Moralina o mensaje cifrado

 

El Poder Judicial de Chubut realiza una investigación interna para determinar si una jueza penal trasgredió normas al visitar a un interno en un establecimiento penitenciario, debido a que ella había integrado el tribunal que lo juzgó días antes. Los primeros días de enero se difundió un video registrado por la policía que muestra a Mariel Alejandra Suárez, magistrada de la Circunscripción Comodoro Rivadavia, junto a Cristian “Mai” Bustos, sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de un policía y heridas a otro. Personal policial y buena parte de la prensa local aseguraron que se abrazaron y besaron, aunque las imágenes publicadas no son contundentes y la jueza niega haber besado a Bustos. De todos modos, la maniobra logró correr el eje del debate del fondo del fallo condenatorio, que busca consagrar la impunidad del accionar del grupo especial GEOP durante el operativo de captura de Bustos realizado en Corcovado, en marzo de 2009.

El 29 de noviembre pasado comenzó el juicio oral y público que condenó por mayoría a Bustos como coautor del homicidio de Leandro Roberts y por las lesiones que incapacitaron a Luis Cañumir, ambos policías. El fallo se conoció el 10 de diciembre. Suárez, a cargo de la presidencia del tribunal, votó en disidencia, oponiéndose a la prisión perpetua, a la calificación del delito y cuestionando la acusación de la Fiscalía, que retomó la historia oficial del presunto enfrentamiento entre los hermanos Bustos y la policía de Chubut. La defensora oficial Valeria Ponce apeló la sentencia la última semana, esperando que ahora se conforme un nuevo tribunal para resolver esa presentación.

 

 

 

El 29 y el 30 de diciembre por la tarde Suárez visitó a Bustos, quien cumple su condena en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Le pidió autorización para escribir y publicar una investigación académica sobre el caso, motivo que previamente había informado a las autoridades penitenciarias al tramitar su ingreso al IPP, según detalló Suárez en diálogo con este medio. El 30, el comisario general Víctor Hugo Acosta, jefe de policía de Chubut, informó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) del “incidente” que un subalterno le asegura haber registrado durante la visita de Suárez a Bustos el día anterior. El 3 de enero, el diario Jornada publicó el video; el mismo día, el STJ designó a la jueza Flavia Trincheri para que investigue eventuales irregularidades en la conducta de Suárez.

El video del presunto beso puede ser un mensaje cifrado de la corporación policial y la doctrina de la mano dura para que el Poder Judicial confirme las condenas contra Bustos en dos causas. A la vez, un mensaje aleccionador para cualquier integrante del Poder Judicial que pretenda actuar con autonomía e independencia.

 

 

Bandidos rurales

La familia Bustos es de viejo arraigo en la zona andina, siempre dedicada a trabajos rurales. Omar y Marta tuvieron hijos, los que se mantuvieron siempre cerca y unidos. Los varones compartían trabajos como guías de pesca y servicios al turismo. Cristian vivía en pareja cuando en 2005 murió su bebé de nueve meses, en circunstancias que la Justicia todavía no determinó definitivamente. Fue imputado como responsable de homicidio de su hijito. Estaba con prisión preventiva cuando se fugó de la comisaría de Corcovado en 2007. A los dos años había decidido terminar con esa vida de prófugo: visitaría a su familia el día del cumpleaños de su madre, un domingo, y al día siguiente se presentaría ante el Poder Judicial en Esquel con su defensor oficial. De alguna manera el plan se filtró y la policía buscó impedir la entrega voluntaria, ya que su imagen profesional estaba dañada por no poder capturarlo.

A pocos kilómetros al sur de Esquel, Corcovado tenía unos 2.000 habitantes estables y unas pocas cuadras. Ese fin de semana hubo un despliegue policial inusitado. El domingo 8 de marzo a la tarde se presentaron al menos 14 efectivos armados a cargo de un comisario desarmado, más una mujer que grababa el operativo en video. Rodearon la casa e intimaron la rendición. La familia avisó al defensor oficial, que estuvo dispuesto a viajar a Corcovado inmediatamente. El padre intentó negociar la entrega de Cristian con el comisario a cargo, cuando llegó e ingresó a la casa uno de los hermanos menores que no estaba en el lugar. Encerrada y rodeada, la familia no tuvo alternativas. Tres hermanos varones rodearon y acompañaron a Cristian al salir, quien llevaba una carabina calibre 22, la que siempre usó para cazar en el campo. Marcos tenía 16 años, Wilson 19, Daniel 22, Cristian 27. Todos muy ágiles, menudos, delgados. Wilson era sordo y cayó herido de muerte, desbaratándose cualquier posibilidad de salida pacífica. Cristian disparó el arma que llevaba sin elegir blanco, según declaró por primera vez en doce años. Daniel nunca tuvo un arma en sus manos, se entregó y con las manos en alto recibió un disparo policial en una pierna. Marcos fue detenido, golpeado y esposado a la cama de hospital recibió golpes en la columna que lo dejaron cuadripléjico. Cristian volvió a fugarse y en algún momento cruzó a Chile, donde fue detenido y finalmente extraditado a la Argentina.

Al menos 13 policías hicieron disparos con sus armas reglamentarias, sin embargo, no se recogió ninguna vaina servida de la escena de los crímenes. Roberts murió de un disparo en la frente, pero nunca se determinó de qué arma salió el plomo que lo mató. Tampoco se hizo para el caso de Cañumir, cuyo plomo jamás se extrajo de su cuerpo. Recién hace unos días Cristian declaró que él hizo disparos con arma de fuego, pero eso no alcanzaría para probar que fue autor del disparo mortal contra Roberts ni contra Cañumir. Especialmente porque se fugó con su carabina, de la que no existe prueba técnica en el legajo. Tampoco ninguna pericia planimétrica explicó las responsabilidades de Cristian, Daniel y Marcos como coautores de esos disparos.

En 2010 Daniel y Marcos fueron condenados como coautores, en juicio oral y público en Esquel, que pude cubrir y tener presente para esta nota. Daniel cumple condena en Rawson y Marcos recuperó la libertad. Jamás se investigaron las torturas a ambos ni el crimen de Wilson. Tampoco prosperaron las denuncias e investigaciones sobre interrogatorios, vejaciones, allanamientos y terror masivo contra decenas de vecinos.

Esa misma historia oficial del presunto enfrentamiento con los Bustos se reeditó a fines del año pasado al juzgar finalmente a Cristian, el prófugo que desveló por años a la policía. La pandemia por el Covid-19, la crisis institucional del gobierno de Mariano Arcioni y la impronta represiva del ex ministro Federico Massoni restaron interés a hechos viejos. El juicio oral y público coincidió, además, con la crisis de la aprobación de la ley de zonificación minera y el masivo rechazo popular en las calles que volteó ese proyecto.

 

 

 

Veo veo

El video del presunto beso entre jueza y reo muestra segundos de dos entrevistas de varias horas cada una. De la simple vista a la publicación del diario local Jornada surgen algunos elementos que seguramente una pericia técnica precisará más adelante:

• El video es una grabación con un celular a un monitor de la cabina de seguridad del IPP;
• El ángulo de enfoque no es frontal, por lo que distorsiona la imagen;
• La imagen no permite reconocer identidades a simple vista: sentada en el suelo, de espalda a la cámara de vigilancia interna, hay una mujer adulta con una notebook apoyada en sus rodillas y muy cerca un hombre de apariencia joven con pantalón corto que se aproxima a ella en algún momento;
• El gesto y movimiento que registró el video puede corresponderse con un beso o con una conversación al oído, pero no puede asegurarse en forma contundente sin por lo menos una segunda cámara con un ángulo complementario.

 

 

 

Suárez siempre estuvo advertida de la presencia de una cámara, indicada por una agente mujer y colocada en forma visible en el aula, de acuerdo a su relato. La publicación de Jornada confirmó que las identidades de las dos personas las obtuvo de un documento oficial interno del responsable del IPP, probablemente el mismo que recibió Acosta y reenvió después al STJ. Suárez confirmó a la prensa que es ella. A nadie pareció importarle el consentimiento de Bustos para revelar su imagen en circunstancias de la vida personal, cuyo derecho a la intimidad mantiene aunque esté privado de la libertad. El Estado provincial es responsable de la difusión del video, aún si hubiera sido una filtración informal. Al parecer, ese detalle lo advirtió el responsable de la cámara de seguridad institucional, por lo que intervino una tercera persona que grabó con la cámara de un celular al monitor de la sala de control.

 

 

Cordillera, orden y poder

La represión en Corcovado fue masiva a partir de la persecución a una familia. El fracaso de su objetivo inmediato (la fuga de Cristian) puede haber favorecido un cambio en la estrategia general de militarización y control territorial que se concentró en las fuerzas federales, fortaleciendo el rol del juzgado federal de Esquel en general y a Guido Otranto en particular. Pero la base social local siguió atravesada por el homicidio de Roberts, oriundo de Esquel, y los vínculos de la policía con los grandes estancieros.

Después de su derrota electoral, Arcioni designó a Leandro Das Neves en lugar de Massoni en la cartera de Seguridad. El nuevo ministro renovó la plana de la Jefatura policial con dos hombres de pasado pesado en la cordillera, Acosta como jefe y Luis Cayupil como subjefe, designaciones cuestionadas por numerosas organizaciones de Derechos Humanos y ambientalistas. Acosta fue uno de los jefes del operativo desplegado el 27 de mayo de 2016 contra la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Por su parte, Cayupil participó en otro operativo en el mismo lugar el año anterior.

Esta cúpula es la que se horrorizó ante el presunto beso y la falta de distanciamiento y barbijo.

Así, la suerte profesional de Suárez depende de que se determine alguna irregularidad en su conducta en la visita del video. La de Bustos es más compleja, ya que resta que se resuelva la apelación de su condena por la muerte de su hijito, que el prejuicio catalogó como delito aberrante. ¿Qué hay en ese expediente o en torno a él que explique y justifique la magnitud del esfuerzo estatal, sostenido en 15 años, para perseguir a un joven de una pequeña localidad rural por un delito cometido en la esfera doméstica?

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí