Milei y la compra de los F-16

 

Los Ministerios de Defensa de la Argentina y Dinamarca informaron, a través de sus máximos responsables, la suscripción de una carta de intención para la adquisición de las aeronaves Lockheed Martin F-16 y su equipamiento de apoyo. Según afirmó el ministro Luis Petri: “Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y la Argentina. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas y recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo”.

Según Infobae, tras el cónclave entre Petri y Poulsen, prosiguieron reuniones que incluyeron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Según la crónica, Petri viajará a Copenhague hacia mediados de abril, y en la capital nórdica se llevará a cabo la firma definitiva del contrato por los 24 aviones F-16, que llegarían a la Argentina a partir de diciembre de 2024. De acuerdo con el periodista Román Lejtman, de inmejorable acceso a la embajada estadounidense, “Petri y Posse agradecieron las gestiones del gobierno danés y la Casa Blanca para cerrar la operación comercial, mientras que Poulsen y Stanley elogiaron la voluntad política de Milei de acelerar una decisión que implicó enfrentar a China”.

Según reveló el mismo medio, en cuanto Petri y su colega danés cierren definitivamente la transacción, los Estados Unidos pondrán a disposición de la Argentina un contrato por 40 millones de dólares en equipamiento para los F-16. Se trata, señala Lejtman, “de una donación de la administración Biden que el embajador Stanley obtuvo tras intensas negociaciones bajo radar”. La crónica periodística también asevera que “el Presidente Javier Milei comparte idénticos intereses regionales que la Casa Blanca”. En este contexto, vale la pena recordar que el mandatario argentino tomó contacto previamente en Washington con Jake Sullivan (consejero de Seguridad Nacional de Biden) y que recibió en la Casa Rosada al secretario de Estado, Antony Blinken; mientras que su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvo dos reuniones con William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en las que el tema central, según Lejtman, “fue uno solo: China y su ofensiva en América Latina” ^[1]. Según relata el periodista: “La administración demócrata planteó que Beijing no debía (…) actuar como vendedor de tecnología militar a las Fuerzas Armadas. Sullivan, Blinken y Burns sabían que Xi Jinping ofrecía 34 aviones de guerra F17 a precio de ganga, y recomendaron que la operación de softpower chino sea rechazada para siempre. Milei aceptó la sugerencia de la Casa Blanca”.

Semejantes revelaciones merecen un detenido análisis y exigen, por parte del gobierno argentino, una serie de respuestas dado su impacto en términos de geopolítica global y regional. Máxime en una semana como la que se inicia, en la que ni más ni menos que el 2 de abril —Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas— el gobierno de Milei tendrá el buen tino de recibir con honores a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Nada que sorprenda de un gobierno en el que, a contramano de lo que establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución nacional, su ministra de Seguridad planteó —en tiempos pandémicos de negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer— entregar las Malvinas a cambio de vacunas; o su ministra de Relaciones Exteriores —en tiempos de campaña electoral y entrevistada por la prensa británica— que los isleños “deben decidir su propio destino”.

A estos fines, conviene hacer un poco de “historia reciente” en relación con la eventual adquisición de los F-16. Como ha descrito el experto Roberto López en Ambito.com: “Desde diciembre de 2015, cuando la Fuerza Aérea Argentina dio de baja el sistema de armas Mirage-Dagger en todas sus versiones, la nación se quedó sin su estilete aéreo (…). Lo cierto es que estos aviones, de destacada actuación en la guerra de nuestras Islas Malvinas, son de concepción de tercera generación con distintas limitaciones pese a las actualizaciones que fueron llevadas a cabo”.

Tras recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no se hicieron avances en la adquisición de aeronaves de combate que suplieran la capacidad militar perdida, el especialista recuerda que “durante la gestión de Alberto Fernández (…) el ministro de Defensa (Agustín) Rossi, quien había promovido la sanción de la ley del FONDEF (…) puso sobre la mesa la discusión sobre la adquisición de material aéreo con capacidad interceptora. Fue así como durante más de tres años la Fuerza Aérea evaluó distintos modelos (KAI FA-50, HAL TEJAS, JF-17 Thunder BLOCK III, F-16, MIG-35, entre otros), quedando seleccionado en primer término el KAI FA-50, un avión producido por Corea del Sur”. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 28 de octubre de 2020 el ministro Rossi hizo pública una nota enviada por Korea Aerospace Industries (KAI), en la que la empresa aeroespacial surcoreana notificaba que no podía vender el avión tal y como lo ofrecía. Ello, recuerda López, como resultante “de las restricciones impuestas por Londres debido al embargo de armas, sistemas y bienes bélicos que pesa sobre nuestro país luego de la mencionada guerra por nuestras Malvinas”.

Por otra parte, recuerda López, los dos aviones que —en la ponderación realizada por la Fuerza Aérea— llegaron con chances de transformarse en el nuevo sistema de armas interceptor de cuarta generación fueron el JF-17 Thunder Block III, de origen chino; y el F-16, de origen estadounidense y operado por la Real Fuerza Aérea danesa. En palabras del analista: “Hasta diciembre de 2023, el que corría con más chances era el avión chino, porque cumplía con los requisitos impuestos por el alto mando aéreo, no portaba elementos británicos (…) y, además, eran aviones con cero horas de vuelo (…). A partir de la nueva administración del Presidente Javier Milei, y su vocación de extrema occidentalización, las puertas al producto chino se cerraron definitivamente”.

Esta decisión, que supone una subordinación irrestricta de la política exterior y de defensa argentina a los intereses de los Estados Unidos en su puja global con la República Popular China, ha sido consistentemente impulsada por un sector académico —algunos de sus miembros son actualmente funcionarios del área de Defensa— con intereses evidentes de aquiescencia al eje Washington-Londres. Así, por ejemplo, especialistas de la UCEMA –entre ellos, Juan Battaleme, quien se desempeña como secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa y titular de la Cátedra del Reino Unido de la mencionada casa de estudios— encabezaron una prolífica producción de artículos de opinión para exhibir las bondades de los F-16. Entre dichos escritos, destaca uno del analista Fabián Calle titulado elípticamente: “Por qué Argentina debe comprar los F-16 en lugar de la oferta del régimen chino”. La obsesión de estos académicos por exhibir una occidentalización imprudente en su seguidismo a los Estados Unidos —debemos recordar que la prudencia era un lema del padre de las modernas relaciones internacionales, Hans Morgenthau— y por denostar ante cada oportunidad al gobierno de la República Popular, ha impregnado al cinematográfico ministro de Defensa argentino. En efecto, el pasado jueves Luis Petri protagonizó un “papelón internacional” al pretender monitorear en primera persona supuestos buques ilegales chinos, en una maniobra que llevó a que la diplomacia de ese país tuviera que desmentir las afirmaciones del ministro argentino con información fidedigna.

Respecto de los F-16, otros estudiosos de cuestiones aeronáuticas han planteado serias dudas sobre la conveniencia técnica y estratégica de la decisión de adquirirlos. Comparten esta mirada escéptica Hernán Longoni y Sergio Eissa, quienes han puesto el foco en cuestiones que van desde lo tecnológico hasta lo doctrinario, sin perder de vista los aspectos político-estratégicos. Así, por ejemplo, recuerdan un dato que no habría que subestimar ante la inminencia de la operación: cuando la Argentina adquirió a los Estados Unidos los Skyhawk A4-AR en 1997, si bien la compra alcanzó a treinta y seis (36) aeronaves, sólo dieciocho (18) estaban en condiciones de ser operadas de manera inmediata. En aquel momento, el gobierno decidió no adquirir los repuestos e implementos necesarios para el debido sostenimiento logístico de estas unidades, en tanto que Estados Unidos no garantizó la provisión de armamento inteligente.

Asimismo, los autores señalan que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) se adiestran, luego de pasar por otras plataformas, en el IA-63 Pampa (Pampa III), un avión de entrenamiento a reacción avanzado con capacidades de combate, tras lo cual pasarían a operar los F-16. Aquí, los especialistas señalan que “no se tiene en cuenta que un Pampa II/III requiere un adiestramiento para la gestión de recursos muy moderno. En la actualidad un piloto gestiona recursos en la cabina y los que se adiestran en el Pampa adquieren capacidades que les permiten adaptarse fácilmente a aeronaves de combate modernas. De ahí que, desde ese punto de vista, pasar de un Pampa III a un F-16A prácticamente sería un retroceso”.

Desde el punto de vista doctrinario y del planeamiento, la normativa jurisdiccional (en particular, los Decretos N.º 1691/2006 “Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas” y 1729/2007 “Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional”) fija que el planeamiento defensivo-militar se realiza a través del método basado en el factor de capacidades militares, que incorpora como una cuestión esencial a lo que en la jerga castrense se denomina “MIRILADO”. Es decir, que en el planeamiento no sólo se contemplan los medios (M), sino también la infraestructura (I), los recursos humanos (R), la información (I), la logística (L), el adiestramiento (A), la doctrina (D) y la organización (O). Por ejemplo, y en lo que refiere a la logística, cabría preguntarse por cuántos años los proveedores de Estados Unidos garantizarán el sostenimiento de los vetustos F-16; o si se repetirán los mismos inconvenientes que la Argentina tuvo con los A4-AR adquiridos en la década del ‘90.

Adicionalmente, es relevante saber —advierten los especialistas— si la infraestructura y las organizaciones están listas para recibir los F-16 o si se requeriría una inversión mayor. Al respecto, la Fuerza Aérea debería contemplar que, para operar los F-16, se tendrán que preservar en excelente estado las pistas de aterrizaje, debido a la toma del aire; y que, por otro lado, esta aeronave utiliza hidracina —un compuesto cancerígeno— como generador de energía de emergencia, lo que exige ciertos cuidados especiales. Finalmente, de acuerdo con Eissa y Longoni, de los veinticuatro (24) aviones supersónicos a adquirir, sólo doce (12) estarían en condiciones de vuelo. En cuanto a los doce (12) restantes, ¿en dónde se realizaría la modernización? Esta situación debería evaluarse adecuadamente, dado que no existen hoy capacidades para hacerlo en la Argentina. Adicionalmente, debe tenerse presente que Chile ya experimenta restricciones para utilizar sus F-16. Como señalan los expertos: “Tanto el país hermano como nosotros somos considerados por Estados Unidos como su patio trasero (…). En consecuencia, nunca nos van a vender misiles inteligentes sin restricciones como tampoco lo hicieron con el país trasandino y, en nuestro caso, se le agrega el veto británico”.

Las dudas que despierta la operación no se limitan al universo de especialistas en defensa cercanos al gobierno anterior. Un habitual entrevistador de Milei como Roberto García también ha sembrado interrogantes. Al analizar el selectivo ojo escrutador del FMI con el feroz ajuste del ministro de Economía Caputo, señaló: “Nada comentó el FMI sobre el gasto de comprar aviones de guerra norteamericanos a Dinamarca, en medio de una vocinglería de austeridad y podas (…). Faltan conocer otros pormenores, condiciones que se firman en letra chica. Por ejemplo, la calidad y cantidad de armamento que acompañan estos aviones y, en particular, las condiciones de uso (por ejemplo, el compromiso de que no se podrán utilizar en combates contra los británicos). (…) Mucho menos se explican las condiciones del contrato, sobre todo el mantenimiento —quizás lo más rentable de la operación en cualquier rubro— y la construcción de una pista de uso dual, ya que estos F-16 requieren de mayor distancia para despegar y aterrizar. Será interesante conocer a los oferentes en la futura licitación cuando el gobierno se ufana de parar la obra pública por ahorro y desvergüenza por las corruptelas observadas”.

En cuanto a los aspectos políticos y estratégicos, la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente (Decreto 457/2021, “DPDN 2021”) estipula que en la planificación y el despliegue del instrumento militar debe tenerse en cuenta la ocupación ilegal e ilegítima del Reino Unido de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes. ¿Se ha tomado en consideración esta previsión de la DPDN 2021, máximo documento estratégico del sector, a la hora de definir la adquisición de los F-16? ¿Se han tenido en cuenta los documentos del nivel estratégico militar (NEM) —es decir, elaborados por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) entre 2021 y 2023— o las prioridades fijadas en el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2023)? Si este no fuera el caso, lo que sería de una gravedad inusitada, cabría formularse una pregunta concatenada: ¿Qué amenaza están visualizando para la Argentina quiénes han definido la adquisición de los F-16? Por otro lado, cabe señalar que, como ha advertido López, “las actualizaciones de sistemas de abordo (…) las hace periódicamente el fabricante con la utilización de códigos de accesos. Es decir, si Estados Unidos considera que el conflicto compromete sus intereses o el de sus socios históricos, sólo debe negar los códigos de actualización para que los aviones se transformen en aparatos de desfile”.

Presentados esquemáticamente los antecedentes que contextualizan el reciente acuerdo para la adquisición de los F-16 y su equipamiento de apoyo, conviene recurrir una vez más a las advertencias de Roberto López: “Nuestro país está adquiriendo (…) aparatos con pocas horas remanentes de vuelo, con más de 40 años en servicio, con restricciones de aviónica, sistemas de tiro y armamento. Esto significa que la Fuerza Aérea está comprando un problema, no una solución a su diezmada capacidad militar”.

Finalmente, cabe realizar un par de comentarios de cierre a los efectos de inscribir el proceso de adquisición de los F-16 en lo que puede ser considerado como una política exterior de “occidentalización dogmática”. Los rasgos centrales de esta estrategia han sido descritos, en diversos artículos, por expertos como Juan Tokatlian, Federico Merke o Bernabé Malacalza. Se trata, en esencia, de una política externa que refleja: a) un alineamiento inquebrantable con las “fuerzas del bien” –fuerzas extremadamente conservadoras localizadas en Estados Unidos, Israel y Occidente en general; b) una sobrecarga ideológica o dogmatismo que lleva a actuar con rigidez y carencia de capacidad crítica; c) una imprudencia anti-realista que conduce al espíritu de cruzada y a anteponer el dogma al interés; d) un desinterés hacia la propia región que contrasta con la postura de todos los antecesores de Milei, incluida la de su admirado Carlos Menem, y e) un desinterés general en los asuntos externos, que ubican al Presidente —más allá de pronunciamientos generales sobre un supuesto “Occidente en peligro”— como un líder carente de narrativa sobre el orden global, el multilateralismo o los desafíos que plantea la comunidad internacional.

Con este telón de fondo, la administración Milei resulta ser una simple “correa de transmisión”, cuyas decisiones se adoptan en la Casa Blanca. Carente de capacidad pragmática para visualizar, de modo sopesado, dónde reside el interés nacional, estamos en presencia de un gobierno que hace esfuerzos titánicos por complacer a Washington e insertarse en un mundo que ya no existe. O, para ser más precisos, para colocarse imaginariamente en las diversas dimensiones —la del conflicto Este/Oeste, la del unipolarismo norteamericano o la de una irrefrenable globalización financiera— de un orden mundial ya extinguido. Algunos analistas, incluso, en un intento denodado por darle sentido sustantivo a algo que no lo tiene, procuran trazar similitudes entre la actual política exterior y la de “aquiescencia pragmática” de Carlos Menem [2]. Aun en disidencia con aquellas premisas que orientaron la inserción internacional de la Argentina en la década de 1990, sin dudas existían tras aquellos posicionamientos argumentos teóricos más sólidos [3]. Un océano intelectual separa a Guido Di Tella de Diana Mondino, a Jorge Castro del brigadier Jorge Antelo o a Oscar Camilión de Luis Petri.

Así las cosas, los anquilosados F-16 posiblemente lleguen a la Argentina hacia fin de año. Lo que no está claro es si, para ese entonces, el Presidente Milei habrá empezado a tomar dimensión de la gravedad que conlleva una política exterior y de defensa en manos de ministros que parecieran más youtubers tardíos que responsables de áreas sensibles del interés nacional.

 

 

 

 

[1] La información de Lejtman es coincidente con la de Raúl Kollmann, quien publicó que el director de la CIA difunde el siguiente diagnóstico: “Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China”.

[2] Según Roberto Russell y Juan Tokatlian, las premisas de este paradigma eran : I) El plegamiento a los intereses políticos y estratégicos de los Estados Unidos; II) La definición del interés nacional en términos económicos; III) La participación activa en la creación de regímenes internacionales; IV) El apoyo a la integración económica en el marco del regionalismo abierto; V) La ejecución de una estrategia de desarrollo económico en torno a los lineamientos emanados desde Washington para los países periféricos; vi) La confianza en que las fuerzas del mercado más que el Estado asegurarían una exitosa inserción internacional; y VII) La aceptación de las reglas básicas del orden económico y financiero internacional. Ver Russell, R. y Tokatlian, J. G. (2003). El lugar de Brasil en la política exterior argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 46-47.

[3] Algunas de aquellas premisas teóricas quedaron sintetizadas en: Escudé, C. (1995). El Realismo de los Estados Débiles, Buenos Aires: GEL.

*Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor de Relaciones Internacionales (UBA, UTDT, UNDEF, UNQ, UNSAM).

 

 

 

 

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