Marijuan tras la marihuana de Morales

 

Gerardo Morales ultima detalles para comenzar con la mayor plantación de marihuana del mundo, como la mencionan en el exterior, bajo el paraguas de la Ley 26.350/17 del cannabis medicinal – delta 8 products. Pero es altamente probable que no sea lo que parece, sino la cobertura legal de un negocio ilegal. Acaso existe un dato que ya lo está mostrando. Obtuvo un acuerdo para importar 10 kilos de semillas de cannabis sativa. Los 10 kilos ahora son 300 gramos. Y pese a que todo estaba previsto para que sus socios norteamericanos envíen las semillas entre diciembre y enero, aún no pudieron encontrar la forma de entrar porque es ilegal.

 

 

La Ley 27.350 de 2017 regula la investigación y el uso de cannabis con fines medicinales con el objeto de, entre otros, garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa. Es decir, ni en su espíritu ni en su reglamentación posterior ni en las resoluciones siguientes habla de comercialización. Sin embargo, Morales creó una Sociedad del Estado con amplio espectro que contempla la producción, explotación y comercialización del aceite de cannabis a escala nacional e internacional. El emperador primero está tan contento que acaba de convocar a las cámaras tabacaleras a subirse a la ola que, dice, puede cambiar la matriz productiva de la provincia.

 

La iniciativa de Cultivo y Producción de Cannabis con fines Científicos, Medicinales y Terapéuticos está marcando un hito en Jujuy. Hoy firmamos un convenio de cooperación con la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. https://t.co/5oY4ncHUNg pic.twitter.com/dizKvy4MZL

— Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 6, 2019

 

Ese es el eje más claro del problema. Pero no el único. La explotación está prevista en 35 hectáreas de la Finca El Pongo, 14.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas alrededor del aeropuerto de Perico. La planta será operada por Cannabis Avatara Sociedad del Estado, creada en noviembre del año pasado por el gobierno, a velocidad express, y dirigida por el hijo del gobernador. Y por Player's Network Inc., controlante de Green Leaf Farms Internacional, uno de los principales fondos de inversión norteamericano dedicado a la comercialización legal del cannabis no sólo medicinal. La compañía cree que la tendencia a legalizar la marihuana continuará —dice en su página oficial— y creará enormes oportunidades de crecimiento para sus accionistas a medida que continúe con su estrategia comercial mediante adquisiciones, empresas conjuntas e inversiones en nuevas oportunidades de mercados emergentes. En ese contexto, se entiende un comunicado  a sus accionistas, el 12 de noviembre de 2018. Allí dicen textualmente que la producción de Jujuy también se usará para el consumo adulto, la forma de hablar del consumo recreativo en Estados Unidos.

"Esta empresa conjunta ha obtenido los permisos para cultivar, extraer, fabricar y exportar productos a base de cannabis a otros países donde dichos productos son legales". Y luego: "Los productos que se producirán en virtud del acuerdo (con Jujuy) incluyen: cáñamo industrial, marihuana medicinal y adulta para exportar a los Estados Unidos, Canadá y mercados internacionales emergentes".

 

 

El acuerdo con los norteamericanos es vinculante. Y  si todo prospera hay que esperar que Jujuy se convierta en un monumental centro de abastecimiento de cannabis medicinal y recreativo para mercados legales, fronteras afuera. Tal vez por eso los socios no paran de publicar comunicados con buenas noticias de la Argentina. Están exultantes. Mark Bradley dice que esto es lo mejor que le pasó en toda su carrera. Que hay tierras y tierras para cultivar. Que tendrán millones de invernaderos. Y no es para menos. Hasta ahora sólo tenía 2 hectáreas para producción en Las Vegas (Nevada) y Monterey (California). Aquí acceden a 35 para la primera etapa, motivo por el cual presentan el proyecto con pocas palabras: la mayor plantación de marihuana del mundo. O, la tierra que se ha asignado para la empresa conjunta es casi 1000 veces mayor que la granja legal de cannabis más grande de los Estados Unidos.

En ese sentido, los comunicados de Green Leaf Farms son una gran fuente de datos. Uno de ellos es sobre la extensión de la tierra pactada. Morales firmó un acuerdo con el INTA por 35 hectáreas, pero los Verdes norteamericanos no hablan de 35 hectáreas, sino de un proyecto sobre las 14.000.

 

 

Y continúa:

 

 

El jueves pasado, el fiscal federal porteño Guillermo Marijuan, el pocero de la Patagonia, decidió probar mejor éxito en el norte y dar curso a una denuncia. Aunque técnicamente se llama pedido de investigación preliminar por infracción a la Ley de drogas 27.737. El abogado Adrián Krmpotic pidió entre las medidas de prueba expedientes y testimoniales de Gastón Morales y de Mark Bradley, CEO de la controlante de Green Leaf Farms. Krmpotic no duda que todo es ilegal: porque —dice— no hay ningún marco normativo que permita la producción de droga en el país con fines de comercialización. Y esto es lo que Morales dice que hace en la provincia. "La 27.350 es un paraguas que en realidad se les agujereó por todos lados", sigue Krmpotic. "La ley no habla en ningún momento de comercialización del producto, al contrario habla de investigación, experimentación y, además aclara: con el objeto de proveer de manera gratuita a quienes pudieran necesitarlo luego de inscribirse en un registro o para quienes necesiten aceite de cannabis, siempre con carácter gratuito. En ningún caso, habla de habilitación para comercializar, mucho menos para transportar droga y mucho menos para importar o exportar derivados del cannabis: esto no tiene ningún paraguas legal, ni siquiera en la Ley que sancionó la provincia".

 

 

Express

La ley de cannabis medicinal salió el 29 de marzo de 2017. Como se dijo, regula la investigación y el uso de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados a quienes padecen problemas de salud. Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, incorpora para habilitación y monitoreo al INTA y el Conicet y deja la seguridad de los predios e instalaciones a cargo del Ministerio de Seguridad. La Ley se reglamentó en septiembre de 2017 y la Resolución 1537-E/2017 restringió sus alcances para "personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de Cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes”.

Ese es el marco legal del que habla Krmpotic. En mayo 2017, la Legislatura de Jujuy adhirió a la Ley nacional con la Ley 6.012. Tanto que Juan Manuel Esquivel —uno de los dos diputados de la oposición que hoy hablan de Narcoestado— no objetó el proyecto porque estaba dentro de las reglas de humanidad. Recién en agosto de 2018 el escenario comenzó a cambiar, volverse sospechoso y acelerarse, posiblemente porque estaban los preacuerdos con los norteamericanos. En cuatro meses, pasó lo siguiente:

• 3 de agosto: Morales pidió una inspección y habilitación para el predio provincial denominado Finca el Pongo al Ministerio de Seguridad.
• 14 de septiembre: Morales reglamenta la Ley 6.012/17 vía Decreto 6622/18. Allí comienza a aparecer alguna línea acerca de la comercialización.
• 10 de octubre: La Legislatura de Jujuy aprueba Ley 6.088 de creación de Cannabis Avatara Sociedad del Estado (CANNAVA S.E.).
• 12 de noviembre: Morales aprueba el Estatuto de CANNAVA S.E. por Decreto 8037.
• 12 de noviembre: Mark Bradley de Green Leaf Farms anuncia en su página web el acuerdo con CANNAVA S.E. para explotar asociadamente “la mayor plantación de marihuana del mundo”.
• 29 de noviembre: La Delegación del INTA regional y el Gobierno de Jujuy aprueban la Etapa 1 del Programa Provincial de Promoción del Cultivo y la Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos.
• 31 de enero: El Ministerio de Seguridad de Nación habilita la finca El Pongo para el cultivo de Cannabis por Resolución 76/2019.

Todo esto ocurrió mientras otros proyectos no avanzan. Leticia Ceriani integra la Fundación Soberanía Sanitaria, que acaba de publicar un informe con Mamá Cultiva, una de las organizaciones impulsoras de la Ley de cannabis medicinal. El informe cita el antecedente del Laboratario de Producción Pública de medicamentos de Santa Fe que espera hace un año la autorización del ANMAT para importar 50 kilos de flores de cannabis donadas por Uruguay para extraer y producir el aceite medicinal. Ella también menciona el caso de un municipio de la provincia de Buenos Aires que pidió asociarse a la universidad de La Plata para producir aceite y no obtuvo autorización. En ese contexto, cree que Jujuy avanzó no tanto por lealtades políticas sino por negocio: el resto de los proyectos sólo querían producir aceite para tratar a las personas que lo necesitan y en forma gratuita, dice, pero Jujuy además de aceite plantea trabajar en los derivados del cannabis, cáñamo, papel, y exportar lo que resulta en un proyecto económico mucho mejor.

 

El Pongo

El Pongo es un predio fiscal con rellenos sanitarios y hectáreas destinadas hasta ahora a la agrícultura de pequeña escala. El proyecto plantea un desplazamiento de esos agricultores (motivo por el cual hubo tres manifestaciones en Jujuy). Y un programa que tiene todo pensado para hacerse en serio. Las pautas elaboradas por el INTA tienen muchos detalles y establecieron método, tiempos y cantidad de producción posible. Aquí, una síntesis:

• Establecieron que el comienzo de actividades iba a hacerse entre diciembre y enero de 2019, con importación de un banco de semillas internacionalmente legales de cannabis sativa, medicinalmente apropiados necesarias para la posterior industrialización dentro de los parámetros permitidos de THC y CBD. Originalmente eran 10 kilos. Con la primera tanda iban a cultivar 40 variedades de cepas y seleccionar las que se adaptaran mejor. Las semillas llegarían desde Estados Unidos a través de Green Leaf Farms vía compañía naviera con la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy.
• Tras las semillas, el Programa estableció la etapa de siembra. Primero, cría escalonada en área ligeramente sombreada. Luego, cuando las plantas alcancen seis a ocho pulgadas de altura, las elegidas serán trasplantadas a tierra y las otras, supuestamente destruidas. Las 35 hectáreas serán subdivididas en parcelas de media hectárea con 1.000 y 4.000 plantas por parcela. Al comienzo, habrá dos tipos de sistemas de plantación: estilo californiano y otro con técnica adaptada a las condiciones locales, similar a la utilizada para el tabaco. Una vez hecha la cosechas, "podremos comparar y evaluar el tipo de cultivo y la variedad genética que mejor se adapte a la región". El rendimiento  esperado de cada sub-parcela es de 500 a 1000 kilos de biomasa. Una vez terminada la etapa, la cosecha será depositada en un lugar de secado. Luego, el material será homogenizado y preparado para el destilado (aceite) de amplio espectro.

 

 

Los socios norteamericanos anunciaron hace varios días el envío próximo de 25.000 semillas. Sin embargo, el gobierno de Morales no encuentra la forma legal de recibirlas. Acaso ese sea el dato destacado de todo esto. Un detalle aparentemente menor ante la monumentalidad de los acuerdos o los permisos sucesivos del INTA, Ministerio de Seguridad y de Desarrollo Social. Y no pueden hacerlo porque el ingreso de semillas es ilegal. Ese mismo dilema se replica con la puesta en marcha. Según pudo saber El Cohete desde adentro del proyecto, el gobierno está nervioso porque comprometió 20.000 plantas, pero cada material que necesita incorporar tiene problemas legales porque están diseñados para la industria recreativa.  En ese sentido, por ahora todo parece puro humo.

Quizá esto explique un movimiento reciente. El gobierno abrió el juego a una compañía canadiense para una sola hectárea. Y eso generó un frente interno con los socios norteamericanos. Green Leaf Farms acaba de publicar una carta dirigida a sus accionistas. Esta vez para aclarar una falsa noticia sobre Argentina. El dato es que para hacerlo publicaron una carta firmada de puño y letra por Gastón Morales, lo que da cuenta de la sensibilidad del negocio y también del compromiso de Jujuy, hasta las manos. El hijo de Morales subraya el acuerdo con el fondo de inversión. Dice que hubo una información que salió sin su autorización sobre un supuesto acuerdo con la canadiense Blueberries Medical Corp para operar en el mismo predio El Pongo. "No es asi", dice Gastón Morales. E indica que con la canadiense Blueberries Medical Corp hicieron un acuerdo por una hectárea en un espacio fuera de El Pongo. Es decir, o comienza la etapa de expansión fuera de la finca. O buscan el modo de empezar a escala reducida.

 

 

 

Sobre cada uno de estos ejes deberá trabajar Marijuan. Y su decisión es importante. Y lo será con cualquier resultado. Si Marijuan define que la comarca con su doble realidad avanza en un proyecto prohibido, debería comenzar una investigación penal sobre los tres poderes de la provincia y los organismos de Nación porque todos firmaron acuerdos. Pero si el proyecto es declarado legal, se abre una discusión distinta. Por un lado, en la justicia federal que deberá liberar a todos aquellos detenidos por producción y comercialización de cannabis y sus derivados, es decir gran parte de la población penitenciaria, como dice el abogado Adrián Krmpotic. Por otro, en la industria: un nuevo boom verde, en este caso prohibido en el resto del mundo. Y una habilitación clara para cultivos y comercialización de la planta a escala doméstica. Un beneficio incluso para el nieto de Clara Langhe de Falcone.

 

 

 

 

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