MARRÓN OSCURO
La jueza del caso Facundo, una vida en el fuero federal, bajo el paraguas político del senador Linares
Tal como El Cohete adelantara la semana pasada, la jueza Gabriela Marrón no habría de indagar, y mucho menos detener, a los policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González, quienes tuvieron con vida por última vez a Facundo Astudillo Castro hace 108 días.
Así lo confirmó la magistrada el miércoles 12 luego de que un corte de luz frustrara una audiencia por Zoom que analizaría el pedido de recusación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez por parte de la querella, acompañada de la Comisión Bonaerense por la Memoria.
Aprovechó esa jornada para avanzar (es un modo de decir) sobre el pedido contra los uniformados. A contrapelo de un inicial pedido del fiscal para detener a Sosa y Curuhinca, que la jueza rechazara por “prematuro”, hubo un segundo pedido por parte de la querella, que fue rechazado ¡pero por el mismo fiscal que antes estaba a favor de la detención!
Ahora la jueza vino a decir que si el fiscal no acompañaba el pedido, ella no puede hacer nada: “Frente a la manifiesta inexistencia de impulso y promoción de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal” (se ve) “impedida de adentrar a valorar la solicitud de las querellas, bajo inobservancia de aspectos esenciales”.
El abogado Leandro Aparicio no exuda optimismo cuando asevera: “Veremos si recurrimos la decisión o postergamos el pedido de detenciones para cuando haya otro fiscal”.
Desde ese Poder Judicial consideraron que los policías no pueden fugarse ni entorpecer la investigación. Como si hiciese falta.
La madre del joven de 22 años ha dicho que otro de sus hijos ha sentido la presión de tener un patrullero en la esquina. La misma intimidación se ejerció en el centésimo día de la desaparición. Ese sábado, uno de sus peritos fue seguido por la Policía hasta que entró a zona sin señal para celulares, recién entonces lo pararon para interrogarlo en plena ruta respecto de qué hacía.
Sobre el entrenador de perros rastreadores Marcos Herrero, Cristina Castro ha relatado que él recibió órdenes desde Río Negro para que regrese. “Hablé con el Presidente de la Nación, que habló con la gobernadora; pero el jefe policial dijo que ‘ella será muy gobernadora, pero acá manda otra persona’”
¿Quién es la jueza que todo lo niega?
Un 24 de marzo empezó su historia judicial, fue el día en que María Gabriela Marrón se recibió de abogada en la UBA. Sólo dos años después, desde 1994, pasó a desempeñarse en el fuero federal de Bahía Blanca, donde el jefe comunal era Jaime Linares.
Allí fue secretaria del fiscal Nicolás De la Cruz hasta que en septiembre de 2010, cuando murió Luis Dardanelli Alsina, titular del Juzgado Federal 2, pasó a subrogarlo, así como en el Nº 1 habrá de hacerlo Ulpiano Martínez.
En la última década actuó con la Policía Bonaerense en causas de narcotráfico o trata de personas, aunque no fue su titular definitiva sino hasta 2014, cuando su pliego fue aprobado en el Senado, donde también tenía una banca Linares.
Si bien era la quinta de la lista, compartía la espera con otros 21 jueces y once fiscales como Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital.
En aquel octubre de 2014, la comisión de Acuerdos presidida por Marcelo Guinle (FpV) tenía su atención puesta en el cargo de Fiscal de Investigaciones Administrativas que dejara el diputado Manuel Garrido y que intentaba ser ocupada desde mayo del 2009, para lo cual debió convocarse a dos concursos en pos de conformar una terna a la que aspiró el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano. Pero el elegido fue Sergio Rodríguez, quien también quedó en suspenso debido a las impugnaciones. En ese contexto, ¿quién repararía en la bahiense? Ni Aníbal Fernández la recuerda. No así Jaime Linares, quien se apersonó en el acto de encumbramiento en su ciudad.
Dos meses después, el 23 de diciembre, el Decreto PEN 2544 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 33036: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Bahía Blanca, a la Señora Doctora María Gabriela Marrón (DNI 20006458)”.
El 18 de febrero asumió como titular en un acto presidido por el camarista Luis Montesanti, acompañado por sus pares, Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes.
Luego de la feria, una de sus primeras acciones fue rechazar el pedido de detención e indagatoria de Francisco Bentivegna, ex titular del Juzgado Penal 2 durante la dictadura, considerado coautor de 22 crímenes por haber cerrado causas sin investigar o rechazado habeas corpus según se desprendió del juicio por delitos bajo jurisdicción de la Armada. Entre esos crímenes figuran los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, trabajadores del diario La Nueva Provincia.
Marrón contrarió no sólo a los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, sino también al tribunal de tres jueces que por unanimidad le remitieron el caso. “Pedimos que se lo detenga y se lo indague, pero la nueva jueza titular nos rechazó ese pedido”, lamentó Nebbia.
No obstante, no siempre fue bien vista por los represores. Así lo asentó en su blog Claudio Kussman, “interno L.U.P 345.349”, como firmaba sus cartas desde una Penitenciaría. “La mezquindad tiene cara de mujer”, escribió después de que Marrón no hiciera lugar a su carta abierta compartida a días del 40º aniversario del Golpe, en la que le recordaba su condición de “hija de un almirante y esposa de un militar designado en una embajada centroamericana”.
Carlos Alberto Marrón había sido desde 1979 el jefe de prensa de la Armada, fuerza de la que llegó a ser su jefe durante el segundo mandato menemista (1996-99). Bajo su mando, según debió admitir ante la prensa el 18 de junio de 1997, empleó a Alfredo Astiz “entre el personal del Servicio de Inteligencia Naval”, para “tareas de inteligencia militar exterior” en especial con Chile, y como “personal civil”.
Luego, recomendado por Esteban Caselli, fue a la gobernación bonaerense de Carlos Ruckauf para hacerse cargo de Astillero Río Santiago, donde duró tres días hábiles, el tiempo que le llevó enterarse que, según su versión, querían usarlo para aplicar recortes presupuestarios. Murió en 2003.
La jueza soportó que le enrostraran la relación familiar con el almirante a partir de su accionar en una denuncia contra la Armada presentada por el cabo Miguel Ángel Méndez, obligado a limpiar una bodega sólo munido de un barbijo, lo que le provocó una intoxicación por inhalación de carbón mineral.
Durante esa negligencia en la embarcación Cabo de Hornos, amarrada al puerto de la empresa Copetro, en La Plata (2010), Méndez denunció a doce altos mandos pero, en 2017, una semana después de que declarara ante la jueza, lo echaron de la Armada por eso mismo, según le relató al periodista Bruno Yacono en 2018. Todo este tiempo pugnó por el avance de una investigación que, dijo, “está paralizada”, por una jueza vinculada a la fuerza — la hija del almirante Marrón.
Ella siguió su carrera, participó de la Comisión Judicial Para La Lucha Contra El Narcotráfico convocada por la Corte Suprema (noviembre de 2015); participó de allanamientos que, a juicio de concejales del Frente para la Victoria, parecieron dirigidos por la política más que por la ley, y se hizo un lugar en la comunidad, que la convocó para disertar acerca del “empoderamiento femenino” en el Consulado de Italia en Bahía Blanca (julio de 2019).
Poco después tuvo otro entredicho con sus superiores a partir de que declaró “incompetente” a la Justicia Federal para decidir sobre una medida cautelar en torno a una zona bajo control de la Prefectura, una fuerza federal.
El caso devino de la licitación 4/2019 para el dragado de acceso al puerto y a la Base Naval de Puerto Belgrano, que el Consorcio de Gestión del Puerto adjudicó a la UTE integrada por Dyopsa y la holandesa Van Oord. Tal adjudicación fue cuestionada por la Compañía Sudamericana de Dragados que, al quedar afuera, argumentó un pedido para suspenderla.
Cuando le llegó el expediente, Marrón lo giró al fuero Comercial, no obstante que el Ministerio Público Fiscal ya se había expedido en favor de su competencia.
No tardó en ver revocada su decisión por los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Daniel Amabile: “La naturaleza de las tareas (…) constituye una cuestión de almirantazgo y jurisdicción marítima (…) el interés federal no se encuentra ausente”.
No fue su único traspié en ese septiembre.
Miembro al fin de la familia judicial, insistió en acomodar a una prosecretaria administrativa (Cecilia Reta) a pesar de que la Corte Suprema dejara sin efecto la primera designación. Para ello, debió relegar a alguien con mejor escalafón (Emma Talavera), representante de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Por ello, se hizo acreedora de una denuncia pública de Julio Piumato, secretario general de la UEJN, quien posteó en Twitter: #EscandaloEnJusticiaFederalDeBahiaBlanca “Con jueces federales así, qué pueden esperar los bahienses?”.
¿Quién la apadrinó?
El agrimensor Jaime Linares fue funcionario de la dictadura entre 1980 y 1983, como responsable técnico de Relevamientos y Dragados de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables en Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca, la ciudad que lo vio nacer hacia 1951.
Ese antecedente, en una ciudad portuaria con gran presencia de la Armada, no fue óbice para pasar a vivir de la democracia desde el 10 de diciembre de 1983 en que fue secretario municipal de Obras y Servicios Públicos por todo el mandato de Juan Carlos Cabirón. Cuando terminó, en 1987, pasó ser concejal por la UCR hasta que, cuatro años después, ganó la Intendencia a la que se aferró durante una docena de años. En esos tres periodos consolidó un manejo del territorio que le permitió, en 1999, superar los 90.000 votos, algo que –a pesar del crecimiento demográfico– no pudo ser alcanzado sino hasta dos décadas más tarde.
En este siglo se dedicó a representar a su sexta sección electoral como diputado provincial desde 2005. Dos años después acompañó a Margarita Stolbizer en la fórmula por la gobernación que perderían ante Daniel Scioli. Dejó la Legislatura en la que había sido reelecto y, por el Frente Amplio Progresista (FAP), ascendió al Senado nacional en 2011 (cuando su hermana Virginia entró como diputada). Allí fue secretario de la Comisión de Agricultura presidida por Alfredo De Ángeli.
Se postuló a la gobernación de Buenos Aires en 2015, cuando Stolbizer jugó a alcanzar la Rosada. A pesar de la campaña, no faltó a las sesiones; ni siquiera entregó todo el dinero anual del que disponía para becas y subsidios. Eso sí, cuando se le requirió por su declaración jurada de bienes, contestó: “No la presento una mierda”, según consignó el diario La Nueva.
En diciembre de 2016 fue electo presidente del partido GEN. Consustanciado con la democracia de la que vivió más de tres décadas, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2x1 al genocida Luis Muiña, cuando faltaban siete meses de 2017 para terminar su mandato.
Al cierre de esta edición no había respondido los mensajes a su celular por parte de El Cohete.
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