Modelo sin remedio

 

El “modelo” de Milei está tan sólido que cualquier paso en falso puede hacerlo desbarrancar. Todo el andamiaje armado hasta el presente tiene una fragilidad estructural insalvable.

No caben dudas sobre los rasgos antisociales del modelo, y muy pocas son las expectativas sobre sus aspectos productivos, tanto en la industria como en el agro. El factor dinámico es por ahora la extracción de gas y petróleo, que viene creciendo y aportando dólares genuinos. Vale la pena señalar que ese no es un “efecto Milei”, sino procesos que se iniciaron hace ya un tiempo, bajo las “malditas gestiones populistas”.

Pero dado que es un modelo con claro predominio de lo financiero, no sólo en lo material, sino también en lo simbólico, es allí donde debe mirarse para ver cuán sólida está la situación.

Los fenómenos visibles positivos son una reducción de la velocidad del aumento de los precios (se estima en torno a 2,6% para noviembre, lo que no constituye ninguna hazaña histórica) y la casi eliminación de la brecha entre el dólar oficial y el marginal. Si se le quiere agregar una interpretación optimista, puede decirse que el blanqueo de capitales hizo emerger a la superficie unos 22.000 millones de dólares (que equivalen a la décima parte de los fondos en efectivo que están escondidos fuera del circuito legal). 

Sin embargo, si no fuera porque los medios masivos de difusión están dedicados a promover el supuesto éxito de Milei y si, en cambio, primara una forma más rigurosa de analizar la situación, los vítores a las habilidades del ministro Caputo deberían acallarse rápidamente.

El fenómeno financiero central, como ya lo hemos señalado, es el carry trade, cuyo corazón palpitante es la oportunidad de ganar intereses fabulosos en dólares, en plazos no muy largos. Eso es lo que ha promovido el gobierno con sus regulaciones cambiarias y financieras. Es el “carry” combinado con una brutal contracción económica, el factor central que ha aumentado artificialmente la oferta de dólares y contraído la demanda. 

Según Orlando Ferreres, el dólar, que hoy está cercano a 1.050 pesos, en enero equivalía en poder de compra a 1.674 pesos. Es decir, se promovió una fuerte caída del valor del dólar en la plaza local y una apreciación del peso que va a tener un efecto creciente sobre el deterioro de la balanza comercial —que ya se viene registrando desde julio— en rubros como el turismo hacia el exterior y las compras de bienes importados.

Las grandes empresas privadas también participan del festín del carry trade. Para ello, han emitido obligaciones negociables (deuda) por 7.630 millones de dólares en lo que va del año, una cifra nunca vista anteriormente, que sirvió para poder colocar más fondos a alta tasa en pesos. 

El blanqueo, si bien podría poner en circulación recursos para la adquisición de inmuebles y otros bienes, no aporta significativamente a las reservas de divisas del Banco Central, que siguen negativas en términos netos. El Central no tiene hoy cómo responder a cualquier incremento de la demanda de dólares.

La desaparición del impuesto PAIS, sumada a la reducción reciente de algunas restricciones importadoras y potenciada por la apreciación cambiaria que todo el mundo observa y siente, impulsará una mayor salida de dólares y una tendencia a la sustitución de producción nacional por producción importada. Menos producción, más desempleo y mayor desequilibrio externo en el corto plazo.

En el caso, bastante probable, de que Trump empuje al alza la tasa de interés internacional, no se podría concretar una masiva salida de fondos de las reservas del BCRA hacia la economía estadounidense, gracias a que existe el “cepo” que impide que la demanda de dólares para la fuga destruya las reservas del Banco Central. 

Pero la irresistible inquietud financiera que generarían las medidas trumpistas se canalizaría hacia el dólar blue y otros dólares marginales que subirían fuertemente, lo que a su vez empezaría a impactar nuevamente en las remarcaciones de precios y el consiguiente reciclamiento inflacionario. 

Cualquier analista serio, no importa si de derecha o de izquierda, sabe perfectamente que el nuevo globo mileísta, de “irse del MERCOSUR” para firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos (¡en plena euforia proteccionista!) es una invitación a que la balanza comercial se destruya aún más en términos estructurales y a que la carencia actual de dólares se agudice.

Como en todos los experimentos financieros anteriores, no se puede predecir en qué momento estallará una crisis, pero a la economía argentina se le están bajando todas las defensas para que un estornudo en cualquier rincón del mundo desate una desestabilización económica local.

 

 

Un dilema inaceptable: ¿quién queremos que nos robe?

Hace pocos días, en un encuentro en la Facultad de Rosario en el marco del 11° Encuentro Nacional de Salud, Cristina Kirchner le dijo a Milei: “Animate y desregulá los medicamentos, decile al desregulador del megacanje que se anime, para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o tres cuartas partes de los remedios que tienen que llevar porque no alcanza la guita”.

Cristina señaló que “los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular porque se les cayeron las ventas y compensaron la caída con el aumento indiscriminado de precios; algunos llegan a 500%, sobre todo en los medicamentos de mayor uso”.

Y recordó que había estado reunida con el embajador de la India, país que cuenta con una gran industria farmacéutica, y que está en condiciones de suministrar ciertos medicamentos genéricos a costos cinco veces menores a los precios que fijan los laboratorios locales a los sufridos consumidores.

Si bien la ex Presidenta buscó poner un foco en esta evidente y dolorosa urgencia popular, estaba abriendo al mismo tiempo un tema de enorme importancia estratégica para el campo popular. 

Es un tema que se viene repitiendo sistemáticamente en reiteradas oportunidades: los consumidores y usuarios argentinos se enfrentan a disyuntivas siempre desfavorables a sus intereses, en vez de poder resolver los problemas económicos de forma tal que se alineen los intereses individuales con los intereses colectivos de la nación.

Recordemos cómo en los años ‘90 presenciamos una confrontación que llegó a involucrar a la cúpula del poder en ese momento, entre Carlos Menem y Domingo Cavallo, por el manejo del servicio de correos en nuestro país. En las sombras se enfrentaban los intereses del misterioso y mafioso empresario local Yabrán con los de la empresa estadounidense Federal Express, que pretendía ingresar en el mercado postal argentino de la mano del ministro de Economía. En ese momento, las opciones que se nos presentaban eran o una turbia empresa local, o una empresa norteamericana, que se quería hacer cargo de actividades que muchos países reservan para sus propias empresas nacionales.

Otro caso: en ese mismo período, se bajaron violentamente los aranceles a las importaciones. La promesa a los consumidores argentinos era que bajarían fuertemente los precios de muchos productos que deseaban adquirir, ya que la producción local era “cara” frente a las maravillas que vendrían baratas del resto del mundo. Lo cierto es que el derrumbe de precios anunciado no se concretó, por obra de los importadores locales, que se embolsaron la diferencia entre ambos precios, obteniendo jugosas ganancias. Lo que sí se concretó fue el derrumbe de las empresas productivas locales.

Ahora se acercan las vacaciones de verano. Y se reedita un escenario detestable. Parte de la industria turística local empieza a pedir cifras extravagantes por los bienes y servicios ofrecidos a los turistas, muy alejadas de las posibilidades de los sectores que podrían veranear. Pretenden “salvarse” en una temporada desvalijando los bolsillos de los veraneantes. Como este gobierno está encareciendo los costos argentinos en dólares, empieza a ser más barato para los que pueden visitar otros países, en los que se encuentran opciones de descanso muy agradables y fundamentalmente más baratas que las argentinas.

Seguramente miembros de la actividad hotelera podrán argüir que los costos locales, que las tarifas de los servicios brutalmente incrementadas, que los impuestos, etc. y hoy probablemente tengan razón. Pero la realidad verificada a lo largo de las últimas décadas es que es un comportamiento depredador constante, independiente de los gobiernos de turno: no conocen la palabra autolimitación a la hora de fijar tarifas exorbitantes, en muchos casos aprovechando que el costo del transporte al exterior actúa como una barrera que impide que muchos opten por destinos más lejanos. Apenas se detecta una leve mejoría en el poder de compra del ciudadano medio, acometen para expropiárselo mediante subas que no tienen una explicación “objetiva”, sino conductual.

Volviendo al caso de los medicamentos, las políticas antisociales del gobierno generan una disyuntiva dramática en el corto plazo: sucumbir frente al saqueo efectuado por los laboratorios locales o apelar a importaciones masivas que permitan un acceso amplio a productos sumamente necesarios para la vida de la gente. 

Dejando de lado el absurdo de que un país carente de dólares necesite gastarlos en importar bienes que produce, en este caso podríamos disponer de otras opciones. 

Por empezar, la mirada interventora tradicional tendería a regular la actividad y a poner algún tipo de límites a los precios o adquirirlos a los laboratorios por parte del Estado, para luego distribuirlos a precios accesibles o gratuitos a quienes los necesiten. Pero también, como ya se intentó unas cuantas veces —pero el lobby de los laboratorios es más fuerte que la conciencia popular y sus representantes—, comenzar a producir los medicamentos en laboratorios públicos. 

Sabemos que no todas las drogas se pueden producir localmente, y que faltaría un tiempo para contar con laboratorios públicos bien equipados y en condiciones de investigar para avanzar en el suministro de medicamentos de última generación. Pero no cabe duda de que hoy ya se podrían estar fabricando una serie de productos masivamente utilizados que permitirían reducir muchísimo el gasto de los jubilados, y no solamente de ellos. 

Claro, buenos laboratorios públicos serían una competencia indeseada para laboratorios acostumbrados por décadas a saquear los bolsillos de los consumidores, a los que tienen como público cautivo al que se le extrae el dinero que se desea. Pero la producción pública sería una muy buena opción para generar trabajo nacional, investigación nacional y para mejorar el nivel de vida de amplios sectores de la población. E incluso, pensar en exportar si se avanza en la dirección correcta de calidad y eficiencia.

 

 

Es momento para grandes debates

Lo que tienen en común los cuatro casos mencionados es que la población argentina siempre está desprotegida y a merced del saqueo, de los abusos groseros de precios o de los monopolios en condiciones de hacer lo que quieren con los bienes y servicios dirigidos al consumidor final. 

El telón de fondo es la ausencia, en el terreno de las decisiones políticas, de la representación de los intereses de las mayorías, y de un Estado que sea a la vez inteligente en sus criterios para evaluar las mejores opciones, y que tenga autoridad para frenar los abusos.

Dado que la visión neoliberal ha permeado a buena parte de la dirigencia argentina, ni se menciona la idea —factible— de la producción pública de bienes imprescindibles, de servicios públicos de buena calidad o de actividades de altísima importancia social, que no tienen por qué ser implementadas para generar ganancias para algún empresario o grupo empresario. 

No es la primera vez que señalamos que los comportamientos monopólicos, que están extendidos en el mercado argentino —incluso en actividades no tan concentradas— tienen un lamentable efecto macroeconómico: vía precios se despoja a la población de parte de su poder adquisitivo, lo que reduce la posibilidad de que crezca el consumo y que otras ramas productivas encuentren mercados para sus productos. 

Si los medicamentos hoy absorben el 40% del presupuesto de la población que los necesita, es evidente que esos fondos absorbidos para incrementar las altísimas ganancias de los laboratorios podrían dedicarse a otros consumos que también hacen al bienestar de las personas. O simplemente, en este momento, evitar que los consumidores se estén endeudando, con propios o ajenos, para poder solventar sus gastos básicos.

 

 

¡Monopolios, enriquézcanse!

En ese sentido, Milei aporta, a las tradicionales ficciones económicas del liberalismo argentino, una novedad que lo transparenta ante la sociedad: está definitivamente a favor de los monopolios, del ejercicio ilimitado del poder de las grandes corporaciones porque “crean riqueza” y proveen de “bienes y servicios a la población”. Poder reconocer la puerilidad de esos argumentos no requiere de conocimientos económicos, sino de lograr despojarse de la imagen falsa de “seriedad” que la economía convencional ha logrado construir en la sociedad. 

Es irrefutable que los monopolios están en condiciones de explotar a los consumidores, usuarios u otras empresas, dado el lugar de poder que ocupan en el mercado. 

En los capitalismos, que todavía intentan imponer ciertos límites a los privilegios corporativos, se admite como punto elemental de convivencia que la sociedad debe generar un contrapeso legal, institucional, a ese poder ilimitado. Entes reguladores, defensorías del consumidor, legislación antimonopólica, incluso tribunales legales especializados en temas de competencia, son las formas convencionales de intentar acotar el poder monopólico. Debemos señalar que se trata de mecanismos que sistemáticamente fallan en la Argentina, desde Martínez de Hoz para acá.

La novedad es que ahora se consagra como mérito que el poder privado ilimitado no tenga ningún contrapeso, y que los que no poseen esos capitales o esas posiciones dominantes no tengan más que resignarse a la porción de bienestar que les quieran dejar los grandes grupos económicos.

Ni que hablar de que en la Argentina conocemos perfectamente los sectores democráticos y populares, la importancia política de regular a los monopolios. También en el área comunicacional. 

Vimos cómo una rica tradición del liberalismo democrático universal, que fue plasmada en una Ley de Medios de elaboración local, no pudo ser implementada en toda su dimensión democratizante —que no es otra cosa que la defensa del derecho a la información por parte del colectivo social—, por obra del poder que la concentración mediática acumuló sobre la sociedad y sus instituciones. 

Pareciera que toda nuestra sociedad viene siendo modelada, en todo lo que tiene de injusto y desigual, por un derecho que no había sido proclamado abiertamente hasta Milei, pero que existía en los hechos. Es el derecho de los monopolios de imponer sus intereses sobre cualquier otra consideración pública.

 

 

¿No es tiempo del Estado?

Milei, que encabeza con mucha claridad un crudo proyecto neocolonial en la Argentina, está corriendo todos los ejes de la discusión pública.

La relación entre las grandes empresas y el público consumidor —sabiendo que cada vez habrá menos público consumidor y más excluidos de cualquier consumo no básico— es un gran tema para el abordaje. Este público consumidor está siendo entregado de pies y manos a las ambiciones de los monopolios por las fuerzas que supuestamente representan al capitalismo “modelo”, los Macri y los Milei. Los que hablan constantemente de la fantasmagoría de “los mercados”, a los que consideran perfectos, y los que venden desde hace décadas que, “si se los deja operar con libertad, serán una fuente de prosperidad”. Son esos charlatanes los que trabajan incesantemente para favorecer el poder monopólico y, por lo tanto, la desposesión de los consumidores y usuarios.

Ocurre que vivimos en una economía periférica, que ha sido asolada por sucesivos experimentos neoliberales, que la debilitaron no sólo en lo material, sino también en lo ideológico y cultural.

Eso nos ayudaría a explicar por qué el espacio alternativo a los intereses de los monopolios tiene cada vez menos respuestas frente al embate —ahora descarado— de esos intereses concentrados. 

La respuesta de Cristina frente al tema medicamentos, seguramente diseñada para mostrar las incongruencias del supuesto discurso libertario y su verdadera hermandad con las corporaciones, no puede ser tomada, en cambio, como una referencia político-estratégica. 

En vistas a un programa de gobierno popular, es obligatorio salir a plantear, con toda claridad, que el Estado tiene un papel central en la configuración de una sociedad vivible y de progreso ahora, en el siglo XXI.

Y que ese Estado por venir no deberá tener las manos atadas por esta ideología antisocial del neoliberalismo. Que ese Estado, que tendrá como prioridad el bien social, no va a permitir ni el hambre, ni el saqueo de los consumidores, ni la destrucción de las personas y de las capacidades productivas nacionales. Eso implica, entre otras cosas, que el Estado se meterá sin pedir disculpas en las actividades en las que tenga que meterse, no sólo para regular externamente, sino para eventualmente producir los bienes y servicios para garantizar lo que el sector privado no garantiza o depreda.

Para que esta idea vaya ganando carnadura social, la función de la política es plantearla. Plantearla, mostrarla y difundirla, precisamente en este momento de salvajismo neoliberal impúdico, donde se exhibe la destrucción del Estado como trofeo ideológico.

Un público convencido de la necesidad del Estado encarnando la defensa de los intereses colectivos más elementales es central para sostener un proyecto político dispuesto a enfrentar el poder corporativo. Sabemos que parte de la opinión pública, por razones muy complejas, mira en este momento en otra dirección, la del individualismo “emprendedurista”. Nada de eso irá a buen puerto en un país que se está hundiendo productivamente. 

Si se quiere disputar poder en serio, no se puede ir detrás de una opinión pública formateada desde los medios y las redes, que son manejadas por el poder económico y comunicacional monopólico.

Disputar es asumir que existe una cancha comunicacional inclinada a favor de las corporaciones, pero que se cuenta con material humano de sobra para disputar creativamente en ese terreno. Si, en cambio, se toma como un dato dado que “la opinión pública está cada vez más a la derecha” por razones metafísicas, la única política realista consiste en “ser cada vez más moderado para no alejarse de los votantes, que son cada vez más reaccionarios” (nuevamente, por razones metafísicas).

Pretender mantenerse vigente electoralmente aceptando que a la sociedad la conduzca y la modele intelectualmente el capital monopólico es el camino seguro a la intrascendencia para cualquier espacio con vocación popular.

 

 

 

 

 

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