MAR DE FONDO
El principal sostén del Ministro de Economía Martín Guzmán es hoy la inquina que le profesan CFK y Máximo Kirchner. De otro modo, el Presidente Alberto Fernández prescindiría de él. Así lo cree uno de los dirigentes que tuvieron participación destacada en la búsqueda de una diagonal que acercara posiciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición Cambiante y permitiera refrendar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Desde un punto de vista cualitativo, son tan reveladores los 202 votos a favor, producto de la entente entre el gobierno y la oposición, avalada por los principales gremios de patrones y de trabajadores, como la UIA, la Asociación de Bancos y la CGT, como los 50 en contra del acuerdo (sumando 37 negativos y 13 abstenciones). Salvo los cuatro del FIT y los emitidos con sendos discursos antipolíticos por Ricardo López Murphy, José Espert, Javier Milei y Agustina Propato (quien es la esposa de Sergio Berni), el resto se explica en el documento difundido por La Cámpora en cuanto concluyó la sesión y en el video de Cristina sobre la pedrea a su despacho en el Senado. Sólo el 65% del bloque oficialista apoyó el proyecto, que no hubiera sido aprobado sin el voto de los Cambiantes.
La Vicepresidenta lo había previsto. “No pueden votar en contra, ellos que tomaron la deuda. Sus mandantes no se lo permitirán”, era su razonamiento antes de la sesión.
Las cuatro ventanas
Otra vez… inmensa pena. pic.twitter.com/bFP7Znz0sy
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 11, 2022
En el video posterior destacó que la movilización política de las fuerzas de izquierda “contra el plan económico del FMI” fue “multitudinaria”. Se identificó como una militante política, que desde 1983 vio escenas de violencia vinculadas al FMI y las políticas que imponía a los distintos gobiernos. También recordó las palabras de Néstor Kirchner sobre el organismo, que "siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino". Y no se privó de recordar su rol en la formación del FdT. "Otra vez… inmensa pena", concluyó, en su pronunciamiento más explícito contra lo acordado.
También dejó abierto un interrogante: ¿fue casual o intencionado que el ataque se dirigiera al despacho de "quien hizo frente a los fondos buitre y mantuvo al país lejos del FMI?"
En realidad no hay muchas dudas: sólo fueron atacadas las cuatro ventanas de su despacho, ni siquiera la de la oficina contigua de sus asistentes, que está a un pocos metros. Cristina se había asomado a la ventana al oír los gritos. El primer cascote rompió el vidrio y le pasó a 20 centímetros de la cabeza, el jueves alrededor de las tres de la tarde. Todos se refugiaron en otra oficina que no tiene ventanas a la calle, y un asistente colocó un teléfono celular filmando para documentar lo que pasaba en el despacho. Lo único que quedó en pie, sobre una mesita próxima a su escritorio fue un pequeño bronce que representa a Néstor Kirchner. Pero esperó hasta las 7 de la mañana del viernes para difundir lo sucedido, de modo de no perturbar la sesión de Diputados. La única autoridad que habló fue el Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma, Marcelo D´Alessandro, para atribuir a Cristina y a Sergio Massa un pedido de que no hubiera vallas. Ambos lo niegan: nadie los consultó sobre el operativo de seguridad para la sesión de la semana pasada. Esta fue la respuesta de Massa ante una consulta para esta nota:
Fue preciso que el ministro bonaerense Andrés Larroque dijera, a las 10.30 del sábado, que lo aturdían el silencio y la parsimonia oficial para que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuiteara a las 14.30 que "me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto". De ser cierto sería ilegal y, más que en la categoría de cuidado entraría en la de seguimiento y/o espionaje. Curioso, porque la Vicepresidenta tiene una custodia oficial integrada por policías federales.
El argumento del cuidado fue el mismo que emplearon los espías de la AFI cuando fueron sorprendidos vigilando los movimientos de Cristina desde un auto estacionado frente al Instituto Patria, durante el gobierno de Maurizio Macrì. Más allá de una chorrera de descargos personales en los que Aníbal se declara "familia" de Néstor y Cristina y dice en público que mantiene su afecto en privado (sic), lo fundamental es que confirmó que el ataque a Cristina fue deliberado, aunque se cuidó de explicar cómo lo sabe. Un rivotril, ahí.
En conversaciones reservadas Aníbal sostuvo que ya hay dos identificados y que sólo espera la orden judicial para detenerlos, aunque esto no es corroborado en los tribunales. El ataque al despacho vicepresidencial ocurrió durante el turno de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está trabajando con el área de Intervenciones Judiciales de la Policía Federal. Capuchetti es hija y sobrina de dos comisarios retirados de esa fuerza. A través del software informático Luna identificaron a 4 o 5 jóvenes de entre 18 y 20 años y a uno mayor, de unos 50 años, que actuaron sin ningún tipo de identificación de agrupaciones políticas. A todos ellos se les corrieron los barbijos, de modo que las fotos y filmaciones captaron una parte del rostro.
Luego pasaron esos datos por un sistema de identificación manual y confrontaron las identidades con áreas como Reincidencia y Renaper, en busca de antecedentes penales, que sólo un par de ellos tienen. Todos viven en zonas distantes de la provincia de Buenos Aires. La hipótesis sobre la que se trabaja es que se trata de mano de obra contratada por otros. Pero aún no se determinó si tienen relación entre ellos, si provienen de alguna barra brava, qué tienen en común.
Antes de la declaración de Larroque, este pretenso familiar de los padres de Máximo Kirchner sólo había publicado su solidaridad con un policía herido.
Aníbal fue más expresivo en noviembre, cuando repudió un ataque al edificio del Grupo Clarín:
Otro tanto hizo entonces el Presidente Alberto Fernández.
Después aun de Aníbal, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que Alberto "actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella". Además de esa respuesta personal, la portavoz dijo que el presidente ordenó al Ministerio de Seguridad que investigara e identificara a los autores. Y terminó con una sentencia cuya interpretación no precisa de un semiólogo: "Que nadie dude. El Presidente y todo el Gobierno Nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables".
Que nadie dude.
En una oficina próxima a la presidencia de la Cámara de Diputados dicen que el llamado de Alberto a Cristina se produjo por sugerencia de Sergio Tomás Massa.
Como siempre
Para La Cámpora las líneas directrices del Fondo son las de siempre:
- Reducción del déficit por ajuste del gasto.
- Tope al crecimiento y acumulación de reservas netas.
- Tasa de interés positiva.
- Devaluación controlada del dólar.
- Política monetaria contractiva tendiente a eliminar la emisión.
El documento emitido el 11 de marzo (cuando se cumplían 49 años de la elección de Héctor Cámpora, que duró 49 días en la presidencia) postula que el gobierno debería haber optado por una negociación “dura” que procurara extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI, eliminar la sobretasa de interés y exponer ante los argentinos y argentinas y ante todos los foros internacionales posibles, las “gravísimas irregularidades del préstamo otorgado a Maurizio Macrì”, y su “carácter y objetivo estrictamente político”, tal como lo admitió un funcionario de la administración Trump y actual Presidente del BID: “Concurrir en auxilio del gobierno de Cambiemos”.
Pero “lejos de ello, el equipo negociador del Gobierno desarrolló una estrategia de amabilidad, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones, sólo explicable por la difundida creencia de que estábamos ante un nuevo Fondo Monetario Internacional que sería seducido por la pericia académica y los buenos modales de los negociadores e interlocutores argentinos”.
No ocurrió tal cosa.
El documento entiende que el crecimiento exponencial del precio de la energía hará que la reducción del déficit sólo sea posible limitando las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales e impidiendo que las remuneraciones del sector público crezcan más que la economía. Y si aun así no alcanza, se ajustará el gasto de capital. Si, por el contrario, los ingresos crecieran más, no se expandirá el gasto, sino que se reducirá aún más el déficit.
También destaca que se detalla en forma minuciosa la reducción del déficit fiscal, que fue de 3% el año pasado, pero apenas se alude a la gradualidad cuando se trata del déficit cuasi fiscal que producen las LELIQs, los pases bancarios y las NOTALIQs, que hace dos semanas representaba un 6,47% del PIB, más del doble. La Cámpora deduce que el verdadero rol del FMI es la estabilidad financiera (o sea, la de los bancos) a escala global para garantizar la vigencia del patrón dólar como moneda de pago y reserva.
El texto desmiente que no se exija una reforma previsional, ya que el gobierno se obliga a realizar y publicar en diciembre de este año un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo del Sistema Previsional. “¿Alguien piensa que dicho estudio se realizará sólo como un ejercicio académico? ¿Opciones y recomendaciones sobre qué y para qué?”
Kirchner cumplió su promesa de que no activaría en favor del rechazo del acuerdo, no expondría las diferencias ante la oposición responsable del endeudamiento y la fuga, ni participaría en las movilizaciones contra el proyecto. Pese a ello, un núcleo de colaboradores de Alberto Fernández presiona para que el ex presidente del bloque sea castigado, porque “no quiere que te vaya bien”. Pero la misma fuente agrega que “no se entiende. Es tu propio espacio, eras el socio mayoritario”. No se entiende con esa lógica cortoplacista. Visto desde otra perspectiva, Kirchner cree que el camino elegido por el gobierno es el que asegura que no pueda irle bien, y a quienes se vanaglorian de haber evitado la mora con el FMI (a la que llaman default) les responde que la pérdida del control de las herramientas monetarias y financieras “expone al país a un escenario de default cada tres meses”.
Al cierre de esta edición, un grupo de funcionarios de segunda línea y asesores presidenciales estaba haciendo circular el texto de una declaración sobre la unidad para impedir el regreso del neoliberalismo. Aleccionar a Cristina sobre cómo vencer a Macrì es una curiosidad propia de estos tiempos. La academia no teme al ridículo.
Otros compromisos
La revisión del FMI incluye otros compromisos, casi todos a cumplir este mismo año, especifica el documento de La Cámpora:
- Modificar el Presupuesto.
- Actualizar los valores de las propiedades.
- Reducir aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado, y no aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras.
- Evaluar los programas de apoyo social.
- Estudiar la sostenibilidad a largo plazo del Sistema Previsional.
- Fijar prioridades y criterios de selección de los proyectos de inversión.
- Establecer una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo.
- Confeccionar un programa de relación con inversores.
- Simplificar el régimen de encaje legal del Banco Central.
- Mejorar la ley penal cambiaria.
- Realizar una auditoría externa sobre el gasto Covid-19.
- Evaluar riesgos de lavado de dinero.
- Publicar una Estrategia Nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta “cesión de soberanía” convierte al FMI en un co-administrador, con cuyo staff el gobierno se obliga a trabajar en conjunto. También se compromete a consultarlo antes de modificar cualquier medida mencionada en el Memorando, y a evitar “cualquier política que no sea consistente con los objetivos del Programa y nuestros compromisos en el contexto de este”.
La Cámpora cree que después de 2025, una vez cumplido el período de gracia, el próximo gobierno deberá reiniciar negociaciones con sus acreedores, ya que no estará en condiciones de pagar 20.000 millones de dólares anuales en el período 2026-2032 (un promedio de 8.000 millones de dólares por año con el FMI y 12.000 millones con los acreedores privados). Lo mismo vaticinan los mercados. En los documentos enviados al Congreso no hay mención alguna a la estructura de repago o devolución de este “nuevo acuerdo”, lo que es poco regular en este tipo de instancias, entiende La Cámpora. Allí puede encontrarse un indicio sobre la discrepancia entre Fernández, quien lanzó su candidatura a la reelección en 2023, y Kirchner, quien piensa en un plazo más largo y no ha formulado ninguna especulación electoral.
Sin objeciones
Varias veces El Cohete se preguntó si la aprobación del acuerdo por el Congreso era una exigencia del FMI o una sobreactuación de Guzmán. Los acontecimientos de este mes disipan la duda, desde el comunicado del Fondo que menciona ese paso como una exigencia de la legislación interna, hasta el dictamen único que permitió la media sanción de la ley en la madrugada del viernes, sin objeciones del staff técnico desde Washington.
Esto pudo constatarlo Sergio Tomás Massa durante el Zoom que mantuvo con los cinco funcionarios del Fondo que se ocupan en forma directa o indirecta del país. La comunicación se estableció por solicitud del Fondo, transmitida a través del director por la Argentina, Sergio Chodos. Participaron la subdirectora gerenta del Fondo, Gita Gopinat; su director para Subamérica, Ilan Goldfajn; la subdirectora de ese mismo departamento, que el Fondo denomina del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; el responsable de la Argentina en el organismo, Luis Cubeddu, y el delegado del Fondo Monetario en Buenos Aires, el británico Ben Kelmanson. Sólo faltaba Kristalina Georgieva.
El presidente de la Cámara de Diputados subió un escalón respecto de los interlocutores habituales de Guzmán, ya que Gopinat y Goldfajn son los jefes de Kozack y Cubeddu. Massa solo había hablado con algunos de esos funcionarios en 2018, cuando junto con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, advirtieron que el proyecto de Maurizio Macrì se derrumbaba.
—¿Alguno de ellos le planteó ahora que el Congreso debía aprobar los Memoranda?—le preguntó El Cohete.
—Ninguno. Dijeron que no se metían con la legislación argentina. Sólo quieren que se apruebe el Acuerdo de Facilidades Extendidas, que tenga consenso.
El documento de La Cámpora es la crítica política más fundada que se haya conocido sobre la negociación y su resultado. Aun así, destaca como un mérito democrático del gobierno que un programa fiscal y monetario del FMI para la Argentina se discuta en el Congreso, “muy lejos de los 3 minutos de la cadena nacional de mayo de 2018” con la que Macrì anunció en forma unilateral que el Fondo volvía al país. Desde un enfoque económico lo complementan los trabajos de los centros de investigación CIFRA y CEPA, que publicamos completos en esta edición. También podés consultar aquí la fundamentación propia del voto del diputado Leopoldo Moreau, quien cuestiona la forma en que el gobierno permitió que el FMI y las empresas endeudadas en dólares se llevaran casi la totalidad de los 27.000 millones de dólares que en 2020 y 2021 generó la balanza comercial, de modo que se llegó al tramo final de la negociación con el Fondo con una debilidad que le permitió al organismo imponer sus condiciones sin ceder en nada.
Pliego de condiciones
“Cuando el FMI llega a un programa de apoyo a un país, este país debe acordar un conjunto de compromisos de política económica. No existe en el menú solo los desembolsos y nos vemos dentro de algunos años. No funciona así”, dijo Guzmán ante las comisiones de la Cámara de Diputados el lunes 7. Muy cierto, pero ¿por qué esperar hasta última hora para decirlo? El 5 de enero se supo que habría revisiones trimestrales, pero el Memorando técnico provee algunas precisiones deprimentes. En el punto 40 luego de dar por sentado que el Fondo podrá “supervisar la condicionalidad del programa” (que según el gobierno no existe) enumera los datos que deberán suministrar las autoridades, para garantizar el seguimiento de las variables económicas. Entre otros:
- Semestrales, sobre deudas de los gobiernos provinciales.
- Mensuales, sobre servicios de deuda, depósitos bancarios, reservas, préstamos.
- Quincenales, sobre tasas de interés y vencimientos de letras, bonos y otros instrumentos de deuda interna.
- Semanales, sobre balance del Banco Central, tipo de cambio y operaciones de Contado con Liqui y Dólar Bolsa.
- Diarios, sobre emisión monetaria, depósitos de los bancos en el BCRA, operaciones de dólar futuro, asistencia de liquidez a los bancos, tanto públicos nacionales como provinciales, privados locales y extranjeros.
Ni un marido celoso ejerce semejante control del teléfono de su cónyuge. Sólo falta cuándo, dónde y a quién debe entregarse el informe diario.
Además, durante el debate en comisión, el radical evolucionado de San Luis Alejandro Cacace señaló que la Carta de Intención fue publicada en inglés por el FMI, pero su versión en castellano no fue enviada al Congreso. Esa Letter of Intent dice que 45.000 millones de dólares solicitados servirán como apoyo presupuestario para pagar los vencimientos del stand-by de 2018 y, lo que sobre, a financiar el déficit fiscal primario y a reconstruir reservas. En el texto negociado con la oposición, a pedido del Banco Central quedó pagar los vencimientos y apoyo presupuestario.
El miércoles 9, Guzmán se embarcó hacia Texas para asistir a una conferencia de la industria hidrocarburífera. La señal de cable del Grupo Clarín sostuvo que el Presidente estaba fastidiado con él por haberse ausentado en el momento decisivo de la discusión legislativa, y fuentes gubernativas creen que, por el contrario, fue apartado adrede para que no estorbara la conciliación con los Cambiantes.
El Presidente niega ambas versiones. “Yo autoricé el viaje a Texas porque el tema energético es central. Estamos en precios increíbles”, dijo en respuesta a una consulta para esta nota. Sin duda: entre 100 y 150 dólares el barril de petróleo, según el día, y más de 50 dólares el millón de BTU de gas (unidad térmica británica), pueden desbaratar cualquier previsión, propia o del FMI. El Presidente afirma que tomó personalmente las riendas de la negociación y que Guzmán no interfirió. Desde la oposición “nos dieron libertad para manejarnos con el programa, algo que no esperaba”, sostiene. Los festejos de radicales, cívicos libertadores y pródigos parecerían mostrar un escenario en el que todos ganan. Tal vez sea así en el muy corto plazo de la rosca legislativa. Pero esta semana vertiginosa ocupa apenas un par de fotogramas de una larga secuencia, sobre la que nadie se hace ilusiones, si se escuchan los argumentos del debate, con narices tapadas y desprecio por el FMI. Las opiniones recogidas en encuestas favorecen el acuerdo, pero su volatilidad está descontada, para cuando empiecen a sentirse sus consecuencias, que serán casi antagónicas según las previsiones del Poder Ejecutivo y del kirchnerismo realmente existente, el de Cristina y Máximo y no el fantasmal del Movimiento Carolina y Papá Noel.
La oposición cuestionó que se le pidiera apoyo para un proyecto de ley que en sus fundamentos impugna en forma muy severa al gobierno del que formó parte, durante la presidencia de Macrì. Los cruces más tensos, con Guzmán el lunes, y con el presidente del plenario de comisiones, Carlos Heller, el martes, los protagonizó el pródigo Luciano Laspina, quien fue el alfil económico de Macrì en el Congreso en aquellos años. Laspina dijo que estaban dispuestos a autorizar el acuerdo con el Fondo, pero no las definiciones de los Memoranda que lo fundamentan (uno de Políticas Económicas y Financieras y el otro Técnico), porque eran responsabilidad del Poder Ejecutivo. El artículo único del proyecto de ley que se pactó luego de una intervención fulgurante de Massa, quien difundió una foto en su despacho con aire presidencial, dice que:
- Se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand-By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.
- “El Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
- “El programa incluye un conjunto de compromisos cuya implementación es la base para que ocurran los desembolsos”.
- “La responsabilidad de la aplicación y ejecución de las políticas económicas efectivamente es responsabilidad del Poder Ejecutivo”.
No obstante, la expresión de motivos que indignó a Macrì permaneció en el Orden del Día N° 3 que trató la Cámara de Diputados, porque forma parte del proyecto original del Poder Ejecutivo y debe constar como antecedente. El texto que mañana comenzará a analizar el Senado tiene un solo artículo, pero con cuatro partes bien diferenciadas. Alberto celebra que le han dado libertad para manejarse con el programa, y los Cambiantes festejan que no lo han suscrito, aunque admitieron con su voto los compromisos que condicionan cada desembolso.
Este consuelo de los Cambiantes recuerda un episodio de la guerra en las Malvinas, de la que este año se cumplen cuatro décadas. Cuando el victorioso general inglés Jeremy Moore, sucio y barbudo, le entregó el acta de la rendición, el derrotado general argentino Mario Benjamín Menéndez, recién bañado y afeitado, sólo formuló una objeción:
—Acá se habla de rendición incondicional cuando no lo es.
—Está bien, lo tachamos, ¿cuál es la diferencia?—aceptó Moore.
Menéndez firmó entonces, como ahora lo hicieron Negri, Laspina, De Loredo & Cia. Aquel texto no dijo incondicional, ni este dice condicional. Como preguntó el general inglés:
—¿Cuál es la diferencia?
¿Quién paga?
El documento de La Cámpora (que votó en contra); la CTA (cuyos dirigentes diputados Hugo Yasky y Pablo Carro se abstuvieron, igual que Vanesa Siley y Sergio Palazzo, de la Corriente Federal de la CGT); la denuncia penal de la agrupación Soberanxs, exigen el cruce de la base de datos de la AFIP con las listas de quienes compraron dólares al precio oficial para formar activos en el exterior y atesorar, de modo de saber si lo hicieron con fondos legales. Esto responde a la idea de que la paguen quienes se la llevaron. El mismo reclamo se ha formulado desde esta nave espacial, único medio periodístico que publicó la lista completa con pelos y señales de las 200 compras más abultadas de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios.
Desde la AFIP hacen saber que dentro de sus mecanismos de monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, figura el control para determinar que quienes adquieren divisas lo hagan con fondos debidamente declarados en Bienes Personales (cuando se trata de personas humanas) y en Ganancias (en el caso de las empresas). Esto se complementa con el intercambio de información sobre colocaciones financieras de argentinos en el exterior, utilizando los mecanismos automáticos creados para ello por el G-20 y la OCDE. Esto obligó a recomponer y revitalizar los equipos técnicos puestos a hibernar por el gobierno anterior. Después de analizar más de 2.000 casos de 2016 y 2017, se identificaron 577 irregularidades que permitieron recaudar 770 millones de pesos en impuestos evadidos. Ahora se abrirán las investigaciones de 2018 y 2019. Esto no sólo mejora los ingresos de esos años, sino que amplía la base imponible de Bienes Personales, que esas personas seguirán pagando en los años siguientes. Bienes Personales es uno de los impuestos más progresivos, que el gobierno anterior redujo y estuvo a punto de eliminar. El gráfico muestra cómo su incidencia sobre el total de la recaudación cayó durante la administración cambiante y superó todos los registros del último cuarto de siglo bajo el actual gobierno.
Casilla uno
Un caso significativo es el del Aporte Solidario y Extraordinario: 10.600 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, pagaron 239.000 millones de pesos. Desde fines de 2021, la DGI está fiscalizando a 3.500 personas que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos. El monto recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario ya se amplió en 14.700 millones de pesos, dado que desde el comienzo de las fiscalizaciones hubo 500 contribuyentes que presentaron la declaración jurada y determinaron el monto a ingresar. Otros 100 presentaron la declaración, determinaron el monto pero no pagaron. Están en ejecución.
Una fuente de información valiosa pero dispersa, son los amparos judiciales contra el Aporte Solidario y Extraordinario, presentados en distintos tribunales. Una evaluación preliminar indica que casi la mitad de quienes han recurrido al Poder Judicial para eludir el pago, están entre los compradores de dólares al Banco Central para atesoramiento o formación de activos en el exterior.
Tanto el documento de La Cámpora como el informe del CIFRA, mencionan el trabajo académico de Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds, y de Chris Marsh “The IMF’s 2018 Stand-By Arrangement with Argentina: An Ultra Vires Act?”, Social Science Research Network (SSRN), Enero 2022, que considera nulo el acuerdo de 2018. Los autores afirman que los efectos de esa nulidad “deben regirse por el derecho internacional del enriquecimiento injusto. En la práctica, esto significa que la Argentina debería restituir el capital al FMI que, a su vez, debería restituir a la Argentina las tasas cobradas por el préstamo, los sobrecargos, la comisión por compromiso y los cargos por el servicio de la transacción”.
Añaden que dada la “incapacidad de la Argentina para restituir de forma inmediata el remanente del desembolso efectuado al gobierno de Mauricio Macri, las partes deberían negociar sobre la base del principio de equidad un horizonte temporal ampliado para la liquidación que facilite el ajuste externo sin comprometer la prosperidad nacional”.
Deberían negociar, con lo cual volvemos a casilla uno.
La música que escuché mientras escribía
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