Más vale tarde que nunca

Mientras se espera que Casación Penal resuelva la apelación a la inocencia del militar y estanciero Torres Queirel, en el juicio realizado el año pasado, los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín Garcia pidieron al juzgado federal de Paso de los Libres  la declaración a indagatoria a Navajas Artaza, por represión a los trabajadores de sus empresas en Virasoro. Cabe recordar que el empresario de la dictadura no fue culpado en el anterior pedido dado que 17 jueces federales del NEA se inhibieron de juzgarlo. Alegaron que no podían intervenir en la causa dado que tenían vinculación con los Navajas Artaza. El último directamente sobreseyó al empresario sin siquiera tomarle declaración indagatoria.

La Fiscalía Federal de Corrientes formula denuncia contra Adolfo Navajas Artaza, ex presidente de la Empresa Comercial “Las Marías”, por considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, de los que serían victimas Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena, todos trabajadores rurales vinculados a sus empresas yerbateras, sindicalizados en Fatre y Stia, represaliados durante la ultima dictadura civico militar.

Si bien hubo sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria al único imputado Héctor María Torres Queirel respecto al secuestro y desaparición forzada del trabajador rural Marcelo Peralta en la Estancia María Aleida, propiedad del imputado Torres Queirel en los despojos de la causa caratulada: “Retson, Llamil; Sacco, Juan Carlos, y Torres Queirel, Héctor María, s/Asociación Ilícita, Tortura, Privación Ilegal de la Libertad pers. (Art. 142 bis, Inc.1)”, Expte. Nº FCT 36001586/1991/TO1, juicio que se llevó a cabo en Julio de 2018, esta sentencia fue apelada por el Ministerio Publico fiscal a cargo del doctor Flavio Ferrini.

El fiscal Ferrini ahora además se presenta en el expediente original “Investigación delitos de lesa humanidad-Víctimas, Ramón Aguirre y otros” Expte Nº 1-1586/77 para retomar investigación sobre Adolfo Navajas Artaza y la responsabilidad de su empresa yerbatera, principal beneficiaria del desmembramiento de las organizaciones sindicales, de la  detención de la cúpula gremial, de la militarización y el hostigamiento a los trabajadores sindicalizados y del efecto disciplinador ocasionado por estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de estado bajo la lógica del enemigo interno que el Terrorismo de Estado se proponía aniquilar.

Las detenciones y secuestros de dirigentes sindicales, desde abril de 1976 hasta los hechos de julio de 1977, donde más trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos, constituyen delitos de lesa humanidad, en los cuales existen fuertes y variadas evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente. Por medio de la instrucción realizada en la causa Expte. N° 2526/1976, se materializan las detenciones de los dirigentes gremiales la intervención de las instituciones sindicales, la información necesaria para profundizar las tareas de inteligencia secuestrando la nómina de afiliados, y toda la información que obtiene por medio de las testimoniales de la causa, donde se interroga sobre “si los imputados (Acuña/Franco y Aguirre), hicieron reuniones con el personal del Establecimiento las Marías".

La persecución y detenciones quedaron también plasmadas en las planillas de personal aportadas por la empresa Las Marías agregadas a autos, donde puede advertirse que de una planta de personal de 1233 para el año 1975 disminuye a 1150 para el año 1976. Lo más relevante de esas declaraciones juradas lo constituyen las marcas sobre cada uno de los nombres del personal de Las Marías de los años en análisis, los que se corresponden con las de los obreros que fueron víctimas de ilegítimas detenciones, desapariciones y despidos, corroborando la existencia de un aporte especifico de información, que necesariamente tuvo que proporcionar el cuerpo directivo de la empresa, ya que por sí misma las fuerzas represivas no pudieron haberla obtenido.

Otro elemento a valorar es el que aporta una de las víctimas, Juan Gómez, al revelar la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del establecimiento una vez desarticuladas las organizaciones gremiales, y la orden impartida por el presidente del establecimiento, en presencia del capitán Sacco, de que se terminaban los sindicatos, evidenciando el aporte de la estructura organizacional de la empresa a las fuerzas represivas para la realización de los secuestros.

En el presente caso, la responsabilidad de la empresa y particularmente de su presidente, Adolfo Navajas Artaza, en crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus trabajadores, se desprende como ya se ha dicho de los testimonios respecto de los hechos, de las causas armadas contra los detenidos a modo de legalización de los procedimientos ilegales de secuestro, de la provisión de información, recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos, la presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente, la pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas y las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó la propia empresa contra sus empleados. El análisis integral de la causa y sus expedientes acumulados como prueba llevan a la convicción de un grado de involucramiento empresarial en las políticas dictatoriales represivas, que ampliamente superan las figuras de la complicidad.

A partir del juzgamiento en estos procesos, la Argentina ha logrado conocer la verdad sobre el accionar del aparato represivo durante el último golpe militar, y al mismo tiempo vislumbrar que algunas empresas no tuvieron roles pasivos en las decisiones sino todo lo contrario. Compartieron la responsabilidad en el entramado social, político y económico de un país decidido a transformar el sistema económico del país, y para ello entregaron información relevante, como listas, direcciones, todo lo que era necesario para definir el perfil del oponente a destruir, tareas a las que se abocaban las fuerzas represivas.

Este contexto general y lo expuesto en particular permite, por un lado, situar los hechos dentro del ataque generalizado y sistemático del que fue objeto parte de la población civil por las fuerzas represivas; y por otro, la participación del presidente y de los directivos de la empresa Las Marías. Es por ello que concretamente el Ministerio Público entiende que debe ser responsabilizado Adolfo Navajas Artaza por las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas sufridas por Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena.

* Publicado en ANRED