Más ganan, menos pagan

 

La exportación de langostinos capturados en aguas patagónicas está por superar sus propias marcas récords. Este alimento premium representa más de la mitad de las divisas que aporta el sector de la pesca. Mejoró en más del 40% el precio internacional, recuperó mercados internacionales, aumentó la demanda, no paró la actividad por la pandemia del Covid-19 y no tiene cupo de exportación, a diferencia de la carne.

Los cuatro puertos de Chubut son el epicentro del langostino en la Argentina en ese inmejorable contexto de mercado global. El éxito de la zafra de la presente temporada lo anticipan las propias cifras de la cartera de Pesca provincial. Aun así, Chubut –endeudada y en crisis económica y política desde hace cuatro años– le refinanció a las empresas del sector el pago en cuotas de un canon provincial destinado a la protección del medio ambiente de los municipios costeros donde operan esas firmas y la propia provincia. El Fondo Ambiental Pesquero (FAP), o canon al langostino, es objeto de discusión desde su creación en 2018, pero sólo en sectores más involucrados con la actividad, a diferencia del proyecto de zonificación para la megaminería que se instaló en la agenda pública desde la base social y política.

De alto valor nutricional y bajo en grasas, el langostino es un alimento que millones de argentinos jamás probaron ni podrán hacerlo por su alto precio en el mercado interno, que lo convierte en producto de la gastronomía para altos ingresos. A la vez, la sobre-explotación pesquera, la destrucción de los hábitats marinos y la fragilidad de la seguridad alimentaria son parte del daño colateral del boom del langostino, tanto en la tierra como en el agua.

 

 

Al mismo tiempo que no cobra recursos propios, el gobierno de Mariano Arcioni apura cambios en la ley de pesca local en la Legislatura. El último jueves, una comisión trató algunas observaciones al proyecto que el oficialismo presentó a fines del año pasado. Funcionarios del área sostienen que “la ley de pesca actual tiene declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte, por eso buscamos modificarlo en base a esas opiniones y lo presentamos en la Legislatura con el consenso de todos los actores”. La posibilidad de otorgar permisos de pesca permanentes es uno de los aspectos más cuestionables, ya que supone transferir al capital privado el usufructo de bienes naturales de interés colectivo.

 

Concentración y lobby

A casi tres años del canon al langostino, la provincia sólo recaudó 12,6 millones de pesos y únicamente una empresa de Chubut pagó dos veces en forma voluntaria. De acuerdo a los desembarcos de cajones por los puertos provinciales en los últimos tres años, la gestión Arcioni tendría que haber recaudado, aproximadamente, 850 millones de pesos. Sin embargo, por el fuerte lobby empresarial, respaldado por funcionarios provinciales, sólo embolsó el 1,48% del total, según un informe del Ministerio de Ambiente que publicó Metadata. Ambiente es autoridad de aplicación de la ley 620 del FAP; Pesca la que expresa el lobby a favor del capital concentrado, de acuerdo a fuentes locales.

Una década atrás, en la pesquería de langostino del golfo San Jorge operaba una flota congeladora tangonera (o langostinera), compuesta por 80 embarcaciones, responsable de más del 75% de los desembarques de langostino realizados en la Argentina, constituyendo la pesquería de crustáceos de mayor relevancia en América del Sur, según un trabajo publicado en 2011. Ese panorama es previo a la creación del FAP, y se sostiene, según la lectura de los detallados informes que publica el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Una empresa radicada en Mar del Plata cuestionó judicialmente la existencia del canon, caso que perdió. A pesar de que la Justicia no hizo lugar al planteo, solamente una firma lo pagó regularmente y unas pocas, de vez en cuando. A los morosos que facturan en dólares, ahora la provincia le cobrará en cómodas cuotas por un plazo de hasta cuatro años, informó Gabriel Aguilar, titular de la Secretaría de Pesca de Chubut.

 

 

Pesquera Chiarmar S.A., radicada en Mar del Plata con participación de capitales chinos, es la mejor pagadora. Y, aunque los barcos provinciales pagan el 50% del valor del canon fijado en la ley, a abril de este año, la única que lo abonó fue Faro Chubut S.R.L. Prueba de que las cuentas poco claras no empañan las relaciones, las deudoras hacen campañas de forestación en las escuelas públicas.

Uno de los argumentos contra el canon es que las empresas trasladan ese monto a los haberes de los trabajadores, por lo que la legisladora Rosana Artero presentó un proyecto de ley para salvar esa cuestión. De todos modos, el argumento sería más demagógico que real, según la consulta a abogados que litigan en el fuero laboral.

Aguilar usa mucho Twitter, pero poco las vías institucionales para brindar información oficial. Así se deduce de una solicitada que recientemente publicó Artero, en la que le reclama al funcionario que responda los pedidos de informes ante la Legislatura.

 

Recursos propios y autonomía política

El FAP determina ingresos propios y directos para los municipios de Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Camarones –en cuyos puertos operan las empresas que capturan langostino–, así como para la administración provincial, que la última semana volvió a obtener autorización de la Legislatura para seguir endeudándose, a fin de afrontar los salarios de los trabajadores estatales. Los exportadores de la pesca no sólo no perdieron en pandemia, sino que conforman uno de los sectores de la economía beneficiados por las políticas del gobierno nacional.

En los últimos meses, el sector celebró la reanudación de la exportación de langostinos a Brasil y el ingreso de firmas argentinas al mercado de Costa Rica, un país con un mercado pesquero muy dinámico. La Argentina coloca el producto en China, mercado que seguirá creciendo.

 

 

Aunque importantes, los embates por el FAP son las escaramuzas por la pelea de fondo en uno de cuyos rincones está la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH). El sector más concentrado de los capitales de la pesca está representado por esa cámara, que el jueves último convalidó una vez más, en una comisión legislativa, el proyecto del oficialismo para reformar la ley de pesca, de acuerdo a una fuente de ese ámbito. En cambio, la Cámara Pesquera de Chubut (CAPECH) es crítica, como volvió a mostrarlo en esa misma reunión.

 

 

Pero no todo es dinero. Lo que se resuelva tendrá impacto directo en las aguas continentales del Atlántico sur. Según un estudio desarrollado por investigadores de la provincia, “el norte del golfo San Jorge es un área relevante en términos de biodiversidad y productividad. Se caracteriza por una alta diversidad de ambientes costeros y marinos, los cuales sirven de áreas de reproducción y cría a distintas especies de peces, invertebrados, aves, mamíferos marinos y áreas de alimentación y descanso de especies migratorias. El valor ambiental del sector norte de este golfo motivó la creación de un área protegida costera de 750 kilómetros cuadrados, administrada en forma conjunta por la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia del Chubut (Ley Nacional 26.446/2008)”.

Cualquier similitud con el impuesto a las grandes fortunas es pura casualidad.

 

 

 

 

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