Lo llaman el ministerio de las putas. Está ubicado en una esquina y se destaca por el rojo punzó entre los grises del barrio de Constitución de Buenos Aires. Desde que empezó la cuarentena el tránsito de personas por la Casita Roja es incesante, pero no buscan un servicio sexual. En apenas semanas Ammar se reconvirtió para encontrar una solución a la necesidad de las trabajadoras sexuales y hoy articula con el Estado subsidios alimentarios, habitacionales, DNI y documentos para migrantes, entre otros programas sociales que abre a toda la comunidad. ¿Cómo una organización social chica y abocada específicamente a trabajadorxs sexuales logró expandirse y convertirse en pocas semanas en una especie de sucursal del Estado que asiste a cientos de personas?

 

 

Del misterio al Ministerio

La Casa Roja no lleva ni un año en la esquina de Constitución y Santiago del Estero. La inauguró Ammar hace exactamente un año, el 2 de junio de 2019, día internacional de lxs trabajadorxs sexuales (una efeméride establecida desde 1976 en homenaje a un grupo de trabajadoras que en protesta tomaron una iglesia en Francia), en el barrio donde se concentra la mayor parte del trabajo sexual de la ciudad. Hasta hace poco, la Casita era un misterio para la vecindad. “Los vecinos asociaban a la Casita Roja con un prostíbulo donde vendíamos merca”, interpreta Georgina Orellano, secretaria general de Ammar. El disgusto (pánico moral, según algunxs investigadores) que provocaba que la esquina que antes ocupaba una organización política, fuera ahora tomada por otra organización política pero de putas, era evidente. Se presentaron quejas y hasta varios posteos en el grupo de Facebook Los Buenos Vecinos. Si antes de la cuarentena “era un misterio lo que pasaba en la casita”, como dice Jorge Insaurralde, colaborador histórico de Ammar, si el estigma del trabajo sexual era asociado a toda actividad criminal, hoy las fantasías se derrumban al ver por la ventana que las hordas que vienen y van lo que trasladan son colchones y bolsas con víveres.

 

 

 

 

El 20 de marzo se decretó en la Argentina el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la cuarentena total. Sólo las actividades esenciales quedaban exentas de la obligación. Y garantizar el placer sexual no solo no es esencial sino que además se ofrece en la calle y es riesgoso. Como el 50% de los trabajadores del país, las trabajadoras sexuales no tienen trabajo formal y el 20% de ellas vive en hoteles familiares. Para ellas el aislamiento implica no trabajar, no pagar el hotel y pasar a estar en situación de calle. La experiencia de la cuarentena de lxs pobres es como la de un gato que se muerde la propia cola. El 27 de marzo llegó el primer desalojo de la cuarentena: 8 trabajadoras sexuales travestis y trans del Hotel Saavedra estaban siendo amenazadas por el dueño. La inteligencia que se construyó en ese momento desde Ammar en alianza con otras organizaciones sociales y organismos del Estado, logró interrumpir la trayectoria circular del gato, al menos durante los meses de cuarentena, y dio inicio al Ministerio de Putas.

La solución que desarrollaron las “putas feministas”, como se autodenominan, es la misma que encontraron organizaciones sociales en todo el país para amortiguar el impacto de la desigualdad: generar alianzas con el Estado, para que sus políticas sociales lleguen a los territorios y poblaciones más vulnerables. “La articulación entre las organizaciones sociales, como Ammar, y el Estado es vital”, reflexiona la socióloga Victoria Freire. Ella señala un rasgo particular de la articulación durante la pandemia: “Es el carácter colectivo de la salud, que siempre entendimos en el plano de lo individual y vinculada a la falta de enfermedades. Las condiciones de vida, la alimentación, el trabajo determinan nuestra salud y bienestar. Las organizaciones sociales, y en este caso Ammar, lo tienen muy claro hace rato y por eso están llevando adelante una acción tan importante para sostener la vida”. La plasticidad de las organizaciones sociales, capaces de adaptarse a diversos contextos, permitió a Ammar reconvertirse en 10 días en un brazo del Estado, una extensión de sus políticas sociales.

 

Techo

“Primero nos cerró la cocina. Después amenazó con echarnos. No teníamos cómo pagar. Hasta que un día entró a la habitación, nos cortó Internet y nos sacó el televisor”. Valentina recorrió los 1.550 kilómetros que separan Salta capital de Buenos Aires hace 3 años, cuando tenía 23 y ya era una chica trans que quería una vida siempre un poco mejor. El día que intentaron echarla del Hotel Saavedra conoció a Ammar, nunca había escuchado que existía.

La vida en los hoteles es una de las más caras de la ciudad de Buenos Aires, en especial para la población travesti trans. Once y Constitución son los dos barrios con mayor densidad de pensiones y hoteles familiares, lugares de tránsito permanente de personas que entran y salen de la ciudad en tren. Se llaman hoteles pero según Gervasio Muñoz (de la Federación de Inquilinos) “son prisiones en el medio de la ciudad, por las que se paga para estar ahí, con un sistema bastante mafioso y corrupto”. No tienen una tarifa fija y la deciden por portación de cara. A las travestis pobres se les pide más que al resto. A las travas pobres migrantes e indocumentadas, todavía más, y si son putas que trabajan bien, más. Llegan a pagar 30.000 pesos por mes por una habitación compartida.

“La que me avisó que estaban desalojando en el Hotel Saavedra de Once fue la Josefina Fernández”, recuerda Georgina, entrevistada en la redacción abierta de LatFem. Como coordinadora del Programa de Género y Diversidad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA), Josefina activó la tramitación de Subsidio habitacional para las 8 chicas del Hotel Saavedra.

“Nos encontramos con Georgina, cuyo trabajo territorial es muy grande y de enorme compromiso, y empezamos a movernos para evitar ese desalojo”, relata Fernández, “conseguimos los Subsidios habitacionales y, con ello, que se parara la expulsión”. Esa primera experiencia de articulación entre Ammar y el MPD fue el puntapié inicial para que Ammar mismo facilitara los subsidios desde la Casita Roja.

 

 

 

 

El subsidio habitacional se otorga a las personas que están en situación de inminente desalojo y/o riesgo de calle, consta de un ingreso mensual conformado por un porcentaje del alquiler. Para obtenerlo se debe presentar toda la documentación personal y un informe social, que ahora confecciona una trabajadora social de Ammar. Valentina ya tiene tramitado el subsidio y llegó a la Casita el día que se abren las puertas a otras trabajadorxs y vecinxs que también lo necesitan. Ella habla bajito y pausado, no como la Perrito, autodenominada Pandemia de la Cruz desde que se desató el Covid-19, que hace unas semanas hizo un video viral contando la vida de una trava en situación de calle. Algo cambió, ahora entra a la Casita Roja y desfila. “Ay, Pandemia, qué cuerpo tenés”, le gritan, la aplauden, le tiran ropa para que se pruebe del montón que tienen para regalar. A veces la Casita parece un pijama party con humor picante: “Cuando la conocí era cuerpazo, pero la cara de puto feo la tuvo siempre”. Hay risas y a los pocos días un cartel en la pared señala la crueldad de algunos chistes. Cuerpazo o no, ya son más de 300 las trabajadoras sexuales cis y trans que tramitaron el subsidio habitacional en la Casita Roja. 300 personas que no viven en la calle, no se endeudan o no están obligadas a salir a trabajar.

Antes de la crisis del Covid-19, Ammar, como otras organizaciones de base territorial, derivaba los trámites sociales a la dependencia municipal cercana. Pero la situación cambió: por un lado, creció la necesidad, y, por el otro, algunas oficinas del Estado están cerradas. “Una investigación realizada por el MPD CABA del año 2016 —cuenta Josefina Fernández a LatFem— arrojó que más del 65% de ellas (travesti y trans) vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas o departamentos ¨tomados¨ y/o irregulares. Casi el 4% de las mujeres trans vive en situación de calle”. Fue para asistir especialmente a esta población, que no logra acceder a los subsidios habitacionales porque “no consignen reunir los requisitos que se exigen”, que el área de Género del MPD comenzó a articular tanto con AMMAR, como con el Bachillerato Popular Mocha Celis. “De ambos nos llegan casos de personas travestis/trans que son vulneradas en su derecho a la vivienda”, explica Fernández.

—¿Por qué llegaron a esta situación de actuar como si fueran una dependencia del Estado?

Georgina Orellano: Cuando las chicas iban a Pavón y Entre Ríos (sede del Ministerio de Gestión y de Acción Social) a hacer los trámites, ya estaba cerrado. Frente a que el Estado está cerrado hablamos con Josefina Fernández y ella nos dio el OK para que habilitemos un día para que nosotras desde Ammar hiciéramos la carga, nos enseñó por teléfono. Lo que hacemos es darle seguimiento al trámite. Las llamamos, les recordamos, les organizamos los papeles.

Jorge Insaurralde: Ammar está haciendo el 90% del laburo del Estado en lo habitacional.

Pan

—No parece que hay cuarentena acá, es el ministerio de las putas —dice la Perrito y saluda con el codo a todas, conocidas o no.

Es martes, jornada establecida para tramitar la tarjeta “Ciudadanía porteña”, un programa que otorga 2500 pesos para gastar en alimentos. Por la mañana se dispusieron cuatro puestos dentro de la Casita, cada uno atendido por dos voluntarias, todas ellas trabajadoras sexuales capacitadas por el gobierno porteño. En la puerta a Georgina la saluda todo el mundo. Una adulta mayor a la que Ammar le facilitó la atención para tratar su adicción a la cocaína llora de alivio porque pudo dormir después de varios días. Una mujer cis haitiana que no recuerda el año de su nacimiento, un varón cis que lleva su DNI envuelto en varias bolsas de supermercado. Todxs vienen a buscar comida. La policía es un elemento constante del mapa, pasan patrulleros cada vez que se mueve el minutero.

Tres adolescentes, dos chicos y una chica, aparecen a los tumbos. “Nosotros vivimos abajo del puente, pero les venimos a donar esto porque siempre nos ayudan”, lanza uno y apoya en el piso un cajón de madera con algunas prendas de vestir y latas de tomate. “Vos portate bien”, le dice Georgina. “Más vale que se va a portar bien”, sigue la piba y muestra entre la panza y el elástico del pantalón una tijera. Alguien menciona a Lorena Bobbit, que en 1993 le cortó el pene a su marido, todos ríen. Esa misma noche, cerca de las 4 de la madrugada, uno de ellos fue atacado en su ranchada, debajo del puente, a una cuadra de la Casita Roja. Murió por las heridas punzantes que le causó un vecino.

En Buenos Aires, según el Censo Popular de 2019, hay 7.251 personas en situación de calle. El 77% de estas personas no acceden al Subsidio habitacional porque no tiene la documentación necesaria, se les vencen los plazos, o no pueden llevar adelante un trámite. 2000 viven en los casi 20 paradores que hay en la ciudad entre públicos y de gestión mixta. Todos ellos comen en la calle, en comedores, ollas populares.

Antes de la pande, como ya le dicen algunas en la intimidad, desde Ammar repartían  bolsones de alimentos una vez por mes a 30 compañeras. Cuando empezó la cuarentena crearon un Fondo nacional de emergencia y compraron 50 bolsones que se acabaron en dos días. Hoy distribuyen bolsas de comida para 5.000 personas en todo el país. Para Ammar, la situación de emergencia supuso un aprendizaje: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos que el Estado intervenga, para que la alimentación de las compañeras no consuma todos los recursos de la organización, sino toda la plata se iba a ir en alimentos. Aprendimos a articular. El INADI nos entregó 60 módulos alimentarios por mes, también la Federación LGBTI, la Fundación Huésped, y con el área de Desarrollo Social de la Ciudad llegamos al acuerdo de que ellos se hacen responsables de repartir la mercadería en los hoteles”, cuenta Georgina, visiblemente entusiasmada.

 

 

 

 

—¿Cómo comenzaron a tramitar ustedes la tarjeta alimentaria “Ciudadanía Porteña”?

Georgina: Nos escribió un asesor del legislador Javier Andrade (Frente de Todxs), para que mandáramos a las compañeras a Pavón y Entre Ríos. Nosotras le dijimos que mejor vengan ellos y armen el dispositivo en la Casita Roja. Y eso fue lo que hicieron. Ya ingresamos 310 tarjetas.

“Somos una mini sucursal del Estado”, acota Jorge, sentado junto a Georgina en la redacción de LatFem. “Esto es posible porque gobierna Alberto Fernández”, suma Georgina. En los años de gobiernos neoliberales la articulación entre Estado y organizaciones fue muy débil y se limitó a convenios con ONGs sin raigambre territorial. “En los gobiernos que ponen en el centro la acción e intervención del Estado la posibilidad de articular es mayor”, dice al respecto Victoria Freire. “El desafío es superar el paradigma de la población beneficiaria para construir un modelo de intervención pública con población organizada”, agrega. La organización es gran parte de la solución.

Heidi es una mujer trans de 45 años que llegó a la Argentina hace 13 años. Comercia servicios sexuales y vive en hoteles desde que llegó a Buenos Aires y “nunca en todos estos años le pedí nada al Estado”, dice, parada frente a la Casa Roja con su DNI en la mano y un fajo de planillas. Hoy comenzó los trámites en Ammar para obtener el Subsidio habitacional y la tarjeta alimentaria: “Eso es lo principal, tener algo en la heladera, ahora no hay nada, me da risa, me encuentro pensando: ¿Y ahora qué hago?, y me da risa”. Heidi reconoce que los únicos que las ayudaban siempre eran “los clientitos fijos que vienen”, pero que ahora no viene ninguno y que antes de que Georgina las invitara a la Casita Roja “ya estábamos pensando en salir a trabajar igual, pensábamos pedirle a la policía nos dé un lugar”.

 

 

 

 

 

 

Identidad

Tres chicas trans migrantes charlan en el puerta del hotel donde viven. Es 15 de abril, la cuarentena total se instaló en la Argentina hace casi un mes. Un agente de policía toma sus nombres y las acusa: “Travestidos detenidos por violación de cuarentena”, anota. Coral no tiene documentos, llegó de Perú hace 7 años y por miedo a ser deportada no actualizó su situación registral. Antes de ser reducida, alcanza a llamar a Georgina Orellano, que está haciendo una recorrida de hoteles cerca de donde Coral, Madison y Ceciliani son rodeadas por 8 agentes de policía. Tres travas putas escuchan, cuando hay 2.500 infectados en la Argentina y las fronteras están cerradas, que “si no te gusta, volvete a tu país”. Junto con Ammar llegan activistas, otras chicas de Constitución, periodistas. Un video empieza a circular en redes sociales: las chicas están sentadas en el piso contra la pared, desde fuera de cuadro alguien le dice a uno de los agentes que la Ley de Identidad de Género lo obliga a respetar la identidad autopercibida, que no sea bruto, no son “travestidos”. Es la voz de Georgina. Pasan unas horas en la Comisaría Comunal N 1 C y luego son liberadas.

Antes de la pandemia, cuando llegaba a Ammar alguna trabajadora sin DNI, la derivaban a la sede del Ministerio Público de la Defensa que queda a pocos metros de la Casita Roja.  Hoy no tener documentación al día no implica solo un problema para la circulación, es un obstáculo para acceder a los programas sociales, única salida para muchxs. Pero el Estado parece inaccesible y más aun en cuarentena, con dependencias estatales cerradas al público. Por eso desde Ammar crearon, en articulación con el Estado, dispositivos de atención al público en la Casita Roja y entre mayo y abril otorgaron 160 turnos para DNI y 860 para trámites migratorios.

—¿Por qué y cómo fue que empezaron a hacer los trámites de DNI y migraciones en la Casita?

Georgina: Durante la pandemia nos empezamos a encontrar con muchas compañeras del colectivo travesti trans que están indocumentadas. Y esto tiene que ver con la cuestión de legalidad del trabajo sexual, porque a casi todas les hicieron contravenciones y ellas creen que esos papeles que les hizo la policía son antecedentes penales. Piensan que las van a deportar, la policía les creó ese fantasma. Cuando empezamos a hacer el subsidio habitacional no se podían inscribir con su DNI peruano ni tampoco con una precaria (Certificado de Residencia Precaria) vencida hace 2 años. A la primera que le consultamos fue a Ornella Infante.

Ornella es la Directora Nacional de Políticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y militante trans del campo popular. Consultada por LatFem dice que “era hora de que las trabajadoras sexuales tuvieran un cachito de reconocimiento” y agrega que es clave “trabajar con las organizaciones que conocen los casos y son las que primero reciben las denuncias de las diversas violencias que viven”.

 

 

 

Cuando en marzo de este año el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) hizo un operativo en Constitución, fueron varias chicas de Ammar a tramitar sus documentos. Pero las migrantes volvieron con las manos vacías. Entonces Ammar se comunicó con la Dirección de Migraciones para solucionar el problema de las compañeras. “Lo que no sabíamos es que el operativo teníamos que hacerlo nosotras”, reconoce Georgina. Para poder realizar un dispositivo en la Casita, Ammar necesitaba contar con el aval de dos organismos estatales, se lo otorgó INADI y la Defensoría LGBT.

¿Por qué un organismo estatal debería prestar consentimiento para que una organización de trabajadorxs no reconocidxs como tales por el Estado pueda gestionar trámites en nombre del Estado? Ornella Infante es rotunda: “El Estado debe dar respuesta. Si lo demandan las organizaciones es porque alguien lo está requiriendo y Ammar es una organización”. El flyer que realizaron en conjunto Ammar, INADI y la Defensoría LGBT anunciando el dispositivo de migraciones causó un previsible rechazo de organizaciones abolicionistas de la prostitución: “Es un Estado proxeneta”, dijeron y asociaron la migración a la trata de personas. Para Ornella “no importan las discusiones dentro de los feminismos, ni importa la posición de mi organización, acá el Estado tiene que garantizar derechos y eso es lo que buscan hacer estas acciones”.

El día del operativo la Casita Roja amanece escoltada por una veintena de senegaleses. Con las horas llegan migrantes limítrofes, pero sobre todo muchachos de Ghana, Camerún y Costa de Marfil. Algunos traen el flyer impreso, como permiso para circular. La noticia del dispositivo se viralizó y llegan solicitantes desde otras ciudades. Las trabajadoras sexuales migrantes, principal objetivo del operativo, quedaron mezcladas entre Godfreds, Abdous y Kouamés. La esquina de la Casita Roja se tiñó de negro y fue demasiado para los vecinos del barrio, hasta putas y travas toleraban, pero un centenar de negros amuchados y sin barbijo era insoportable. El dueño de la Casita tampoco estaba muy cómodo: “A ustedes, cuando les alquilé acá era una casa de asistencia para trabajadoras sexuales, ahora hacen DNI, hay colas de negros, manteros”. Entre la indignación vecinal y la concurrencia exagerada, se decidió suspender el operativo. Algunos se van de la Casita con evidente decepción, otros se quedan a presionar, el tumulto es vigilado de cerca por la policía.

 

 

 

 

 

—Acá es la casita de las trabajadoras sexuales —les grita Coral—, acordate que las que te ayudan somos nosotras, las travas y las putas.

Hace 15 días escribió en sus redes sociales: “Quiero ser una chica que ayude a otras chicas”, después de ser detenida por estar parada en la puerta de su casa. Ahora recorre hoteles, es la encargada de preparar las donaciones y se planta en la puerta cuando se descontrola. “No te voy a mentir, estoy acá porque no tengo DNI argentino”, dice y con un tino militante que acaba de descubrir plantea, como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado debe ayudar a las chicas trans migrantes porque “no somos un parásito, compramos mucha más ropa y maquillaje que cualquier persona normal, entonces es justo que nos apoyen un poco, porque somos consumidoras de vivienda, de maquillaje, de enviar dinero”.

— El dispositivo era para chicas trans migrantes, ¿cómo llegan los migrantes africanos a la Casa Roja?

Georgina: Ellos se enteraron por las redes sociales. Cuando hicimos el primer operativo nos quedó un montón de gente afuera. La pregunta que teníamos era qué hacemos con el resto de las personas que no son trabajadorxs sexuales. Alguien decía que ellos ya tienen organizaciones que están acompañándolos. Pero nosotras pensamos que no, porque si no, qué están haciendo en una casita de las prostitutas de Constitución.

 

 

 

 

“De Ghana son como 300. No los vamos a dejar afuera pero tampoco queremos que nos cierren la Casita”, dice Georgina. Para atenderlos a todos, inventaron un sistema de 20 turnos por jornada. Pero el día asignado llegaron 80, habían falsificado los papelitos que las chicas de Ammar les daban o traían números que se habían hecho ellos mismos para organizarse. Ammar no es el Estado pero puede que para muchos solicitantes de las políticas sociales lo sea. Este podría ser un límite a la estrategia de las organizaciones sociales, en especial durante la cuarentena: podés convertirte en un brazo que acerca el Estado a la comunidad, pero cuando la comunidad reclama, no tenés la capacidad que tiene el Estado para dar respuestas.

 

 

 

La solución es la organización

“En 2002 no había nada de cash, antes de ir al hotel íbamos con el cliente al supermercado y me llenaba el changuito”, recuerda Elena Reynaga. La crisis que se desató en la Argentina en 2001 y 2002 es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza cuando se trata de comparar el presente con otro momento histórico. Elena es una de las fundadoras de Ammar y hoy ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva de RedTraSex (Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe), un espacio regional que Ammar integra desde 1997. “Lohana Berkins tenía la idea de que dejemos una caja en la esquina para que los clientes dejen alimentos ahí antes de hacer el pase”, recuerda con risa Elena, y hace referencia a quien fue una de las principales referentas de la posición que brega por la abolición de la prostitución.

En 2001, como ahora, las trabajadoras sexuales organizaron una serie de acciones de asistencia. El Gobierno de la ciudad les entregaba 400 cajas de mercadería: “Hacíamos un padrón. Llegaba el camión y nos hacían pagar los fletes y bajar nosotras las cajas”. Para entonces, Ammar no contaba con una personería jurídica, recién le fue otorgada en 2005: “No nos la querían dar porque querían que pusiéramos la palabra rescatar en el nombre”, recuerda Reynaga. Hoy Ammar funciona formalmente como una asociación civil, pero en términos prácticos, según dicen en su página web, funcionan como un sindicato aunque “no podemos agremiarnos de esta forma porque en la Argentina nuestro trabajo no está reconocido legalmente como una actividad laboral”.

En otros países de la región hay organizaciones análogas que tramaron también estrategias para amortiguar el impacto de la crisis social y económica que produjo el Covid-19 en todo el mundo. “El Estado hizo caso omiso a las trabajadoras sexuales. Somos tierra de nadie”, reflexiona desde Chile Herminda González Inostroza, Presidenta de la Fundación Margen de Chile y Secretaria organizacional de la RedTraSex. Colombia, Perú, Guatemala, México, España, Chile, por nombrar solo algunos ejemplos, también realizaron colectas de dinero y alimentos que distribuyen entre las trabajadoras sexuales y abrieron espacios de consulta psicológica, legal o médica. Pero en la gran mayoría de estos casos las organizaciones no tienen articulación con otros sectores sociales y con el Estado.

 

 

 

 

Dentro de la Argentina hay, además de Ammar nacional, que tiene sede en Buenos Aires, sedes de Ammar en varias provincias, que se organizan de forma autónoma o articulada. Por otro lado, es posible encontrar otras organizaciones y redes de trabajadoras sexuales independientes de Ammar, que también organizan estrategias para contener a lxs trabajadorxs sexuales en mayor o menor articulación con el Estado.

Para Ammar, la reacción ante la demanda inédita de asistencia significó expandir los alcances de la organización. Se habilitaron espacios de Ammar en provincias y en decenas de ciudades donde aún no habían llegado. La organización fortaleció el vínculo con el Estado, con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (en cuyas instalaciones muchas trabajadoras sexuales comen) y con organizaciones de migrantes.

—¿Cuándo se dieron cuenta de que tenían que organizarse rápido?

Georgina: Cuando comenzaron a llegar las noticias de que la situación se agravaba en los países de Europa y que los gobiernos no contemplaban a las trabajadoras sexuales. Ahí empezamos con la creación de fondos. Nunca pensamos que el Estado iba a querer articular con nosotras.

En aquel momento, y como base de toda la política que Ammar desarrolló y desarrolla durante la crisis por Covid-19, establecieron dos objetivos: “Primero, lo que buscamos es que terminemos lo menos endeudadas posible”, y “segundo, nosotras no queremos seguir poniendo muertas. No queremos salir a decir que murieron 25 travestis por el Covid-19, queremos que la noticia sea que 300 travestis tienen el subsidio habitacional”.

Para Jorge la solución es la organización, la efectividad del trabajo de Ammar en estos meses responde a que “se consolidó el grupo que coordina todo, que son chicas que antes sabían que existía la Casa pero que no se acercaban o que no querían saber nada con la política”.

 

 

 

 

Que las trabajadoras sexuales hagan política es intolerable para muchos sectores de la sociedad y del movimiento feminista en particular. La discusión acerca de la condición (laboral o no) de la actividad que realizan es un debate nunca saldado. Lo curioso en este panorama es que incluso el Estado, aun sin reconocer la actividad como un trabajo, realiza y concreta a través de Ammar la serie de acciones que aquí describimos.

Para Josefina Fernández, una persona cuyo rol fue clave para que desde Ammar pudieran desplegarse los programas de asistencia para trabajadoras sexuales cis y trans y, también, para otrxs ciudadanos, “no somos nosotras quienes podemos arrogarnos el derecho a decidir cómo deben autodefinirse y obrar en consecuencia. Esto es algo que todas las personas, al menos quienes somos parte del Estado, deberíamos aprender”. También ella reconoce que quienes integran el Programa de Género y Diversidad Sexual del MPD no reparan “en si la demanda proviene de quienes se autodefinen como trabajadoras sexuales o lo hacen como mujeres en situación de prostitución (abolicionistas). Así como en ocasión de los desalojos estamos trabajando estrechamente, y con muy buenos resultados, con AMMAR, el año pasado desarrollamos actividades de capacitación en derechos con la agrupación AMADH, que es abolicionista”.

Con una posición similar, Ornella Infante, Directora Nacional de Políticas contra la Discriminación, aclara que “como Estado tenemos que dar respuesta a todos los sectores, después, las discusiones que tengamos quienes formamos parte de los diversos feminismos… mientras esas compañeras se reconozcan trabajadoras es lo que alcanza. Hay que escuchar lo que dicen, y no a los iluminados que vayan a crear la política para ese sector. Son ciudadanas de derechos pleno y hay que dárselos. Hay que dar los debates serios y con sus representantes, no se trata del pensamiento que yo tenga como organización”.

Para Georgina Orellano, que el Estado no las reconozca como trabajadoras pero que articule con ellas como organización social es “esquizofrénico”. Sin embargo, reconoce que las acciones que coordinan con el Estado durante la cuarentena funcionan como una legitimación de la organización y que “si se levanta la cuarentena nosotras tenemos un canal abierto con el Estado para decirles: Che, mirá, nosotras somos la que te hicimos todo el trabajo y ahora queremos hablar de nuestras condiciones laborales. Ahora hacemos asistencialismo puro, pero para que no nos vuelva a pasar queremos ir a la raíz, que es el reconocimiento del trabajo sexual”.

El Ministerio de las Putas, como llaman algunas a la Casita Roja, logró conformar una red de cuidados que fue la solución para cientos de vidas durante la crisis que desató el Covid-19. Un ejemplo de cómo el papel de las organizaciones es insustituible porque expresa las necesidades de los sectores que agrupa y concentra los saberes de la experiencia colectiva. Así lo entiende la socióloga Victoria Freire: “Lo que demuestra la pandemia es que la articulación entre las organizaciones y el Estado es ineludible. Además de ser un recurso fundamental en la coyuntura, donde adquiere mayor voluminosidad, tiene que ser parte de la estrategia y la construcción de las políticas públicas”, especifica la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. ¿Es la pandemia una oportunidad para que el gobierno empiece a pensar las políticas sociales en articulación con las organizaciones? En el Ministerio de Putas la respuesta es definitivamente sí.

 

 

 

 

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