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El decreto 70/2023 firmado por el Presidente Javier Milei declaró la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Tiene 366 artículos, a razón de uno por cada día del año, más uno de yapa. Sin embargo, no dice desde cuándo rige. Este pequeño gran detalle confirma la presunción adelantada por la ex secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, respecto de que no fue escrito en oficinas del gobierno por personal familiarizado con la rutina burocrática del Estado, ya que la fecha de entrada en vigencia es un requisito habitual para cualquier decreto de necesidad y urgencia. A falta de esa precisión, recién entrará en vigencia el viernes próximo, 29 de diciembre. Un regalo de Año Nuevo, que sucede a la devaluación vandálica del 118%, preanuncio de la hiperinflación que el gobierno persigue con empeño para facilitar la dolarización, sobre las ruinas de los ingresos populares.

El Ministerio a cargo de un  decreto de necesidad y urgencia reúne los informes técnicos y el dictamen jurídico de cada una de las áreas involucradas, cosa que en este caso no ocurrió. Milei lo anunció el 20 de diciembre, pero involuntariamente reveló que estaba listo 48 horas antes, cuando dijo que llevaba ocho días en el gobierno, de los cuales sólo cinco hábiles. Leer las 37.686 palabras del decreto y verificar de qué trata cada una de las leyes que menciona, con sus artículos e incisos, lleva mucho más tiempo, y confeccionarlo requiere un trabajo técnico de alta calificación, en materias tan diversas como derecho civil, comercial, agrario, minero, laboral, de telecomunicaciones, etc. Que nada de ello se haya realizado, abre un espacio ominoso de sospecha, que Ibarra explicó así:

 

 

 

Quienes se preguntaron por qué el ex presidente del Banco Central durante la presidencia de Maurizio Macrì, Federico Sturzenegger, asistió de pie detrás del Presidente a la presentación del decreto, muy orondo con su cardigan celeste y sus zapatillas, lo entenderán mejor con este video en el que Sturzenegger muestra, risueño como siempre, el borrador que acababa de terminar, cuando formaba parte de la campaña de Patio Bullrich.

 

 

 

La identidad entre ese trabajo y el decreto de Milei también se verifica en que ambos derogan 300 leyes, y además modifican muchas otras. En el minuto 13 de su presentación, Milei incurrió en una confidencia. Dijo que la desregulación de los servicios de internet satelital se realiza "para permitir el ingreso de empresas como Starlink", creada por el magnate sudafricano Elon Musk, quien también ha expresado interés por el litio para los autos eléctricos que fabrica. No se recuerda otro Presidente que al anunciar una medida de gobierno haya mencionado a la empresa a la que pretende beneficiar, cuando hay otras que podrían hacerse cargo de ese servicio. En esta edición, Diego Hurtado explica el golpe que esto significa para la soberanía nacional.

 

Atendido por sus dueños

Si Milei no tuviera tanta premura en sus comunicaciones, también podría haber especificado qué artículos favorecen

• al lobbista de las empresas alimenticias, Daniel Funes de Rioja,
• al siderúrgico y petrolero Paolo Rocca,
• a los herederos de Carlos Pedro Blaquier en el ingenio Ledesma,
• a Papel Prensa, que podrá cobrar un precio diferente por el papel a sus accionistas (Clarín y La Nación) y al resto de los clientes, lo cual no fomenta precisamente la competencia, sino que desequilibra la balanza en favor del más poderoso. Y no por razones de mercado, sino como consecuencia de un acto del Estado.

Sus señales de noticias por cable apoyan la política de Milei y silencian o denigran, según los casos, los cuestionamientos. No tuvieron espacio relevante el miércoles para el cacerolazo que comenzó en distintos lugares del país en cuanto Milei concluyó sus anuncios. Son los mismos medios que en 2008 partían la pantalla al medio para mostrar un discurso presidencial y un corte de ruta. Tampoco dijeron que los vecinos que golpeaban sus cacerolas en los principales barrios de clase media de la Capital se dirigieron hacia el Congreso, caminando por calles y avenidas, por las que no podía circular un rodado. En cambio, les sobró tiempo y espacio para que Bullrich se jactara de que las fuerzas federales a sus órdenes habían impedido que los manifestantes que evocaban el 19 de diciembre de 2001, bajaran de la vereda (solo si se omiten las últimas cuadras aledañas a la Plaza de Mayo). A la alharaca de Bullrich por su victoria vespertina, siguió el mutismo ante su fracaso nocturno. El jueves ya no pudieron ignorar la continuidad de una protesta masiva. La tentación oficial (y de sus medios adictos) de descalificarla como organizada por el kirchnerismo es un arma de doble filo. Si eso fuera cierto, el gobierno estaría en dificultades más serias. Su inorganicidad es uno de los activos oficiales.

La idea de un decreto con nombre y apellido se multiplicó en las redes antisociales.

 

 

Los beneficiarios no consideraron conveniente la discreción. Desde la Asociación Empresarial Argentina (AEA), festejaron las "medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento". También las empresas estadounidenses nucleadas en la AMCHAM celebraron "la revalorización del sector privado que promueve el gobierno como actor relevante en la economía, que redundará en mayores inversiones, en el crecimiento del empleo de calidad, en un aumento de las exportaciones y en la reducción sistémica de los niveles de pobreza, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar al país en la senda del desarrollo económico y social sostenido, convirtiendo nuevamente a la Argentina en un país viable". Como dijo Paolo Rocca, se trata de resetear la Argentina. La dolarización congelaría las relaciones sociales resultantes de las medidas del gobierno, para que se conserven intactas por centenares de años, como las momias salteñas.

En el primer informe de coyuntura de CIFRA luego del cambio de gobierno, el centro de estudios de la CTA reconstruyó el origen laboral de los principales integrantes de la nueva administración. La Corporación América, de Eduardo Eurnekian, el grupo Techint, de Paolo Rocca, y el gobierno de Maurizio Macrì, encabezan cómodamente el ranking.

 

 

Por su parte, Perfil informó que además de Sturzenegger participaron en la elaboración del decreto el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y Jorge Muratorio, socio del estudio O'Farrell, que atiende a muchas de las principales empresas locales e internacionales que actúan en el país. Muratorio mismo se ocupa de Edenor, Telefónica y Autopistas del Sol. También afirma que habrían metido mano en el decreto los estudios de Juan Carlos y Ezequiel Cassagne (abogados entre otros, de La Nación), Bruchou & Funes de Rioja, Martínez de Hoz & Rueda. Pero hay un compromiso de mantenerlo en reserva. En cambio, se atribuye malestar al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, por haber sido marginado.

 

Cortar la cabeza

La cantidad descomunal de instrumentos jurídicos a suprimir o enmendar configura la irrazonabilidad del decreto. En una entrevista con La Nación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ejemplificó ese concepto, como condición para que la Corte se pronuncie: "Si para terminar de raíz con el dolor de cabeza, el gobierno dice que le va a cortar la cabeza a la gente porque con la aspirina el dolor vuelve, ahí hay eje razonable para intervenir. Se interviene cuando hay una absoluta irrazonabilidad". El juez que Rosatti reemplazó en la Corte, Raúl Zaffaroni, agrega que además de inconstitucional el decreto es insanablemente nulo, y lo fundamenta en el artículo 29 que forma parte de la Constitución desde 1853. Es el que prohíbe al Congreso conceder al Poder Ejecutivo Nacional "facultades extraordinarias ni la suma del poder público", ni otorgarle "sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor, o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Concluye que "quienes formulen, consientan o firmen" esos actos, serán condenados como "infames traidores a la Patria". La misma cláusula fue invocada por el bloque de Diputados de Unión por la Patria y por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner. Su declaración señala que el decreto agrava los problemas que pretende resolver: "La pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado. La eliminación de la ley de góndolas, de la ley del fuego, de la ley de tierras, de la industria satelital, de la ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás cada una de ellas un nombre propio al que busca beneficiar".

 

 

La Constitución, por decreto

Para el CELS, lo que se propone reformar el decreto es nada más y nada menos que la Constitución Nacional.  Lo que procura con esta deriva autoritaria, que avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes, no es desregular la economía, sino instaurar un nuevo régimen, como dijo el propio Milei. Lo ratificó Sturzenegger, cuando dijo que la reforma más importante es la que modifica el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre libertad de contratación. Desde ahora, las normas legales contenidas en el mismo Código serán siempre "de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato". Milei se tomó en serio lo del León, que implanta así la ley de la selva, donde siempre prevalece el más fuerte.

Según el CELS, la supresión y restricción de derechos de las personas tiende a que grupos económicos obtengan ganancias extraordinarias, ya que privilegia a corporaciones específicas, en detrimento de la población en general. "No dejó esfera de la vida sin afectar. En caso de entrar en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda", sostiene. También lo confirmó Sturzenegger cuando le preguntaron porqué acudieron a un decreto:  porque el Presidente “quería dar esta imagen de cambio de régimen, rápido y contundente”.

 

 

 

El juez del primer amparo

La necesidad y la urgencia alegadas por Milei no soportan un mínimo escrutinio. El primer amparo contra su constitucionalidad fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad [de Buenos Aires], en el fuero contencioso administrativo. Si la trayectoria previa dice algo de un juez, el resultado no debería inquietar al gobierno. En 2009, el juez federal Esteban Furnari autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal, del Grupo Clarín, que el Comité Federal de Radiodifusión había negado. En 2016 intervino Oil Combustibles, del Grupo Indalo, lo cual lo condujo a su quiebra. En 2019 avaló que el gobierno de Macrì se negara a entregar la información sobre el trámite administrativo para solicitar el préstamo de 53.000 millones de dólares al FMI. Para empezar, Furnari decidió inscribir el reclamo en un registro de procesos colectivos, con lo cual intenta que se acumulen allí las presentaciones que sigan. Para comerte mejor. También cuestionó el decreto Andrés Gil Domínguez, ante el juez federal Pablo Cayssials, uno de los viajeros a Lago Escondido, cuyo récord no tiene nada que envidiarle al de Furnari. Cayssials

• Suspendió la vigencia de la ley audiovisual en plena campaña electoral de 2015, por la posibilidad de que la desmonopolización del Grupo Clarín afectara el derecho de expresión sin censura de sus columnistas;
• Le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución que obligaba a abogados y contadores a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes.
• Permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la ANSES para sus comunicaciones publicitarias.
• Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto.
• Convalidó el aumento del 300 por ciento en las tarifas del agua.

El miércoles presentará otro amparo la CGT, que lo respaldará con una movilización sobre los tribunales, a la que adhirieron la CTA y los movimientos de trabajadores informales. El jueves, su comité central confederal fijará la fecha para un paro general. ¿Alguien se imagina a Vandor o Rucci presentando un amparo por las obras sociales o a Lorenzo Miguel pidiendo que la Corte eche a López Rega? No son los jueces, sino la política y la calle, quienes deben establecer cuál es el conjunto de normas que integra el Derecho. Los tribunales solo deben resolver controversias actuales entre partes adversarias, pero no ocupar el lugar del Poder Legislativo. Es comprensible que algunos profesores o intelectuales o pequeñas organizaciones intenten ese camino, pero la CGT no debería bajarle así el precio a la política.

Su táctica consiste en forzar al gobierno a fragmentar su bodoque en diversos proyectos de ley, que se tratarían de a uno en el Congreso, algo en lo que ya coincidieron el radicalismo y su flamante presidente Martín Lousteau, la Coalición Cívica que guía Elisa Carrió y los peronistas procaces Miguel Pichetto y Nicolás Massot. También podrían ser DNU independientes, que permitirían su aprobación o rechazo selectivo. No sería una mala tangente para Milei, como la que utilizó Macrì para designar a dos jueces de la Corte Suprema o sancionar un paquete desregulador, que incluía la cobertura de los riesgos del trabajo.

En el combo libertario hay mandobles contra los trabajadores (como la facilitación de despidos de trabajadores no registrados o la limitación al derecho de huelga en actividades que se declaran esenciales o de importancia trascendental) y otros que impactarían en las organizaciones (como la exposición de las obras sociales a la competencia con las prepagas o la eliminación de la denominada cuota solidaria, que sería reemplazada por la adhesión expresa de cada trabajador no afiliado al descuento del aporte sindical).

El viernes por la noche se conoció el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, del 26 de diciembre al 31 de enero y el temario de proyectos que enviará el Poder Ejecutivo. Por el Senado ingresarán la adopción de la boleta única de papel para las elecciones y la reforma del Estado. Por Diputados, entre otros, la reimplantación del impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. En cambio, no prorroga la devolución del IVA, que vence el último día de este año, lo cual configura dos nuevos golpes a la economía de los trabajadores. También incluye la aprobación de los tratados con Japón, China, Luxemburgo, Turquía y Emiratos, sobre doble imposición e inversiones, que negoció Macri pero que no ratificó el Congreso. En sus redes antisociales el ex director de la Aduana Guillermo Michel explicó que deteriorarán los ingresos fiscales.

• El Convenio Japón beneficia a la principal automotriz de ese país radicada en la Argentina, ya que impedirá gravar las regalías por asistencia técnica.
• El Convenio con el Gran Ducado de Luxemburgo, está hecho a la medida de una multinacional con sede en Luxemburgo y actividad en la Argentina, ya que afecta los pagos de intereses, regalías y servicios de asistencia técnica y dividendos. Léase la trasnacional de origen italiano Techint, con sede en Luxemburgo.
• Además, estos convenios tienen un costo fiscal oculto, ya que otros países pedirán los mismos beneficios fiscales, como nación más favorecida.

El gobierno pondrá más presión para el tratamiento de estos proyectos que en el decreto 70, ya que mantiene vigencia mientras no lo deroguen las dos cámaras del Congreso.

 

Minorías intensas

La movilización de la izquierda marxista del miércoles satisfizo a las dos minorías intensas que se enfrentaron. Además de Bullrich, festejaron los dirigentes Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, porque consiguieron llegar frente a la Casa de Gobierno, eludiendo los obstáculos dispuestos por el gobierno. La puesta en escena oficial incluyó la presencia de la ministra pero también del Presidente en la sala de situación de la Policía Federal. Las filmaciones y fotografías distribuidas por el custodio de la imagen presidencial, Iñaki Gutiérrez, mostraron a Milei de frente y de espaldas.

En la primera toma, el jefe supremo de los restos del Estado no se quitaba una mano de la cara. Su ex maquilladora, Lilia Lemoine, explicó muy contrariada que a los jóvenes que ahora lo asesoran se les va la mano con el Photoshop, para borrar la papada presidencial. La diputada cosplayer tiene en su telefonito una imagen retocada, en la que muestra a quien quiera verlo qué han hecho esos arribistas con Milei. Eso puede funcionar en las primeras semanas del gobierno, pero si dura lo que corresponde se le volverá como un bumerán.

 

 

Peor es la segunda toma, donde la nuca del mandatario no mostró nada que comprometiera su adorable imagen, pero a su frente se veía la pantalla gigante de la sala de situación en la que se podía apreciar la ubicación secreta de las cámaras que los azules usan para monitorear una manifestación. Por un instante se apreció incluso la clave del wifi policial: Curro2023. Capusotto no lo hubiera hecho mejor.

El menos conforme fue el secretario de seguridad y jefe de policía de la Capital, Diego Kravetz. Muy molesto ante las preguntas sobre la presencia de gendarmes, policías federales y aeroportuarios en las calles de la ciudad, repitió secamente, una y otra vez:

—Pregúntenle a Bullrich.

Cuando todo terminó, el intendente Jorge Macrì arrojó bálsamo sobre las heridas, al agradecerle a la ministra lo que llamó su colaboración con los policías porteños. Kravetz, e incluso el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, se preocuparon por aclarar que la Ciudad compartía el concepto del protocolo bullrichonista pero que no había dictado uno propio. Fue manifiesto que mientras los gendarmes portaban armas de guerra y los policías federales pistolas 9mm, los celestes porteños actuaban sin armas letales. Ayer perdieron la oportunidad de probar otras tácticas, ya que fue cancelada por los organizadores la concentración en el Obelisco, convocada en apoyo de Milei y de la Vicepresidenta Victoria Villarruel por el sello de goma Líderes Liberales, en un remedo tardío de la Plaza del Sí Menemista. Hubieran podido usar gas pimienta, como la policía cordobesa para despejar las calles que rodean al Patio Olmos, ya cerca de la medianoche, en aplicación de un protocolo que el propio jefe de policía provincial dijo que no regía en Córdoba. El gobierno de Martín Llaryora trató de descargar la responsabilidad en el fiscal que ordenó la violenta acción policial, pero es ostensible que en Córdoba no se mueve un palo si no lo autoriza el gobernador, quien está dispuesto a convertirse en el mejor alumno de Milei. Para eso envió un proyecto de ley a la Legislatura que eleva en cuatro puntos los aportes de los trabajadores estatales, como condición para pagarles a los jubilados. El presidente de la Legislatura, Facundo Torres Lima, dijo que ese ajuste había sido un pedido de Milei a los gobernadores, para que todos se hicieran cargo de acabar con el déficit fiscal. Pero la movilización de los sindicatos consiguió que la Legislatura no diera quórum para tratarlo. Llaryora retiró el proyecto y abrió una instancia de negociación. En cambio, sí logró aprobar una nueva ley de seguridad, que permite el uso de armas no letales y la designación de cinco fiscales especializados en narcotráfico. El gobernador cordobés está haciendo méritos en la competencia por el liderazgo del peornismo. Con un enfoque por completo distinto, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezaron un plenario del justicialismo bonaerense, con masiva asistencia de legisladores, intendentes y sindicalistas, donde se analizaron las posiciones posibles contra los anuncios de Milei. En ausencia de una conducción indiscutible, habrá que acostumbrarse a ver a este trío, en comunicación permanente con Cristina.

 

 

 

La gente de bien y la ayuda del Cielo

Además de su Protocolo contra los piquetes, Bullrich también anunció en Rosario el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas al programa Bandera contra la narcocriminalidad, algo que está contemplado en la legislación vigente, pero cuya necesidad es por lo menos opinable. Una fuente inobjetable afirma que Milei tiene a estudio un nuevo DNU, que ampliaría el alcance de la intervención castrense en seguridad interior, cosa que los expertos en la materia de la Unión Cívica Radical están preparándose para rechazar.

El discurso público de la Ministra lisonjea a las fuerzas que conduce. Con ese objeto reiteró el proyecto que ya había impulsado durante el gobierno de Macrì acerca de la presunción de legitimidad de cualquier intervención policial. Dentro de su limitado repertorio de 200 palabras, eso se traduce como "cuidar a los que nos cuidan". Hace ocho años no consiguió que el Congreso legislara "invertir la carga de la prueba" a favor del policía, considerando que en cualquier enfrentamiento "no hay legítima defensa, sino cumplimiento del deber de funcionario público". Pero además chocó con la decisión judicial, que condenó a dos años y medio de prisión y el doble de inhabilitación a su policía modelo Luis Oscar Chocobar, que mató por la espalda a un hombre que huía luego de apuñalar a un turista. También fueron condenados, a penas de 4 y 5 años de prisión los prefectos del grupo Albatros que otra vez por la espalda, mataron al joven mapuche Rafael Nahuel. Más suerte tuvieron los gendarmes sobreseídos en la causa por la muerte de Santiago Maldonado, aunque el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro prócer del anti-garantismo, Siro Luis de Martini, fue designado en la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos. Antes había sido asesor del ministro de Justicia de Macrì, Germán Garavano, y estuvo a cargo igual que ahora de la estrategia jurídica nacional e internacional del Ministerio de Justicia, en los casos abiertos por Crímenes de Lesa Humanidad. Una de sus principales actuaciones consistió en solicitar que la CIDH atendiera las denuncias de los militares detenidos en esas causas. Fue también uno de los inspiradores del fallo de la Corte Suprema de Justicia que pretendió aplicarles la ley del 2x1, concebida para descongestionar las cárceles de detenidos de derecho común, cuyo efecto se extinguió antes de que se reabrieran las causas por la dictadura.

Si se habla de castas, es conveniente recordar el pedigrí del nuevo funcionario.

• Su padre, Siro Miguel Angel de Martini, fue el secretario del juzgado federal 1 de la Capital, que en 1977 investigó el denominado Caso Graiver, por el cual un grupo de empresarios fueron secuestrados y sometidos a torturas en Campo de Mayo. Entre ellos estuvo Horacio Rodríguez Larreta, padre del ex gobernador porteño. De Martini y el juez Francisco Marquardt jugaron a la interna militar junto con Ramón Camps y llegaron a detener a los miembros de la Junta Militar de 1971, Alejandro Lanusse, Pedro Gnavi y Carlos Rey. Desde 1980 fue sucesivamente fiscal y juez federal. Como fiscal apeló la condena a Isabel Perón en la causa de la Cruzada de Solidaridad, y pidió 12 años en vez de 8. Como juez, ordenó la detención de los ex gobernadores Horacio Obregón Cano y Oscar Bidegain. En 1984, cuando la Cámara Federal ordenó procesar por rebelión a los miembros de las Juntas Militares golpistas y le remitió el expediente, se excusó con el argumento de que "estaba en peligro la existencia misma de la Patria y que emprender los medios para salvarla no era un delito sino un deber moral". Cuando dejó la Justicia, fue defensor del ex marino Alfredo Astiz, del cura policial Cristian von Wernich, del capitán Antonio Pernías, de los almirantes Jorge Anaya, Oscar Montes y Antonio Vañek. Integra la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, creada por el Episcopado Católico como grupo de presión en reclamo de una amnistía.
• El abuelo, Siro Victor Miguel Luis de Martini, participó como teniente de corbeta de la Armada en el alzamiento del general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951. Copó la Base Aeronaval de Punta Indio y disparó su cañón contra un transporte De Havilland Dove en el que creía que iba Perón. Luego de cuatro años de exilio en Uruguay regresó en forma clandestina y fue uno de los animadores de los comandos civiles organizados por la Iglesia Católica. El 16 de junio de 1955, copó a punta de pistola la radio Mitre y obligó a leer una proclama de excesivo optimismo: "¡Argentinos, argentinos! ¡Escuchad este anuncio del Cielo, volcado por fin sobre la tierra argentina: el tirano ha muerto! Nuestra Patria desde hoy es libre: Dios sea loado". Pero el muerto no fue Perón sino 300 personas alcanzadas a mediodía por las bombas y la metralla naval. Reincorporado al servicio activo, siguió la carrera naval hasta retirarse como capitán de navío en diciembre de 1975, poco antes del nuevo golpe. Como juez de instrucción naval, rechazó sin investigar la denuncia de torturas durante la "guerra antisubversiva" presentada por el suboficial Juan José Cossi.

Siro Luis de Martini (un joven brillante, según Cúneo Libarona) es profesor de derechos humanos en la PUCA, donde desarrolló un programa sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la gestión de Garavano como fiscal general de la Capital, fue secretario en la Oficina de Derechos Humanos. También tramitó un acuerdo de cooperación con la CIDH para tareas de capacitación y un régimen de pasantías. En una comunicación dirigida en 2009 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basó un argumento sobre la independencia de los jueces en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, “el más santo entre todos los doctos y el más docto entre todos los santos”.

 

A las escondidas

Sigilosamente, Cúneo Libarona ya consiguió un fallo favorable en los tribunales de Comodoro Py: el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a su amigo personal Marcelo D'Alessandro, ex ministro porteño de Justicia y Seguridad, y a los demás jueces y empresarios sorprendidos durante el viaje de garrón a Lago Escondido: los también jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el ex funcionario de la SIDE Leonardo Bergroth, el asesor en comunicación Tomás Reinke, los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo, y el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

El asombroso fundamento es que el viaje a la suntuosa propiedad de Joe Lewis se conoció por una filtración ilegal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ramos desecha también las pruebas independientes que constan en la causa. Por si alguien no lo recuerda, Yadarola fue representado por el actual ministro Cúneo Libarona.

Por si esto no bastara, la Cámara Federal de la Capital revocó el sobreseimiento de Ricardo Nissen, acusado de abuso de poder por investigar como Inspector General de Justicia a las empresas de Joe Lewis en la Argentina. Comienza el tiempo de revancha.

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

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