Marcar la cancha

 

Los senadores del Frente de Todos volvieron a ejercer su peso político dentro de la coalición de gobierno. A través de un proyecto de comunicación le solicitaron al ministro Martín Guzmán que los fondos que podrían ingresar por los Derechos Especiales de Giro (la moneda del FMI) sean destinados a “resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo”.

Es decir, si llegan a ingresar los aproximadamente 4.300 millones de dólares a las reservas del Banco Central, los senadores y senadores del oficialismo no quieren que se destinen ni a pagar vencimientos del FMI ni al Club de París.

La movida de les senadores, cuerpo que conduce Cristina Fernández de Kirchner, podría leerse como una forma de marcarle la cancha al ministro de Economía o como una manera de empoderarlo frente a las necesidades que tendrá el Gobierno –en el cortísimo plazo— de destinar recursos directos para las familias de todo el país, en un contexto de pandemia y la aún persistente crisis económica con altos niveles de inflación y pobreza.

“Si tenemos esos recursos –los DEG—, creemos que tienen que ayudar primero al crecimiento económico. Es la decisión que tenemos que tener para generar empleo, y obviamente modificar la estructura productiva. Dejar de lado los esquemas de especulación y la usura por otros de producción y trabajo. Esa es la visión que debemos tener para disminuir la pobreza y aumentar los bienes de consumo a través del sistema productivo”, sostuvo el senador formoseño José Mayans en diálogo con el programa de Radio Nacional A las fuentes.

“Se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el gobierno nacional debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión de DEG para el pago de los vencimientos con el FMI y con el Club de París en concepto de capital e intereses y con vencimiento en el corriente año. A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político”, indicaron lxs legisladorxs en los fundamentos del proyecto de comunicación.

Lxs firmantes reconocen que los países llamados “desarrollados” destinan muchos más recursos para amortiguar los efectos de la pandemia que lo hecho por países como la Argentina (más allá del esfuerzo fiscal que significó el IFE para 9 millones de personas o el ATP durante el primer año de la pandemia).

Por lo tanto, de utilizarse esos DEG para pagarle al FMI –razonaron desde el bloque del FdT— “los países no endeudados con el FMI contarían con ingentes recursos para afrontar las consecuencias negativas de la Pandemia Global y los países pobres y endeudados le pagarían la deuda a los países ricos para que incrementen sus recursos. Nada más injusto e inequitativo”.

El Senado viene siguiendo de cerca todo lo que sucede con el FMI. El 22 de febrero, el bloque oficialista le envió una carta a Charles Collyns, director de la Oficina de Evaluación Independiente del organismo en la que explicaron con detalle las irregularidades que había cometido el propio organismo en el otorgamiento del préstamo durante el gobierno de Mauricio Macri.

“No somos el único país donde los pueblos pagan con su sufrimiento los desaguisados que producen en sus sociedades las políticas del FMI. Egipto, Ecuador, Grecia, entre otros, son también ejemplo de la falta de aprendizaje institucional del Fondo. Quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional”, indicaron.

Unos días después de esa misiva, el Presidente Alberto Fernández anunció, durante la inauguración de las sesiones ordinarias, que se impulsaría una querella criminal por ese préstamo que fue formalizada por la Oficina Anticorrupción y donde la Procuración del Tesoro se presentó como querellante.

El jueves de esta semana, el Fiscal Franco Picardi solicitó la ampliación de la instrucción –dentro de una causa vigente sobre el endeudamiento con el Fondo que tiene en su poder la jueza María Eugenia Capuchetti—, e incluyó todo lo señalado por la Oficina Anticorrupción.

En su planteo, el organismo que conduce Felix Crous apunta a desentrañar quiénes fueron los beneficiarios del endeudamiento, es decir, quiénes se llevaron esos dólares vía fuga de capitales. La sospecha es que hubo personas físicas que se beneficiaron directamente de ese endeudamiento.

Mayans confirmó que desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda que él preside se está trabajando en ese sentido, es decir, para lograr que judicialmente se pueda levantar el secreto de sumario y conocer quiénes fueron los fugadores seriales. Una primera aproximación ya fue publicada por El Cohete.

“El Congreso tiene algunas informaciones confidenciales”, sostuvo el senador por Radio Nacional. Una de esas “informaciones” es un trabajo que realizó el año pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) al analizar el esquema de endeudamiento del macrismo.

 

 

 

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