Memorias del ayer

 

Pensar la historia reciente, ejercer la Memoria de ese ayer en el marco conmemorativo del 24 de marzo en Argentina, implica la movilización de múltiples sentidos que nos han llevado a fundar un pacto societal con la promesa de permanente rechazo a experiencias de atrocidades que el genocidio de la última dictadura cívico-militar o militar-corporativa concentrada introdujo a sangre y fuego como marcación reorganizadora y disciplinaria, sobre la cual aún seguimos luchando por deconstruir en pos de un presente y horizonte más justo, libre e igualitario.

Adentrarnos en la dimensión político-económica del proceso dictatorial implica recorrer una práctica reflexiva en torno al menos a tres grandes ejes: la política económica en sí misma y sus consecuencias; la responsabilidad empresarial en la represión y despliegue del Terrorismo Estatal al sector de les trabajadores; y la responsabilidad civil y empresarial en la represión a grupos empresarios, banqueros, financistas.

En cuanto a la política económica librada por el gobierno dictatorial genocida cabe remarcar, a modo de síntesis, la filiación ideológica y práctica que atraviesa al “plan del 2 de abril de 1976” de José Martínez de Hoz, centrada en el neoliberalismo como modelo de reorganización global capitalista. Las reformas institucionales implementadas implicaron un profundo cambio estructural societal: desregulación, liberalización de protecciones estatales frente a los mercados externos y creación de una nueva arquitectura financiera, procesos que derivarán en un nuevo modelo de desarrollo que se asentará en la valorización financiera por sobre la productiva. Así, las leyes de Inversiones extranjeras (1976), de descentralización de depósitos y la Ley de Entidades Financieras (1977) se convertirán en uno de los andamiajes institucionales clave, transformadores de una economía de intervención estatal de bienestar nacional a una de mercado con mayor presencia extranjera, habilitando un proceso de concentración y centralización del capital que marcará una clara disrupción en la historia post segunda mitad del siglo XX. Las consecuencias trágicas de normas y reglas que habilitan la concentración del ahorro y servicios bancarios y del mercado de capitales en beneficio del gran capital (local y extranjero), por mecanismos como la bicicleta financiera (altas tasas de interés que potencian la especulación y el fraude con fuga de capitales, garantía de los depósitos y aplicación de seguros de cambio) y una amplia batería de medidas proteccionistas y de salvaguarda de grandes empresas, todas enmarcadas en lógicas de legalidades fraguadas. Este conjunto de fenómenos económicos que se suman a una apertura de importaciones en desmedro de la producción nacional ocasionan un proceso de desindustrialización selectiva, caída de salarios e incremento de desocupación y pobreza en un nivel inédito. Por último, el proceso final de estatización de las deudas privadas de grandes grupos económicos contraídas en el exterior planteará el máximo corset y herencia letal para el devenir post-dictatorial.

En segundo lugar, cabe detallar la intervención represiva del Terrorismo Estatal en la esfera socioeconómica y el rol de la responsabilidad empresarial en la misma. Así podrá verse el blanco de poder represivo-genocida sobre trabajadora/es, jóvenes militantes y activistas, etc. Allí grandes empresas se tornan responsables de sostener y promover el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad dentro de los propios espacios fabriles y empresariales (los casos de la automotriz Ford, la acería Acindar, ingenios Ledesma y La Fronterita, Molinos Río de la Plata, entre otras). Asimismo, las empresas que fueron responsables y colaboraron con la entrega de listados de trabajadores (sindicalistas delegados de base, empleados insumisos y molestos con reivindicaciones de derechos laborales frente al capital) a quienes secuestrar y luego, en varios casos, desaparecer (como las y otras como la de transporte La Veloz del Norte), que además de las acciones de responsabilidad directa señaladas sumaron entregas de recursos propios (vehículos, como hizo el Ingenio Ledesma o la Fábrica Ford) para el despliegue del accionar sanguinario y genocida del aparato militar y de fuerzas de seguridad dictatoriales.

En tercer lugar, una dimensión algo menos conocida expone la aplicación del Terrorismo de Estado sobre el actor empresarial. En algunos casos se vio el avance represivo ilegal sobre empresarios, banqueros, financistas, direccionados por pedidos explícitos de otros civiles. La lucha por la competencia de mercado se expresó en la clara intervención de civiles-empresarios sobre otros empresarios, con la consecuencia de destrucción y desapoderamiento de fábricas, bancos y bienes organizacionales. De aquí la conceptualización de responsabilidad civil y empresarial (y no sólo colaboración) en el exterminio genocida bajo la dictadura corporativa concentrada. Un caso señero de aquellos tiempos se continúa en la actualidad, con el juicio reabierto en febrero del presente año: la causa “Industrias Siderúrgicas Grassi”, que remite al más conocido Banco de Hurlingham –perteneciente a la familia Graiver– donde el Terrorismo Estatal fue conducido por intereses de civiles y empresarios a cargo de organismos estatales económicos: Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía y Juan Alfredo Etchebarne al mando de la Comisión Nacional de Valores (CNV), responsable de la regulación y control del mercado de capitales. Esta causa judicial que expone un mojón clave del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el presente, retoma el accionar represivo de lesa humanidad aplicado a casi una treintena de empresarios ligados a la compra de dicho banco bajo el “delito de subversión económica” (con el supuesto propósito de dar con la retaguardia guerrillera y los fondos de la organización armada Montoneros). Allí se verá el accionar conjunto de fuerzas militares, policía bancaria, junto a civiles (abogados y contadores brindando servicios técnico-profesionales), donde la misma figura del presidente de la CNV participa de sesiones de tortura en uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo.

En definitiva, el Terrorismo Estatal de la dictadura genocida llevó a cabo la explicitación de crímenes de lesa humanidad con el fin de proseguir la lucha del capital contra el trabajo, pero también la del capital contra el capital. De este modo, con el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” queda consagrada la instalación de la primer oleada neoliberal en Argentina, posibilitando la concentración y centralización del capital vía desapoderamiento y destrucción de empresas (desindustrialización con eliminación de pymes, etc.) a la vez que disciplina y extermina violentamente a sectores socioeconómicos con la desaparición de trabajadores y ciudadanos portadores de otro modelo de desarrollo y sociedad más justo, igualitario y solidario.

Estas memorias de la historia reciente llegan entonces a nuestras orillas y sacuden las estructuras de construcción transicional de la democracia y su intento de consolidación, acercando y abriendo preguntas sobre las continuidades de dispositivos y accionares personales como parte de un sistema integrado al coro del desarrollo global, con su división internacional productiva-laboral y financiera.

Hoy día, más que las rupturas, emergen interrogantes sobre las persistencias y reproducciones de lógicas y prácticas instaladas bajo el régimen del terror genocida, que han llevado a la reconstrucción de otras dos oleadas neoliberales ya dentro de un régimen de cuño democrático. Así, tanto en la década menemista de fines del siglo XX, con su trágico final en la crisis del 2001, como en la emergencia de un tercer período en los últimos años a cargo del gobierno cambiemita, las ondas del neoliberalismo golpean las playas del tiempo presente en su devenir de actualidad. El símbolo religioso-secular del pacto colectivo del “Nunca Más” debe, por ende, seguir pronunciándose con fuerza material y reflexividad para efectivizar la realización de una garantía y vivencia plena de los Derechos Humanos en nuestra continua y siempre inacabada construcción social de la realidad.

 

 

 

* El autor es sociólogo, docente e investigador UNAJ, UBA, Idaes UNSAM y director del programa DDHH de UNAJ.

 

 

 

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