Modelo para desarmar

 

Antes de que la Cámara de Diputados comenzara a debatir artículos y enmiendas al proyecto de la ley de emergencia, denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, grandes fortunas con activos radicados en el exterior encontraban el procedimiento para eludir la duplicación de la alícuota en el impuesto a los bienes personales. En cuanto se conoció el proyecto de ley, tanto personas físicas como jurídicas con cuentas en el exterior, compraron bonos del Tesoro de los Estados Unidos (TBills) a muy corto plazo.

El Tesoro emite bonos con vencimientos que van de pocos días a 52 semanas. Cuanto más largo es el plazo, mayor es el interés que pagan. Los TBills a siete días suelen utilizarse para operaciones entre bancos, por lo cual tienen nula volatitilidad. Están exentos de impuestos estatales o federales. Una vez adquiridos, en licitaciones directas del Tesoro o en el mercado secundario, se depositan en cuentas comitentes en la Argentina. Basta mantenerlos hasta el 2 de enero de 2020, para que la Caja de Valores registre su tenencia en la Argentina al 31 de diciembre de este año, con lo cual no se duplica la alícuota a pagar. A la semana siguiente podrían regresar a su lugar de origen sin consecuencias. El ingenio de los financistas argentinos es inagotable, pero bastaría un decreto del Poder Ejecutivo o incluso una resolución del Banco Central para desbaratar esta maniobra elusiva, fijando plazos obligatorios de permanencia en el país, como hizo Néstor Kirchner en 2003 para que el vuelo de los fondos golondrina no fuera perturbador.

 

Con los maestros, no

El artículo 51 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Presidente Alberto Fernández envió a la Cámara de Diputados suspendía durante seis meses la movilidad previsional, mientras una comisión presidencial estudiaba su reformulación. Ocurre que la fórmula vigente incluye un ajuste del 70% por el Índice de Precios al Consumidor y del 30% por el RIPTE. Con un crecimiento de la inflación que en 2019 se acercará al 60%, su aplicación generalizada superaría los fondos disponibles. En especial porque al asumir, el gobierno descubrió que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se convirtió durante la gestión previa en una cáscara vacía. Inicialmente, Alberto Fernández trató de que el dato no trascendiera, pero él mismo terminó por hacerlo público en su encuentro con la Asociación de Grandes Empresarios (AEA): el 70% de sus activos son títulos del Estado Nacional, una deuda que se renovará automáticamente a su vencimiento porque el Tesoro tampoco tiene recursos para otra cosa. La ley plantea reducir al 50% ese porcentaje. Al hacer el anuncio se dirigió por su nombre de pila al Hombre de Clarín, exhortándolo a no pelearnos más entre nosotros. Las hostiles páginas y pantallas del multimedio, ratifican que no hay armisticios unilaterales.

Cuando trascendió el texto, los docentes reclamaron por su inclusión en ese guadañazo y varios diputados de origen gremial hicieron saber que no lo votarían. Primera línea en la resistencia al gobierno anterior, reconocidos tanto por su antagonista El Hada Buena como por el Presidente Alberto Fernández, los maestros no merecían ese destrato.

 

 

El Poder Ejecutivo accedió entonces a excluirlos de la suspensión, junto con los investigadores científicos, los ex presos políticos y lxs hijxs de madres víctimas de violencia familiar. Pero durante los momentos ásperos del debate parlamentario la oposición incluyó también a quienes perciben asignaciones mensuales vitalicias (Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), a los comprendidos en los regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; Secretarios y Prosecretarios de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación; el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Procurador General del Tesoro. Es decir, lo que las patronales agropecuarias (perdón, MG, por seguir llamándole pan al pan) llaman “la política”. La senadora Anabel Fernández Sagasti aclaró en el recinto que diputados y senadores no tienen regímenes de privilegio desde la emergencia de 2002.

El oficialismo optó por dejar correr hasta que se votara el proyecto, al cabo de 19 horas de sesión, que cerró Máximo Kirchner en su impecable debut como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, bien coordinado con Sergio Massa como presidente del cuerpo. Horas después, mientras el Senado se constituía en Comisión, con los 2/3 de los votos, para convertirlo en ley el mismo día, Fernández hizo saber que ampliaría el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, para modificar todas las jubilaciones de privilegio. Ni el texto de la ley ni las explicaciones de los legisladores tuvieron la claridad necesaria para que se entendiera que el aumento de emergencia para las prestaciones más bajas no implica que las que le siguen hacia arriba queden congeladas por un semestre. Es posible que las más elevadas no equiparen lo perdido por la descontrolada inflación que dejó Macrì, pero también recibirán aumentos trimestrales por decreto mientras se define la nueva fórmula.

 

 

Pieza por pieza

Estos dos meros ejemplos muestran la complejidad de la tarea que enfrenta el nuevo gobierno, que debe desarmar pieza por pieza el modelo neoliberal montado en los cuatro años previos, sin desatar reacciones destempladas. Hoy recién se cumplen doce días desde la asunción presidencial. Los aprovechó sin desperdiciar un momento y la sanción de esta primera ley de emergencia fue una demostración de fuerza que abre buenas perspectivas para la gobernabilidad. Los distintos capítulos de la ley tienden a recomponer la fiscalidad, no por el lado de la eliminación de gastos imprescindibles sino por medio del incremento de los ingresos públicos, allí donde existen los recursos imprescindibles, para tender al alivio de las situaciones límite a las que fueron llevados millones de personas. Fernández les dijo a los grandes patrones que contaba con el visto bueno del FMI.

Hace tres décadas, cuando gobernaba Carlos Menem, el director del Fondo era el francés Michel Camdessus, quien repetía ante quien quisiera oírlo que no era responsabilidad del FMI sino de cada gobierno nacional, si el ajuste castigaba a los más débiles. En un reportaje concedido a O Estado de Sao Paulo, agregó que “no hay ninguna razón particular para que el precio del ajuste económico recaiga más sobre los pobres. Cuando esto sucede es porque el gobierno lo permite. El gobierno debe pedir más a los privilegiados de la sociedad, porque proteger a los más pobres es la clave del éxito”. Los acreedores externos tienen más claro que nadie que sus posibilidades de cobrar dependen del cierre hermético de las mil canillas por las que gotean las transferencias al capitalismo prebendario. El de lxs Fernández es el primer gobierno que se lo propone, lo cual  es apenas un buen punto de partida.

Estos son algunos de los pasos imprescindibles que quedaron consagrados en ese texto. Algunos tienen que ver con el pago de la deuda externa, que el gobierno no quiere defaultear, mientras negocia un nuevo acuerdo, en las condiciones que anunció el Presidente, una suspensión de pagos de capital e intereses por los cuatro años de su mandato, liberando recursos para la inversión:

 

• El Poder Ejecutivo fue facultado a negociar la deuda pública, pero deberá mantener informada a la Comisión Bicameral respectiva.
• El Tesoro colocará una letra intransferible en el Banco Central, a 10 años, por 4.571 millones de dólares, que se usarán para pagar el próximo vencimiento de deuda externa.

Otras medidas se relacionan con el salario indirecto que implica aliviar de gastos a los consumidores:

 

• Queda sin efecto, tal como solicitó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la transferencia a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur  y se intervienen por un año los entes reguladores de la energía y del gas.
• El gobierno iniciará la revisión integral de las tarifas, cuya desdolarización propugna. Como dijo Fernández al asumir, si no se puede pagar, no es una tarifa sino una estafa.
• Se declara la emergencia sanitaria y se trabajará en un Plan Federal de Salud, luego de un monitoreo de precios de medicamentos e insumos y de alternativas de importación directa y licencias compulsivas u obligatorias, frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas injustificadas o irrazonables. El ministerio podrá dictar normas para su implementación, mediante un listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el PAMI y por la Superintendencia de Servicios de Salud; precios de referencia de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica, y controles y dispositivos que promuevan la plena vigencia de la Ley de Especialidades Medicinales-Medicamentos Genéricos, que obliga a recetar por droga y no por su marca comercial.
• Dada la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino, el Ministerio podrá comprar sin impuestos ni depósito previo las vacunas y descartables importados.
• Se pondrá en ejecución el Programa Nacional “Remediar”, destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención de la salud provinciales o gubernamentales.
• Se suspenden las acciones penales tributarias y aduaneras contra las Micropymes, cuyas obligaciones podrán saldarse con una tasa negativa de interés, que el primer año será del 3% mensual.
• La AFIP podrá pagar reintegros a consumidores finales y pequeños comerciantes.

 

También hay medidas para incrementar los ingresos fiscales, que permitirán equilibrar las cuentas y disponer de recursos para ejecutar políticas públicas:

 

• Se incrementan hasta el 20,4% las contribuciones patronales para los empleadores privados y públicos de comercio y servicios, que podrán computarse a cuenta del IVA, según la jurisdicción del país.
• Se ajusta por inflación el Impuesto a las Ganancias
• Se duplica la tasa del impuesto a los bienes personales para aquellos que estén situados en el exterior.
• Se aplica un impuesto del 30% sobre la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, incluidos cheques de viajero y tarjetas de crédito, de compra y débito, portales o sitios virtuales. El 70% de ese impuesto financiará programas de seguridad social y el 30% obras de infraestructura económica, vivienda social y turismo.
• Se duplica sólo para las empresas la tasa para extracciones bancarias, no para personas y Mipymes.
• La alícuota de la tasa de estadística para importaciones pasará de 0,5 a 3%.
• La tasa de Impuestos Internos, variará según el precio de venta de los bienes, a partir de un mínimo de 1,3 millones de pesos. Las tasas irán del 20% al 35% y la AFIP actualizará trimestralmente los importes, considerando la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
• Las retenciones a las exportaciones llegarán al 33% para la soja, el 15% para las mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación o a tasa 0; del 5 % para los productos agroindustriales de las economías regionales y para bienes industriales y servicios.
• Se suspende por un año la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al programa médico obligatorio en el contexto de la Emergencia Sanitaria.
• El gobierno podrá superar los límites que fija la ley de administración financiera para realizar reestructuraciones presupuestarias.

 

 

La desunión

Como de costumbre, la derrota no tiene padres y son muchos quienes acuden en auxilio de la victoria. Las divisiones en las fuerzas opositoras facilitaron el trámite. El martes, mientras se debatía la contribución al quórum para sesionar, el radical mendocino Alfredo Cornejo, que propugnaba negarle al gobierno el agua y la sal, llegó a empujarse con el radical cordobés Mario Negri. También fue tensa la relación de Cornejo con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien le disputaba la presidencia del radicalismo residual (UCRR). Pero el carcelero debió conformarse con la secretaría general de los restos del partido de Ricardo Balbín. Se consolaron de esas discordias, uniéndose para la trascendente decisión de expulsar a Leopoldo Moreau. Se sabe cuánto duran las expulsiones de por vida en la UCRR, como se demostró en el caso de Julio Cleto Cobos. Excluido en 2007 por acompañar a CFK en la fórmula presidencial, readmitido con honores en 2008 cuando probó la dialéctica de traicionar su traición y emitió aquel voto de madrugada. El ex Presidente Macrì viajó a Qatar para ver un partido de fútbol, y Horacio Rodríguez Larreta quedó a cargo de la oposición, tan colaborativa que ni protestó por la recuperación federal de la fijación de las tarifas de los servicios públicos del área metropolitana, que la administración anterior había puesto en manos de la Ciudad Autónoma.

 

Varios legisladores de la oposición vertieron lágrimas por la República. Tantas que les nublaron la vista para leer el artículo 76 de la Constitución que  permite la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Ese artículo fue obra de Raúl Alfonsín en la reforma constitucional de 1994.

Una duda que subsiste es si las transferencias de ingresos hacia lo más bajo de la pirámide poblacional, que la ley sancionada el sábado 21 habilita, serán suficientes para prender los motores de la economía que el macrismo apagó en forma tan completa como deliberada. Esa es una preocupación legítima de economistas. Por ahora, los sectores populares festejan el reconocimiento de sus derechos y el alivio de sus penurias. “El pueblo está de fiesta”, dice el cura en opción por los pobres de la castigada diócesis de Quilmes, Marcelo Ciaramella.

 

 

Vientos

De a poco, el nuevo gobierno va acomodando sus piezas. El caos que dejó su antecesor, con el sistema de gestión informática descompuesto, y su servidor con toda la información del Estado nacional radicado fuera del territorio nacional, en el reino de España, no ha permitido por ahora más que la jura de los ministros y el diseño del organigrama. Pero secretarías, subsecretarías y cargos inferiores siguen en el limbo. Frente a ese cuello de botella, el Presidente Fernández ha definido prioridades: el plan nacional contra el hambre, el protocolo para el aborto no punible, la doble indemnización por despido, la ley de emergencia, los aumentos de salarios. Para el resto habrá tiempo.

El cambio en el poder se siente en todos los rincones, incluso en el Estado Libre Asociado de Comodoro Py:

• La DAIA decidió no impugnar la candidatura para la Procuración general de la Nación del juez Daniel Rafecas. Lo hizo bajo el impacto de la declaración reproducida el último domingo aquí, del Gran Rabino sefardí de la Argentina, Isaac Sacca, quien niega a esa entidad la representación del judaísmo argentino y su actuación política. En cambio, varios rabinos firmaron una nota de adhesión, en la que destacan las investigaciones académicas realizadas por Rafecas sobre la Shoah.
• La Cámara Nacional de Casación Penal apartó al doctor Glock de la causa en la que procesó a la ex Presidente CFK por el uso de los aviones de la flota presidencial. A pedido de Oscar Parrilli, procesado en la misma causa, los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, declararon "comprometidas las garantías del juez natural y de imparcialidad del juzgador, así como el debido proceso legal". Slokar llegó a firmar que Glock inventó pruebas que no existían y falseó declaraciones de testigos. Como recordó Cristina en su indagatoria ante el TOF 2 por las obras viales en Santa Cruz, el juez le tomó ocho indagatorias en un solo día, que además era el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Esta decisión podría extenderse a las otras causas en que Glock persigue a la vicepresidente, porque la pérdida de imparcialidad no se reduce a un expediente, como es obvio desde hace años.  Sólo que recién ahora ni Martín Irurzun ni Huevo Duro pueden seguir avalando esta aberración.
• El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a Cristina por la denuncia de Carlos Stornelli por presunta insolvencia fraudulenta, al haber cedido derechos hereditarios a sus hijos Máximo y Florencia. Cuando la cesión se produjo, CFK no estaba procesada ni pesaba embargo sobre sus bienes, escribió.
• El mismo juez sobreseyó a los ex camaristas Luis Farah y Jorge Ballestero, en el expediente en el que por inspiración del entonces presidente Maurizio Macrì se los acusó de haber recibido dinero para disponer la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. El juez Rodríguez no encontró movimientos financieros de ambos camaristas que pudieran justificar la acusación, que atribuyó a desacuerdo con sus fallos.
• El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Stornelli por espionaje ilegal y asociación ilícita y aclaró que no lo detiene porque tiene fueros, como se explica en otra nota de esta edición.
• Cuando Macrì aún era uno de los accionistas de Ausol, esa empresa que administraba la Autopista del Sol (nombre inspirado en el que la  'Ndrangheta construyó en Calabria) ingresó en el blanqueo de capitales, que no estaba abierto a funcionarios públicos, por una suma equivalente a la deuda impositiva que le reclamaba el Estado. Al pagar, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo, dio por extinguida la acción penal contra los gerentes acusados. Pero nada dijo de los accionistas que ingresaron los fondos mediante el blanqueo, tema que suscitó esta semana el diputado Rodolfo Tailhade durante la sesión por la ley de emergencia, lo cual debería dar lugar a una nueva causa.
• La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial accedió al pedido de la fiscal Gabriela Boquín. Las juezas  María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini decidieron cerrar el interminable concurso preventivo del Correo Argentino de la familia Macrì y abrir el procedimiento de salvataje o cramdown, en el que se abre a terceras partes para posibilidad de adquirir la empresa concursada, siempre que haya conformidad de los acreedores. En este caso el principal es el Estado, lo que torna improbable su asentimiento. Luego de esta etapa procede el dictado de la quiebra, que arrastraría a las otras empresas del Grupo Macrì que se involucraron en el caso, obteniendo recursos del Correo para distintas finalidades. Ellas son SOCMA y Sideco Americana. En este expediente quedó de relieve la asociación entre Macrì y Odebrecht. La constructora brasileña pagó 400 millones de dólares por créditos del concurso que no valen más de 8 millones, para ayudar al socio en dificultades.

Podrá haber también causas penales contra el ex Presidente, pero esta tiene implicancias patrimoniales que pueden ser devastadoras y que nadie podría atribuir a una persecución: este proceso, que debería haberse agotado en seis meses, lleva 18 años de dilaciones, bajo seis gobiernos distintos, y las juezas que acaban de bajarle el pulgar,  son las mismas que le insuflaron vida artificial durante casi dos décadas.

 

Rectificación: la candidatura de Ricardo Sáenz no es alentada por Gustavo Béliz. Cerca del funcionario explican que Sáenz es el fiscal que persiguió a Béliz en la causa que le abrió Antonio Horacio Stiusso.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

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