Mitos cambiemitas

 

Macri, el primer trabajador

El establishment corporativo local sumó en las últimas semanas un arsenal de tergiversaciones economicistas, fraseologías bienpensantes y arengas artificiosas para contribuir a la planificada tarea de desunir, debilitar y/o hundir al gobierno de lxs Fernández. Las remanidas intrigas y fábulas utilizadas por los portavoces del neoliberalismo local, auxiliados por la trifecta mediática, buscan desmoralizar, sembrar la desconfianza y deslizar en forma paulatina la imagen de una incapacidad funcional del Frente de Todxs para resolver los acuciantes desafíos políticos de la etapa. Las cuatro áreas en las que se pretende instituir la agenda de demolición durante los próximos tres años de gobierno son:

1. el trabajo, la productividad y la creación de riqueza,
2. la  calidad institucional,
3. la censura y la libertad de expresión, y
4. la propiedad como eje único y central de la relación ciudadana.

El último 20 de octubre, Mauricio Macri afirmó que en la actualidad “el peronismo es el partido de los que no trabajan”. Esta aseveración repite uno de los mantras elegidos por los sectores hegemónicos para dañar el entramado político-social que encarna el oficialismo y al mismo tiempo empoderar a los sectores más reaccionarios que desde el campo y las finanzas sueñan con un desmembramiento estrepitoso del gobierno nacional. Según este artificio retórico, los generadores prioritarios de la riqueza son los especuladores del mundo de las finanzas, los inversores, los rentistas de característica extractivista y los CEOs, expertos en el arte del despido masivo y la extranjerización de las empresas locales. El conglomerado de voceros del establishment se empecina en viralizar esta perorata del mundo del revés tratando de instalar la creencia maniquea acerca de que la creación de valor tiene como protagonistas centrales a los empresarios/inversores y como subalternos e insignificantes a lxs trabajadores.

Al mismo tiempo, recuperan un mito fundacional de la generación del ’80 sobre los “vagos y mal entretenidos”, grabado a fuego en la persecución a los gauchos y a sus caudillos. Por último, a través de esta versión apócrifa, se completa la culpabilización de las víctimas de todos los programas neoliberales: se las responsabiliza de su indefensión sociolaboral, condenándolas a portar la etiqueta de haraganas e indolentes.

Quienes permanecen en situación de desocupación, subocupación y/o forman parte de la economía informal insisten en integrarse a un mercado laboral que ha demostrado ser incapaz –en las últimas cinco décadas– de responder a sus demandas. Mientras tanto los cambiemitas se reservan el pedestal de auténticos propulsores de la cultura del trabajo y la productividad, haciendo caso omiso de su récord como destructores de puestos de trabajo y pymes, evidenciado durante el cuatrienio que estuvieron al frente del gobierno nacional. Juntos por el Cambio concluyó su mandato con un saldo negativo –según los datos provistos por AFIP– de 24.500 empresas menos que en diciembre de 2015. Un promedio de 45 bajas por día hábil. Estos datos duros no lograron llamar a recato a quien se constituyó en el único Presidente en la historia de nuestro país que superó los 140 días de vacaciones en los cuatro años que duró su mandato, casi el 10% de los 1.460 días de su presidencia. En la remanida teoría de la meritocracia –tan citada por los prohombres de las herencias garantizadas­–, no figuran estos modelos de ociosidad aristocrática.

El segundo de los mitos que pretende arraigar el conglomerado neoliberal (en sus diferentes versiones: bolsonarista, marca Patricia Bullrich o farandulizada, tipo Javier Milei) es su pretendido apego a las instituciones republicanas. Quienes apostrofan sobre el respeto a las reglas del juego constitucional, sin embargo, suelen impugnarlas en forma sistemática. Cuando son derrotados en una votación en las Cámaras o se aprueba una norma que cuestiona el status de los privilegios más acendrados, se trasladan a los tribunales de Retiro para judicializar la política. Cuando se deciden políticas soberanas –como el Memorándum de Entendimiento con Irán, con el único objetivo de darle continuidad al juicio por el atentado de 1994–, se apela a la presión foránea de embajadas extranjeras, a la coacción de fondos buitre y a la persecución penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La vociferada institucionalidad requerida por la derecha neoliberal también queda opacada cuando se trata de respetar la normativa vigente respecto a la movilidad de jueces o al rol constitucional que le corresponde al Consejo de la Magistratura, encargado de designar a los magistrados y administrar el Poder Judicial. En la curiosa formulación cambiemita –que enaltece la letra constitucional sin respetarla–, la institucionalidad se venera cuando se nombran jueces de la Corte Suprema por decreto, pero se viola cuando se devuelve a magistrados al despacho para el que obtuvieron su acuerdo por parte el Senado.

 

Los hilos de las máscaras

 

 

 

El tercer mito consiste en la presunta profanación de la libertad de prensa, actualizando un sambenito esgrimido durante la última etapa del gobierno de CFK por esos mismos voceros. Para instalar esta falacia se apela, como ejemplo, a la situación del periodista del grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, quien fue procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, bajo la acusación de ser parte de un entramado de espionaje liderado por Sebastián D'Alessio, acompañado de la participación estelar del fiscal (aún) en funciones, Carlos Stornelli. La imputación no refiere a su rol como periodista sino a la participación en un delito de extorsión. La defensa corporativa de Santoro, financiada por la trifecta mediática y sus socios de la Sociedad Interamericana de Prensa, no parece observar un asalto a la libertad de prensa en la coetánea denuncia iniciada por titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara Baja –el diputado macrista Waldo Wolff— en su acusación a tres periodistas de El Destape (Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi). En este último caso, el actual bolsonarista y ex dirigente de la DAIA omitió incluir en la presentación ante la jueza María Servini de Cubría a los colegas de Clarín que también habían publicado la misma información que El Destape. Aunque la presentación fue desestimada, el propio Wolff junto al fiscal Stornelli avanzan en la persecución a Miriam Lewin que intenta crear un observatorio (sin capacidad punitiva) de los lenguajes y la información instigadores de odio y discriminación social. La mitología macrista de la libertad de prensa parece estar floja de papeles.

El cuarto eje discursivo es el que pretende encumbrar la propiedad por sobre cualquier otro derecho, incluso cuando choca contra el derecho a la vida. Así, el dueño de un campo se siente legitimado para envenenar con agrotóxicos a sus vecinos porque fumiga con un título de posesión notarial en su mano. Y las ocupaciones a toda propiedad son condenables y reprimibles únicamente si son ejecutadas por los más vulnerables. Si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entrega la propiedad pública de un sector de la rivera al negocio inmobiliario, dicha entrega puede considerarse como legítima. Mientras las nuevas urbanizaciones privatizadas del segundo o tercer cordón del AMBA figuran como tierras rurales o baldíos, sus usurpaciones no deben ser caratuladas de okupas. Solo deben regularizar su situación en el marco de negociaciones civilizadas. Los 230 countries que mantienen su situación registral en condiciones anómalas pueden tomarse varios años para solucionar su irregular posesión, a pesar de que su dilación implica la pérdida de 1.500 millones de pesos que se dejan de recaudar por año. Monto suficiente para solucionar la problemática habitacional de las familias de Guernica.

Una de las estrategias discursivas de las elites económicas es la apelación a una abstracción desfigurada. Se especializan en seleccionar términos cargados de un sentido trascendente –para la sociedad en su conjunto–, con el objetivo de imponerle un sentido acorde a sus necesidades de continuidad dominante. La agenda planteada por los cambiemitas (junto a sus adláteres terraplanistas y antivacunas) busca hacerle creer a los trabajadores activos y a los castigados con la desocupación que su capacidad de producir valor es ínfima y descartable. Que la derecha es la auténtica protectora de la calidad institucional, en el mismo momento que la transgreden cuando no les resulta beneficiosa. Que esos mismo sectores son las pobres víctimas de un sistema de información y comunicación del que curiosamente son sus máximos propietarios y manipuladores. Y, sobre todo, que sus sacrosantos títulos de propiedad contienen más valor que todo el medio ambiente y, por supuesto, la vida de millones de seres humanos.

 

 

 

 

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