La fiesta de los capitales es directamente proporcional a la preocupación de los pobladores rurales, cuyas mejores tierras serán afectadas directa o indirectamente por las obras de la presa hidroeléctrica multipropósito sobre el río Nahueve, en el noroeste de Neuquén. El 19 de junio se formalizó una etapa de la licitación pública internacional en la que se destacó la presentación de Powerchina Ltd. como uno de los oferentes, tanto como la falta de oferta de Patagonia Energía SA (Tavistock Group) en esta etapa. En dos meses, el Estado neuquino adjudicará la obra que cuenta con financiamiento de fondos de inversión de los Emiratos Arabes; el mismo Estado demora la escrituración a nombre de los pobladores de parcelas de tierras en conflicto con la obra hidroeléctrica o los proyectos inmobiliarios alentados a su amparo.
Un amplio territorio con unos pocos pobladores rurales, invaluables bienes naturales, gobiernos locales subordinados a gobiernos provinciales subordinados, a su vez, a la renta de los hidrocarburos y la producción hidroeléctrica. Todos bajo la mira inescrupulosa de los capitales trasnacionales. Los pobladores con sus escasos espacios organizativos de base confrontan, desde el aislamiento y la desigualdad más absoluta, en un tablero de posiciones que tarda en mostrarse con claridad.
A 30 kilómetros de la frontera internacional con Chile, el paraje Los Carrizos, junto al Nahueve, es el epicentro del conflicto que involucra a sus cuatrocientos pobladores. Desde allí a toda el área cercana de la cuenca alta del río Neuquén, en un arco que va desde Las Ovejas al pie de la Cordillera de los Andes, hasta Chos Malal pasando por Andacollo y Huinganco. Crianceros, asambleas mediambientales y ONG se mantienen alerta desde hace dos años a los movimientos políticos y empresarios difíciles de interpretar a tiempo, con el retaceo de la información pública. Aún así, en el campo se muestran las fichas que permiten poner en duda los documentos oficiales e identificar los actores que omiten los anuncios de gobierno.
Crianceros sin título de propiedad
A fines de junio, sin previo aviso, Cristian Sepúlveda, poblador de una fracción de tierra en conflicto, recibió en el campo dos grupos de visitantes. Uno descendió de un helicóptero; se identificó como Nicolás van Ditmar, representante del empresario Joseph Lewis, “con otros proyectos hidroeléctricos en el sur”, le dijo. Otro día, con representantes de la empresa de origen neuquino CN Sapag, en camionetas todo terreno arribaron varios hombres chinos.
Cristian, como su tío Héctor, asegura que jamás el gobierno neuquino les notificó de los alcances del proyecto hidroeléctrico, si afectan o no de cualquier modo la fracción de 46 hectáreas que bordea la costa del río. Similar es el reclamo de Manuel Herrera, cuya chacra de 7 hectáreas de excelente pastura natural será arrasada por el canal de la presa; su hermano José perderá tres hectáreas de la mejor tierra junto a la costa del río.
Tanto los Sepúlveda como los Herrera ejercen la ocupación tradicional de esos campos desde la década del '40, desde antes de la provincialización de Neuquén. Aún así, Catastro de la provincia los tiene inscriptos como de propiedad fiscal y así lo asegura en la documentación pública de la licitación internacional. 'Propiedad fiscal' no es sinónimo de libre de ocupantes con derechos consolidados, situación jurídica que oculta la disputa ideológica y política que en esta coyuntura deja a estos pobladores en situación de extrema vulnerabilidad.
Despojar es poblar
En 1989 el gobernador Pedro Salvatori (Movimiento Popular Neuquino) creó por decreto Villa Nahueve, ficción estatal que no borró las identidades de los tres parajes vecinos: Los Carrizos, Bella Vista y Cayanta. Los funcionarios públicos de distintos rangos y sucesivas administraciones pusieron el engranaje burocrático al servicio de materializar la ficción: eligieron el lote 32 de la familia Sepúlveda para lotear la villa turística del sueño salvatoriano. Desde el comisionado de fomento local, agentes públicos tomaron por asalto 46 hectáreas ubicadas sobre la costa del río, en 2014, cuando los Sepúlveda estaban alambrando un límite del predio cercano al acceso al único puente del lugar. Despojaron, lotearon, adjudicaron, impusieron límites internos, dañaron obras y bienes familiares, destruyeron el terreno de siembra y pastura natural, robaron un colmenar, todo desde el Estado sin que hasta el momento haya cesado la situación de incertidumbre y persecución contra la vieja familia del lugar. (La prueba documental abunda en numerosos expedientes públicos, aunque en este panorama general del conflicto no la desarrollaremos.)
De 1947 es la primera constancia en Tierras de la provincia del pedido por parte de Sepúlveda de adjudicación en venta de un campo de poco menos de 700 hectáreas, atravesado en la zona cercana al río por el viejo camino de tierra. Aurora Vázquez y José Luis Sepúlveda habían comprado en el 42 las mejoras al ocupante anterior de todo el viejo lote 18. Hasta que se asfaltó la ruta provincial N 43, la unidad productiva casi no sufrió mayor impacto negativo. Entonces sí quedaron fragmentadas las 646 de terreno quebrado (Puesto El Negrete, donde vive el hermano mayor) de la lonja costera de 46 hectáreas. Aún así, a pesar del despojo la familia Sepúlveda sostiene el ejercicio de la ocupación tradicional de esa tierra que es una unidad productiva y de vida.
Después de un escándalo político y judicial por el festival del loteo —con un listado de presuntos adjudicatarios tan ilegal como impresentable—, por decreto el gobernador Omar Gutiérrez lo anuló y ordenó escriturar la parcela 32 (remanente del lote 18) a nombre de los Sepúlveda. La Dirección provincial de Tierras no sólo fue pieza fundamental del loteo ilegal, sino que en dos años no concretó los términos del decreto. Como si fuera un caso más, Tierras le exige a los Sepúlveda que prueben su ocupación efectiva y las mejoras realizadas, cuando es el propio Estado el que destruyó las alambradas, la huerta, no desaloja al usurpador del colmenar, amparó a particulares que iniciaron la construcción de viviendas para residencias turística, entre otros hechos de violencia perpetrados sin que el Poder Judicial intervenga en protección de las víctimas.
Así es que, antes de que avanzara el proyecto de la central, los Sepúlveda fueron alcanzados por su onda expansiva. Los Sepúlveda y los Herrera son escollos en la trama neoliberal que enlaza directamente los proyectos de urbanización de áreas rurales de baja densidad poblacional y las obras de infraestructura de insumos para la industria extractivista en la región.
Capitales en vuelo
La última semana se conocieron cinco oferentes para la obra hidráulica cuyas características técnicas merecen un desarrollo particular en el análisis de este conflicto. José Cartellone Construcciones Civiles SA y las UTE integradas por la firma en Argentina de Powerchina y CN Sapag SA de Neuquén; Panedile Argentina SAIC y Semi SA; Rovella Carranza con Ime y Codam con Inhisa Hidráulica SA. Patagonia Energía (de Joseph Lewis) puede sumarse para la próxima licitación para la obra específica de emplazamiento de la central.
El año pasado el gobernador Gutiérrez mantuvo un encuentro con el Presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la visita de Estado del mandatario a la Argentina tras su participación en el G20. Tras la firma de acuerdos bilaterales, el neuquino avanzó con funcionarios chinos en proyectos para optimizar la conectividad en 17 localidades de las zonas norte y centro, y ampliar el abastecimiento eléctrico a través de la construcción del cierre del Anillo Norte, entre otras inversiones, según el anuncio oficial de ese momento cuyos alcances podemos interpretar ahora.
Antes, en una gira por China, el Presidente Macri se reunió con Yan Zhiyong, presidente de PowerChina International, por el interés de invertir en la Argentina en la generación y construcción de represas hidroeléctricas y de participar, especialmente, en el desarrollo del Plan Belgrano.
En nuestro país, la Power legalizó su firma local en 2016. Ese mismo firmó un memorándum de intención con el gobernador Alberto Weretilnek para el desarrollo de proyectos hidráulicos en el curso superior del río Negro.
Las huellas del poder se exhiben y quedan documentadas. En cambio, debemos esforzarnos por conocer la experiencia de las vidas en el territorio tradicional e interpretarlas en sus justas y múltiples dimensiones. Agradecemos especialmente a las familias que brindaron su testimonio, que confían en el valor de la palabra y de la memoria, que se reúnen para analizar cómo defender su dignidad y sus derechos. Agradecemos nos hayan hecho un lugar en este ejercicio de memoria activa.
(En colaboración con Javier Grosso en el análisis de imágenes satelitales y cartográficas.)
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