MÁS CLARO QUE EL CRYSTAL

A quince años del triple crimen de General Rodríguez, un libro de investigación establece la participación en el delito, y en el tráfico de drogas, de los aparatos de Inteligencia de la Argentina y los Estados Unidos. Sus autores son el periodista Agustín Ceruse y el hermano de uno de los asesinados, Diego Ferrón. Lo que sigue es el detallado Epílogo de la obra, editada por Dunken.

 

 

A quince años del triple crimen de General Rodríguez, existen tres teorías acerca del autor intelectual: la sospecha de que Ibar Esteban Pérez Corradi mandó a matar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina para quedarse con el negocio de la efedrina; la pista de los mexicanos enojados por el juego a dos puntas de las víctimas; y el hilo invisible de los servicios de inteligencia locales y extranjeros.

Pérez Corradi fue el primer gran sospechoso. Estuvo preso entre octu­bre de 2008 y octubre de 2011 a la espera de la extradición por tráfico de oxicodona. En ese período, el fiscal Juan Ignacio Bidone nunca lo indagó por el triple crimen. Como estaba imputado en la “mafia de los medica­mentos”, la Argentina no lo pudo entregar a los Estados Unidos. Tras tres años en prisión preventiva, fue excarcelado. Recién en marzo del 2012, el fiscal ordenó la detención internacional. El acusado se escondió en la triple frontera, pero cayó en junio de 2016. De vuelta en el país, declaró como imputado colaborador.

Recibió tres condenas: por el tráfico de 13 toneladas de efedrina hacia cárteles mexicanos, por el contrabando de 50 kilos más como si fuera pólvora y por lavado de activos.

Cuando recuperó la libertad en agosto del 2021, Estados Unidos desis­tió de la extradición.

Después de todo este proceso, la jueza federal María Servini llegó a la conclusión de que Pérez Corradi no era “el dueño” del negocio y que las víctimas no pretendían “cagárselo”.

Al decretar la falta de mérito, la magistrada consideró que el instigador pudo ser alguien de la organización narco-criminal que estaba por encima del acusado y que tal vez él ocupó otro rol, por ejemplo, entregar informa­ción sobre las víctimas.

La jueza hizo algo que no se había hecho: reconstruyó los últimos días de los tres, no solo de Forza y Ferrón. Así comprobó que Bina llevaba un año trabajando para el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe.

En la semana previa, buscaban convertirse en proveedores de Juan Jesús Martínez Espinoza y al mismo tiempo del jefe de Bina. De ahí nació la teoría de que el “doble juego” pudo ser el disparador.

Martínez Espinoza fue sentenciado a 14 años de prisión por fabricar crystal a base de efedrina en la quinta de Ingeniero Maschwitz. Cuando cumplió la mitad de la pena, recibió el beneficio de extrañamiento para extranjeros y en julio de 2016 regresó libre a su país.

Pozas Iturbe fue condenado por el tráfico de cocaína a través de “mu­las” y por el contrabando de 1496 kilos de efedrina hacia México y Guate­mala, en este caso con los amigos de Bina.

Estos narcotraficantes mexicanos fueron investigados por jueces, fis­cales y tribunales. Ni ellos ni Servini hallaron pruebas que los relacionaran con los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Mar­celo Schillaci, condenados como partícipes necesarios.

Los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina perjudicaron a Pérez Corradi, Martínez Espinoza, Pozas Iturbe y tantos otros: el Gobierno restringió al máximo la importación de efedrina.

En un cable de enero de 2009, el embajador Earl Anthony Wayne celebró la decisión: “Afortunadamente, el decreto parece haber detenido en gran medida la fácil importación de efedrina, tal vez anticipándose a la aparición de una ruta de tráfico permanente desdela Argentina hacia México y Estados Unidos”.

En silencio y no sin miedo, en el juzgado federal de Servini tiraron un poco del hilo invisible atado a los servicios de inteligencia.

Esta pista sobrevoló el expediente desde el principio, pero fue muy cambiante.

Solange Bellone declaró el primer día que a Forza, además de sus acreedores, también lo presionaba Julio César Pose, “empleado de la Se­cretaría de Inteligencia (SIDE)”.

El abogado de las familias, Miguel Ángel Pierri, fue más allá: solicitó averiguar si Forza tenía “algún tipo de vínculo” con la SIDE y la Drug Enforcement Administration (DEA).

En septiembre del 2008, mientras los detectives estaban atentos a las con­versaciones de Pose, la agencia estadounidense consiguió que declarara como testigo de identidad reservada ante el juez federal de la “ruta de la efedrina”.

Cuando la investigación por el triple crimen pasó al fuero provincial, declaró como testigo varias veces.

En el juicio de Mercedes, Pose volvió a brindar testimonio. En el de­bate, testigos varios aclararon que muchas cosas relacionadas al caso las supieron por boca del propio Pose.

En la sentencia, la jueza María Graciela Larroque planteó sus dudas: “No omitiré mencionar los reparos que me ha generado este testigo, que traficaba información, y solo él sabía cuál era la razón para brindarla a tal o cual persona, y cuánto de verdad había en sus palabras. Al analizar otros testimonios, no he considerado lo que sabían por dichos suyos”.

Larroque, incluso, abrió el juego: “Cabe ahora analizar: ¿por qué po­dría descartarse a Pose como autor del hecho en juzgamiento?”. Porque Pose ganaba dinero por las funciones que cumplía para Forza: “Su desapa­rición le significó, además de todo lo que se puede sentir frente a semejante afrenta a la vida, la pérdida de un trabajo”.

Evidentemente, no escuchó las “escuchas”: “El Gitano” ganaba plata como informante de la DEA.

Al final, la jueza que lideró el fallo dejó abierto el interrogante: “Aun­que inclino mi convicción hacia la inocencia de Pose, lo trascendental es preguntarse si poniendo a Pose del lado de los responsables, ¿ello excluye a los encartados en autos?”, es decir los Lanatta y los Schillaci, “mi respuesta es certeramente negativa”.

En junio del 2016, cuando se hizo cargo del caso, Servini citó a Pose como testigo y este entregó informes hechos para la SIDE y la DEA.

Pero a medida que se sumergió en el submundo de la efedrina, comen­zó a sospechar: “¿A qué Pose le creemos? ¿Al de las escuchas borradas, al que declara, al de las anotaciones? En lo personal, a ninguno. Si hay algo que no se duda de Pose es que va a cuidar sus intereses, y él estuvo muy vinculado a todo el entramado de negocios ilícitos y traiciones de los días anteriores a los homicidios”.

“Un hombre preparado, con años de oficio y en constante búsqueda de información, armado de operativos y a la caza de premios, que amenaza por mail y le advierte a una de las víctimas que ‘los mexicanos estaban calientes’, logrando así hacer las paces y obtener información del provee­dor de Forza –Lanatta–. Al día siguiente, 5 de agosto de 2008, concurre a la reunión de las víctimas con Pozas Iturbe, pero a su vez las incentiva a hablar con ‘el cártel rival’ –con el teléfono que él había llevado– (y luego informa sobre intentos de socavamiento de Pozas Iturbe por parte de Forza y lo sindica como quien ‘reclutó’ a Bina). Nuevamente se reúne con las víc­timas el 6 de agosto y, estando en el club Liniers, mantiene comunicaciones con Martínez Espinoza; cosa que también repite el fatídico 7 de agosto. Pero resulta que, pese a todo ello y a que las víctimas iban a realizar un negocio millonario por el que él también recibiría dinero (de la comisión por la venta de la droguería), no tiene prácticamente ni la menor idea de la operación que Forza y las otras dos víctimas iban a hacer el 7 de agosto”.

La jueza marcó una coincidencia con Lanatta: “Pose fue consultado si reconocía el abonado 1166351485, negándolo y comprometiéndose a averiguar al respecto. Bien, lo curioso es que ese abonado resulta ni más ni menos que el único teléfono que Pose utilizó para hablar con Forza desde el 29 de julio de 2008 hasta el día de su muerte (a excepción de dos lla­madas entrantes de Forza a otra línea). La misma mecánica que utilizó el condenado Lanatta respecto del abonado 1169900830, que utilizó desde el 1 de agosto para comunicarse con Forza, reunir a las tres víctimas y luego tenderles la emboscada”75.

Por esos y otros motivos, la jueza Servini ordenó en abril de 2021 in­vestigar “la posible participación de Pose en los hechos”.

Para ese momento, Pose ya no era un simple informante de la DEA. En diciembre de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 1 porteño lo sentenció a 4 años de prisión por el transporte de estupefacientes en calidad de partícipe necesario.

Fue por mayoría. El juez Adrián Grünberg votó por la absolución: “No puede achacarse a Pose que las autoridades de la DEA o de la Gendarmería no hubieran anoticiado a un juez federal acerca de la actividad de infiltra­ción que Pose estaba llevando a cabo”.

“Entiendo que no debe perderse el eje en cuestión: no se ha juzgado aquí a la DEA ni se ha polemizado sobre la injerencia que ha tenido dicha agencia en nuestro país. Es sabido que dicha agencia ha venido costeando y organizando no solo cursos o conferencias sino incluso viajes a los Estados Unidos de jueces y fiscales. Pero es ahora Pose el ‘inmoral’ que cobraba recompensas o premios”.

Pero ni la agencia ni el informante tenían autorización para operar.

Así, el 8 de octubre de 2020, Pose se convirtió en el primer hombre de la DEA condenado en la Argentina.

Dos años después, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo por mayoría, confirmó la sentencia.

Tuvieron que transcurrir 19 años de la operación “Flor de Acero” para que Pose empezara a cumplir la pena. Fue el 16 de diciembre de 2022, por pedido del fiscal de juicio Marcelo Colombo y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, al borde de los 70 años.

De regreso al triple crimen, antes de plantear abiertamente sus dudas acerca del “Gitano”, la jueza Servini intentó la colaboración de la DEA. Para eso, en marzo de 2018, requirió a la oficina de la agencia y a la Em­bajada de Estados Unidos en Buenos Aires información que podría ser “de suma utilidad para el descubrimiento de la verdad”.

La magistrada quiso saber de la DEA “cómo obtuvo la información” aportada en varios expedientes y “si ciudadanos argentinos brindaron co­laboración”. Y especificó:

–“¿Cuál era el vínculo entre Pose y la DEA en el período 2007/2008? ¿Cuáles eran las funciones desarrolladas por él? Si el nombrado intervino en investigaciones llevadas a cabo en nuestro país, informe en detalle cada una de ellas”.

–“Explique las tareas desarrolladas por el agente Russell Baer en terri­torio de nuestro país durante el 2008 y los vínculos con Pose”.

–“Haga saber a esta judicatura toda información que posea sobre Pérez Corradi, Martínez Espinoza, Cota Lomeli y Pozas Iturbe como así también los vínculos de estos con Forza, Ferrón y Bina”.

–“Aporte toda la información relativa a una reunión llevada a cabo por personal de la DEA en la oficina de la Policía Federal”.

–“Requiérase la urgente remisión de los archivos extraídos de las dis­tintas computadoras de Forza”.

–“Remita toda la información que le fuera oportunamente aportada por Forza a este organismo”.

El jefe de la DEA en la Argentina adelantó que por disposiciones inter­nas, no podía revelar las identidades de los informantes. También negó la computadora de Forza. Después, sí, “se comprometió a colaborar” en todo cuanto estuviera a su alcance.

Con ese norte, la jueza Servini lo recibió varias veces en el despacho. Pero la DEA no estaba dispuesta a contestar ciertas cuestiones.

El 27 de agosto de 2018, tras cinco meses de negociar las preguntas, el agregado de la agencia estadounidense respondió.

La mayor parte de la información entregada versaba sobre las activi­dades de los narcotraficantes mexicanos que ya estaban en la mira. Tal vez lo más novedoso fueron dos fechas:

–¿Cuándo apareció por primera vez en escena Pérez Corradi en el caso por la oxicodona?

–20 de junio de 2007.

–¿Cuándo tuvieron por primera vez información sobre Forza y su vin­culación con la efedrina?

–23 de julio de 2008.

Más allá de eso, la DEA nunca explicó qué hicieron Baer y Pose el año en el que Buenos Aires pareció ser Sinaloa.

El silencio fue constante en estos quince años. El silencio y el miedo. A los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina se sumaron las extrañas muertes de Ariel Vilán y Emiliano Marcos.

El silencio y el miedo se apoderaron de testigos y de los condenados. Porque si bien Martín Lanatta habló en la Justicia y en la televisión, nunca aportó pruebas para sostener sus versiones.

Cuando se iba el 2022, otro de los culpables tuvo una oportunidad inmejorable para salir de la cárcel. Como su esposa falleció y su hijo de 14 quedó al cuidado de su hijo de 20, Marcelo Schillaci solicitó la prisión domiciliaria para hacerse cargo de aquellos.

La jueza de ejecución penal Marcela Otermin ordenó un informe socio-ambiental para tener en cuenta el interés de los menores. Por la ley de víctimas, además, pidió la opinión de las tres familias. Los Ferrón ofre­cieron un trato: aceptar el pedido solo si antes aportaba información que permitiera terminar de esclarecer el triple crimen.

“Como particular damnificada –expresó la mamá de Damián–, no me opongo por lo sucedido sino porque el cumplimiento de la pena tiene por finalidad la reinserción del interno en la sociedad. Para eso, es necesario que reconozca el delito cometido –hasta ahora no mostró arrepentimiento– y que colabore en la búsqueda de justicia”.

Hay cosas que Schillaci y los otros tres no pueden no saber: quién los contrató, cuánto les pagó, quiénes dispararon, dónde los ejecutaron, dónde mantuvieron los cuerpos durante seis días y cómo fue el apoyo institucio­nal. En fin, quién es el autor intelectual del triple crimen.

Después de vivir diez años en la cárcel, Schillaci tuvo la oportunidad de regresar a casa, pero, otra vez, el silencio pudo más. Luego, la magistra­da rechazó el pedido porque uno de los hijos trabajaba, se hacía cargo del hogar y estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad.

Pérez Corradi, aunque aportó y mucho sobre el tráfico de efedrina, si algo sabe sobre el triple crimen, se lo llevará a la tumba.

Al cierre de este libro, el juicio contra las autoridades de la Sedronar no había comenzado. Josué Fuks, el mayor importador, seguía en Israel. Armando Juliani, el eslabón perdido de Ingeniero Maschwitz, vivía tran­quilo en la costa. El fiscal Bidone fue condenado como partícipe de las extorsiones de Marcelo D’Alessio.

Para vencer el silencio, los autores del libro, no sin miedo, fuimos en busca de respuestas. Primero leímos las 36.000 hojas del expediente, analizamos la “ruta de la efedrina” a nivel global para entender el negocio y reinterpretamos las autopsias, las escenas del triple crimen y los mensajes, todo con una valoración conjunta.

Otra vez, nos topamos con el miedo de unos y el silencio de otros. No solo sobre las circunstancias alrededor de las ejecuciones de Forza, Ferrón y Bina sino también sobre el rol de los servicios de inteligencia en el tráfico de efedrina y las operaciones de contrainteligencia para hacer control de daños.

Pero no nos rendimos. En el libro desarrollamos las tres teorías. Como la jueza Servini ordenó investigar “la posible participación de Pose en los hechos”, pero fue la hipótesis menos explorada, decidimos tirar de ese hilo invisible.

Entonces, nos contactamos con Pose, Guillermo González, Baer y la oficina de prensa de la DEA y la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, les informamos que publicaríamos un libro sobre el caso y que los mencionaríamos y, por tal motivo, les ofrecíamos la posibilidad de contestar preguntas como derecho a réplica.

La DEA rechazó la invitación.

El agente especial Baer también.

El comisario González dijo no poder hacerlo.

Pose sí aceptó. Como estaba en prisión domiciliaria, le propusimos ha­cer la entrevista en su casa. Pidió tiempo porque tenía un pequeño problema de salud. Entonces, le ofrecimos enviar preguntas por escrito. Eran más de 20. Cuando las leyó, cambió de postura: “Leí atentamente sus preguntas. Me parece más a un interrogatorio que a preguntas para un libro. Discul­pen, pero no tengo por qué responder por la DEA. Actué y brindé infor­mación completa de lo que supe a la Justicia. Es todo lo que puedo decir”.

Algunos de los puntos a saber eran los siguientes:

–¿Por qué la DEA no reconoció ante la Justicia la participación de la propia agencia en la obtención de información previa que permitió desba­ratar la quinta de Ingeniero Maschwitz?

–¿Cuáles fueron las tareas que la DEA le asignó a usted en su relación con Forza?

–¿Por qué usted trianguló llamadas el 7 de agosto de 2008 entre Mar­tínez Espinoza y Forza?

–¿Usted, la DEA o alguna persona vinculada a la agencia estuvo invo­lucrada en el triple crimen?

–¿Quién se benefició con el triple crimen de General Rodríguez?

Esas y otras preguntas fueron las que no quiso responder.

Como en todos estos años, otra vez imperó el silencio.

Un silencio que preferimos contar.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí