Mensajes cifrados a Rusia
Ante la crisis sanitaria, las metas fiscalistas del Presupuesto 2021 quedaron desdibujadas
De paso por Francia y camino hacia Moscú, Martín Guzmán recibió algunos mensajes codificados desde Buenos Aires, epicentro de la segunda ola del coronavirus y escenario de la puja política entre el Frente de Todos y el macrismo.
“Hay que ser responsables con lo que se dice que se puede hacer y cumplir, no sólo respecto del FMI, del mundo y de las finanzas y de todo ese tipo de situaciones, sino, principalmente, puertas adentro, con los argentinos y las argentinas que hacen un esfuerzo tremendo todos los días para salir adelante”. El mensaje era de Máximo Kirchner, titular del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, quien concedió un reportaje a El Destape Radio antes de que el Presidente Alberto Fernández hablara en conferencia de prensa post encuentro con Horacio Rodríguez Larreta.
La frase de Kirchner remite a otra de su autoría: “Con la gente adentro”. Con un escenario de nuevas restricciones por 15 días (aunque podrían ser más en función de la situación epidemiológica), con una pobreza que supera al 40% de la población, altos niveles de informalidad laboral y una inflación que ya acumula un 13% en el primer trimestre, el Presupuesto 2021 de Guzmán quedó desdibujado. Y con él, quizás también, el discurso fiscalista que primaba hasta ahora.
Los recientes anuncios de medidas para contener a sectores comerciales vía Repro II, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo del AMBA, así como los instrumentos esbozados para controlar el avance de los precios, parecerían tener sabor a poco.
“En este escenario habría que decirles al Fondo y al Club de Paris ‘déjenme atender el frente interno primero porque esto me explota’ y listo, a otra cosa”, sostuvo a El Cohete un economista cercano al gobierno nacional.
¿Cuánto es suficiente?
“Las premisas del presupuesto tenían un asterisco vinculado a la pandemia. Obviamente no estamos en el escenario de marzo del año pasado pero esto es una marcha atrás. Con lo cual se requiere reformular las pautas del presupuesto. El anuncio del refuerzo de la AUH responde a este fin. Todavía hay un margen para focalizar medidas para sectores específicos, aunque el Repro II no parece ser del todo suficiente”, analizó Sergio Chouza, investigador de la UBA y la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
El Repro II viene creciendo desde noviembre en cantidad de empresas y trabajadores alcanzadxs. En noviembre fueron 2.453 empresas y 83.800 trabajadores y trabajadoras, mientras que para febrero se asistió a 9.925 compañías (300.795 empleadxs) con un desembolso de 4.000 millones de pesos.
Según señaló Claudio Moroni, ministro de Trabajo, una primera estimación arroja que la inversión para los próximos Repro –donde la asistencia aumentó a 18.000 pesos para lxs trabajadorxs de áreas críticas– podría aumentar en 1.600 millones de pesos, un 40% más que lo devengado en febrero. ¿Alcanzará? Habrá que esperar a que se despeje el actual escenario de crisis epidemiológica con epicentro en el AMBA.
Otro de los instrumentos anunciados, que tensiona el discurso fiscalista de Guzmán, fue el refuerzo para lxs perceptorxs de la Asignación Universal por Hijo y monotributistas de las categorías A y B pero sólo para los habitantes del AMBA. Alcanzaría a un millón de personas, según detalló la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.
Cuando el Estado desplegó de manera masiva el Ingreso Familiar de Emergencia para casi 9 millones de personas en todo el país, los datos desagregados para Buenos Aires y CABA ofrecían el siguiente panorama: 985.827 receptores de la AUH, 331.818 monotributistas, y 2 millones de trabajadores informales y desocupados.
Teniendo en cuenta este escenario, donde las medidas de restricción podrían ampliarse en función del balance epidemiológico, no se descarta profundizar la asistencia directa a las familias. Durante la semana circuló la idea de un IFE digital, con imposibilidad de retirar dinero y que funcionase como la tarjeta Alimentar. La idea sería que esos recursos no se vuelquen al ¿dólar?
“Saldría un IFE igual pero sólo electrónico, sin la posibilidad de sacar el dinero cash y usar las tarjetas de Banco Nación o el Provincia. Pero no está decidido aún”, indicó a El Cohete un funcionario del Poder Ejecutivo.
–¿Cree que Economía convalidará esa expansión del gasto? –preguntó este cronista.
–Habrá que reasignar partidas presupuestarias y el Banco Central deberá imprimir un poco.
Fue una respuesta similar al mensaje de Kirchner a Guzmán antes de que enfilase hacia Rusia: “Cuando Guzmán presentó el Presupuesto en la Cámara de Diputados, dijo que se había calculado sin pandemia. Bueno, tenemos una segunda ola y deberá entonces nuestro gobierno y el Estado Nacional instrumentar las políticas necesarias para que el impacto económico de las restricciones golpee lo menos posible sobre nuestras clases populares, la clase trabajadora y la clase media”.
Puja distributiva
El jueves por la tarde, antes del anuncio de la variación de precios de marzo, circulaba por varios ministerios la idea de fortalecer los controles sobre la comercialización de algunos productos, especialmente la carne. ¿Cerrar las exportaciones? ¿Aumentar los derechos de exportación? A este cronista le mencionaron ambas alternativas.
Lo cierto es que el anuncio sólo alcanzó a profundizar los requisitos para la venta al exterior, un monitoreo del mercado interno y una comisión mixta integrada por representantes de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, junto a organismos de control, para actualizar precios de referencia de exportación con el fin de evitar la subfacturación de las exportaciones.
¿Alcanza? El diagnóstico del gobierno es que el precio internacional de los alimentos está empujando los precios internos. Desde principio de año ocurre esta tensión, que tuvo su capítulo con la creación del Fideicomiso del Aceite y un instrumento similar para la carne aviar (ver A desacoplar)
Pero también afirman desde el gobierno que existen “comportamientos en la formación de precios que internalizan expectativas que no están alineadas a los principios del marco macroeconómico”. Es decir, que hay un proceso especulativo en danza y que “se detectaron que algunas subas de precios tuvieron lugar en forma concomitante a prácticas ilegales de subfacturación de exportaciones y posible evasión fiscal”.
Al día siguiente del anuncio, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, habló de la posibilidad de aumentar retenciones. Días atrás había instalado la idea de cerrar las exportaciones de carne, mientras que Cecilia Todesca, vice jefa de Gabinete, había dicho que no se evaluaba algo así, al menos por el momento.
Si Guzmán está al frente del equipo económico, Kirchner también le envió un mensaje cifrado hacia Rusia.
“Nuestra gente, piense como piense y mire el canal que mire, tiene que ir a comprar alimentos, tiene que desarrollar su vida y se le está haciendo muy difícil. Cuando uno mira ciertos números de la economía que tienen evidentes signos de crecimiento, lo que se está dando es una disputa por ese crecimiento, y parece que hay un sector que no entiende que la Argentina necesita de todas y todos. Tenemos que disputar mucho más fuerte el tema de los precios. Hay que dar una pelea contra este fenómeno que es un andamiaje complejo y no se soluciona con dos o tres medidas”, reflexionó el titular del bloque del FdT en Diputados.
Deudores eléctricos
La discusión fiscalista también tiene su capítulo con las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas. Durante el discurso del 1° de marzo, Alberto Fernández anunció que se enviaría un proyecto de ley para declarar la emergencia de estos servicios hasta tanto ocurriese una revisión integral tarifaria. Lo hizo en base a un proyecto de Sergio Massa, calificado de “inviable e inconstitucional” por los funcionarios de Energía que responden a Cristina Fernández de Kirchner.
La pretensión de las empresas distribuidoras –en sintonía con el Presupuesto de Guzmán– era aumentar un 30%, aunque de las audiencias públicas del sector eléctrico se supo que Edenor escondía más de lo que dejaba trascender públicamente.
La empresa que supo pertenecer al grupo Mindlin antes de venderse al tándem Vila- Manzano apuntaba a una modificación en la estructura tarifaria que implicaba una reducción en el número de categorías residenciales de las actuales 9 a una sola y para las comerciales, de 3 a 1. En la práctica, esto implicaba un aumento en la factura –tomando un consumo promedio– del 157% para casi 1,5 millón de usuarios. Una situación totalmente inviable.
Guzmán quedó casi en soledad con su pretensión de que las tarifas aumentasen en un 30% para bajar la carga de subsidios, en sintonía con lo que también se venía dialogando con el FMI. “Van aumentar un 7%. Esperemos que podamos aplicarlo desde mayo”, indicaron a El Cohete desde la Secretaría de Energía.
Las distribuidoras eléctricas le deben a CAMMESA más de 150.000 millones de pesos. De ese total, Edesur y Edenor deben más de 30.000 millones. Si las tarifas aumentan un 7%, los subsidios cubrirán la diferencia de lo que necesiten para operar. Para las distribuidoras es una ecuación de ganar o ganar. Con el congelamiento tarifario del 2006-2015, recibieron muchos más recursos de lo que hubieran recibido si se aplicaba el esquema tarifario que diseñaron junto al macrismo en 2017, según consta en un documento interno del ENRE.
Los subsidios que necesitarían todas las distribuidoras del país durante un año equivalen al valor patrimonial de todas las empresas juntas. Si el Estado las financia casi en su totalidad, ¿por qué no se encarga de operar el servicio? Esta pregunta –que se formulan algunos funcionarios del área– no es retórica.
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