Una insustancialidad de fondo recorre la gestión gubernamental de Cambiemos, más allá de sus performances electorales y de su capacidad para cooptar a amplios sectores del radicalismo y a porciones de ese justicialismo menor e incalificable que cree que se puede ser simultáneamente peronista y neoliberal.El mes de mayo que acaba de terminar ha sido pródigo en mostrar las consecuencias de la chatura del pensamiento estratégico del oficialismo. Esto fue especialmente visible en el terreno de la economía. Como bien sabemos ya, la lluvia de inversiones esperada por el oficialismo no ocurrió y en su lugar, en cambio, se desencadenó una brutal crisis económico-financiera, aun en curso.”Boludeaste dos años con las buenas ondas”, le espetó Carlos Melconián presumiblemente al presidente Macri, en alusión al rumbo inconsistente de su programa económico, con toda razón. (Cabe recordar que Melconián fue el primer presidente del Banco Nación designado por aquel.)Pero hubo otro plano en el que campeó la ya aludida inconsistencia que quedó opacado por el descalabro económico-financiero, el de la Cuestión Malvinas, que conviene no dejar en sombras. También se vio con claridad en mayo que el gobierno nacional avanza hacia un irremediable fracaso: continúa mirando de lejos y de afuera los vaivenes de la explotación de petróleo en el entorno malvinense, acepta la ampliación de vuelos entre las islas y el continente sin mayor provecho para Argentina y combina la cooperación con el Reino Unido (RU) para el combate la pesca ilegal con la aceptación del control monopólico inglés de la explotación de los caladeros de Malvinas y de las Georgias. Un negocio redondo… para los británicos.Ambos planos de la gestión gubernamental –el económico-financiero y el diplomático referido a las islas— revelan una aguda falta de vocación y de convicción para defender lo nuestro, y, por tanto, para resguardar la soberanía. Incluso es dable creer que los actuales dirigentes oficialistas carecen de capacidad para identificar los intereses nacionales. No les es ajena la frase que el escritor estadounidense Upton Sinclair pronunció a comienzos del siglo XX: “Es difícil conseguir que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. En el caso argentino no se trata sólo hombres a secas, como los que menta Sinclair, sino de gobernantes, ex CEOs de importantes empresas y expertos financistas ligados a poderosísimos bancos de inversión, a los que –además— la palabra “salarios” se les acomoda sólo de una manera retórica. Pero vayamos a Malvinas.El canciller británico Boris Johnson puso en evidencia la inconsistencia vernácula casi sin darse cuenta. Presente en Buenos Aires por la reunión de ministros de relaciones exteriores del G20, tuvo una audiencia privada con el Presidente y con su par argentino, el 23 de mayo. Hizo elogio en ella de la política de inserción de Argentina en el mundo y de la negociación entablada con el FMI, cuando aún estaba fresquísima la pérdida de u$10.000 millones por parte del Banco Central, a raíz del intento de frenar la corrida cambiaria. En otra boca, el encomio hubiera resultado una broma pesada. Repasaron también los temas de pesca, petróleo y nuevos vuelos a las islas. “Quiero ser uno de los primeros pasajeros en ese vuelo” dijo, jocoso y quizá sin malicia, en referencia a la ampliación de la conexión aérea. Recordó asimismo que “tenemos una relación histórica de gran profundidad” y destacó los “grandes acuerdos” (¡sic!) que se alcanzaron en materia de cooperación bilateral plasmados en la declaración conjunta de 2016 –deplorable, por cierto, desde un punto de vista argentino— elaborada por los vicecancilleres Duncan y Foradori (este último fuera del ese cargo actualmente). Más circunspecto, Faurie respondió: “Cada uno es consciente de las posiciones que respectivamente respaldamos sobre los títulos de soberanía y este es un aspecto de la relación bilateral, pero no es el único. Hay además un conjunto de áreas de cooperación en las cuales nos interesa construir confianza” (La Nación, 23/05/2018).“Nos interesa construir confianza”: este es el centro de gravedad de la política gubernamental hacia Malvinas, para lo cual se hacen a un lado los asuntos de soberanía.¿Es tan importante esa construcción? La historia malvinense enseña que no. Ahí están en la isla Soledad –para mostrarlo— los restos de los depósitos de combustibles levantados por YPF hace años ya, para mejorar la conexión con las islas. Tanto como, entre otros ejemplos, los patéticos ositos Winnie Pooh impulsados por Guido Di Tella. Sencillamente ocurre que la construcción de confianza es irrelevante para resolver querellas de soberanía. Pero el meollo de lo sucedido en mayo está en la pesca.El 14 y 15 de ese mes se desarrolló en Buenos Aires una reunión del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), creada de común acuerdo por Argentina y RU, el 28 de noviembre de 1990. Fue congelada en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner y reflotada recientemente por Macri. Desde el costado argentino se establecieron dos objetivos para esa reunión. Uno práctico: desarrollar un control conjunto con RU de la pesca ilegal; otro simbólico: generar confianza. Todo bien en lo formal, pero si se mira con atención el plano de lo real se advierte rápidamente lo contrario: se descubre que es un ejemplo más –pero en este caso superlativo— de la inconsistencia política del gobierno Macri.El control colaborativo sur-atlántico de la pesca furtiva y depredadora suena bonito, pero es inconveniente. Las beneficiarias inmediatas y directas de esa vigilancia serán las agencias pesqueras extranjeras autorizadas a operar en zonas demarcadas por el RU, reclamadas por Argentina, que tendrán más y mejores cardúmenes. Además los ingresos resultantes de los permisos otorgados para pescar en esas aguas por las autoridades malvinenses continuarán alimentando exclusivamente al PBI de las islas, cuyo per cápita se ha convertido en uno de los más altos de América. Lo mismo se aplica a la pesca en las adyacencias de las Georgias. Los beneficiados serán los pescadores y el fisco británico, pues las islas están bajo la dependencia directa del gobierno de su majestad. De este modo, la búsqueda argentina de confianza por la vía del control conjunto termina materializándose, por un lado, en una cesión de soberanía por partida doble porque ocurre en espacios marítimos reclamados por Argentina y porque los recursos contenidos en ellos forman parte también de aquella pretensión soberana. Y por otro, en un despojo: porque Argentina no recibe ni recibirá ningún beneficio de todas estas transacciones. Para colmo, estas cesiones terminarán siendo implícitamente consentidas pues quedan (y quedarán) envueltas en el delicado celofán que les coloca la CPAS y su Subcomité Científico donde reinan la armonía y la cooperación.Otra delicada cuestión merece ser considerada. En la reciente reunión del antedicho Comité participaron representantes isleños vinculados al negocio de la pesca, en la delegación británica. En tanto que la argentina no incluyó en la suya a ningún representante fueguino, ni del sector privado ni de la provincia que integra dentro de su jurisdicción a las Malvinas. El desbalance concedido es de por sí poco comprensible. Pero aceptar a isleños falklanders como parte de la contraparte implica un riesgoso reconocimiento de facto de legitimidad hacia ellos, muy poco conveniente para el interés argentino. La ONU no ha aceptado jamás el derecho a la libre determinación de los otrora kelpers sostenido por RU y ha reconocido, en cambio, “la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas” (Resolución de la Asamblea General de ONU 2065/1965). Permitir la presencia de aquellos, ¿es otro generoso tributo macrista a la construcción de confianza?Sí. Mayo no ha hecho más que mostrar la escasa densidad del pensamiento estratégico de Cambiemos, que manejó mal la economía, peor la coyuntura crítica y derrochó reservas de manera cuantiosa para terminar llamando a la puerta del FMI, exhibiendo una notoria insensibilidad nacional. Por otra parte, en la estela del antedicho comunicado conjunto Duncan-Foradori —que entre otras cosas recomienda “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”, ¡nada menos!— la política hacia Malvinas ha tenido comportamientos muy cuestionables y ha impulsado decisiones rayanas en el desatino, que implican cesiones de soberanía y maltratos al interés nacional directamente inadmisibles.
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