Mascardi como tablero

 

Casi cuatro años de desarrollo de un conflicto territorial con el pueblo mapuche-tehuelche en la zona del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Bariloche, permiten revisar el tablero de posiciones desplegadas por el gobierno nacional, así como las continuidades que garantizan el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las alianzas políticas de los capitales con intereses en la zona.

La información fragmentada tiende a ocultar el proceso que incluye la criminalización de la lof Lafken Winkul Mapu que se reasentó en el lugar en noviembre de 2017, la judicialización del conflicto territorial, la poca capacidad de las dirigencias políticas de entablar diálogo con actores que usan otras lógicas, la falta de debate sobre el rol estratégico de las fuerzas de seguridad nacionales en esta democracia y la legitimación por parte del Poder Judicial del espionaje y otras prácticas estatales por lo menos abusivas, entre otros rasgos que advertimos en estos años.

 

 

Este semestre se registraron importantes movimientos en tres expedientes federales en los que está involucrado el Estado nacional por presunta usurpación de parcelas en Villa Mascardi, a 35 kilómetros del centro de Bariloche.

• La Fiscalía a cargo de Sylvia Little pidió la elevación a juicio oral y público de la causa de origen del conflicto, por el regreso al territorio de la Winkul el 10 de noviembre de 2017, registrada como propiedad de la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANPN). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acordaron que la ANPN, querellante en ese expediente, no intervenga en esa elevación a juicio para “no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu” por una salida política al conflicto, según consta en la resolución del organismo fechada el domingo 27 de junio. Están procesadxs ocho integrantes de la comunidad, entre ellxs la machi Betiana Colhuan Nahuel, autoridad espiritual. Esta semana vencen los plazos para que la defensa haga su planteo y se determine la fecha de ese juicio.

 

• En el expediente por la presunta usurpación del ex hotel Mascardi, parcela vecina a la anterior, está en marcha una ronda de declaraciones indagatorias contra doce personas, las que fueron identificadas a partir de un informe de espionaje de Gendarmería nacional. Damián Emanuel Márquez, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña, informó al juez Gustavo Zapata que montó un dispositivo de vigilancia a partir del 28 de abril de este año, cuyos resultados entregó el 10 de mayo, según la copia a la que accedimos. El informe revela un notable esfuerzo por adaptar el lenguaje castrense clásico al reconocimiento constitucional a la preexistencia de los pueblos originarios en la Argentina. De todos modos, el foco son especulaciones sobre la presunta tenencia de armas de fuego por parte de la comunidad que vive en el lugar espiado.

 

• A la vez, el caso por la parcela inscripta a nombre de la Unión Personal Superior (UPS) de ex Gas del Estado, mostró que nada es lo que parece. Se constató que el sindicato tomó un crédito hipotecario que jamás pago, acumuló una deuda millonaria y perdió estas tierras hipotecadas en un juicio civil, en el que es parte el Ministerio de Economía de la Nación. El sindicato desistió de sus pretensiones de reparación en este expediente y Economía tratará de evitar el remate y recuperar el predio. En este caso, un efectivo de la policía de Río Negro denunció la usurpación del lugar cuando estaba instalándose como cuidador. Aseguró que identificó a un integrante de la comunidad y que sufrió un incendio intencional. Con el sindicato fuera del conflicto, queda el policía para impulsar el juicio por parte de la fiscalía.

 

Ay Zapata

El retiro de la querella contra la Winkul por parte de Parques fue uno de los puntos planteados en la primera reunión propuesta ante Gabriel Fuks, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa mesa de diálogo jamás llegó a concretarse. De todos modos, ese proceso fue ordenando la demanda de los actores que se consideran con derecho a participar de la resolución del conflicto. Zapata es el cuarto juez que interviene en el paquete judicial Mascardi. En el expediente de origen hizo un juego que dejó a Parques en un papel por lo menos incómodo: por una parte, consultó sobre la finalización de la etapa de instrucción para disponer la elevación a juicio oral, y en la misma resolución, dispuso un tiempo de negociación amistosa entre el Estado y la Winkul con fecha límite al 1 de agosto próximo. Ante la encerrona, Parques pidió suspender ese plazo y acceder a la negociación, pero Zapata siguió adelante con sus tiempos, según nos detalló una fuente con acceso al expediente.

 

 

Parques tiene su propia experiencia histórica acumulada. El Nahuel Huapi se constituyó sobre el despojo de gente mapuche y criollos pobres en 1934, política de mano dura que sostuvo hasta los '90. Todavía no aplica en su jurisdicción el artículo 75 de la Constitución Nacional de reconocimiento a los pueblos preexistentes. En los últimos años bajó el nivel de confrontación e implementó algunas instancias de co-manejo, pero sin discutir el derecho al territorio de fondo. Así, la radicalidad del planteo de la Winkul colisiona con los que defienden el derecho del Estado, a través de Parques, a tener el control real del espacio que, para algunos, es territorio ancestral mapuche. En definitiva, la decisión de retirar la querella la tomó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, en conversaciones con Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según una fuente extraoficial.

 

 

Como si nada

Gendarmería tiene expresamente prohibido por ley hacer espionaje a la sociedad civil, de acuerdo a la ley 25.520. Después del desalojo criminal de la lof Resistencia Cushamen, en Bariloche se identificó infiltrado en una manifestación a José Luis Costamagna, segundo comandante de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, quien operaba desde una cueva ubicada cerca del Centro Cívico. El mismo Costamagna espió y denunció a una activista de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión como supuesta autora de una pintada que repudiaba el crimen de Santiago.

En 2020 el gobierno nacional reabrió una instancia administrativa para analizar el desempeño de la fuerza en el espionaje y desalojo ilegal en Chubut, especialmente su participación en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Aún con ese lastre, en esta gestión de gobierno, este año Gendarmería realizó tareas de espionaje convalidadas por la justicia federal, de acuerdo a la información del expediente con la que contamos. El informe del segundo comandante Márquez identificó personas, requisito indispensable para imputar el delito de presunta usurpación del predio que está en conflicto desde mayo del año pasado. También incluyó el detalle de sus parejas y del número de sus hijxs, fotografías tomadas a distancia en acciones cotidianas, detalles de las inmediaciones, características del terreno y uso de las infraestructuras edilicias.

Mientras Gendarmería espiaba, la Secretaría de Derechos Humanos se incorporó en la mediación abierta en el expediente por la UPS Gas, realizando audiencias en marzo, mayo y junio. También se incorporó al expediente del homicidio de Rafael Nahuel, con una posición crítica que consolida y profundiza la querella de la familia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.

Por ahora conviven esas estrategias contradictorias por parte del gobierno nacional.

 

 

Juego, jugadorxs, tiempos

La fiscal Little pidió en un expediente que se unificaran las causas entendiendo que es un único conflicto, lo que le fue negado. Desde su posición, la comunidad también dice que el conflicto territorial es el fondo en el que debe inscribirse el crimen de Rafael Nahuel y las heridas a dos mapuches el 25 de noviembre de 2017. Así, cada jugador representa en ocasiones más que el interés propio, lo que va delineándose con el tiempo y las jugadas.

Uno de los propietarios privados de Villa Mascardi, dueño de la estancia “La Escondida”, sigue discutiendo si el delito de presunta usurpación en su caso es de competencia provincial o federal. También sigue en debate el supuesto interés legítimo de la comunidad Wiritray para intervenir como querellante en la causa de origen. Asentada en otro espacio de la cuenca del Mascardi, actúa patrocinada por Florencia Arietto y por el abogado Ernesto Saavedra. Arietto es asesora de la ex ministra Patricia Bullrich y coordinó el lanzamiento del movimiento anti-tomas desde Bariloche.

Otro jugador es el gobierno de la provincia de Río Negro. No es posible pensar que el sargento Uribe Oyarzo actuó por sí solo cuando en mayo del año pasado denunció a Juan Pablo Colhuan, integrante de la Winkul y primo de Rafa, como uno de los cuatro encapuchados que supuestamente lo desalojó del predio propiedad de UPS Gas. Uribe es efectivo de la comisaría 42 del sur de Bariloche, desde donde desplegó por años maniobras de hostigamiento y entorpecimiento a la presencia mapuche en Mascardi. En un juicio oral y público, el rol de Uribe y de esa comisaría quedaría expuesto.

El retiro de la querella de Parques ya fue cuestionado por Arietto, que es decir Bullrich. Falta ver si es una confrontación coyuntural en la agenda electoral, o si es de fondo. Lo mismo desde el Ejecutivo nacional, si el retiro de la vía judicial es coyuntural, si es acotado a Bariloche o si finalmente pretende avanzar en reconocer derechos a los pueblos originarios en la Argentina.

No alcanza con no criminalizar a los de abajo si no se controla a los que ejercen el poder de las armas y de la tecnología para el control real de los cuerpos en los territorios en conflicto.

 

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