Nadín por aquí, Nadín por allí

 

El director de la consultora cordobesa IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), que publicó esta semana el informe “Vademécum tributario argentino 2022: 165 tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal”, sumando masa crítica a los cuestionamientos al “impuesto a la ganancia inesperada”, fue investigado en la Justicia Federal por administración fraudulenta de la propia consultora, al relacionarse con una banda que evadía impuestos, robaba claves fiscales y lavaba activos.

Presuntamente Argañaraz le compraba facturas truchas a nombre de IARAF a la banda de evasores y lavadores de dinero negro, por trabajos que no realizaba para incrementar los gastos de la consultora. Esa maniobra le habría servido para evadir el pago del Impuesto a las Ganancias.

La fiscalía Federal N°1 le imputa que dispuso “que se realicen los pagos (… ) de dinero con el cual no se habrían cancelado prestaciones reales de servicios, sino que habría sido sacado de las arcas de la Asociación Civil con un destino incierto”. De forma que, además habría vaciamiento del IARAF, lo cual no le impide utilizar el sello para continuar su prédica anti impuestos.

¿Por qué cometía esa maniobra si el IARAF constituye una asociación civil exenta de Ganancias? “Porque durante el gobierno de Macri –explica un contador relacionado con las asociaciones sin fines de lucro- la AFIP les hacía caer las exenciones de Ganancias, para recaudar de las cooperativas, asociaciones civiles y mutuales. Macri decía que eran todas truchas en su obsesión por combatir al tercer sector. Esa exención hay que pedirla, no se hace automáticamente. Entonces no se las renovaban cuando llegaba el plazo y tuvieron en general que empezar a pagar el impuesto”.

Quizás Macri no estaba tan equivocado de la naturaleza del IaRAF. Sobre todo, porque el economista en cuestión fue subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Economía de su gestión.

Según la fiscalía, Argañaraz “en su carácter de asociado fundador del IARAF, y posteriormente desde distintos cargos relacionados a la dirección de dicha Asociación, habría ideado una maniobra tendiente a defraudar a la entidad y a sus asociados”.

“En dicha maniobra ilícita, Argañaraz habría contado con la participación de Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti (supuesto jefe de la asociación ilícita), Ana Paula Ruffa (su esposa) y otras personas hasta el momento no identificadas, quienes habrían emitido un número no determinado facturas falsas al IARAF para documentar supuestas prestaciones de servicios que no se habrían llevado a cabo”, continúa la instrucción.

Además, un allanamiento al domicilio particular de Argañaraz, en el marco de la búsqueda de material probatorio, se secuestraron 200.000 dólares hallados en paquetes termosellados sin declarar, en tanto en una caja de seguridad del Banco Macro, sucursal Cerro de las Rosas, resultaron secuestrados otros 500.000 dólares.

La defensa del economista dijo en un primer momento que el dinero estaba declarado, pero luego se impuso estricto silencio. En concreto, la banda con la que Argañaraz hacía negocios recibió el procesamiento por evasión impositiva, alteración dolosa de registros, a través de la obtención ilegítima de claves fiscales, la posterior alteración de registros de diversos contribuyentes ante AFIP –a partir de cuya denuncia de un particular se desató la investigación del ente de recaudación–, lavado de activos e infracciones del Régimen Penal Cambiario.

En su momento el caso conmovió a la grey de economistas de corte liberal que inundan los medios provinciales, porque Argañaraz era una de las referencias obligadas para pontificar desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el peso que tiene el sistema tributario argentino sobre los contribuyentes, como pasó esta semana con el informe que medios y dirigentes de Cambiemos difundieron a troche y moche.

Además, el consultor fue sucesor de Domingo Cavallo como director del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), think tank financiado por la Fundación Mediterránea.

De hecho La Voz del Interior, diario de Clarín en Córdoba, calificó a Argañaraz en una semblanza posterior a su imputación como “uno de los economistas más destacados de Córdoba. El perfil público de la consultora especializada en cuentas públicas que creó hace casi una década también lo refleja”.

Formalmente Argañaraz se fue del IERAL para armar su propia consultora, con la que salió a cruzar al proyecto de impuesto a la ganancia inesperada esta semana. Pero otras versiones indican que en realidad fue invitado a retirarse porque usaba el cargo de director el instituto para facturar trabajos de forma particular a medida que ingresaban encargos de los socios de la Mediterránea.

A partir en entonces nace el IARAF, con dos letras de diferencia y algunos clientes que habrían acompañado al consultor en su nuevo destino.

 

 

Bustos Fierro al rescate

Después de avalar durante un año la investigación y la recaudación de prueba y cuando la causa estaba casi lista para elevarse a juicio con los procesamientos decretados, el 27 de octubre de 2021 el juez Federal Ricardo Bustos Fierro decretó la nulidad de lo actuado, aduciendo que la fiscalía había levantado el secreto fiscal sin la fundamentación correspondiente.

Un experimentado periodista de policiales dijo que la nulidad fue absurda y solo una chicana judicial.

El papel de Bustos Fierro en la causa queda envuelto en una controversia porque uno de los procesados es su sobrino Gabriel Céspedes. De hecho, el juez indagó a Céspedes y lo procesó, para 15 días después establecer la nulidad de lo actuado, cuentan en la fiscalía. 

La fiscalía y la AFIP, como querellante, apelaron la resolución, aduciendo que el secreto fiscal no rige para la investigación judicial. Además, le imputaron que “simuló la sustanciación dando intervención a las partes para luego ni siquiera citar las manifestaciones realizadas por estas, violando así el debido proceso y emitiendo una resolución con fundamentos aparentes”

La Cámara Federal de Córdoba informó que se va a resolver el próximo 12 de mayo.

 

 

 

 

 

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