Monopolios y control social

 

La pandemia continúa expandiéndose y sus cimbronazos exponen el salvajismo de la estructura de poder mundial. Un capitalismo que maximiza ganancias en todos los órdenes de la vida social, devora todo lo que encuentra y destroza el andamiaje democrático que durante mucho tiempo ha ocultado su angurria insaciable. En la penumbra de este derrumbe se vislumbra a la bestia que agoniza mientras mata a sangre y fuego. También se escuchan voces que, desde muy lejos, ensayan una nueva melodía que canta una verdad ancestral: sin el otro no hay vida humana posible. El miedo a una muerte que acecha a la vuelta de la esquina y el deseo de consumir sin límite alguno multiplican las telarañas que nos impiden ver la enormidad de lo que está ocurriendo. Sin embargo, algunos acontecimientos desnudan por un fugaz instante la trama profunda del drama actual.

La pandemia ha tenido un enorme impacto sobre la economía global: la concentración de la riqueza ha aumentado y la pobreza se ha multiplicado por doquier. Esto ha elevado la temperatura del descontento social dando lugar a estallidos de violencia en distintas partes del mundo. Las elecciones en Bolivia, el enfrentamiento de la juventud chilena con las instituciones y la dirigencia tradicional hasta arrancarles una reforma constitucional y cambios políticos inéditos, las protestas callejeras en Colombia y en otras partes del mundo, expresan una furia que jaquea las entrañas del status quo. En estos procesos, diversos sectores sociales rompen su aislamiento y dispersión y encuentran una voz colectiva que unifica sus reclamos. Empiezan así a transitar un camino nuevo que lleva a la desnaturalización de la miseria y el ostracismo y a preguntarse por las causas de estos problemas. Las máscaras del orden imperante son desgarradas y se busca la participación, desde abajo hacia arriba, en las decisiones que se toman, construyendo al mismo tiempo lazos de empatía, solidaridad y cooperación. Este empoderamiento del “chiquitaje” anuncia la ruptura del chaleco de fuerza que por tanto tiempo ha agarrotado la imaginación popular atando de pies y manos a la enorme mayoría de los ciudadanos.

Las placas tectónicas del cambio social empiezan a moverse y las elites en el poder se apuran a obstruir estos avances. Coordinando esfuerzos a escala mundial, tratan de impedir el huracán que se avecina articulando un autoritarismo brutal. La censura para controlar a los “enemigos de la democracia”, el vaciamiento de los conceptos y de los valores, el incitamiento del miedo y del odio fanatizando a las muchedumbres contra un enemigo que acecha, constituyen elementos esenciales de una estrategia que busca confundir a la población, ocultar lo que ocurre y matar el huevo de la protesta social. Esto ocurre tanto en la guerra como en los medios de comunicación y en los claustros diplomáticos, políticos, académicos y culturales.

Esta impunidad criminal aparece en la convocatoria de la Alianza por la Democracia a una “urgente cooperación” entre los monopolios tecnológicos y los gobiernos democráticos para purgar de Internet y de las redes sociales las fake news y las opiniones que “tanto mal le hacen a la democracia”. Esta organización, fundada en 2017 con la participación del ahora Presidente estadounidense Joe Biden y financiada por los gobiernos y los monopolios tecnológicos, aglutina a dirigentes políticos, empresarios, militares, científicos y ex funcionarios del gobierno norteamericano y de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En su reciente cónclave anual ha definido a China y a Rusia como los principales enemigos de la democracia. Paradójicamente, una encuesta que esta misma organización acaba de realizar en un universo de más de 53.000 ciudadanos esparcidos en el 75% de los países del mundo, muestra que menos de la mitad de los norteamericanos y sólo el 53% del total de encuestados creen que viven en democracia. Esto contrasta con la confianza hacia la democracia expresada por más del 75% de la población china, proporción solo superada en Noruega, Suiza y Dinamarca. Peor aún, la mayoría de los encuestados cree que Estados Unidos es más peligroso que China, y una enorme proporción cree que la desigualdad económica y el poder e influencia de los ricos constituyen el principal peligro para la vida democrática en el mundo.

En este contexto de creciente desconfianza ciudadana, los gobiernos de los países centrales acuden a los monopolios tecnológicos para asegurar el control del disenso social y político. Esto no es casual: replican lo que ocurre en los Estados Unidos.

 

 

Estado en las sombras y monopolios tecnológicos

El complejo industrial-militar que en 1961 fuera denunciado por el general Dwight Eisenhower como el principal peligro para la democracia norteamericana se ha transformado, a lo largo del tiempo, en un Estado de Seguridad Nacional con 16 agencias específicamente dedicadas a la inteligencia y a la defensa del país. Estas agencias han penetrado tanto a los tres poderes del Estado como a la burocracia administrativa de los gobiernos federal y estatales, a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Hoy impregnan a las instituciones, organizaciones y asociaciones que expresan las actividades de los ciudadanos: partidos políticos, sindicatos, fundaciones, ONGs, universidades, think tanks, entre otras. Así se ha engendrado un monstruo que integra a lo privado con lo público: un Estado en las sombras que, operando desde estructuras formales e informales, adopta distintos ropajes para naturalizar el control social de la población y del mundo. Dentro de este monstruo existen contradicciones y disputas entre facciones, pero su núcleo central concentra cada vez más poder y capacidad de incidencia sobre las estrategias y las políticas del país, mas allá de los partidos políticos que se suceden en el gobierno.

La pandemia ha acelerado la digitalización de la vida social desnudando el carácter híbrido de las instituciones y el rol creciente de los monopolios tecnológicos en la persecución de objetivos tan variados como investigación de enfermedades, elaboración de remedios y vacunas, recolección y acopio de todo tipo de datos clínicos, biológicos y psicológicos, monitoreo del comportamiento colectivo e investigación y tecnología médica asociadas a la guerra y a la defensa nacional.

Estos monopolios tecnológicos son el resultado de la actividad de DARPA (Defense Advanced Research Proyects Agency), una agencia del gobierno responsable de la Investigación científica y tecnológica con fines militares y de defensa del país. Creada en 1958, DARPA ha sido el semillero de productos de avanzada (por ejemplo, Internet y robótica) y de empresas privadas que, operando como contratistas del Estado, han desbordado hacia la actividad comercial más amplia, constituyendo eventualmente a los actuales mega monopolios tecnológicos. Estos controlan Internet, las redes sociales, la recolección, acopio y monetización de datos y operan desde los dos lados del mostrador: controlan sus mercados y son funcionales al aparato militar y de inteligencia norteamericano (web.archive.org, 20/05/2003; history.com, 04/02//2004; qz.com, 08/12/2017; 0vice.com, 21/05/2018; vox.com, 31/10/2019).

Recientemente, el gobierno de Biden ha propuesto al Congreso la creación de una agencia dedicada a la salud: ARPA-H, explícitamente modelada según los lineamientos de DARPA, para acelerar la investigación sobre las causas del cáncer y otras enfermedades y para desarrollar “tecnologías innovadoras”. La fundación (HARPA) y los organismos y personas involucradas en este proyecto, así como el asesor científico de Biden, han formado parte de iniciativas semejantes que, tanto dentro como fuera de DARPA, han tenido por objetivo principal utilizar tecnologías de avanzada para monitorear comportamientos colectivos con el objetivo de detectar “comportamientos pre-criminales” (axios.com, 19/10/2017; washingtonpost.com, 22/08/2019).

La preocupación oficial por la vigilancia de la población ha adquirido fuerza a partir de la intensificación de la competencia con China. En 2018 una comisión gubernamental, la NSCAI (National Security Commission on Artifical Intelligence) –con participación de funcionarios del gobierno y de ex directivos de los monopolios tecnológicos– se dedicó al estudio de los métodos y medios necesarios para acelerar la utilización de inteligencia artificial en la defensa del país. Así, llegó a la conclusión de que los desarrollos extraordinarios de China en este campo erosionan la ventaja comparativa de los Estados Unidos y se deben a una serie de factores, entre los que se encuentra la estrecha asociación del gobierno chino con los monopolios tecnológicos privados en cuestiones relativas al espionaje de la población y a las transacciones financieras y comerciales. En consecuencia, la Comisión sugirió, entre otras cuestiones, disminuir las regulaciones que en los Estados Unidos protegen a la privacidad individual y estrechar la relación entre el gobierno y estos monopolios tecnológicos (breakingdefense.com, 13/04/2018; epic.org, mayo de 2019).

Así, tanto en China como en Estados Unidos, estos monopolios concentran cada vez más poder. La utilización reciente, a escala global, del yuan digital y el inminente lanzamiento del dólar digital anunciado por el gobierno norteamericano constituyen un paso de mayor envergadura en la elaboración de un sistema de control social basado en tecnologías de punta controladas por los monopolios tecnológicos. En este contexto, medidas recientes del gobierno chino buscan reafirmar el control del Partido Comunista sobre estos últimos, recortando el espectro de actividades financieras en las que pueden actuar e imponiéndoles sanciones y prohibiciones, entre las que se destaca la de utilizar criptomonedas. En los Estados Unidos el descontrol creciente de la política monetaria parece llevar hacia una reforma de la arquitectura financiera, lo cual tendrá un enorme impacto sobre la economía mundial y sobre el control de la población.

 

 

Impunidad en la Argentina

Por estos días, el gobierno parece haber tomado nota de los peligros inherentes a la impunidad criminal que reina en el país y ha empezado a tomar medidas para ponerle límites. Frente al desborde del precio de los alimentos, el gobierno cerró las exportaciones de carne por un mes buscando negociar con el sector exportador medidas que permitan desacoplar los precios internacionales de los locales, para “cuidar la mesa de los argentinos”. La respuesta del “campo” fue inmediata y furibunda: lock-out de la comercialización de la carne por ocho días, posible extensión de la medida a otros rubros alimenticios, y advertencia sobre un “paquete de medidas” a tomar si no se levantan las restricciones. Esto ocurre en el momento álgido de la pandemia, con la mayor cantidad de infectados y muertes diarias desde que se iniciara este drama y con el sistema sanitario nacional al borde del colapso. El gobierno también ha tomado medidas más restrictivas respecto a la circulación que durarán nueve días. Su éxito, sin embargo, dependerá de un control riguroso que hasta ahora ha sido escamoteado por el intendente de la Capital.

El gobierno ha acompañado las nuevas restricciones a la circulación con medidas destinadas a ampliar los destinatarios y los recursos de la Tarjeta Alimentar. También ha adjudicado más recursos al programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, diez millones de trabajadores informales que el año pasado recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hoy carecen de toda ayuda. Mientras tanto, continúa el ajuste fiscal silencioso del ministro Martín Guzmán, coherente con las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI): el déficit primario del primer cuatrimestre es equivalente al 0.2% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel más bajo que el de los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri. Este es el problema más peligroso que hoy enfrenta el gobierno: la pérdida de credibilidad de una palabra empeñada en la defensa de los más vulnerables. A esto se suma el brutal y constante deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y un enorme padecimiento nunca mencionado en el discurso oficial: el del endeudamiento leonino de los sectores populares. Desde los más vulnerables a tasas “informales” cercanas al 200%, hasta una clase media cada vez más empobrecida y dependiente de una deuda que crece ilimitadamente y a tasas siderales en las tarjetas de crédito.

En este contexto, dirigentes de los principales movimientos sociales han criticado el “asistencialismo” de los planes del gobierno, que terminan “derivando por la canaleta de la inflación” hacia los bolsillos de los formadores de precios. Reclaman al unísono la sustitución de planes por trabajo digno, que incluya a los trabajadores informales, y el impulso al mercado interno. Esta crítica es válida y relevante, pero la magnitud del drama es tal que difícilmente el gobierno podrá sustituir un plan por el otro. Debería, en cambio, mantener al mismo tiempo las dos políticas, emitiendo lo que sea necesario para ello y reciclando en créditos productivos a los 80.000 millones de pesos que mensualmente desembolsa el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a los bancos en concepto de intereses de la bomba acumulada de las LELIQs. Esta acumulación de riqueza por parte de los bancos (sin considerar sus negocios cambiarios), suma brillo a la iridiscencia de la impunidad criminal que amenaza no sólo la estabilidad del gobierno, sino el futuro del país.

La desarticulación de las cadenas de valor global como consecuencia de la pandemia y la guerra comercial con China han creado condiciones únicas que “obligan a adecuar la producción interna a la elaboración de productos de vital importancia para el consumo interno, entre los que se destacan la producción de alimentos (…) algo que los líderes deben de tener en cuenta antes que la crisis tome mayor proporción” (hoosiersagtoday.com, 16/03/2021; Rabobank, zerohedge.com, 18/05/2021). Si esto recomiendan destacados financistas internacionales a un primer mundo que no duda en imprimir todo el dinero que sea necesario para capear la actual crisis, ¿por qué no hacemos lo mismo y damos un extraordinario impulso al mercado interno? Lo contrario es aceptar el disciplinamiento de los monopolios y del FMI, asegurándoles así rentas y recursos extraordinarios por tiempo ilimitado con un país exhausto que hambrea a su población a cambio de un extractivismo agropecuario.

 

 

 

 

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