Memoria del fuego

 

Podría ser un milagro preelectoral, pero los cuadernos del ex sargento Oscar Centeno acaban de renacer de sus propias cenizas. El ex chofer del Ministerio de Planificación Federal había dicho que sus anotaciones –que le dieron plataforma a Claudio Bonadío y Carlos Stornelli para detener y procesar a empresarios y funcionarios kirchneristas– habían sido quemadas en la parrilla, pero esta semana fueron aportadas por el periodista del diario La Nación que denunció el caso. El juez federal Ariel Lijo deberá investigar quién tuvo durante este tiempo los cuadernos.

 

 

Génesis

Diego Cabot, periodista de La Nación, escribió que el martes después del mediodía recibió un llamado desde un número desconocido. Alguien le dijo que tenía información para entregarle. Concertó una cita en una esquina que no especificó en el barrio de Núñez. Se encontró con un hombre canoso de unos 60 años que sólo le dijo que venía del Centro y hacia allá volvía. Le dio una bolsa con seis de los ocho cuadernos que dieron origen a la causa.

El mismo Cabot había recibido esos cuadernos de manos de Jorge Bacigalupo, un ex sargento de la Policía Federal Argentina (PFA), ex compañero de remisería de Centeno y ferviente defensor de las Fuerzas Armadas. Los escaneó y devolvió. Combinó una cita con Stornelli, a quien le comentó lo que tenía durante un café, y luego se presentó a declarar. Como los cuadernos nunca aparecieron, la causa caminó de la mano de las copias que proporcionó el periodista y con las confirmaciones que fueron aportando los “arrepentidos”.

Centeno primero le dijo a Stornelli que los cuadernos estaban en su casa de Olivos, guardados en un placard. Hacia allá fue Stornelli con la PFA. No los encontraron. Después Centeno recordó que los había incinerado en la parrilla de su casa mientras tomaba mate con otro amigo remisero, Miguel Córdoba. Dijo que los rompió uno por uno, los amontonó y quemó.

 

 

El miedo

Después de la memoria del fuego, Stornelli aceptó a Centeno como arrepentido. Bonadío homologó el acuerdo el 3 de agosto del año pasado y lo puso en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Allí sigue.

Aunque todavía resta peritar los cuadernos –que Bonadio entregó el viernes a sus colegas del Tribunal Oral Federal (TOF) 7—, su aparición pone en aprietos a Centeno. El TOF le envió un oficio al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para avisarle de la llegada de la prueba. En simultáneo le pidió a la PFA que custodie el lugar donde están depositados los cuadernos, que ya mostraron su facilidad para hacerse humo y resurgir de las cenizas. La Justicia debe determinar si él hizo las anotaciones y cuándo, entre otras cosas.

Su defensor oficial, Gustavo Kollmann, opinó que Centeno no había mentido, que había ocultado información en todo caso. “Fueron momentos muy tensos para él. Los vivió con mucho miedo, por algo los ocultó (a los cuadernos) durante tanto tiempo. Estaba muy nervioso y temeroso en el momento en que declaró”, agregó.

¿Está abriendo el defensor Kollmann una puerta para impugnar la declaración?, se pregunta un magistrado que conoce bastante bien la causa. Si estaba tenso, nervioso o con temor, ¿pudo no haber querido arrepentirse?

Las preguntas de la causa de las encuadernaciones son miles. Mientras tanto, el empresario Néstor Otero presentó una denuncia que deberá investigar Lijo por el ocultamiento de los cuadernos.

 

 

 

Indisciplina castrense

Un hilo no tan invisible conecta a actores claves de las encuadernaciones: las Fuerzas Armadas. Como reveló el director de El Cohete, Centeno revistó en el Batallón de Arsenales 601. En plena dictadura, en 1980, hizo el curso de mantenimiento de camiones Mercedes Benz junto a otros 19 suboficiales. Entre ellos estaba Jorge Orlando Pacífico, un ex carapintada con la asombrosa cualidad de estar siempre en el lugar adecuado. Tanto Centeno como Pacífico pertenecían al arma de ingenieros del Ejército. Lo mismo que Atilio Stornelli, el padre del fiscal. Su vínculo con la familia militar fue lo que justificó la presencia del fiscal rebelde en el acto que presidió Mauricio Macri por el Día del Ejército.

A Pacífico lo dieron de baja en 1987 después de participar de un alzamiento carapintada. Se sumó al MODIN de Aldo Rico. El 18 de julio de 1994 estaba casualmente tomando un café en un bar de Corrientes y Pasteur con dos ex militares para hacer negocios. Uno quería importar una ambulancia. Casualmente la tenían ahí. A Pacífico lo vieron luego entre los escombros de la sede de la DAIA/AMIA. Terminó detenido en el marco de una causa conocida como Armia – que vinculaba a ex militares con el robo de armas y el caso AMIA. Lo absolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 en 2001. Años más tarde, estaba en otro bar. Esta vez en la zona de Tribunales, donde escuchó la trama del caso Ciccone que llevó al ex vicepresidente Amado Boudou a la cárcel.

Algo de esa suerte de estar en el lugar correcto comparte su compañero de armas. Parte de su legajo militar surge de una presentación que hizo el abogado Alfredo Huber, codefensor de Roberto Baratta en la causa para objetar su testimonio. Según la información que aportó Huber, a Centeno lo habían declarado inimputable en un proceso que enfrentó mientras pertenecía al Ejército.

En 1991, el Consejo de Guerra Permanente lo condenó a cuatro años de reclusión por una seguidilla de hechos que lo tuvieron como protagonista. Le arrojó una granada a un compañero, le disparó con un fusil a otro, le dio un codazo a un superior y golpeó a un detenido, detalló Huber en su presentación. También aportó que la Junta Médica había señalado que tenía problemas con el alcohol, ansiedad reactiva y una personalidad explosiva. En una revisión de la sentencia, la Cámara Federal de San Martín lo declaró inimputable.

Décadas después se convirtió en un testimonio clave, el autor de lo que denominaron la bitácora de la corrupción.

 

 

Comodoro Py en llamas

El fiscal federal Jorge Di Lello, con competencia electoral, apuntó también a la comunidad de intereses patrios y algo más que unía a Bacigalupo, un policía retirado, y al ex sargento Centeno. Lo hizo en un dictamen en el que le pidió a la jueza María Servini que sobresea a Eduardo “Wado” de Pedro, Máximo Kirchner, otros dirigentes camporistas, dos intendentes del conurbano y al empresario Sergio Szpolski. La causa es una derivación de cuadernos, que surgió a partir de la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López, en la que sostenía que parte de la supuesta recaudación –registrada con obsesiva minuciosidad por Centeno– se usó con fines electorales.

“Las fotocopias de los cuadernos motivaron allanamientos y detenciones a partir de la información que aparecía en ellos –escribió Di Lello—. Aquellos habrían sido confeccionados con sumo detalle y sin errores de ortografía por el Sr. Oscar Centeno, un ex militar que venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le había entregado el material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina”.

Para el fiscal, la sorpresiva aparición no puede generar ningún impacto a favor en la causa, a la que consideró viciada por la forma en la que se recolectó la prueba: fotocopias de cuadernos que jamás estuvieron en las manos del tribunal y declaraciones de arrepentidos que no fueron registradas como establece la ley, a través de medios técnicos idóneos que faciliten su posterior evaluación.

Por el contrario, pone todo en duda. “Observando dicho derrotero de afirmaciones falsas respecto al lugar donde se encontrarían los originales, se puede presumir como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto al modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas”, escribió Di Lello.

 

 

 

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