MAREADO

 

Es un fin de año complejo para Mauricio Macri. A un paulatino debacle político en las huestes de Cambiemos, se sumaron reveses judiciales como su procesamiento por el ARA San Juan. Además, la pesquisa que avanza firme sobre la estafa en el Correo Argentino, pese a su campaña difamatoria contra la fiscala Gabriela Boquín. Y el gran escándalo por el espionaje ilegal en Capital Federal.

A esa causa se la quiere llevar a Comodoro Py. Como sea. Parecía tener un buen panorama después del dictamen favorable de la Sala I de la Cámara Federal con sede porteña. Sin embargo, después de un profuso tironeo, la jugada no le está saliendo tan bien como pensaba.

Por el momento la megacausa por el espionaje ilegal macrista continúa en Lomas de Zamora. Fue la gran novedad de esta semana: la Cámara Federal de La Plata resolvió que deberá seguir en manos de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y del juez Luis Augé. Se espera la decisión final de la Cámara de Casación Federal.

El macrismo usó todos sus operadores judiciales para conducir el expediente a Comodoro Py, donde juega de local. Hasta último momento se presentaron recursos como los del acusado Darío Nieto, ex secretario privado de Macri, pidiendo el cambio de competencia. Pero los jueces de la Cámara platense se mostraron inflexibles. En su dictamen destacaron “la gravedad de los hechos” y abogaron por una “eficaz y pronta investigación”. El argumento de peso de los camaristas fue el respeto por la investigación, a la que consideraron como “significativa” en su trayecto judicial. No es algo menor: que un tribunal superior avale una causa por el brillo de su trabajo constituye un notable antecedente.

La megacausa, en rigor, comprende tres grandes cuerpos: el Instituto Patria –con el epicentro en el espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner–, el tramo de la banda de los llamados Súper Mario Bros –que a la vez tuvo a varios macristas ente sus víctimas– y la del subgrupo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) concentrado en Ezeiza. Todo eso confluyendo en una asociación ilícita.

“Teniendo en cuenta el profuso avance del proceso penal que se viene desarrollando bajo el control del juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, considero que la pesquisa debe seguir bajo la órbita de dicho órgano jurisdiccional”, enfatizó el camarista Roberto Lemos Arias.

–La causa está unificada, los que la separaron fueron los de Py. Ya se dictaminó que los tramos son conexos y corresponde una única investigación, imposible de ser dividida –dijo una alta fuente judicial a El Cohete a la Luna.

Para el abogado querellante Alejandro Rúa las discusiones sobre la competencia se reducen a intentos desesperados de ex funcionarios macristas. Quieren llevar el caso a un lugar donde reciban mejores tratos. Lo que verdaderamente importa, dice el letrado, son los hechos. “El caudal probatorio es muy sólido como para resistir cualquier estrategia de los defensores”, resalta.

Así lo entienden los fiscales Incardona y Eyherabide, que desde comienzos de este año demostraron la existencia de una organización criminal encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Las oficinas se encuentran trabajando en una dinámica intensa, con casi dos indagatorias por día. En los últimos días se postergaron las del ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, y su ladero, Bernardo Miguens, dos piezas fundamentales del rompecabezas.

“Son dos indagatorias centrales, porque son imputados importantísimos en el esquema de la AFI”, dice otra fuente de la fiscalía a este medio. De Stéfano, formado en el radicalismo, es un conocido Angelici Boy, hombre de su confianza política y cultor del perfil bajo.

La hipótesis de la investigación es que desde la oficina de Asuntos Jurídicos procesaban las escuchas de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza. Luego se las pasaban directamente a funcionarios macristas. Se cree que Elisa Carrió armó con esa información la Operación Puf Puf, archivada en la Justicia por falta de pruebas. Allí acusaba a ex funcionarios y empresarios, presos en Ezeiza, de montar un gigantesco complot para hundir la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Lo que resta develarse es qué pasará con la situación de la dirigente de la Coalición Cívica tras el pedido de indagatoria en su contra realizado por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. A Carrió la acusan de ser un eslabón central en la maniobra de intentar cubrir a la banda del espía detenido Marcelo D'Alessio.

–La AFI, con la complicidad del SPF, tenía alambrado el pabellón IRIC y hacía espionaje ilegal con cámaras, micrófonos y la escucha de los teléfonos públicos. Y el macrismo usaba esa información para su mesa judicial –resume Rúa.

La postergación de las indagatorias a De Stéfano y Miguens se debió a que los defensores pidieron más tiempo para procesar una nueva acusación. Es que los fiscales sumaron más pruebas. Según adelantaron a El Cohete a la Luna, comprobaron que se falsificaron documentos del Instituto Patria para encubrir el espionaje que se hizo contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Todo pasaba por Jurídicos”, había declarado hace un tiempo Diego Dalmau Pereyra, de la Dirección de Contrainteligencia de la AFI, testimonio avalado por otro agente de la misma oficina, Martín Costa, quien dijo que había sido la estructura más fuerte “de la gestión Arribas-Majdalani”.

El caudal de hechos por el espionaje ilegal es enorme y a los investigadores ya no los sorprende la cantidad de juzgados federales que ponen la lupa sobre el personal orgánico e inorgánico de la AFI.

Tal vez la más paradigmática se encuentre en Dolores, en la que se encuentran procesadas más de una decena de personas –entre ellos, fiscales, ex funcionarios policiales, miembros de la AFI y periodistas–, donde se investiga una organización criminal paraestatal que utilizó herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales.

La megacausa de Lomas de Zamora no tiene nada que envidiarle. Otro foco actual de la pesquisa es determinar cómo operaba el Área 50 en el penal de Ezeiza, que es el lugar donde se concentraba el espionaje. En efecto, una arista clave son las conexiones ente el grupo de espías Súper Mario Bros y funcionarios de las máximas jerarquías del SPF.

Parece una labor titánica. Los fiscales Incardona y Eyherabide, a contrarreloj, cruzan información para determinar los modus operandi y líneas maestras de acción pero también qué tipo de internas había en la AFI, a sabiendas que el organismo creció exponencialmente durante el macrismo –pasó de cinco escritorios a más de treinta– y tenía fuertes disputas de poder con abogados que respondían a diversas misiones. Y, a su vez, qué nexos había entre la AFI y otras fuerzas y organismos estatales en la inteligencia.

La división de tareas era una actividad fundamental. Los investigadores tienen identificados quiénes llevaban los expedientes, quiénes hacían las desgrabaciones y cómo era el circuito de información en su conjunto.

Obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, tales eran las misiones del espionaje ilegal sobre personas –entre las cuales hay nombres como Carlos Zannini, Julio De Vido y Lázaro Báez como también familiares y activistas no tan conocidos–, “por el sólo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.

Según fuentes judiciales, en la instrucción quedan por indagar la mitad de los implicados. Y hacia fin de año se completarían los procesamientos. Los topos, mientras tanto, ya salieron de la cueva.

 

 

 

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