Mi alma hizo las valijas y se fue

 

1.

Ando metido en un domingo delirante
Amanecido, loco en este desastre
Y escucho voces que me dicen "Andate"
Y adonde vaya siempre voy a llevarme

¿Qué pasó anoche? No sé.

 

Todavía no clareaba cuando un hombre cruzó la ruta. Mariano Díaz frenó, bajó del camión, hizo algo por interrumpir ese juego suicida de pasearse a cada lado de la banquina. “No sabía que era él. Tenía un casco de moto, ropa de gimnasia, estaba embarrado, con mucho frío y asustado”, describiría después.

Díaz se ofreció enseguida, buscaron juntos la moto (en vano) y más tarde, cuando el hombre fue capaz de guiarlo, lo llevó a la casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz. Le aconsejó un baño caliente y meterse en la cama. Hubo tiempo para una selfie. “Me dio mucha tristeza –repetiría Díaz una semana después a los móviles de la televisión– porque me dijo ‘no me dejes solo, ayudame por favor, soy Chano’”.

 

2.

Si esta tormenta dejó sólo tristeza
Si este silencio me aturdió la cabeza
Ya me ganó la depresión por knock-out
Y las noches de insomnio violentas me quieren matar.

 

El domingo 25 de julio, Marina Charpentier, madre de Santiago Moreno Charpentier, apenas Chano para todos, volvió a llamar a la guardia psiquiátrica de OSDE porque había decidido internar a su hijo. Hacía días que estaba desorientado, violento, intratable. Gonzalo Caligiuri, uno de los psiquiatras que llegó esa noche a la casa del Barrio Parque La Verdad, declaró en la Justicia que fue él quien pidió por la policía luego de que Chano lo amenazara con cortarle la yugular y golpeara con un palo el auto en donde se habían refugiado la madre y su marido.

El policía de la comisaría de Parada de Robles, Mariano Giacco, aportó que Chano “entraba y salía de la casa vociferando amenazas de muerte para todos” y que, al verlo agarrar un cuchillo aserrado de la cocina, él y sus compañeros, la agente Vanesa Flores y el oficial subayudante Facundo Amendolara, se retiraron hasta la entrada del lote.

Siguiendo el relato de Giacco, el músico, “agresivo y fuera de sí”, salió de la casa y arrinconó a Amendolara con el cuchillo “sin darle salida ni escapatoria”.

Una reacción alcanza para arruinar varias vidas. La madre corrió y se arrodilló en el piso para abrazar a su hijo. Después gritó: “¡¿Cómo le vas a pegar un tiro?!”.

Amendolara miró a sus compañeros, buscando comprensión.

 

3.

Está aturdida la conciencia que perdí

Estoy perdiendo en esta guerra contra mí
Atormentado, sin paciencia ni fe
Mi alma hizo las valijas y se fue.

 

Fueron más de tres horas en una oficina sobre la porteñísima avenida Corrientes. Luis Chocobar, el anfitrión, habló de los padecimientos de los policías, de la Justicia que les da la espalda, del esfuerzo que no ahorrarían los abogados de su Fundación para probar la legítima defensa. “Nadie mejor que yo sabe por lo que estás pasando”. Amendolara, tímido, escuchó en silencio. Sólo al final agregó: “Era él o yo”.

Al mismo tiempo, el fiscal Martín Zocca, de Delitos Complejos de Zárate-Campana, imputaba al oficial Amendolara por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, con una expectativa de pena entre los tres y los quince años de prisión.

 

 

El abogado Fernando Soto, que junto a Ricardo Galeano y Martín Sarubbi asumió la defensa, dijo que lo esperaba, porque “no queda bien no acusar a un policía”. Soto, que ya había defendido a Chocobar en el juicio que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso en el cumplimiento del deber, sacó el tema de la burbuja judicial –como ya habían hecho referentes de la oposición y hasta funcionarios de Seguridad, como Sergio Berni– y lo llevó al barro de la política. “Si la ministra (Sabina) Frederic no hubiera derogado el uso de las Taser, Chano no estaría herido y (Pablo) Kukoc (el joven de 18 años que asesinó Chocobar) estaría vivo”, especuló en sus redes sociales y agregó: “La misma ideología que abrió las cárceles para los ‘pobres presos’, es la misma política que sancionó la ley 26.657 de Salud Mental en 2010, que ordena cerrar todos los institutos psiquiátricos y a los que sufren desequilibrios mentales en vez de ‘pacientes’, los llama ‘usuarios’”.

Leonardo Gorbacz, director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y autor de la Ley de Salud Mental aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, jura que está semana no vio televisión. Lo hizo como forma de preservarse, según él, de “los que ponen en discusión la responsabilidad de la ley sin argumentos ni claridad”.

“No se puede plantear el uso de las Taser –explica– como respuesta a crisis de salud mental que afectan la seguridad pública sin primero poner en práctica las herramientas y técnicas que están incluidas en el protocolo. El problema de las ‘supuestas’ armas no letales para abordar crisis de salud mental es que se terminen relajando los criterios excepcionales en los que se usa y se transformen en herramientas para abordar cualquier situación, incluso las que se podrían resolver de manera verbal”.

En 2015, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires autorizara al gobierno porteño a comprar pistolas eléctricas para equipar a la Policía Metropolitana, Amnistía Internacional elaboró un comunicado señalando que “el uso de las armas tipo Taser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte”.

Para Gorbacz, el caso de Chano es aprovechado por quienes tienen intereses contrarios a la ley que “vino a establecer el derecho de las personas con problemas de salud mental a vivir en la comunidad y no en una institución de encierro”.

 

 

“Lo que se busca instalar –explica– es que todas las personas con problemas de salud mental son peligrosas. No se puede generalizar. La situación de una persona en crisis con intervención de la fuerza de seguridad se da de manera cotidiana, pero no es noticia, porque el involucrado no es famoso y porque el resultado de la intervención es el adecuado. Eso hay que decirlo, sino la gente piensa que cada vez que interviene la policía en un caso con una persona con problemas mentales le pega un tiro y no es así”.

 

4.

Tengo algún recuerdo del lugar donde nací
Tengo la sospecha de que también fui feliz
Tengo tantas ganas de parar y de seguir
O de fugarme por algunos siglos de mí.

 

“¿Queremos dar un debate súper incómodo? ¿Podemos salir de las declaraciones bienpensantes y establecer algún criterio que vaya más allá de la indignación?, se pregunta Daniel Russo, doctor en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, psicólogo y autor de Cuidar a la fuerza, sobre la intervención policial con personas intoxicadas por uso de drogas, un libro que describe y analiza el tratamiento que reciben los “faloperos” y “borrachines”.

“La primera pregunta que se hace desde el campo progresista es: ¿Por qué hay un policía ahí? Un policía está en esas escenas por dos motivos y ninguno es por propia voluntad. El primero es porque responde al llamado del 911 que la población hace como un reflejo. Existe una compulsión a policializar estos escenarios. Lo que marca una necesidad de educación ciudadana, porque la gente no llama al SAME o al 107, no reconoce otras herramientas además de la policía. La segunda causa es porque el propio personal médico es quien requiere su presencia cuando no puede contener la situación. Lo ideal es que nadie tenga una crisis, pero una vez que el policía interviene y aplica una restricción física, los resultados, mayormente, son malos”.

El 21 de julio, un llamado al 911 alertó sobre la crisis nerviosa de Victoria Núñez, una trans de 27 años. Una comitiva de policías llegó a la casa de Paraná, en Entre Ríos, y actuó de la manera esperada: la redujo a golpes, la apretó contra el piso y la esposó. Victoria dejó de resistirse por una simple razón: había dejado de respirar.

Dos meses antes, un grupo de agentes de la policía provincial de Chubut y del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) irrumpió en la chacra de Tino John, en el paraje Las Golondrinas, y lo asesinó de un balazo en la cabeza. Tino tenía 62 años, era bipolar, maníaco depresivo y vivía alterado desde que los incendios en la zona arruinaron parte de su terreno. La familia denunció que los policías tiraron abajo la puerta, lanzaron granadas de humo y apuntaron sus fusiles contra un hombre que estaba descompensado y medicado.

La reglamentación del artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (decreto 603/13) prevé el marco de actuación policial durante una crisis y la Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece el protocolo por el cual “las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda”.

Pese a la norma, Russo no se permite el optimismo. “Está claro que no toda crisis de excitación psicomotriz escala hacia la violencia, pero qué pasa cuando hablamos de la porción más compleja, de los casos de personas en un estado de crisis aguda con intención de atacar con un arma blanca. En los procesos de reducción, muchas veces se producen usos excesivos de la fuerza que se terminan naturalizando. La situación es tan compleja que no hay demasiadas alternativas. Estos hechos van a seguir pasando y muchos van a llegar a la letalidad”.

 

5.

Yo y mi look de pordiosero
Todas las capas del cielo
Todas las cosas que quiero
Todos los días del mundo existe una forma
De resucitar.

 

El infierno privado de Chano ya se había vuelto meme hace mucho. En agosto de 2015 chocó con su camioneta una fila de autos estacionados en Mendoza y Artilleros, en Belgrano, lo que provocó el intento de linchamiento y la demora durante algunas horas en la comisaría 51. En marzo del año siguiente destrozó la camioneta que manejaba contra un camión con acoplado sobre la Ruta 3. Los primeros auxilios los recibió en el hospital de Cañuelas y más tarde fue trasladado al Sanatorio Finochietto de Palermo, al que volvió en diciembre con un cuadro de excitación psicomotora y deshidratación. Después hubo más choques y más internaciones, pero nada tan grave como el estado actual: soportó una operación, necesitó de varias transfusiones de sangre y los médicos debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. Los últimos partes hablaban de una mejoría y hasta se especulaba que podría abandonar la terapia intensiva y pasar a una sala común. Marina, la madre, confirmó que “le bajaron la sedación y está sin respirador”. La misma mujer que en la puerta del sanatorio Otamendi, ante un enjambre de micrófonos, había pedido quebrada que no le pregunten más: “Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Hace 20 años que pide ayuda”.

 

 

 

 

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