Narco, impune y protegido

 

La primera reacción fue de estupor. La segunda, más aguda: de estremecimiento. Alrededor de la investigación sobre el fiscal suspendido Claudio Scapolán, considerado como líder de una banda de narcotraficantes, hace unos días que no salen del shock después de que la Cámara Federal de San Martín revocara su procesamiento por el delito de “asociación ilícita” y por el “robo de estupefacientes para su venta”. Todos los caminos conducían a un lógico proceso, y sin embargo, se dictó la falta de mérito y solamente se lo imputó por “falsedad ideológica de documento público”. Además, como si fuera poco, se le redujo el embargo de 2.000 millones de pesos a apenas un millón.

—Para la Cámara todos los hechos fueron cometidos sólo por policías, aun cuando todo pasó en presencia del fiscal y sus secretarios. Es impresionante —comentó una alta fuente judicial.

—¿Qué es lo que impresiona?

—Que la cantidad de prueba reunida contra Scapolán no haya sido tratada, e incluso tergiversada. Hace años que el expediente está demorado, pero este fallo no tiene antecedentes. Pone la piel de gallina. Y a nadie parece inquietarlo.

¿Es Scapolán sólo un niño mimado de la Justicia federal? ¿O bien, a esta altura, es insoslayable hablar de una figura predilecta de la política?

—Todos parecen seguir mirando para el costado. En el último programa de Carlos Pagni hubo una hipótesis reveladora —soltó la fuente especializada en la pesquisa.

Allí se habló que el escandaloso fallo de la Cámara Federal de San Martín, firmado por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, fue producto de una supuesta “operación” en la que participaron el ex presidente de Boca y amigo personal de Mauricio Macri, Daniel Angelici, el diputado Sergio Massa y hasta Daniel Scioli. La presunta vinculación de Scapolán con Massa no es nueva y se remonta al robo en el domicilio del por entonces intendente de Tigre en 2013. Y luego el episodio fue alimentado por una suspicacia. Malena Galmarini presenció la audiencia en la que fue destituido Washington Palacios, el fiscal de Pilar que acusó a Scapolán de fraguar el acta del robo al domicilio de Massa y, de ese modo, cambiar notablemente el monto del dinero que le habían sustraído. Desde ese momento, se rumorea que el fiscal narco es protegido por el massismo, en una clásica devolución de favores.

En sus virtudes como operador judicial, el empresario del juego Angelici además tendría llegada directa a los jueces Salas y Fernández. Salas, en efecto, suele festejar sus cumpleaños en la quinta que tiene en Parque Leloir el juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, a quien se atribuye el control de la Cámara Federal de San Martín: no casualmente lo sitúan como su jefe político. Y Daniel Scioli fue otro invitado a la quinta de Rodríguez en mayo de este año.

En ese mes, Scapolán había sido apartado preventivamente de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense. En octubre del año pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a instancias de una extensa investigación del fiscal Fernando Domínguez, había procesado a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza le había prohibido la salida del país, aunque no pudo ordenar la detención porque aún posee fueros, a pesar de que está en trámite su jury de enjuiciamiento. En ese proceso, independientemente de la investigación judicial, podría ser destituido.

La embestida de Scapolán contra el fiscal Fernando Domínguez incluyó denunciarlo como encubridor de bandas y, a través de una carambola, asociarlo a la figura de Elisa Carrió, con quien no tuvo ni tiene relación alguna. Sin embargo, Domínguez lleva más dos décadas investigando a las bandas y las estructuras policiales y judiciales y territoriales de la provincia de Buenos Aires que las sostuvieron. Él fue quien descubrió a los autores del crimen de dos paramilitares colombianos en el primer gran caso de características narco en el shopping Unicenter de Martínez, en 2008, y acusó por el encubrimiento al entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y a su estructura de secretarios. Reconociéndolo como su padrino, Scapolán fue la mano derecha de Novo, suspendido en su cargo, y a su vez, Novo era de conocido vínculo con el massismo.

El vínculo con Daniel Scioli también viene de larga data. En diciembre de 2013, Scapolán ordenó un operativo al que invitó al entonces gobernador Daniel Scioli a hacerse fotos en una quinta de Moreno. La quinta tenía un parque imponente con una pileta en diagonal y dos leones blancos hechos en moldura. El operativo tomó ese nombre: Leones Blancos.

Scapolán mostró ante las cámaras bolsas con media tonelada de cocaína. Detuvo a moradoras, incautó la droga y se llevó máquinas selladoras. Con él había un grupo de policías de la Departamental de Investigaciones Anti-Drogas de Quilmes, que ese día se robaron hasta las macetas de la casa. En 2016, el año de la caída de Novo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín anuló Leones Blancos, absolvió a los acusados y ordenó investigar al fiscal y a los policías con un fallo que fue el origen de la causa investigada por Fernando Domínguez. El operativo había sido armado: se había fraguado un llamado al 911, los policías habían llegado al lugar con un dato del financista narco Diego Guastini –posteriormente asesinado– y se habían quedado con la mitad de la carga, otra media tonelada de cocaína, parte revendida luego en Santa Clara del Mar.

La espalda política de Claudio Scapolán parece haberse convertido en una fortaleza inexpugnable. Un investigador judicial lo explicó de la siguiente manera: “Scapolán está amparado por una amplia protección política, desde el pacto Massa-Vidal de hace unos años. Fijate lo que hizo la comisión bicameral en el jury de 2019. El jury todavía no avanzó, pero tampoco hizo nada el procurador Julio Conte Grand, que también tendría que acusar, teniéndolo todo para hacerlo”.

Ganar tiempo, buscar viejos colegas que lo apoyen, distraer la pesquisa hacia el lobby en pasillos judiciales y mediáticos. Y así, nunca concurrir de cuerpo presente a responder las preguntas que lo comprometen de forma inexorable. Esa ha sido la estrategia triunfal de Scapolán hasta llegar a la falta de mérito de la Cámara Federal de San Martín. Se espera, en los próximos días, que la querella presente una apelación. En los pasillos de Tribunales no son demasiado optimistas: ponen las fichas en su jury de enjuiciamiento, que aunque demorado no puede disimular la certeza de tener frente a sí misma la oportunidad de sancionar una infamia, la de Scapolán, sistematizada por años.

Para el fiscal Domínguez, no hay dudas: Scapolán fue el jefe de una estructura mafiosa y extorsiva de narcocriminalidad, novedosa por sus alcances, con redes de ilegalidad que tocan nervios del sistema institucional. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, pero existe una serie de muertes alrededor del caso que extienden los límites hasta el presente. Casi como un guión para Netflix: la de un fiscal narco que marca la relación entre dealers, territorio, consumidores y Estado. El caso Scapolán, tal vez el más paradigmático de los últimos tiempos, revela en su parate judicial actual cómo el aparato político sigue protegiendo a un fiscal que cayó en picada cuando se descubrieron sus gravísimos delitos como funcionario de Estado, al ser sindicado como jefe de una asociación ilícita.

En la causa hay más de cincuenta personas procesadas: seis tienen jerarquía policial y además están los secretarios de Scapolán. Cinco personas que habrían integrado la banda de Scapolán siguen prófugas. Hoy, el fiscal Domínguez pidió el juicio de cerca de treinta y pico de personas, quienes cuentan con procesamiento firme. Pero sin el cabecilla del grupo, todo quedará en un limbo difícil de revertirse.

Mientras tanto, distintos referentes sociales denuncian que el narcotráfico crece en los barrios populares y el tema parece seguir relegado de la agenda política. En Rosario, sin ir más lejos, este año murieron –hasta el momento– 137 personas: hace unos días, un sicario mató a una mujer y su hija en una zona de riesgo. Antes sólo se liberaban zonas. Hoy se interrumpen las cadenas de tráfico: las bandas se quedan con una porción alta de cocaína y la otra se suele blanquear como un mega-operativo exitoso en la lucha contra el narcotráfico, como hacía Scapolán. “Si no se actúa de forma urgente, el poder político sigue siendo rehén de esas bandas que con los años logran cada vez mayor autonomía en un complejo entramado de narcocriminalidad, que incluye la participación impune de operadores judiciales, policiales y de varias fuerzas de seguridad”, concluye el investigador especialista en la pesquisa.

 

 

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