Más juezas

 

Voy a señalar algunos episodios particulares sucedidos con jueces y juezas federales que muestran la existencia de jueces misóginos, para los cuales hay que poner en duda si bastaría un curso sobre enfoque de género para cambiar sus actitudes y que, a la vez, podrían mostrar que las juezas mejorarían el servicio de justicia.

1) Existen y han sido repetidas las actitudes misóginas por parte de algunos de los integrantes de la Cámara de Casación Federal –máxima instancia penal del país– como Juan Carlos Gemignani, quien siendo su presidente protagonizó un escándalo cuando ordenó la detención de la secretaria de una de las salas luego de que se negara a realizar un inventario sobre el contenido de unas cajas por exceder sus funciones durante la feria de invierno. El juez ordenó a dos policías que estaban en el lugar que la detuvieran e incomunicaran, por lo que permaneció detenida hasta que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso su libertad.

La denuncia por privación ilegítima de la libertad contra Gemignani fue asignada a Paloma Ochoa, por aquellos días única fiscal mujer de Comodoro Py, a quien el juez recusó por su condición de simpatizante de “Ni Una Menos” porque había formado parte de una manifestación en Tribunales encabezada por dicho colectivo. Y Ochoa fue apartada del caso.

La denuncia de Gemignani contra la secretaria dio lugar a una causa en la que el fiscal dijo que no había delito porque “la presunta negativa a realizar el inventario requerido en modo alguno puede ser calificada como una conducta delictiva” y que los sucesos se generaron en una simple cuestión de índole laboral, que se debería haber resuelto cuanto mucho por vía administrativa.

Dos años después, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a los dos policías que cumplieron con la orden de detención que les impartió Gemignani, por considerar que fueron ellos quienes efectivamente la privaron de su libertad, manifestando que la “negativa” a la realización del inventario requerido no podía considerarse como una conducta delictiva, siendo en todo caso una falta administrativa” y que la orden ilegal “obedecía a un exabrupto del doctor Gemignani ante la negativa de la doctora (María Amelia) Expucci, lo cual en todo caso podría llegar a constituir una eventual falta o infracción administrativa pero nunca un delito penal”.

No es el único escándalo en el que estuvo involucrado Gemignani. También trascendió cuando habría echado a los gritos a la jueza Liliana Catucci de una reunión de la Cámara, a lo que se suma un enfrentamiento con la jueza Ana María Figueroa y otro altercado en 2017 con la jueza Ángela Ledesma. Es decir que tuvo varios roces con colegas que, llamativamente, siempre son mujeres.

2) Y el último acto conocido fue protagonizado el pasado 8 de marzo cuando en el chat llamado Acuerdo Virtual los jueces mandaron mensajes alusivos al Día de la Mujer. Algunos saludaron, otros desearon un “feliz día”, pero Gemignani escribió: “¡Feliz Día para todas! ¡Especialmente para las delincuentes!!!”

Estas expresiones pueden relacionarse con un fallo de la jueza Ledesma, difundido como una sentencia con perspectiva de género, que confirmó la absolución de una mujer jujeña que ofició de mula del narcotráfico por su condición de vulnerabilidad social y para asegurarse el sustento de su familia.

Ante este episodio, las juezas Figueroa y Ledesma pidieron que el presidente del tribunal, Gustavo Hornos, ordenara certificar el contenido del chat considerado ofensivo “para que se adopten las medidas pertinentes”. “Nos resultan insostenibles expresiones genéricas de ese tenor en momentos donde ponemos todo el esfuerzo necesario en el Poder Judicial para actuar y fallar con perspectiva de género, conforme a nuestra Constitución, el DIDH [Derecho Internacional de Derechos Humanos] y nuestro derecho interno”, señala la nota.

 

 

3) De otra parte debe destacarse que, en la cuestionada causa del memorándum con Irán –que forma parte del lawfare–, los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fueron quienes votaron el 29 de diciembre de 2016 por reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman y apartar a los jueces Daniel Rafecas y a los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes a comienzos del 2015 habían rechazado tal denuncia.

El voto disidente fue de la única integrante mujer de esa sala de Casación Federal, la doctora Figueroa, quien advirtió las deficiencias que presentaba esa causa y difirió en su voto con los jueces Hornos y Borinsky, hoy duramente cuestionados por tal resolución. Así, en el punto titulado “Legalidad de la prueba aportada, origen desconocido de la escucha”, afirmaba que primero debía estudiarse la licitud del “nuevo elemento” aportado para intentar reabrir la causa, no pudiendo sostenerse la decisión de reapertura en el contenido de una comunicación telefónica cuyo origen pudo haber sido subrepticio y cuya utilización podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

Asimismo señalaba una serie de problemas y deficiencias en la causa que hacían que resultara muy difícil admitir que los jueces Hornos y Borinsky no vieran o no le dieran importancia. Como cuestión previa y relevante consideraba determinar si los jueces se encontraban facultados para conocer en esta causa, recordando la doctora Figueroa que se habían efectuado planteos de conexidad, vinculación o derivación en relación a diversos expedientes que debían ser dirimidos antes de decidir sobre el fondo del asunto, advirtiendo la irregular situación que implicaba que esa Sala I se encontrara interviniendo. Consideraba que no había fundamento para que excusaciones antes aceptadas en el seno del mismo Tribunal por parte de los mismos jueces ya no signifiquen lo que significaban, ni alcancen a situaciones expresamente mencionadas al momento de inhibirse.

Por otra parte, la jueza Ana María Figueroa denunció hace poco tiempo las presiones que sufrió desde 2015 por parte de la gestión de Cambiemos. “En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del ex ministro de Justicia Germán Garavano entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el Memorándum con Irán”, dijo, y agregó que la presión fue puntualmente “para que reabriera la causa”.

4) Asimismo, respecto a la importancia de utilizar un enfoque de género debe destacarse como un ejemplo el voto de la doctora María Gabriela López Iñíguez en la causa denominada “ruta de dinero K” seguida a Lázaro Báez y otros. Por una parte consideró probado que Báez amasó una fortuna en dinero “negro” en dólares producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore hasta la simple acumulación de dinero físico, externado mediante cuevas financieras de la city porteña. Pero, por otra parte, destacó que la prueba no demostró la otra hipótesis que acompañó mediáticamente a esta causa desde su inicio pero que jurídicamente se incorporó recién en abril de 2016, sugestivamente luego de un cambio de gobierno y a través del polémico arrepentido Leonardo Fariña, cuyos aportes concretos y verosímiles al esclarecimiento de algunos hechos debían ser analizados detalladamente y con sumo cuidado, siendo en este caso en particular un aspecto muy delicado.

Con total acierto afirmó que el delito de lavado no puede existir sin la maquinaria para el blanqueo: las financieras que permiten crear cuentas offshore son un elemento central en este delito, y en este caso el foco se ha puesto más en los clientes que en los prestadores de servicios financieros clandestinos, o en los financistas de la banca internacional. Destacó además que se había concentrado el interés punitivo en las personas físicas más que en las jurídicas, siendo que en esta clase de delitos son las últimas las indispensables para la concreción de la expatriación ilícita de capitales y el lavado de activos, por lo que debía existir una correlación en la severidad de las penas entre los clientes que proveen el dinero “sucio” y la operatoria financiera que lo “blanquea”. En este sentido, entendía que las penas debían reflejar la gravedad de ambos extremos, por lo que no compartía las aplicadas en relación con los autores y partícipes de las estructuras financieras y bancarias que posibilitan el lavado de dinero, en tanto no reflejaban esa correlación.

Asimismo expone en su voto en disidencia otra mirada respecto a las únicas dos mujeres imputadas en la causa que involucraba a 27 acusados, las dos hijas de Báez, postulando su absolución. “El Poder Judicial debe tener perspectiva de género, y como jueza entiendo que no es posible desconocer este mandato legal, hoy en día objeto de un fuerte reclamo social en tanto las interpretaciones femeninas de la ley traen consigo sus experiencias de vida, sus valores y puntos de vista, cuestiones que podrían marcar relevantes diferencias en las decisiones”, escribió. Ello la condujo a detectar la conducta patriarcal de Báez, quien “priorizó y jerarquizó en sus negocios a sus hijos varones, en especial a su primogénito, y evidenció la utilización del nombre de sus hijas, como si dichos nombres fueran de su propiedad, para la apertura de cuentas en el exterior y/o sentándolas en el directorio de su empresa cuando esta causa ya se hallaba en pleno trámite y los hombres ya no podían figurar en esos puestos de toma de decisiones”. “La conducta y diferencias de Báez respecto a sus hijos exhibe un contexto familiar de dominio patriarcal, en el que ellas, que eran muy jóvenes además, fueron relegadas a un lugar de ‘presta nombres’, nombre del que el padre se apropió para su uso y beneficio”.

5) Debe señalarse también que en la resolución 567/2021 de la Corte Suprema de Justicia sobre presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, que ha dado lugar a la solicitud del juicio político a quienes la firmaron, la única integrante mujer, la doctora Elena Highton, votó en disidencia.

6) Tras el escándalo que desató la relación del ex Presidente Macri con la llamada “mesa judicial”, presuntamente encargada de coordinar la persecución de opositores, no se han oído voces provenientes de la Justicia que opinaran sobre el tema. Sólo se ha manifestado la jueza federal María Romilda Servini, quien le pidió al juez Hornos que renuncie a la presidencia de la Cámara de Casación Penal. Le escribió una carta en la que dijo que “las instituciones están primero que los intereses personales de los hombres y mujeres que la integran, por eso sugiero que pongan todo el empeño en defender la imagen de la Justicia Nacional, deponiendo los egoísmos con actos positivos que demuestren paz y unidad en sus miembros y que usted señor presidente, dada la situación como está planteada públicamente, dé una muestra de desinterés y civismo, dando un paso al costado y renuncie a la representación de la que está imbuido, en aras del bien de la república”.

Expresó que los años que ha pasado en la Justicia “me han dado sobrada experiencia para reparar con tristeza que existe una guerra dentro de ese tribunal que, francamente, como ciudadana y magistrada me angustia”. Advirtió que, además, esa actitud “sólo trasciende el egocentrismo de ciertos integrantes en detrimento del ejemplo que deben dar a la sociedad como miembros de tan importante tribunal revisor de sentencias penales”.

“Es necesario que recapaciten o ponderen que esta pesadumbre que ocasionan perjudica tremendamente la imagen de la Justicia y da motivos para que la condena social se extienda a todo el Poder Judicial, cuando en realidad son unos pocos los causantes del malestar”, remarcó.

Coincido con esta apreciación de este grave tema institucional.

Ante estos episodios recuerdo lo que mi colega Graciana Peñafort expusiera acerca de que “el poder parece castigar preferentemente a las mujeres que protestan”, señalando que “si al Poder lo femenino protestando le parece intolerable, al Poder Judicial pareciera resultarle aún más intolerable”.

A lo que agregaría: el Poder Judicial, ¿no sería más tolerable si hubiera más juezas mujeres?

 

 

 

* La autora es profesora consulta de la Derecho Penal en la Facultad de Derecho (UBA) y ex jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

 

 

 

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