A un mes de la represión del 14/12
Quedan cinco detenidos por disposición de Bonadío
Cinco personas que fueron detenidas el 14 de diciembre, durante las protestas en contra de la reforma previsional, permanecen encarceladas, a cargo del juez federal Claudio Bonadío: Diego Parodi y Pablo Giusto, detenidos en la vereda de la comisaría de la comuna 4 cuando pedían por la liberación de otros detenidos; yJuan Salomón Vallota y Sebastián Giancarellil, quienes se encontraban en situación de calle y fueron detenidos durante la represión y Esteban Rossano, también detenido durante la manifestación. En este último caso, su familia denuncia que se trata de una causa armada ya que el joven, de 19 años, no estaba participando de la protesta.
Según el Poder Judicial, estas personas permanecen privadas de la libertad o bien porque “no pueden acreditar domicilio” o bien porque todavía “no se tiene un panorama completo” de lo sucedido y no está finalizada la investigación para definir las responsabilidades. Es decir que se las detuvo para iniciar una investigación y no al revés. Según el juez, la detención es “la única alternativa viable para garantizar los fines del proceso”, sin dar más precisiones sobre cómo podrían entorpecerlo. Sobre Giancarellil alega que no puede ser excarcelado porque tiene antecedentes. La Cámara confirmó el rechazo de las excarcelaciones argumentando que la investigación no estaba terminada y podrían entorpecerla, nuevamente sin decir a qué se refieren concretamente. Las imputaciones son por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños, lesiones, tumulto, incitación a la violencia e intimidación pública. Todos los detenidos fueron indagados pero está pendiente que se resuelva su situación procesal.
Lo común a las cinco detenciones es que en ningún caso los jueces hacen una descripción clara y específica de las conductas que se reprochan sustentada en pruebas que puedan ser contrastadas por la defensa de los detenidos. Tampoco está justificado por qué las causas siguen tramitando en el fuero federal.
Por otra parte, César Arakaki permanece detenido desde el 18 de diciembre y Dimas Ponce se presentó el 9 de enero y también continúa detenido, por hechos del 18. Se los causa de agredir y lesionar policías, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado. Les negaron la excarcelación y la eximición de prisión por la pena en expectativa, por la presunción de que intentarán eludir la justicia -a pesar de que Ponce se puso a disposición- y por la presunción de que podría impedir el normal desarrollo del proceso por su supuesta conexión con Sebastián Romero actualmente prófugo, que tampoco es explicada.
Todo indica que debido a la feria judicial estas siete personas continuarán detenidas hasta, al menos, febrero.
El inicio de causas penales de carácter federal en contextos de represión de la protesta, en las que se sostienen detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Sin duda, se trata de un mensaje disuasorio que busca la desmovilización. Al mismo tiempo, el Poder Judicial continúa profundizando el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal, situación que convalidan gran parte de las instancias judiciales superiores. Esta situación vuelve aun más dificultoso ejercer el derecho de defensa y exigir que se cumplan las reglas del debido proceso.
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