Maquillaje

 

El universo de mujeres presas en la Argentina oscila en mil personas, o el 4% por ciento de la población carcelaria. Siete de cada diez están detenidas por delitos no violentos como el micro-tráfico de drogas, un recurso que en escenarios de desaparición completa del Estado es una forma de parar la olla en hogares con niños y niñas donde suelen ser las únicas proveedoras. Desde hace dos años, el gobierno empezó a sacar a esas mujeres de la cárcel por goteo porque necesitaba espacio para nuevos pobres tras la reimplementación de la ley de flagrancia. En julio de 2017, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), el viejo Patronatos de Liberados, tenía bajo su control a 100 mujeres en domiciliaria, hoy son 167.

Desde entonces, el gran problema de ellas es el absoluto abandono del Estado. Las mujeres suelen estar en espacios reducidos sin acceso a derechos elementales, ni de ellas y ni sus hijos. Ni educación, ni salud garantizada ni abastecimiento de comida. Algunas acceden a esos recursos por la buena voluntad de actores territoriales que ante casos desesperantes articulan lo que sea con quienes encuentran. Como dice una de las operadoras del viejo Patronato, lo que venga: iglesias, organizaciones no gubernamentales, escuelas, vecinos. Y ahora, por qué no, Farmacity SA.

En ese contexto de ausencia de política pública, el gobierno anunció un programa con mitad del nombre en inglés, Look que transforma. Resultado de un convenio entre la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y la empresa Farmacity Sociedad Anónima, está destinado a mujeres en detención domiciliaria. Ofrece un entrenamiento de tres meses con cursos de maquillaje, cuidado de piel y manicuría. El diseño del programa, sus contenidos y cronograma no corrieron por cuenta del Estado sino de la industria. La compañía entrega a las mujeres un set de maquillaje y una bonificación para comprar productos con descuento en sus locales. Esta propuesta se presentó en clave de responsabilidad social empresaria en el mes de octubre, en la sede de la Jefatura de Ministros. Las organizadoras hicieron esfuerzo para mostrarla como un instrumento para empoderar a las mujeres, hablaron de emprendedurismo y hasta de políticas con perspectiva de género. Pero esas lógicas comenzaron a hacer ruido en ese mismo momento entre los trabajadores y trabajadoras, cuando observaron el enorme logo de Farmacity plantado como bandera en el espacio conducido hasta hace casi nada por Mario Quintana.

 

 

Farmacity presenta la propuesta como un programa elaborado por las asesoras de belleza de un área que también tiene nombre en inglés, Get The Look. Las encargadas de comunicación explicaron todo con mucho detalle. Dijeron que Farmacity es la primera empresa argentina en realizar capacitaciones en materia de belleza a mujeres privadas de su libertad o liberadas recientemente, en vista de su formación laboral y en pos de su formación profesional.

El primer curso duró trece semanas. Egresaron ocho mujeres. Las clases se dieron en la sede del Museo del Servicio Penitenciario Federal, de la Ciudad de Buenos Aires al que ellas accedieron luego de permisos judiciales. Y debido al éxito, la empresa va a repetir la experiencia, ahora con mujeres en domiciliaria sin monitoreo electrónico. Y aunque todavía no lo anunció, también comenzó a entrevistar a las mujeres para incorporarlas para cubrir vacantes de vacaciones entre sus trabajadores, de forma precaria con salarios abusivos de 14.000 pesos al mes sin ningún equipo profesional de acompañamiento.

Durante la ceremonia de presentación del proyecto habló la jueza María Jimena Monsalve: “La ley puede ser muy genérica, pero no percibe cuál es la realidad de cada persona. ¿Qué pasa con una mujer que está con arresto domiciliario? ¿Quién paga la comida? Y si está con el dispositivo de monitoreo y no puede salir a la calle, ¿quién va a comprar la leche para su hijo? Los jueces no podemos invisibilizar esto. Esta es una oportunidad para sensibilizar y para convocar a otros actores de la sociedad civil, como hizo hoy Farmacity".

 

 

¿Cual es el problema de esta política? Muchos. El más importante está resumido en la foto de presentación: empresa, gerentes que pasan de uno a otro lado y un nuevo tipo de entrega de servicios públicos, ahora comprando supuestas políticas de inclusión, llave en mano.

Desde esa lógica, Luciano Fernández revisa lo que sucedió en los últimos años desde el Estado. Secretario Gremial de ATE Capital, que desde la organización está viendo este camino con mucha preocupación. "En el contexto del ajuste y despido de estatales con recortes sobre políticas públicas en cada uno de los organismos, empezamos a ver una modalidad donde se decide reasignar tanto la decisión de políticas públicas como la ejecución, y seguramente el uso de los recursos, a diversas ONG o directamente empresas que tienen relación con los funcionarios públicos de Cambiemos. Es el caso de Farmacity, cuya presentación se hizo en el edificio mismo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la ex Somisa". En esa lógica entran también otros ejemplos, dice. El modelo de consultoría contratado por el INTI antes de que estallara el conflicto. Las consultorías contratadas por Modernización para implementar el Plan de Dotación Óptima. O líneas de ejecución de políticas públicas dentro de la ahora secretaria de Ambiente que pasaron de manos de los trabajadores a organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior.

La tercerización de políticas públicas en un universo que parece nunca dejar de inventarse nuevos actores para nuevos negocios es uno de los temas que comienzan a estudiar hoy los investigadores sociales. Uno de ellos habla de una novedosa articulación entre empresas, organizaciones no gubernamentales y Estado. "Por ahora estamos viendo algo de modo muy incipiente, con entrevistas a distintos funcionarios e informantes claves en el Ministerio de Desarrollo Social —dice—, pero efectivamente hay una mirada mucho mas benévola con las ONGs y mucho mas interesada en articular con ellas que en la gestión anterior. En ese sentido, hay un encuadre general que apunta a ello a través de distintos dispositivos, como por ejemplo una Dirección Nacional de Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. También estamos viendo que muchos de los altos funcionarios tienen vínculos con ONG, ellos mismos, habiendo estado en ONG y habiéndolas dirigido. Acá lo que hay es como un mundo común, eso por un lado".

En esa articulación, por el otro lado, aparece Farmacity. La compañía fundada por Quintana, que ahora mismo busca avanzar sobre territorio bonaerense con alto índice de rechazo entre los municipios de la provincia, como se verá más abajo, en este momento hace un tránsito a lo que se llama Empresas B: empresas que intentan o tienen un estándar que les obliga a conjugar aspectos de responsabilidad social con negocios. Un modelo que para pertenecer exige trabajo sobre la imagen, actores en lógica de comunidad y organización y promete beneficios como por ejemplo "visibilidad y difusión en los medios de comunicación". En síntesis, una veta social que también les permite mejorar el modelo de negocios.

 

 

También existe una tendencia a producir negocios extractivos con los pobres. Eso comenzó a verse con el modelo de préstamos de la ANSES, transformada en financiera para pobres, con público cautivo y tasas usureras de 40 por ciento de interés. La idea de los maquillajes puede leerse en esos términos: una estrategia de construcción de nuevos públicos y consumidores, un nuevo mercado cuyos habitantes suelen vivir casualmente en la provincia de Buenos Aires.

 

Cuestión de imagen

El miércoles se realizó la primera audiencia pública ante la Corte Suprema por el caso Farmacity. La empresa discute la Ley 10.606, que prohíbe el establecimiento de sociedades anónimas que presten servicios farmacéuticos en la provincia de Buenos Aires. Hubo quince expositores, Amicus Curiae del Tribunal, consultores y abogados presentados por la compañía. Y del otro lado, un abanico que reunió a representantes de la sociedad civil, farmacéuticos y organismos de derechos humanos como el CELS para quienes la discusión no es de negocios sino de derecho a la salud garantizado por la Constitución y los tratados internacionales que la integran. "La ley 10.606 establece una distribución racional de las farmacias en el territorio provincial, en función de la cantidad de habitantes y de la distancia entre cada una de ellas. Frente a los intereses del mercado, los Estados suelen considerar imprescindible tener una injerencia activa en la regulación de este tipo de establecimientos. De esta forma, aseguran el derecho a la salud en términos igualitarios en todo el territorio, impiden una concentración de farmacias en las zonas económicamente más rentables y obliga a los farmacéuticos a cubrir zonas rurales, remotas o marginales de las ciudades", explicaron en un comunicado. En esa línea se pronunció el ex ministro de Salud, Ginés Gonzalez García. Pero fue interesante la intervención de Ricardo Nissen. Ex director de la Inspección General de Justicia y referente aquí de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, habló de Quintana sin nombrarlo, de las offshore y de lo que significa el negocio de una farmacia en manos de una SA que funciona como una mamushka.

"Pero supongamos que cualquiera pudiese ser titular de una farmacia, imaginemos que no hay inconvenientes con las SA —dijo—, pero esta no. Esta particularmente, no". ¿Saben por qué no?, preguntó. "Porque es una mamushka: una sociedad argentina que tiene un capital social que no es muy importante. Y la mayoría de las acciones con derecho a voto están en manos de otra sociedad, también argentina, controlada por un ex funcionario de este gobierno", dijo.

Quintana dijo este año que se desprendió del paquete accionario de Farmacity SA. Lo hizo antes de irse del gobierno y luego de un escándalo que ligó a la compañía con la provisión de medicamentos de ANSES. Nissen dijo lo contrario. Que nunca quedó clara esa desvinculación. Y que continúa conduciendo la organización a través de tres sociedades offshore constituidas en Delaware, un paraíso fiscal de Estados Unidos.

 

 

"Esta persona es una persona muy conocida en el ambiente farmacéutico —dijo—, no por ser profesional, sino por ser el promotor de esta cadena de farmacias, que a través de esta sociedad controlante controla con derecho a voto Farmacity. Pero esto no sería importante porque hay muchas organizaciones parecidas. El problema es que el 87 por ciento del capital está divido en tres empresas offshore constituidas en Delaware". Y ahora aclara: Farmacity está controlada por la sociedad Partners I SA. El 93,93 por ciento del capital social de Farmacity SA, está representado con acciones y sus titulares son 2 sociedades domiciliadas en el Estado de Delaware, USA, considerado paraíso fiscal. Esas sociedades son:

1. NOVACITY LLC, cuyos socios originarios fueron Mario Eugenio Quintana y Juan Manuel Marrone.

2. RETAIL INVESTMENT GROUP LLC, cuyos fundadores fueron Juan Manuel Marrone y Jerónimo José Bosch, íntimamente vinculadas a Quintana.

Luego de una ampliación de socios, la mayoría accionaria de las dos sociedades quedó a cargo GEO PRIVATE INVESTMENT LIMITED, también constituida en Delaware, parte del entramado del grupo Gorodisch, encabezado por Alejandro Gabriel Gorodisch: la persona que reemplazó a Quintana en la presidencia de Farmacity cuando asumió funciones de vicejefe en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, con el 61,15 por ciento de las acciones de Novacity LLC y un 63,33 por ciento de las acciones de Retail Investment Group LL. Pero esta mayoría accionaria no le otorga el control de las mismas, ya que esas acciones están gerenciadas por otra sociedad offshore: LATIN AMERICA GP´ S LLC, también del Estado de Delaware, integrada por Manuel Quintana y Jerónimo José Bosch, que por un acuerdo de socios se quedaron con el poder de adoptar la totalidad de las decisiones sociales en las compañías.

Por eso Quintana continúa siendo controlante, que es lo mismo que decir dueño, dice Nissen. Controla todo y si un día decide llevarse las acciones preferidas, la sociedad queda vacía. Para la audiencia, todo esto tenía un sentido: el tema de la mamushka y la responsabilidad social. Una cadena de organizaciones controladas por otras que diluyen la intervención de la persona que debería ser responsable. Nissen dijo que eso es falta de transparencia. Pero además, un peligroso factor de riesgo para la sociedad: ante eventuales problemas, cuando alguien necesite demandar o exigir la presencia del verdadero responsable del negocio, no sabrá quién es ni dónde está.

La audiencia fue resultado de un largo proceso judicial. Farmacity llega con fallos en contra de todas las instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires, incluso de su Corte Suprema. La empresa apeló. La Corte aceptó. Y ahora, todo está a la espera. La audiencia del miércoles estuvo integrada sólo por tres miembros de la Corte. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkranz se excusó porque su estudio representó a Farmacity en este mismo frente cuando peleaba en Provincia. Y Horacio Rosatti también se apartó porque trabajó con la encargada de asuntos jurídicos de la compañía, Andrea Gualde.

Afuera del Palacio de Tribunales hubo una protesta contra la empresa. Leonardo Fernández de la Comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires habló del costado político del negocio: las esquirlas que todo esto provoca para la empresa en el corazón del territorio bonaerense. Entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018, dijo, quienes se oponen al desembarco lograron que 122 de los 135 municipios sancionen una ordenanza para rechazar la apertura de locales.

 

 

"Por cada Farmacity que se abrió en la ciudad de Buenos Aires —dice—, cerraron 10 farmacias tradicionales, y lo que nosotros estamos defendiendo es el sistema de farmacias de puertas abiertas. Tenemos muy buen apoyo de los distintos actores políticos de cada localidad, incluso en espacios donde gobierna Cambiemos porque se dan cuenta y están privilegiando la relación con el territorio. El farmacéutico es una actor más dentro de una comunidad, es un lugar de contacto con el vecino: por una farmacia pasan 200 personas por día, que es más de lo que pasa por una Unidad Básica o un Comité, y estos tipos son referentes en los barrios".

Desde el Colegio de Farmacéuticos dicen que la imagen de Farmacity viene cayendo, por la relación entre la marca, Quintana y gobierno.

 

 

A esta altura es casi anecdótico recordar que para cuando se firmó el convenio de maquillajes, Quintana todavía estaba en la jefatura de gabinete. Quizá es menos obvio decir que en el combate cuerpo a cuerpo en la provincia, el desembarco vía kit de labiales y pinturas en las casas de los sectores populares en realidad contrabandea imagen y una nueva vía de expansión.

 

La retracción

Un grupo de mujeres trabajadoras se quedó observando varias escenas del curso de maquillaje. Una, las fotos de presentación. Una mesa. A un lado, las capacitadas; del otro, modelos con una obvia distinción de clase social. Otra de las escenas ocurrió durante el curso. Había una mujer a la que le venía bien tomar clases. No encuadraba en el esquema de requisitos. Había salido de prisión, tenía a su esposo detenido, pero no tenía pulsera y vivía en la calle. Finalmente, logró ingresar. Hizo lo que pudo para gestionarse un maletín. Logró maquillar o pintar a quienes esperaban el horario de visita en Devoto. Siguió en la calle. Y un día le robaron el maletín. Luego perdió continuidad en el curso. Volvieron a aceptarla. Y ella, finalmente, abandonó la cursada.

Hasta diciembre de 2015, el antiguo Patronato tenía una serie de recursos para ofrecer a las personas en situación de detención domiciliaria; desde entonces lo único que tiene es la retracción de alternativas.

- El Programa Ellas Hacen fue reemplazado por Hacemos Futuro, con condiciones de cumplimiento inaccesibles para las personas privadas de libertad como la exigencia de secundario, que lo transforma en un punto de cumplimiento imposible.

- Antes contaban con Talleres Familiares, que dejaron de hacerse hace tres años.

- Contaban con recursos del ministerio de Desarrollo Social para impulsar desarrollos productivos. Cuando una persona decidía dedicarse a la elaboración de pan, podían conseguir o gestionar alguna maquinaria. Ahora no.

- Lo que todavía persiste pero de modo restringido es un espacio de capacitación de la ahora Secretaria de Trabajo, denominado Formación para el Trabajo con cobertura de viáticos y pasantías.

Como se ve, ahora no hay. Pero nunca fue una política desbordante. El área de Readaptación Social nació para dar respuesta a la ausencia de políticas públicas en la inclusión de mujeres y varones detenidos después de prisión. Tiene rango de Dirección Nacional. El área depende de Fiorella Canoni, ex funcionaria de Cancillería, hoy parte de la estructura de Juan Mahiques, Subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación.

 

 

Una de las preguntas que surge luego de todo esto, es por qué maquillajes. Silvia Chejter es socióloga feminista, especialista en violencia de género. Uno de los problemas que advirtió siempre en el tipo de talleres de capacitación para mujeres detenidas es que llegaban para reforzar el estereotipo de género, los roles de las mujeres en la sociedad. Se les ofrecía cursos de costura, cocina o limpieza que no tienen ninguna perspectiva de género capaz de pensarlas en otros roles, dice. Mientras los varones accedían, por ejemplo, a talleres de capacitación mecánica con convenios de capacitación y de trabajo con las empresas, a ellas las ponían a realizar tareas subsidiarias que refuerzan ese lugar de lo que se supone ser mujer en una sociedad patriarcal. En este caso, la pregunta es por qué cursos de maquillaje, pero además, ¿para quién? ¿Dónde está la demanda de maquilladoras en una sociedad en crisis?

¿Y qué significa ser maquilladora? ¿Qué modelo de mujer? Una de las sobrevivientes de la ESMA recordó en los juicios lo que significaba ser mujer en el centro clandestino. Frente a la idea de mujer militante, los marinos oponían el arquetipo de señora como modelo de alternativa a lo subversivo y peligroso. “A ver, subversivas –dijeron una vez–. ¡Vístanse de mujeres!” Y las detenidas no sabían si tenían que vestirse, o iban a ser arrojadas en un vuelo de la muerte. Una de ellas explicó algo de los arquetipos. Y dijo, textualmente: “En dos o tres oportunidades me tocó ser una de las elegidas para salir a cenar. Llegaba un guardia y decía: ‘Acomódese para salir’. Eso también formaba parte del proceso de recuperación, nos convertíamos en señoras”.

Tal vez finalmente de eso se trata. Ni ciudadanas. Ni consumidoras. Ni militantes populares en los barrios. Un nuevo modelo del proceso de recuperación. Ahora envuelto en maquillaje.

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