 

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