Narco-injerencia

 

El último jueves se inició en el Centro Cultural Kirchner la primera reunión anual del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia del Presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Juan Manzur. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, organizó el encuentro que tuvo una duración de dos días, con “foco en el narcotráfico”. Participaron los máximos jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales, operadores judiciales federales y provinciales, funcionarios provinciales y agencias extranjeras dedicadas al combate contra el narcotráfico, entre ellas la controvertida Agencia de Aplicación de la Ley de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés).

La DEA es la repartición federal del gobierno de los Estados Unidos dedicada a represión de la producción, tráfico y comercialización de sustancias ilegales. Fue creada por la administración del Presidente Richard Nixon en julio de 1973, y depende del Departamento de Justicia. Su sede se encuentra en Arlington, Virginia, a pocos metros del Pentágono, y la academia en donde se forman sus agentes se ubica en Quantico, una base perteneciente al Cuerpo de Marines. Tiene delegaciones en más de 70 países y un presupuesto global de 28.000 millones de dólares.

Según las investigaciones académicas especializadas, la DEA está orientada por dos objetivos centrales, uno explícito y otro confidencial y hermético. El primero, ampliamente publicitado, remite a proteger la seguridad interna de los Estados Unidos con relación al circuito internacional del narcotráfico. El segundo, a infiltrarse en los organismos de seguridad con el objeto de controlar, digitar u obtener información útil para orientar las políticas estratégicas de Washington. La “guerra contra las drogas”, al igual que el “combate contra el terrorismo”, brinda un marco de legitimidad para penetrar en los intersticios gubernamentales de diferentes países e influir en favor de políticas convenientes para los intereses del Departamento de Estado. Para lograr ambos cometidos, muchas veces yuxtapuestos, la Agencia desarrolla seis operatorias de claro contenido injerencista, ninguna de las cuales se encuentra regulada por protocolos ni normativas nacionales.

La primera de ellas es la vinculación directa –sin mediaciones– con operadores judiciales, magistrados, secretarios y fiscales. Según las variadas fuentes consultadas, el fuero penal-económico es un área en la cual la DEA cuenta con afinidades garantizadas. Quienes peregrinan los pasillos de dicho fuero consignan que sus movimientos y fallos son consecuentes –y funcionales– con los pedidos y necesidades de la Agencia: “Son empleados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos más que funcionarios argentinos”, sugiere un conocedor de los vínculos tóxicos. La operatoria de cooptación –implantada por la DEA desde hace cuatro décadas– funciona de forma similar a la que utilizan los laboratorios farmacológicos para persuadir a los médicos. Los invitan a congresos, les abonan suculentos viáticos al tiempo de que los catequizan sobre las bondades irresistibles del American Way of Life.

La segunda es la relación con altos jefes de las fuerzas federales (Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura). Dichas articulaciones han sido profundizadas desde la conformación de los Grupos Operativos Conjuntos creados por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Estos acuerdos han producido una hibridación indiscriminada de organismos locales y extranjeros, también observable en las Task Forces ubicadas en Salta y en Misiones. Durante la etapa macrista, los agentes de la DEA se incrementaron. En 2015 estaban instalados tres agentes y en 2016 pasaron a ser diez.

Uno de los funcionarios encargados de activar los vínculos con las fuerzas de seguridad es el ex policía bonaerense Guillermo González, ocupante desde hace dos décadas de una oficina en el segundo piso de la Embajada, quien mantiene aceitados vínculos con el titular de la Procuraduría de Narco-criminalidad (PROCUNAR), Diego Alejo Iglesias, a quien la totalidad de sus colegas identifican como un subordinado incondicional de la DEA. Uno de los magistrados que goza de mayor simpatía es Claudio Gutiérrez de la Cárcova, presidente de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La tercera es la oferta de tecnologías de las que las fuerzas locales no disponen –como el acceso a desencriptadores de datos de última generación (del tipo Universal Forensic Extraction Device, UFED)–, herramientas que permiten obtener información de celulares o de plataformas informáticas. La información obtenida con esos soportes es utilizada, en forma prioritaria, al servicio de los intereses de seguridad de la DEA, y solo es compartida en la medida en que pueda resultarles indiferente o neutra.

 

 

 

Éxitos de la DEA

 

 

La cuarta es la red de informantes propios, financiada sin regulación local ni protocolo alguno, y concebida en absoluto desconocimiento de las autoridades nacionales, sean judiciales o de las fuerzas de seguridad. Los dos ejemplos más célebres de este procedimiento absolutamente ilegal –operativizados por la DEA a nivel local– remiten a los casos de Carlos Savignon Belgrano y de Julio César Pose. El primero de ellos, un reconocido fotógrafo, fue detenido por la Justicia argentina en 1988 por formar parte del Cartel de Medellín, comandado por John Arroyave Arias. Cuando declaró ante el juez Julio Speroni, fue acompañado por el jefe local de la agencia, Ernest Batista, quien justificó las acciones de Savignon Belgrano, dado su rol de informante de la DEA. El segundo caso conocido se relaciona con un ex agente de la SIDE, Pose, cercano al comisario Jorge “Fino” Palacios y a Antonio Stiuso, quien en 2003 reclutó a un grupo de ex carapintadas y agente de inteligencia desocupados para ingresar 50 kilos de cocaína en el Congreso Nacional, con el objeto de denunciar posteriormente su aparición en el estacionamiento del Palacio Legislativo.

El objetivo transmitido a los reclutados, además de prometerles 3.000 dólares a cada uno, buscaba desestabilizar al gobierno –recientemente electo– de Néstor Kirchner, y al mismo tiempo desprestigiar al Congreso. El operativo fue denunciado a la Gendarmería por el propio Pose, quien adujo ante el juez Claudio Bonadío que la operación había sido una “entrega pactada” bajo supervisión de la DEA. Bonadío consultó a la Embajada de Estados Unidos y Tony Greco –uno de los funcionarios de la DEA afincados en Buenos Aires– respondió al juzgado federal el 26 de septiembre de 2005, confirmando el rol de Pose. La misiva de la Embajada tuvo un efecto inmediato: Bonadío le otorgó la falta de mérito a Pose. A fines de 2005 se realizó una celebración en la Embajada, en la que la DEA festejó un triple éxito: el trascendido de que la carga de cocaína tenía como destino el Congreso –con la consiguiente difamación, asociada al sistema político argentino–, el desmantelamiento de una célula de traficantes (por la que serían premiados varios agentes de la DEA local en Quantico) y la libertad de culpa y cargo respecto a su agente infiltrado, Julio César Pose.

Para disgusto de la Embajada, sin embargo, la Cámara Federal revirtió la decisión de Bonadío y los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal 1, finalmente condenaron a Pose en octubre de 2020 a cuatro años de prisión por “instigar y participar del transporte de droga”. El abogado del informante, financiado por la DEA, fue Luis Alberto Imas, hoy juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. Entre sus impulsores para que integre la terna –previa a la llegada de la misma al Senado– figuró el agregado político de la Embajada y Antonio Stiuso. Los protocolos internos de la DEA consignan que los datos provistos por sus informantes son de su exclusividad y no deben ser transmitidos a ninguna fuerza de seguridad local. Cada agente controla hasta un máximo de cuatro informantes. Cuando la operación está validada, se le avisa a un juez confiable para que intervenga, advirtiendo de la presencia del informante.

El quinto es el manejo discrecional de “Cajas Negras” para funcionarios operativos de las fuerzas, enmascarados como viáticos, subsidios y/o aportes para “desarrollo de saberes técnico-profesionales”. Dichos recursos solo figuran en la contabilidad de la DEA pero no de las fuerzas locales. El periodista Julián Maradeo, autor de la Historia de la DEA en Argentina 1973/2021 –de próxima aparición– logró entrevistar al informante Pose, quien le confirmó que los valores que paga la DEA arrancan en 1.500 dólares y pueden superar los 10.000. En tal caso paga con cheque, razón por la cual se debe abrir una cuenta en Estados Unidos.

La sexta es la capacitación en diferentes programas, como los ofrecidos por la Academia Internacional de Cumplimiento de la Ley (ILEA), la Capacitación del Plan Colombia o los seminarios técnico-profesionales virtuales o presenciales. En el último informe del Departamento de Estado dedicado a evaluar la situación del narco-delito a nivel global –el International Narcotics Control Strategy Reports (INCST)–, difundido a inicios de marzo de 2022, se consigna que la Argentina participa en el plan de Cooperación de Seguridad Regional que se desarrolla en Colombia desde 2013, bajo la dirección de la DEA. Según tres fuentes consultadas, existe la posibilidad de que funcionarios hayan sido enviados sin autorización de las fuerzas de seguridad locales o que sean invitados y financiados –de forma directa por la DEA– sin que informen de dichas participaciones dentro de las fuerzas.

El propósito de las capacitaciones y las formaciones profesionales se vincula con la estrategia de homogeneizar a las fuerzas de seguridad de distintos países, alineándolos a los patrones metodológicos y las necesidades de la DEA. Ese es el criterio utilizado por la continuación de la Escuela de las Américas, ILEA, cuya sede de El Salvador se dedica a cooptar operadores judiciales, militares y funcionarios de seguridad latinoamericanos y caribeños para persuadirlos de la legitimidad de los intereses estratégicos estadounidenses. En septiembre de 2021 se llevó a cabo uno de los últimos cursos de ILEA, dedicado a indagar sobre la corrupción pública. Esa formación fue brindada por la DEA y el FBI, y participaron –de forma virtual–más de 60 funcionarios de la Argentina, Brasil, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Surinam y El Salvador. Un mes antes, de forma presencial, se ofreció el curso sobre Operaciones de Protección en el Exterior, en el que se exhibieron tácticas de enfrentamiento y represión callejera: “Además de las clases teóricas, se realizaron importantes prácticas, donde el principal objetivo fue que los oficiales pudieran mejorar sus técnicas de protección para responder oportunamente ante cualquier evento sospechoso”.

 

 

Agentes

 

 

En febrero arribó a Buenos Aires el nuevo jefe local de la DEA, el agente John Wallace, quien residió previamente en Bogotá y en México. Durante su trabajo en Colombia las plantaciones de coca crecieron un 30% y la exportación de cocaína aumentó a su máximo desde la implantación del Plan Colombia a principios del siglo XXI. Su estancia en México tampoco fue muy exitosa: los carteles radicados en ese país concentraron el monopolio de la comercialización y el contrabando dentro del territorio de Estados Unidos, desplazando a los carteles colombianos. Los voceros de la Embajada que trabajan de comunicadores sociales sugieren que no cometerá los errores de sus antecesores, Michael Tooley y Rodolfo Cesario. El primero mantuvo contactos con el abogado del narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi, involucrado en el triple crimen de General Rodríguez, mientras este estuvo prófugo. El segundo, Cesario, llegó a entrevistarse con Pérez Corradi en la Triple Frontera.

A pesar de estos antecedentes, el jefe de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció la recepción de una “delegación de la Embajada de los Estados Unidos con expertos en seguridad y narcotráfico que van a colaborar con convenios de capacitación de esa fuerza, que estará a disposición del Ministerio Público de la Acusación, de la Justicia provincial y de la Justicia Federal”. Mempo Giardinelli, en un artículo reciente, detalló los peligros de la sistemática pérdida de soberanía en las costas del Paraná, cuyos beneficiarios terminan siendo los narcotraficantes, los contrabandistas y los agro-fugadores.

El diputado provincial santafecino Carlos Del Frade solicitó recientemente un informe sobre las actividades de la DEA en Santa Fe: “Se le debe exigir la información porque está involucrada nuestra gente, nuestra seguridad, nuestros puertos, nuestras ciudades. A esta altura de las circunstancias, me inclino a pensar que la DEA ha participado en la proliferación del narcotráfico, contribuyendo a desarrollar a ciertos grupos y luego apagarlos. La verdad es que, si realmente la DEA actuó en contra de los narcos en el gran Rosario, habrá que decir que estos grupos se multiplicaron”.

La presencia de una fuerza de seguridad extranjera, que opera con reglas propias y que no se somete a las regulaciones ni las leyes locales, no puede más que caracterizarse como violatoria de la soberanía. Las complacencias, concesiones, ofrendas y permisos a quienes tienen intereses contrapuestos a los nacionales no se convertirán nunca en beneficios para las mayorías populares.

 

 

 

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