MIS 200 DÓLARES

 

Cualquiera que conozca a una persona especialista o profesional puede hacer la siguiente prueba: preguntarle cuál es el tema sobre el cual la gente más opina sin saber. El sesgo de la respuesta no debería sorprender. Si esa persona es abogada, dirá que se opina sin saber sobre derecho. Si es médica, dirá que se opina sin saber de medicina. Si es arquitecta, música o electricista, se encontrará también, en la respuesta, el sesgo: todo el mundo opina de algo sobre lo que yo sé más.

Y no es que el especialista sepa cosas muy difíciles o imposibles de entender por otra gente, sino que simplemente está más informado e infiere de manera sencilla cosas que escapan al razonamiento vulgar. Y le parece que la otra persona opina sin saber, aunque no se trata de que no sepa, sino de que le falta información.

Las más de las veces, este conocimiento desinformado no afecta demasiado a las demás personas y ni siquiera a esa persona. Pero en otras oportunidades el desconocimiento provoca problemas sociales que, por ser complejos, no son percibidos por las propias personas causantes.

El Estado, en muchos casos, previene estas situaciones. Dejando de lado visiones que lo consideren omnipotente, el Estado real actúa con legislación consensuada por quienes son representantes del pueblo y de las provincias y ejecuta políticas públicas sujeto a esta legislación y a la Constitución. Con miles de personas que lo sostienen día a día, con bastante más información que cualquier persona de a pie y con funcionarios y especialistas en puestos clave, aunque no esté exento de errores, se desenvuelve buscando el bienestar de la comunidad.

En el estudio de la economía política, se conocen desde hace mucho tiempo algunas paradojas. En general, postulan que el comportamiento individual tiene consecuencias sociales que son contrarias al resultado que podría esperarse al ver lo que le sucede a una persona. John M. Keynes describió una de estas situaciones contraintuitivas y la llamó “la paradoja del ahorro”: una persona ahorra y eso es bueno para ella, ya que tendrá una cantidad que podrá usar ante una eventualidad, perseguir con mayor capacidad ciertos sueños de consumo futuro o garantizarle a su descendencia un legado monetario. Pero si millones de personas ahorran simultáneamente caerá el consumo, la sociedad como un todo verá reducida su demanda total y, finalmente, se achicarán el empleo y el producto anual de la nación. Lo que podría ser bueno para uno se convierte en malo si todos lo practican simultáneamente. En otras palabras, el todo es muy diferente a la suma de las partes.

Cuando todos los meses desde que se inició el aislamiento entre 3 y 4 millones de personas compran 200 dólares para ahorrar en moneda extranjera en lugar de hacerlo en moneda nacional, toman una decisión que, desde la óptica individual y desinformada, es positiva. La plata que este mes no gastaron quedará en sus hogares y a salvo de que los bancos, como en un incidente que ocurrió hace dos décadas y 5 gobiernos atrás, “no se la queden”. Será guardada para una eventualidad, para el consumo futuro o para el legado. Esto es, en definitiva, lo que hicimos y hacemos les argentines. No obstante, tal cual se bocetó en el párrafo anterior, este comportamiento individual dispara un doble resultado macroeconómico. Por un lado, la paradoja del ahorro ya mencionada: esos dólares se compran con pesos que no se gastan ni se dejan disponibles para ser prestados y gastados, la versión keynesiana del perro del hortelano. Al mismo tiempo, esos dólares hacen caer las reservas internacionales que no sobran y que se necesitan para hacer frente a importaciones y pagos internacionales en general. Y las reservas son un patrimonio colectivo que se construye a partir de exportaciones, un proceso en el que intervienen trabajadores, empresarios y el Estado mancomunadamente, que implican acuerdos legales nacionales e internacionales, al sistema impositivo, intereses contrapuestos de actores económicos y la mar en coche. Difícil será entonces que la persona que ahorra conozca la suma de esas interacciones y el devenir macroeconómico de sus decisiones. Aún más difícil es ver que el comportamiento individual lesiona el interés colectivo.

No menos difícil es comprender el comportamiento epidemiológico de un virus, un saber complejo y preciso. Sin embargo, la exposición durante un par de meses al discurso experto, transmitido repetidamente y con claridad por funcionarios y especialistas, permitió ver que la libertad de circulación, que desde cualquier punto de vista sería considerada positiva o buena, se transmuta en negativa cuando todos pretendemos ejercerla simultáneamente, ya que afecta el desarrollo epidemiológico. La combinación de divulgación y cagazo, en amplias capas de la población, funcionó. El Estado, hasta cierto punto, fue capaz de prevenir situaciones potencialmente dañinas y que fueron difíciles de intuir. La que podríamos parafrasear como “paradoja de la libertad de circulación”, nos fue expuesta a todas y todos.

En este punto, la lectura atenta deriva en una única conclusión posible: no existe una libertad de comprar dólares de la misma manera que no existe la libertad de ir a una marcha en el medio de una pandemia.

Esto no se debe a que vivamos en un Estado totalitario ni que sean reales algunas de las vergonzosas banalizaciones de la dictadura y el fascismo emitidas desde medios y redes sociales, sino a que cuando una persona compra dólares para ahorrar operan mecanismos complejos que hacen que en este caso el comportamiento individual lesione el interés nacional y quite divisas desde donde se necesitan para destinarlas a la improductividad del colchón, minimizando el crecimiento económico y el empleo, la inversión y el avance tecnológico. No se debe, tampoco, a un capricho del circunstancial partido de gobierno: recuérdese que fue el anterior gobierno el que dispuso la imposibilidad de comprar dólares tras el fracaso rotundo de la disposición en contrario durante 3 años.

Hasta aquí, a diferencia de lo que pasó durante el macrismo, el gobierno aumentó la tasa de los plazos fijos esperando que los ahorristas se vuelquen al ahorro en pesos únicamente por interés económico. Sin embargo el Estado, como hemos visto, puede cumplir un rol pedagógico que complemente y trascienda a los mecanismos de incentivos de mercado. Para que la próxima vez que alguien pregunte sobre qué cosas la gente habla sin saber, no haya economistas que puedan responder “ahorrar en pesos”.

 

 

 

* Miembro de Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía y Sociedad de Economía Crítica

 

 

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