Mascardi, en manos judiciales

 

El juez Hugo Horacio Greca, del Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, resolverá si homologa o rechaza el acuerdo entre el Estado Nacional y una comunidad del pueblo mapuche-tehuelche para afianzar pasos hacia una resolución integral del conflicto territorial en la zona de Relmü Lafken (lago Mascardi), al sur de Bariloche, iniciado en 2017. El viernes 16 de junio se hizo la audiencia en la que la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANPN) y el grupo de mujeres de la Lof Lafken Winkul Mapu ratificaron su voluntad de acuerdo, tal como se plasmó en el acta de la Mesa de Diálogo del 1º de junio. Por su parte, la Fiscalía se opuso al convenio y a cesar la persecución penal reprochando que no se contemplaba la reparación del daño supuestamente causado por seis mujeres mapuches acusadas de usurpación de tierras en noviembre de 2017. Betiana Colhuan Nahuel, machi (autoridad espiritual y agente del sistema de salud tradicional), replicó al reclamo fiscal diciendo que participaba de un acuerdo en total desigualdad ante el Estado, como parte de un pueblo sometido mediante un genocidio y con la pérdida irreparable de la vida de Rafael Nahuel a manos de efectivos federales durante un procedimiento ordenado por el mismo juzgado. Greca dará a conocer su resolución en los próximos diez días hábiles en el expediente original del conflicto, en el que Parques querella a la Winkul por presunta usurpación de tierras bajo el dominio de ese organismo público.

Federico Granato, presidente de la ANPN, cuestionó el planteo de la Fiscalía y reafirmó –según asistentes a la audiencia– la capacidad jurídica del organismo a su cargo para disponer usos y destinos de las tierras bajo su jurisdicción. La posición del funcionario da cuenta de la decisión del Ejecutivo de sostener la vía del acuerdo político. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconocerá el sitio sagrado que se erigió en ceremonia colectiva en la que la machi Betiana asumió un compromiso con su origen, con su comunidad y sus pu kütxan (pacientes) a cumplir su rol. A su vez, ese reconocimiento será aceptado por Parques sin ceder la propiedad de ese lugar. Los dos organismos nacionales son los responsables de hacer operativo el reingreso de la machi al lugar, que por ahora se acota a visitas custodiadas bajo la vigencia intacta del Comando Unificado creado por decreto.

El regreso de la machi al rewe es uno de los puntos centrales del reclamo que se inició el 4 de octubre del año pasado, cuando se produjo el desalojo enmascarado bajo un allanamiento. Los distintos organismos intervinientes tienen bastante demorado este punto del acuerdo. Se acordó que la Winkul finalice su personería jurídica otorgada por el INAI, pero el reconocimiento estará centrado en la machi Betiana, quien no requiere personería alguna, reflexionó una funcionaria del gobierno nacional. La burocracia sigue lastimando el vínculo intrínseco entre la machi y el rewe.

 

Coherencia de la Fiscalía Federal

Rafael Vehils Ruiz, fiscal subrogante en Bariloche, rechazó el texto del acuerdo de la Mesa de Diálogo alcanzado el 1º de junio pasado, con una redacción confusa en la que quiere aparecer en favor del diálogo. Cualquier duda sobre el escrito se despejó en la audiencia del último viernes. Se sumó así a la lista destacada de Sylvia Little y María Cándida Etchepare, sus antecesoras en el cargo, claves en la criminalización del conflicto.

Vehils Ruiz rechazó el convenio para suspender la persecución judicial argumentando que “las previsiones legislativas tendientes a efectivizar los derechos de los pueblos originarios no son aplicables (…) al grupo de personas que con un nuevo nombre comunitario se asentaron en tierras en las que no existen constancias que hubiesen estado jamás”, insistiendo en que la familia Colhuan Nahuel obtuvo un reconocimiento estatal en otro lugar de Bariloche con anterioridad.

En este sentido, la Asociación Gremial de Abogadxs que representa a la gran mayoría de lxs mapuche imputados le recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino en que da cuenta de la vitalidad de la vida comunitaria en distintas generaciones y etapas de su desarrollo en el caso de la comunidad Lhaka Honhat, en Salta. Aseguró, además, que “el predio en cuestión (el del rewe, espacio ceremonial) no se trata de una tierra de ocupación tradicional”. Para conocimiento del fiscal, se agregó en la audiencia un informe entregado al INAI en febrero, durante la segunda reunión de la Mesa de Diálogo. “Mapuche Lhawentuwün, el sistema tradicional de salud mapuche” es un informe técnico realizado por el Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia (GITAAC) de la Universidad Nacional de Río Negro/CONICET a pedido del INAI. Todos son esfuerzos de diálogo y apertura ante el pensamiento hegemónico en el Poder Judicial, que no se despega del bien jurídico suelo, en tensión con el concepto vital de territorio que no se mide con GPS. “No se puede separar el rewe de la machi, la machi de su comunidad, ni su comunidad del territorio”, sintetizó la Gremial en el escrito presentado ante Greca.

 

 

 

Cien años igual

El espacio que hoy se conoce como Villa Mascardi, al sur de la ciudad de Bariloche, es parte del territorio articulado sobre el lago Nahuel Huapi, al pie de la cordillera de los Andes. El proceso de ordenamiento urbano y repoblamiento blanco, inmigrante y criollo porteño se inició con una colonia agrícola-pastoril creada por el Estado argentino en 1903, base para la formación del Parque Nacional del mismo nombre encabezado por los hermanos Ezequiel y Alejandro Bustillo en 1935, durante la Década Infame. En los orígenes de ese proceso de repoblamiento, el despojo territorial y el control violento fue masivo, contra toda la población originaria sobreviviente a las campañas militares a ambos lados de la cordillera de los Andes.

Esa matriz elitista, racista y colonial es la que sobrevive y se reproduce en el racimo de expedientes tanto en la Justicia Federal como en la rionegrina, o en las posiciones del Sindicato de Guardaparques Nacionales, que aseguran que la Winkul es terrorista, en sintonía con las nuevas derechas en la Argentina.

Al final de la audiencia del viernes se conectó vía Zoom una funcionaria de la Fiscalía y acotó que todo acuerdo debe contemplar una reparación para la víctima. En este caso, la presunta víctima es Parques, que se apoderó del territorio. Pedía que repararan el daño al Estado a Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Betiana, quienes recuperaron la libertad después de 244 días de prisión pero no pueden regresar a sus rukas destruidas. A Romina, que tuvo su hijita en prisión domiciliaria. A María Nahuel, con su sobrino asesinado, tres hijxs criminalizados, sus nietitxs creciendo en la persecución. Estxs son los interlocutores del diálogo en el Poder Judicial.

No sería mejor en el fuero rionegrino, donde permanecen abiertos al menos 17 legajos contra la Winkul, uno de ellos por una pintada de protesta en el edificio de la municipalidad de Bariloche. El edificio central ubicado frente al lago es una construcción levantada por los Bustillo, de piedra, monumento nacional. Así es que una pintada en sus muros es daño calificado para la fiscal jefa de la Circunscripción Bariloche, Betiana Cendón.

Los feriados no cuentan para los plazos judiciales de Greca, pero no son días vacíos para la política y el cerco cotidiano de la intolerancia.

 

 

 

 

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