Minoría rentista vs. pueblo argentino

 

Existen diversas razones de orden nacional e internacional, coyunturales y estructurales, que explican esta nueva versión de modelo agropecuario exportador de nuestro país, donde el crecimiento es hacia afuera mientras la economía interna se contrae para ser funcional a ese crecimiento externo, porque consumimos básicamente el mismo bien que exportamos. El problema reside por un lado en que más del 70% de la producción argentina de bienes y servicios se destina al mercado interno y, por otro, dada la concentración económica del sector, en que los mayores beneficiarios de las exportaciones representan una minoría que reinvierte una parte pero que genera ganancias para convertirlas en dólares y sacarlas temporal o permanentemente del circuito productivo argentino.

Mientras prevalezca el modelo agropecuario exportador, la presión para que suba el precio del dólar va a ser constante (porque les da mayor poder económico, presionan para que le den más dinero local por la divisa) y a su vez, la propuesta del mercado financiero, para que los que tienen capacidad de ahorro no se pasen al dólar, es subir las tasas de interés, generando una combinación gravosa sobre el sistema económico local, encareciendo los productos y su consumo.

Esta fue la razón que llevó a la crisis de 1890 y al derrocamiento del Presidente Juárez Celman en pleno apogeo del modelo, e igual sucedió con la dictadura militar de Videla-Martínez de Hoz cuando trataron de reeditarlo en 1976.

Toda la discusión del Decreto 949/2020 del 27 de noviembre de 2020, de llamado a licitación de la concesión de la denominada Hidrovía del Paraná y su salida por el Puerto de Montevideo, es para beneficio principal y exclusivo de los diez grandes acopiadores y comercializadores de granos: ADM, Bunge Ceval, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Glencore, Aceitera General Deheza, ACA, Díaz y Forti, y Molinos Agro SA.

Son también los beneficiarios de que en la Ley 27.541 de Emergencia Económica no se haya declarado la Emergencia Cambiaria, razón por la cual no se impidió que se aplicaran las leyes generadas en la reforma financiera de 1977, de Menem-Cavallo y de Macri (Decreto 893/2017 que anuló la emergencia cambiaria), posibilitando que los importadores, principalmente Cargill, Dreyfus y Glencore, importaran soja del Paraguay y Brasil y esas mismas empresas y otras adelantaran pagos de compras al exterior no habiendo ingresado el producto al país, por 5.000 millones de dólares en 2020; además que se pagara supuesta deuda externa de por ejemplo el banco HSBC o el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain por 6.200 millones de dólares, razones fundamentales para entender por qué habiendo obtenido en 2020 un superávit comercial de 12.528 millones de dólares las reservas internacionales del BCRA, en lugar de crecer, descendieron.

A su vez, en la Ley 27.541 se puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (Retenciones) para la soja el 33% y para todo el resto de los productos que exportamos el 15%, cuando la soja incrementó su precio en el Mercado de Chicago, siempre comparando enero de 2021 con enero de 2020, en un 49% en dólares. El maíz lo hizo en un 39% y el trigo en un 36%, a lo que debe sumarse que el gobierno nacional devaluó el tipo de cambio comercial en un 51,2%, de 60,5 a 91,5 pesos en el período indicado.

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que depende de la Bolsa de Cereales de Rosario, el precio promedio de la carne de vaca en el mostrador se incrementó en un 75% en 2020 debido a la fuerte demanda externa de la carne con hueso que se le vende principalmente a China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, que sumada a la demanda tradicional de la cuota Hilton hace que en 2020 se vendieran más de un millón y medio de toneladas de carne vacuna declarada. Porque la Dirección General de Aduana encontró subfacturación de exportaciones del sector y, por otro lado, en la Argentina no se sabe a ciencia cierta cuántas cabezas de ganado hay: teóricamente unos 55 millones, que es lo que le declaran a la AFIP, pero es una cifra mayor la que ponen a disposición del SENASA para autorizar su venta.

Lo cierto es que el IPCVA estimó que el consumo de carne vacuna por habitante en la Argentina de 2020 fue de 50,3 kilogramos, el más bajo de los últimos cien años, cuando hasta 1975 el consumo per cápita rondaba los 90 kilogramos. Podrá aducirse el reemplazo por otro tipo de carnes pero el dato es categórico y consecuente con el hecho de que el mismo INDEC estima que la canasta básica total para una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos es de 52.600 pesos –y el salario mínimo vital y móvil es de 21.000– mensuales, dándose la triste paradoja que en noviembre de 2019 con dos salarios mínimos cubrías la canasta básica total y en enero de 2021 no lo alcanzás.

 

 

Final de juego

Es claro y determinante que la suba de precio de los alimentos, principal componente de la canasta básica total, que es el indicador para medir la pobreza, y por supuesto de la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, nos demuestran el estado de situación del país y el sufrimiento de un porcentaje cada vez mayor de la población. Mientras tanto una minoría se ha enriquecido con ganancias extraordinarias fruto de los altos precios y de la devaluación de nuestra moneda.

Si esas son las causas, hay dos soluciones esenciales. La primera, proteger el valor de nuestro dinero como dice el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central y está escrito en el frontispicio de la puerta de entrada de Reconquista 266, sede de la autoridad monetaria. El BCRA actual, con las leyes vigentes, le vende dólares a los bancos como si no estuviéramos en la emergencia en que estamos, por un lado, y considera que para preservar las reservas debe devaluar sin importarle el impacto sobre el poder adquisitivo de los que tienen ingresos fijos en pesos.

Paralelamente el BCRA financia parte del gasto de la Administración Nacional, que en 2020 implicó el giro de las utilidades (que nacen esencialmente por la misma depreciación cambiaria al valorizarse más medida en pesos nacionales las reservas internacionales brutas) por 1,6 billones de pesos, a lo que deben sumarse los Adelantos Transitorios al Tesoro por 400.000 millones de pesos. Administración Nacional que aún así cerró el año 2020 con un déficit de caja de 2,3 billones de pesos.

Por otra parte el mismo BCRA financia esas transferencias al Estado mediante el pago de LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) y Pases Pasivos, que es plata que los bancos captan de sus depositantes por tener la autorización para funcionar como tales y se la prestan al BCRA a una tasa que fue del 38% anual en diciembre 2020, ocasionando un déficit cuasi-fiscal de unos 722.000 millones de pesos en el año. Suma que si no se adoptan medidas puede ampliarse este año.

La solución técnica es directa y consiste en declarar la Emergencia Cambiaria (de esa manera se deja de cumplir con las leyes pergeñadas por los mismos beneficiarios), anular el Decreto 949/2020 de los agro exportadores y modificar la Ley 27.541 para fijar libremente los derechos de exportación, que permiten por un lado desacoplar los precios externos de los internos y por otro le generan recursos al fisco, esenciales para dejar de depender del BCRA.

El modelo agroexportador implica beneficios para una minoría rentista en desmedro del pueblo argentino. Se debe revertir el camino en forma urgente y terminante para garantizar, junto con la vacuna contra el Covid-19, un modelo económico para todos.

 

 

 

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