Manual para el subdesarrollo

 

El martes 30 de abril Argentina vivió un día sombrío, tras la media sanción en Diputados de la ley de Bases, puerta de ingreso a un modelo extractivista y financiero que haría realidad la fantasía de la guarida fiscal propia. Como un manual para el subdesarrollo, cada componente de política pública que explica el éxito de los países hoy desarrollados fue quirúrgicamente soslayado y reemplazado por su antítesis.

Este sinsentido ocurre en un escenario de capitalismo global anémico, financierizado, que atraviesa una crisis climática y que confronta por el orden hegemónico. Petróleo, gas y minerales para la transición energética –litio, cobre, cobalto, níquel, tierras raras– están en el ojo del huracán. Para dimensionar el sentido de la transición energética, a mediados de 2023 explicaba el Financial Times que “la magnitud de la infraestructura física que debe renovarse, demolerse o reemplazarse está más allá de la comprensión”. Y alertaba que debían ser “los gobiernos, no BlackRock” quienes liderasen el nuevo Plan Marshall global que demanda el cambio climático.

En este escenario, la Argentina, además de Vaca Muerta, de una porción del triángulo del litio y de varios otros recursos, también ostenta un gobierno felpudo que busca hacer pie a cambio del reparto de bienes públicos entre las fracciones concentradas que, con bofetadas y caricias, lo van guiando. Los aliados prebendarios y la violación recurrente del principio lógico del tercero excluido –“una proposición solo puede ser verdadera o falsa”–, completan la Argentina del destino manifiesto anarco-colonial de LLA, el PRO y la UCR.

 

Ley de Bases para la Demolición

Además de poner a remate los recursos naturales, en su capítulo 2, se habilita al PEN a privatizar Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina, entre otras empresas. Y habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa operadora y constructora de centrales nucleares, junto con Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Si nos enfocamos el sector energético, es crucial reflexionar qué significa la privatización de ENARSA. Creada en 2004, esta empresa estatal surgió como respuesta a la herencia del menemismo: un sector energético fragmentado y totalmente privatizado, y un Estado carente de instrumentos para orientar la política energética nacional.

Después de dos décadas, ENARSA es un eslabón institucional fundamental donde se desarrollaron una amplia gama de competencias de interés estratégico para el sector energético:

• Comercialización de combustibles para centrales eléctricas.
• Gestión de las termoeléctricas San Martín y Belgrano.
• Administración de centrales energéticas cuyas concesiones han expirado.
• Supervisión y licitación de proyectos de gasoductos, como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
• Construcción de centrales hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner.
• Mantenimiento de relaciones bilaterales con Bolivia, Brasil y Paraguay.
• Participación accionaria del 1% en NASA.

Esta diversidad de funciones permite inferir que la privatización de ENARSA impactaría en varios de los aspectos que hacen de la energía “uno de los vectores centrales de cualquier proyecto de desarrollo económico”, como sostuvo CFK en la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner en Quilmes, el 27/04, donde dedicó más de 20 minutos al tema energético.

Por su parte, la empresa Nucleoeléctrica Argentina, además de aportar el 7% de la energía eléctrica de base, tiene como principales activos las competencias de sus trabajadoras/es, sus capacidades en gestión de tecnologías complejas, los efectos multiplicadores sobre sectores pymes nacionales, su experiencia en relaciones internacionales, todos bienes fundamentales escasísimos para un país en desarrollo que necesitan la protección y los incentivos totalmente ausentes en las experiencias privatizadoras previas (ver aquí y aquí).

Una especialista en países de industrialización tardía, Alice Amsden, explica que el problema de la competitividad de las empresas argentinas durante los años '90 –que reclamaron e impusieron un régimen de flexibilización laboral para, supuestamente, mejorar la competitividad– eran los empresarios y no los trabajadores. Amsden explica que las empresas argentinas “no tenían profesionalizadas sus capacidades de gerenciamiento y pocas contaban con planificaciones o cadenas de mando bien definidas”, y también agrega que las inversiones en I+D “fueron insignificantes” [1].

Todo indica que la privatización total o parcial de empresas estatales del sector energético augura pérdidas de capacidades organizacionales y tecnológicas (desaprendizajes) y mayor concentración del mercado de generación de energía eléctrica.

 

 

Financiarizar el Viento

En el terreno de las energías renovables, dos fotografías muestran un ejemplo didáctico. La primera, de diciembre de 2015: Argentina es el único país de América Latina con empresas que producen aerogeneradores nacionales y un conglomerado de alrededor de 70 pymes que producen componentes. La segunda, de diciembre de 2019: Argentina es un país con mano de obra calificada barata, ensamblador de aerogeneradores importados comprados “llave en mano”. Es decir, en cuatro años se destruyó una trayectoria de aprendizaje que había comenzado en la década de los '80.

¿Qué pasó en estos cuatro años? Pasó el Programa RenovAr, presentado en sociedad por el gobierno de Macri el 18/05/16, a los pocos días de la visita del Presidente Obama. En septiembre de 2015 se había aprobado la Ley 27191 de “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía”, que superaba la Ley 26.190 de fomento de fuentes de energía renovables, sancionada en 2007.

Con enormes dificultades para generar incentivos que atrajeran inversión privada en renovables, hasta diciembre de 2015 se había puesto el foco en el desarrollo de capacidades nacionales. Un instrumento desarrollado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dependiente del MINCyT, los Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC), se propusieron fomentar la asociatividad público-privada, que apoyaba activamente la I+D en renovables.

Bajo el supuesto pragmatismo de incorporar “megavatios verdes” como un fin en sí mismo, el macrismo “apagó” los FONARSEC como se apaga la luz, abrió las importaciones con arancel cero y montó un negocio financiero alrededor de la energía renovable.

 

 

 

Entre otras iniciativas, el Programa RenovAr generó un marco jurídico para que tecnólogos internacionales pudieran “nacionalizar” equipos y acceder así a un certificado fiscal por componente nacional. A pesar de los artilugios, en 2021 se habían incorporado 3600 MW de capacidad instalada con un saldo del 17% de componente nacional declarado en el sector eólico, menos de 24% en el sector de solar fotovoltaica y tasas de rentabilidad garantizadas por contratos en dólares de entre 15 y 20 años y prioridad de despacho. En el camino quedó la industria eólica nacional.

 

El RIGI y la Transición Energética

En la ley de Bases también anida el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) –los U$D 200 millones como monto mínimo–, que se orienta a contramano de la tendencia proteccionista que plantea la disputa hegemónica y los crecientes conflictos geopolíticos, y que transforma a la Argentina en una tortuga sin caparazón.

Una selección no exhaustiva de los principales impactos negativos podría mencionar: trato desigual para empresas no adheridas, especialmente pymes; impacto fiscal negativo por exención de derechos de exportación e importación, junto con impacto negativo en la cadena de proveedores nacionales; facilidad para salida de divisas sin exigencias de reinversión de dividendos, ni contratación de mano de obra local; nivel de desregulación que deja al Estado sin capacidad para definir política productiva o comercio exterior, con riesgos para la balanza comercial y la competencia desleal; renuncia a la soberanía jurídica al seleccionar el CIADI para arbitraje de conflictos; y un largo etc.

La complementariedad entre el RIGI y la no-política energética de manoteo de bienes públicos para el negocio predatorio de los grandes grupos económicos materializa el anhelo del “patio trasero”, que coloca a la Argentina como proveedor de materias primas y tomador de deuda para la compra de tecnología “llave en mano”, sin transferencia de tecnología, ni incentivo al desarrollo industrial local.

Este es el modelo de “revolución industrial verde” que fomenta la transición corporativa, que tiene, por ejemplo, a BlackRock asomando detrás de títulos de deuda argentina y como accionista mayoritario de la empresa Livent, que es propietaria del litio que se extrae del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, y que también tiene participación accionaria en Pampa Energía, Tenaris, YPF, Edenor y Transportadora del Gas del Sur, entre otras.

 

La Energía como Vector de Desarrollo

Para un país como la Argentina, con excelente radiación solar en la zona cordillerana para la producción de energía fotovoltaica, los mejores vientos del planeta en la Patagonia para la energía eólica on-shore, potencial marítimo para el desarrollo de energía undimotriz, el yacimiento de Vaca Muerta para la producción de gas –que puede usarse además para producción de hidrógeno azul–, que dispone de la tercera reserva mundial de litio, la transición energética debe ser concebida como un sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas autónomas incrementales. ¿Cómo hacerlo? Dos ejemplos.

El primero se refiere al Programa RenovAr, cuando el entonces director ejecutivo del Cluster de Industrias y Tecnologías de las Energías Renovables de Argentina (CITERA), Rubén Fabrizio, contaba, en una entrevista, que se hizo una propuesta al Ministerio de Energía “para generar un marco específico de políticas para que la industria local” para que el sector eólico nacional pudiera competir, en paralelo con las licitaciones del RenovAr. La idea era arrancar con una cuota de unos 120 MW el primer año y llegar a los 1000 MW en 2025, explicaba Fabrizio.

Había que generar un conjunto de instrumentos, como el financiamiento a través de bonos públicos, que permitirían que la industria local recorriese el sendero de aprendizaje para confluir en 2025 con los costos internacionales. Así, parte de la demanda de energía eólica podría ser cubierta por los dos tecnólogos nacionales, IMPSA y NRG Patagonia, que ya tenían aerogeneradores homologados entregando energía, y un tercero, INVAP, que venía desarrollando su propio aerogenerador.

El otro ejemplo muestra que Argentina fue capaz de desarrollar un prototipo de pequeño reactor modular –el CAREM-25–, que además promete participar de un mercado incipiente de exportación para países en desarrollo. La NEA (Nuclear Energy Agency) de la OCDE realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares que se están desarrollando en el planeta, analizando seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De alrededor de 70 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros. ¿Cómo se explica? Por el sendero de aprendizaje, la institucionalidad del sector nuclear y su orientación hacia el desarrollo de capacidades autónomas.

 

A modo de síntesis, digamos que el sendero de  transición energética en la Argentina no es un problema de incorporación de “MWs verdes”. Primero, es un problema geopolítico, de condicionamientos y “reglas de juego” que suelen ser desfavorables, que requieren de una política exterior consistente. Segundo, es un problema de gestión y coordinación de capacidades institucionales, organizacionales y empresariales de escala nacional. Y tercero, es un problema de formación y acumulación de capacidades tecnológicas y productivas con grados crecientes de autonomía.

Como vimos, la ley de Bases se orienta en la dirección exactamente opuesta. Incluso, el artículo 3 de la ley de Bases deja abierta la posibilidad de “modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario” y hace posible transformar la estructura jurídica, centralizar, fusionar, o disolver los organismos descentralizados, categoría que abarca las principales instituciones de CyT. Así, el proyecto primarizador y financierizador es coherente. También se orienta a la destrucción acelerada de capacidades de CyT.

En suma, como enunció CFK en Quilmes, “es imposible generar un proyecto, un proceso de crecimiento económico, si no tomamos al toro por las astas en materia energética”.

 

 

 

 

* Nicolás Malinovsky es Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia. Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky

** Diego Hurtado es Doctor en física (UBA), Profesor e Investigador UNSAM-CONICET, ex Secretario de Planeamiento y Políticas de CTI, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ex Vicepresidente de CNEA. Redes: @dhurtado171045

 

 

Referencias

[1] Amsden, Alice. 2001. The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late Industrializing Economies. Oxford: Oxford University Press, p. 63.

[2] NEA. 2024. The NEA Small Modular Reactor. NEA No. 7671, OCDE.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí