Matar por la espalda

 

El nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por las fuerzas federales de seguridad es parte de la batalla cultural en que el Presidente Maurizio Macrì se declara empeñado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es su ejecutora y la cumbre del G20 el pretexto de excepción para sancionar normas que recién se publicaron en el Boletín Oficial después de la partida de tods ls huéspedes y que no guarda ni remota relación con ese encuentro.

 

La ley, la Constitución y los tratados

El juez porteño Roberto Gallardo declaró su inconstitucionalidad para la Ciudad de Buenos Aires y más tarde o más temprano la justicia federal contencioso administrativa y/o penal invalidará esa resolución, que no puede pasar por encima del Código Penal, de la Constitución, de los Tratados de Derechos Humanos constitucionalizados en 1994 y de las resoluciones de sus órganos de aplicación. Pero entretanto, sus disposiciones y la interpretación extensiva que la ministra hace de ellas dan luz verde para que policías, prefectos y gendarmes maten sin acusación, defensa ni juicio a cualquier persona que les dé la espalda. Por supuesto, este incremento de la violencia institucional no hará nada para mejorar los índices de seguridad, aunque el gobierno se ilusiona con que mejore sus chances electorales. Increiblemente ese texto no prevé el empleo de agresivos químicos ni balas de caucho, lo cual implica dejar librada la conveniencia y oportunidad al criterio del personal en la calle, que se sirve de ellos con más frecuencia que razonabilidad.

Amnistía Internacional sostuvo que el empleo de armas concebidas para matar debe establecerse por ley, no por resolución ministerial, sobre todo si amplía las situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente”. Es “inadmisible que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma y, con esto, justificar el uso del arma letal contra todos ellos cuando además no exista una amenaza inminente; o que incluso se habilite a usar el arma de fuego en supuestos en los que las personas no tengan un arma letal” o se escapen, ya que de acuerdo al derecho internacional sólo podrá emplearse el arma letal cuando esa huida represente una amenaza grave y continua para la vida de otras personas (como ser que el agresor siga abriendo fuego). También destaca que la Resolución ignora la obligación de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. “No es lo mismo hacer uso de armas de fuego intencionalmente para matar que para proteger una vida. Matar intencionalmente a una persona en nombre de la ley debe considerarse ilícito”.

El interbloque de facto que integran sectores del kirchnerismo, el PJ, el Movimiento Evita, la Izquierda y desprendimientos del Frente Renovador y Libres del Sur, solicitaron a  la Procuración General que emita una instrucción general a todos los fiscales para que se abstengan de considerar la resolución de Bullrich cuando se discuta el alcance del artículo 34 del Código Penal, “de modo tal que ninguna de las acciones habilitadas por el Reglamento puedan entenderse amparadas por la legítima defensa o el cumplimiento del deber”. El artículo 34 es el que regula los casos en que no procede el castigo a alguien pese a que ha cometido un delito. Su inciso 4 protege a quien obrare “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Los incisos 6 y 7 extienden la impunibilidad a quienes obraren en defensa propia o de sus derechos, o de otra persona y sus derechos, ante una agresión ilegítima que no haya provocado y empleando medios racionalmente necesarios para impedirla o repelerla. Entre los firmantes están Agustín Rossi, José Luis Gioja, Leo Grosso, Nicolás del Caño, Nilda Garré, Daniel Arroyo, Mónica Macha, Victoria Donda, Wado de Pedro, Lucila De Ponti, Natalia González, Horacio Pietragalla, y María Eugenia Soria.

 

6 a 4

Pero también provocó ondas sísmicas al interior de la Alianza Cambiemos. Ni Horacio Rodríguez Larreta ni el Hada Buena tienen entusiasmo por aplicar el reglamento en sus distritos.

 

 

Los gobernadores de las dos Buenos Aires han hecho saber que no adherirán al protocolo aduciendo que tienen legislación propia, y Vidal autorizó a su secretario de derechos humanos, Santiago Cantón (ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a contradecir en forma directa a Bullrich. Cantón negó que el protocolo se ajuste a los principios de intervención y éticos definidos por las Naciones Unidas y lo atribuyó a las encuestas de opinión sobre mano dura.

Pero las objeciones públicas del equipo bonaerense son contradictorias. Mientras el ministro de Seguridad Cristian Ritondo dijo que el protocolo no es necesario porque ya existe una ley que regula la actuación de la Bonaerense y se jactó de las mejoras en su capacitación, el Procurador Julio Conte Grand afirmó que sería un riesgo muy alto que la policía asumiera semejante protocolo, para el que no está capacitada. Familia muy normal.

 

 

Las legislaturas de Neuquén y de Córdoba fueron las primeras en pronunciarse en contra, dato significativo porque en ninguna de esas provincias el kirchnerismo es poderoso. Y hasta el jefe de policía de La Pampa cuestionó que se autorice a disparar por la espalda a alguien que se escapa y dijo que en su provincia se entrena a los policías para no abrir fuego.

También para Margarita Stolbizer es una inadmisible marcha atrás de los valores del Nunca Más alfonsinista de 1983: imperio de la Constitución y de la ley, respeto a los derechos humanos y defensa de la vida y de la libertad. Añadió que otro poder tiene la potestad punitiva de condenar a una persona (incluso a perder la vida), luego de un juicio previo. Violando esos principios no se alcanzará mayor seguridad, agregó la dirigente del GEN, cuyo segundo, Gerardo Milman, la abandonó para sumarse como Secretario de Seguridad Interior a la gestión y al sello partidario de Patricia Bullrich. Para Elisa Carrió, la luz verde de Bullrich viola los derechos humanos y abre el camino al fascismo. Desde el gobierno responden que no es así porque los considerandos mencionan las condiciones de Naciones Unidas para el empleo de las armas letales, lo cual es confiar demasiado en la magia de las palabras. Carrió también vaticinó que la recordarán cuando la policía mate al hijo de alguien por ser morocho y dijo que no se puede sacrificar el humanismo en pos de réditos electorales, ya que la encuesta realizada por la consultora de Guilermo Seita afirma que las opiniones son favorables 6 a 4. Algo menor fue el resultado que midió en las redes sociales la empresa analítica de big data “QSocial Now”: al 55% le produjo confianza, al 27% aversión y al 17% ira.

 

 

Peor aún, algunos sectores de la sociedad postulan el asesinato de personas ya detenidas, como mostró un video del diario La Nación. Una voz reclama que la policía remate de un tiro en la cabeza a un motochorro reducido en el suelo, "como en Brasil, necesitamos un Bolsonaro". Otra voz dice "si no estuviera la policía los matamos ya mismo", y varias insultan a los detenidos. Es imposible discernir si son auténticos transeúntes o trolls de la escudería Durán Barba-Peña Braun.

La intención electoral de esta propuesta es indisimulable. Como mínimo procura distraer de un hecho central: por primera vez en lo que va del siglo, un gobierno controla la Nación y las dos Buenos Aires. Si la inseguridad fuera el problema fundamental que Cambiemos pretende, los responsables habría que buscarlos en sus propias filas.

 

¿Qué es la verdad?

La tasa de homicidios dolosos en la Argentina es una de las más bajas del mundo y la segunda en América Latina, sólo mejorada por Chile. El dato fue difundido hace apenas seis meses por la propia Bullrich. La cantidad de los homicidios dolosos que se producen en ocasión de robo ronda la quinta parte del total, la mitad que por discusiones y venganzas entre conocidos. En cambio se suceden hurtos con mínima violencia en la calle, motochorros que arrebatan bolsos o celulares, quebradura de vidrios en un semáforo para manotear cualquier cosa de un auto. El machacar mediático superpone con los homicidios estos delitos menores, que han crecido con la desocupación y la pobreza al mismo ritmo que los comedores, generando una distorsión difícil de disipar con datos duros.

La antropóloga Sabina Frederic, ex Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa, coincide en que “la Argentina tiene tasas de homicidio de Suiza” y anuncia que el reglamento va a aumentar el número de muertos de las fuerzas de seguridad. “Si la policía tira a matar, el ladrón tira a matar. Y esto activa la lógica de la venganza”. Además recuerda “un ejercicio de simulación de tiro en la escuela de cadetes, con una imagen aleatoria de una persona en un cajero que sacaba un arma o sacaba una flor. En fracción de segundos, ellos tenían que ver diferentes opciones para no usar el arma. Tienen poco entrenamiento. El juego de la policía es la amenaza. La autoridad se ejerce a través de formas de mostrar las armas, posturas, el cuerpo, pero no de usarla. Este gobierno que dice que protege a las fuerzas de seguridad en realidad las desprotege. Esto lo demuestran las altísimas tasas de letalidad en países como Brasil y México. Ni de lejos deberíamos estar acercándonos a esas experiencias ruinosas de combate policial”.

El nivel de argumentación oficial es alarmante, con temerario desprecio por la verdad. Bullrich acusó de mentiroso al periodista deportivo Gustavo Grabia, porque afirmó que la Prefectura no obedeció la orden de despejar el trayecto del ómnibus de Boca hasta el estadio de River. Grabia le respondió con dos audios. En el primero se escucha:

—Va a salir el micro, señor... Mucha gente... Necesito que Prefectura corte, por favor...

En el segundo:

—Manden unidad de contención para el ingreso.

Según Bullrich, ella y el cuerpo jurídico del ministerio leyeron siete veces la transcripción de las comunicaciones y “a la Prefectura no le avisan que tenía que despejar el área”. Un curso de lectoescritura para la cúpula del ministerio, ahí.

 

 

Otro tanto hizo respecto de la muerte de Santiago Maldonado ante Francisco Olivera, de La Nación. Allí acusó de mentir para construir un relato a la familia y a quienes exigieron el esclarecimiento de la desaparición del artesano anarquista. El mismo mecanismo proyectivo que en el caso anterior. Con buen tino el periodista le recordó que Maldonado huía de la irrupción de los gendarmes, que hubieran podido negociar su detención. También la interrogó sobre la versión que ella dio en el Congreso de que lo había asesinado un puestero.

—¿No fue un relato eso también?— inquirió Olivera.

—En ese momento tenía un cierto grado de verosimilitud. Pensamos que era una hipótesis posible— respondió, con una vara muy distinta a la que usa con los demás.

 

Entre el 9 y el 99% hay alguna diferencia

Para justificar el reglamento afirmó que “el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en la Argentina, muere a manos de un delincuente”, lo cual es una ostensible falsedad. A partir de las defunciones registradas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en base a la clasificación internacional CIE-10 de la OMS, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que dirige la doctora en Ciencias Sociales Silvia Guemureman, concluye que de las 2.583 personas muertas por armas de fuego en la Argentina en 2016, sólo el 44,5% fueron por homicidios dolosos. Y de ellos, apenas el 21% en ocasión de robo, es decir, apenas el 9,3%, “mientras que el resto de los homicidios con armas de fuego ocurre por conflictos interpersonales de distinto tipo, pero no por robos”. Para Bullrich, 9 ó 99 son lo mismo.

Los problemas de seguridad no se solucionan con armas de fuego, al contrario, estas medidas —y sobre todo mensajes— son peligrosos, irresponsables y generan más violencia, constata Frederic.

 

La ilusión bolsonarista

Es claro que Cambiemos no desea dejar espacio para que surja fuera de sus filas algún Bolsonaro argentino. Lo ocurrido en Paris con los policías que se quitaron los cascos y bajaron los escudos para no confrontar con los manifestantes de chaleco amarillo, ridiculiza el planteo del senador del Peornismo Federal Micky Pichetto. Pero el verdadero Bolsonaro fue ovacionado en Sao Paulo cuando repitió el gesto proselitista de empuñar una ametralladora durante un partido del Palmeiras.

 

 

Es improbable que algo equivalente ocurra aquí. Entre tantas otras cosas porque al contrario de la Argentina, Brasil tiene uno de los índices de homicidios dolosos más altos del mundo. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son latinoamericanas, entre ellas las del Top Ten, que se reparte entre México, Brasil y Venezuela. Pero ninguna es argentina.

 

El top ten de la violencia

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes

 

 

La ciudad de La Paz incluida no es la capital de Bolivia, sino una ciudad mexicana del mismo nombre.

El carácter regional del problema fue evidente en la audiencia audiencia  convocada esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  "Esta audiencia es histórica porque mapea uno de los principales desafíos de la región", sostuvo la comisionada Flávia Piovesan. En un contexto de “guerra interna” -sea contra el narcotráfico, el terrorismo u otra de las denominadas nuevas amenazas a la seguridad-, los Estados avanzan con políticas duras y propuestas de militarización que ponen en riesgo los derechos humanos en la región. Se promueven políticas antiderechos y de impunidad, como la aplicación de la justicia militar, bajo la idea de lucha contra el crimen. "Estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”, aseveró Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.

Para el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva  “hay mandatarios regionales que creen que el escenario en el que ocurren las operaciones militares es campo abierto para que ellos lleven a cabo el cumplimiento de determinadas órdenes. Primero dispare y después averigüe, primero dispare y después pregunte. Y eso es sumamente grave”. Y la comisionada Antonia Urrejola planteó que el desafío no es únicamente trabajar con los Estados sino también con la sociedad que espera respuestas a las demandas de seguridad en la región.

La Comisión se comprometió a mantener este tema como “objeto de agenda permanente” y a trabajar en un plan concreto de actuación para enfrentarlo de manera sistemática.

En la audiencia participaron organizaciones de 11 países, entre ellos el CELS, de la Argentina. Se habló de tendencias generales y de la intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y los impactos de la militarización en Honduras.

También se expuso sobre la impunidad que caracteriza a las violaciones cometidas en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. El caso de Jorge Parral de México es emblemático: fue asesinado por fuerzas militares y su cuerpo desaparecido. Su madre, Alicia Rabadán, explicó a los/as integrantes de la CIDH: “Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses, que no tienen respeto por la vida humana”.

A quien apunta Bullrich

La propuesta de Cambiemos no es atacar con alto poder de fuego a carteles de comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido, que además están militarizados y tecnificados y difícilmente darían la espalda para escapar, sino a los pibes pobres de tez oscura, que corren con un reloj o una billetera, o a los manifestantes de una protesta social, desde que se autoriza a disparar aún contra quien no porte un arma de fuego y queda librada al ejecutor la evaluación del peligro. El anexo 1 (¿qué sentido tendría numerarlo si fuera sólo uno?) autoriza a ejecutarlo por la espalda aunque no porte un arma letal, sin acusación, defensa ni juicio. Lo mismo habían legislado Macrì y Bullrich al mes de asumir, para el caso de sospecha de transporte de estupefacientes por vía aérea. Si en el lapso transcurrido no se produjo el derribo de ninguna aeronave se debe a la falta de medios de la Fuerza Aérea, que planea enviar a sus pilotos a entrenarse a otros países porque aquí no tienen aviones ni combustible. Bullrich dobló la apuesta y con un aplomo expositivo que no se basa en la solidez de sus argumentos dijo que el policía que mata en cumplimiento de sus funciones no debería pasar ni media hora detenido ni ser sometido a juicio. Se jactó de que el reglamento no permitirá que los jueces evalúen las circunstancias del caso. Este sería uno de los fundamentos de su inconstitucionalidad. También dijo que la reforma del Código Penal que propone el gobierno presumirá la legalidad de cualquier acto del funcionario, y confesó sin pudor contactos con los jueces para beneficiar a “una enorme cantidad de policías y gendarmes que iban a ser condenados como homicidas y terminaron absueltos, porque explicamos cuál había sido la conducta: estaban defendiendo al ciudadano”. Esa es la justicia independiente que blasona el macrismo.

Pero ni aun así pueden contar con la pasividad de todos los jueces. En esta misma edición, Susana Lara informa sobre dos fallos pronunciados en Río Negro contra la cúpula policial del gatillo fácil y en un caso donde la muerte de un detenido se quiso presentar como si fuera un suicidio. Y en la Capital Federal, el juez Sebastián Ramos dejó en libertad luego de tres semanas de detención a los hermanos Abraham Salomon, a quienes la DAIA y el gobierno acusaron de ser terroristas de Hezbollah. El juez no encontró un solo indicio de ello. La Agencia Judía de Noticias atribuyó la información al Mossad.

Alerta: Israel está en peligro.

 

 

 

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