Nadie se salva solo

 

En 1942, en plena Segunda Guerra, el padre de la seguridad social universal, William Beveridge, escribió en Londres su célebre Plan de Seguridad Social. Hace falta ser muy imaginativo para representarse un contexto más desolador para escribir una obra de tamaña significación. Lo más terrible de cualquier guerra es que la vida humana pierde todo valor y los muertos o heridos son solo una estadística publicada por los medios, el triunfo o la derrota está en cabeza de quien mata más logrando tener menos muertos propios. Pero los muertos de un lado o del otro son siempre los mismos: el pueblo. Las vanidades y los intereses de los poderosos siempre las paga el pueblo. Que en ese marco alguien se ocupe de pensar el futuro, de cómo lograr derrotar a la necesidad, merece cuanto menos, admiración.

En la referida obra podemos leer que “la finalidad del Plan de Seguridad Social es abolir la necesidad, asegurando a todos los ciudadanos que quieran trabajar, según su aptitud, un ingreso suficiente para que puedan atender sus necesidades”. Y se adelanta en contestar a aquellos que ponen a la economía por encima de las personas, planteándoles el problema en estos términos: “Hay otras personas que dirán que antes de acometer un sistema de un volumen tan grande de gastos como el que se señala en este informe, la Nación debería esperar a ver si, en realidad, sus recursos aumentan después de la guerra en términos que permitan sufragarlo”. Para responder esa visión, destaca que “el Plan de Seguridad Social es, ante todo y sobre todo, un método de nueva distribución de los ingresos, como medio de atender a la primera y más urgente de las necesidades y hacer el mejor uso posible de cualquier recurso que pueda ser dedicado a ese fin. Vale la pena intentar la empresa aunque los recursos resulten insuficientes para asegurar el tipo de vida que se desea”. El gran dilema que plantea el plan de Beveridge es qué se considera prioritario en un contexto devastado por la guerra: si reconstruir en primer lugar la economía para luego distribuir sus beneficios entre las personas, o si primero corresponde reconstruir a las personas que son las que permitirán reconstruir la economía.

Estas ideas vienen a cuento de lo que ocurre hoy en nuestro país, donde la pandemia actúa como un ejército invisible que nos obliga a librar una guerra dolorosa y silenciosa, donde los muertos los ponen los más viejos, los trabajadores, el pueblo argentino.

Para enfrentar el coronavirus fue necesario reinventar el Estado. Los cuatro años de gobierno neoliberal nos dejaron un Estado bobo, sin capacidad de dar respuesta de ningún tipo. Cada indicador que uno mira en términos sociales, de salud, de ciencias, de educación, de estado económico, son catastróficos. De manera que la primer tarea de estos días ha sido reconstruir un Estado fuerte y con capacidad de respuesta. Afortunadamente, el Presidente Alberto Fernández lo esta haciendo posible con urgencia, firmeza y unidad, encontrando buen eco y apoyo en aquellos que tienen la capacidad de acompañar. La sensación, hasta ahora, es que la sociedad por un lado y los políticos (incluso aquellos que hacía tres meses eran gobierno) están mostrando una importante sed de “Estado presente”, y todos están dispuestos a arremangarse y poner manos a la obra.

Lo primero y más importante fue lograr, y ahora mantener, el aislamiento social como única manera de contener y enfrentar el contagio, donde al gobierno no le ha temblado el pulso en tomar medidas drásticas. Cierto es que hubo y seguramente se seguirán registrando algunas personas que se creen que están por encima del resto y violan en cuanto pueden la cuarentena, pero no son más que unos pocos que rápidamente son descalificados en forma masiva por el conjunto social y por los medios de comunicación que, sobre este punto, tienen una visión compartida.

Mandado cada uno a su casa a cuidarse, rápidamente ha surgido otro problema que se relaciona con lo económico, respecto de cómo viviría la gente que no tiene un ingreso económico asegurado y aquellos más vulnerables que viven del día a día. Y en este punto la decisión del gobierno ha sido también sorprendente e impensada, destinando una inmensa masa de dinero para paliar la situación. Detengámonos en este punto que parece ser central. Imaginemos por un instante que Alberto Fernández, u otro candidato en las últimas elecciones, hubiera dicho en campaña que iba a instaurar un “ingreso universal ciudadano” y que de esa forma iba a eliminar la pobreza estructural. La gente se le hubiera reído en la cara y nadie lo hubiera tomado en serio. Es más, supongamos que para evitar las críticas hubiera escondido esa idea y en los primeros días de marzo hubiera informado a la población que todo el que no tenga un ingreso a partir de ese momento lo tendría. Los economistas de adentro, los de afuera, el FMI, los fondos de inversión que tienen bonos argentinos, lo hubieran acribillado. Cualquier reacción adversa que imaginemos quedaría corta con lo que hubiera ocurrido.

Ahora bien, en 20 días el mundo dio una vuelta de campana, todo lo que conocíamos no sirve hoy y fuerza a repensar cada situación. Hoy el FMI invita a los países a desarrollar políticas activas, el Banco Mundial propone quitas en las deudas externas, el Ministro de Economía Martín Guzmán le dice al G-20 que lo primero es cuidar la salud y que Argentina va a gastar todo lo que sea necesario para darle contención a las necesidades populares. Todo esto junto parece una película de ciencia ficción. La situación ha cambiado de tal forma que en nuestro país, sin darnos cuenta, esta semana se instauró, de hecho, un ingreso universal ciudadano.

Para que tengamos una idea de ello, conviene hacer un repaso de lo que implican las políticas activas desarrolladas por el gobierno. Nuestro país tiene una población estimada de 45,3 millones de habitantes, de ellos 14,4 millones son menores de 18 años por lo que quedan 30,9 millones de personas que requieren un ingreso. De esos 30,9 millones, son trabajadores activos 12,1 millones, es decir que quedarían sin ingresos 18,8 millones. Los distintos beneficios dinerarios implementados a partir de las medidas económicas encaradas hasta este momento alcanzan, como indica el cuadro adjunto, a un total 21,2 millones de personas.

 

 

Jubilados y Pensionados nacionales		8.537.640
Prestaciones de desempleo		120.000
Asignaciones Familiares		3.772.000
AUH		2.262.000
Plan contra el Hambre		1.100.000
Profesionales		800.000
Jubilados y pensionados provinciales		450.000
Apoyo familiar		3.600.000
Planes Sociales		560.000
Total		21.201.640

 

 

En consecuencia, los beneficios sociales superan a la población argentina en condiciones de recibirlos por más de 2,4 millones de beneficios. Por supuesto que este número no significa que cada argentino que necesita reciba un beneficio, porque todos sabemos que las asignaciones familiares las cobran los trabajadores formales y que hay varias situaciones donde se cobra más de un beneficio. Pero lo que muestra el cuadro es que si se hace una distribución equitativa de los recursos públicos, en forma unificada y ordenada, la posibilidad de alcanzar una seguridad social universal como la pensó Beveridge en su momento, está al alcance de la mano. Tenemos la imperiosa necesidad de trabajar ahora, siguiendo sus consejos, para cuando este flagelo termine. De esta manera nos encontrará preparados para lograr una reparación equilibrada y justa del ingreso nacional. Solo así habrá tenido sentido tanto esfuerzo.

Seguramente algún lector estará pensando que a lo ya invertido habría que agregarle ingentes recursos, porque no es posible sacarle a quien recibe para darle a los que no reciben. Es posible que tengan razón. Yo creo que todavía nos queda un recurso que aun no hemos explorado. Todos aquellos que tenemos mejor condición económica abonamos el impuesto a las ganancias. Si sobre este tema tomamos dos decisiones: a) que desaparezcan las exenciones impositivas y que por ende todos, absolutamente todos, estemos obligados a pagar (siempre hablando de los que ganamos más que el mínimo no imponible); y b) eliminando las deducciones que pueden hacerse del impuesto (como anexo de esta nota se acompaña un listado de las deducciones que actualmente pueden realizarse), la simple lectura del listado nos da una idea de lo injusto y antisolidario del sistema. Ese ingreso representa entre $ 700.000 millones y 1.000.000 de millones anuales. Esto no sería más que hacer justicia distributiva donde el decil más rico del país y las empresas más grandes hacen el aporte que la situación requiere.

En estos días, una de las palabras que más han repetido los medios de comunicación, los médicos, los infectólogos y hasta los filósofos consultados, ha sido solidaridad. Está muy bien que lo hagan, pero quiero llamar la atención sobre algo que creo que nos puede llamar a engaño. El término solidaridad está emparentado con una actitud individual, generalmente filantrópica, de entrega, de generosidad, si quisiéramos reproducir los gestos de personas solidarias no nos alcanzarían cientos de páginas para resaltarlos. Esas actitudes son dignas de respeto, pero individuales y voluntarias. Como contracara de esas encomiables actitudes están las otras: las de los individualistas, que las quieren todas para ellos, los que se creen que están en un plano superior al resto de la sociedad. Por lo tanto, no podemos dejar librada al albedrío individual el destino del conjunto de la sociedad.

Necesitamos construir un consenso nacional, un acuerdo colectivo. Luego ese consenso hay que transformarlo en obligatorio para todos los que habitamos el suelo argentino, eso se llama solidaridad social. Es probable que alguien piense que plantear esta discusión en este momento puede resultar una exquisitez lingüística, pero no es así. Esta crisis y tanto esfuerzo social merecen que, cuando se termine, hayamos aprendido que juntos y bien conducidos no hay adversidad que no podamos resolver. Como hizo Beveridge en plena guerra preparándose para la paz, preparémonos en la cuarentena para cuando nos liberemos de la pandemia. Eso lo lograremos si tenemos la capacidad de hacer de nosotros mismos un ciudadano social y construyamos un piso mínimo de justicia debajo del cual nadie se vea compelido a vivir. La nueva Argentina se construye con todos adentro, sin coronavirus, ni individualismo, ni neoliberalismo.

 

 

 

 

Anexo:  Ganancias no imponibles

 

• Cónyuge $ 115.471,20
• Hijo $ 58232,65
• Deducción Especial Autónomos, empresas unipersonales $247.722,33
• Profesionales /Emprendedores $309.652,93
• Empleados en relación de dependencia/jubilaciones $584.533,32
• Gastos de sepelio titular o cargas de familia $996,11
• Intereses prestamos hipotecarios $20.000
• Cuotas médico-asistenciales monto abonado con tope del 5% de la ganancia del ejercicio
• Honorarios de asistencia sanitaria, medica y paramédica 40% de lo facturado con un tope en el 5% de la ganancia neta del ejercicio
• Primas de seguro para el caso de muerte: tope $18.000
• Donaciones: a fiscos nacionales, provinciales y municipales, instituciones religiosas, fundaciones, entidades civiles con reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias: tope 5% de la ganancia del ejecicio
• Alquileres: 40% del importe abonado con tope en el importe fijado para el mínimo
• Personal doméstico: importe abonado por el sueldo y cargas sociales con tope en el mínimo no imponible
• Deducción para corredores y viajantes de comercio: amortización de intereses por deudas por la compra del rodado afectado a la actividad
• Gastos de adquisición de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: importe incurrido
• Aportes a planes de seguro de retiro privado: tope $18.000
• Importe obra social y de descuento jubilatorio y sindical: 100% del gasto
• Autónomos: el aporte jubilatorio 100%

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