Manotazos de ahogado
El Presidente chileno y una improvisación ajustada a las urgencias domésticas
La medida unilateral del Presidente chileno Sebastián Piñera referida a la publicación de la extensión de su Carta Náutica, conocida el último 23 de agosto, se comunicó a pocos meses de las elecciones que se realizarán en noviembre en ambos países. En el caso chileno, las aspiraciones sobre un área de 40.000 kilómetros dentro del Atlántico Sur fueron notificadas mientras se desarrolla una Convención Constituyente (CC) caracterizada por la participación minoritaria de la derecha, motivo suficiente para tratar de invisibilizarla a través de altisonantes declaraciones.
El 21 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el candidato de la derecha, Sebastián Sichel –integrante de la coalición Chile Vamos– intenta detener el proceso de movilización popular iniciado en 2019, una de cuyas expresiones derivó en la convocatoria a la CC. La rimbombante declaración de Piñera pretende reorientar el voto hacia la defensa de intereses soberanos, en relación con un vecino (la Argentina), a quien se acusa –mítica y subrepticiamente– de haber usurpado la parte oriental de la Patagonia, aprovechando la debilidad militar soportada por de Chile en ocasión de la Guerra del Pacífico (1879-1883). En aquella contienda, el país trasandino conquistó las actuales regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, perímetro donde se encuentran los yacimientos de cobre más importantes del mundo, y privó a Bolivia de su salida al océano Pacífico.
Algunos de lxs analistas políticos chilenos menos ingenuos sostienen que el decreto 95, divulgado el 23 de agosto, tiene dos propósitos simultáneos: (a) el apuntalamiento de Sichel –el candidato más emparentado con la cultura chauvinista, consolidada luego de la victoria militar de la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX– y (b) la instalación de una agenda orientada a reemplazar e invisibilizar los debates llevados a cabo por la Convención Constituyente.
Ambas tareas cuentan con la colaboración interesada de las corporaciones mediáticas preocupadas, al igual que el resto de la derecha trasandina, ante los temas abordados por una Constituyente presidida por una académica mapuche, Elisa Loncón Antileo, que se atreve a plantear cambios estructurales en aspectos otrora intocables como las fuerzas de seguridad, los mecanismos electivos e, incluso, el nombre del país. Desde hace dos meses, 155 convencionales discuten una nueva Carta Magna orientada a remplazar la heredada de la dictadura. Cuentan desde julio con nueve meses –como máximo un año– para presentar un proyecto de texto que deberá ser sometido a un plebiscito de ratificación con votación obligatoria.
La medida decidida por Piñera coincide con la aprobación del reglamento de la Convención y el pasaje a la segunda etapa de debates, definida por el abordaje de los temas sustanciales. En forma paralela, se impulsan iniciativas orientadas a desprestigiar a los constituyentes, con el objetivo de reconvertirlxs en sujetos partícipes de una estudiantina inservible, alejada de los grandes problemas políticos estratégicos (como, por ejemplo, los que remiten a la soberanía). De hecho, la disposición unilateral logró encolumnar, detrás de la postura gubernamental, al flamante vencedor de las elecciones internas de la izquierda, Gabriel Boric, que no logró escapar a las presiones chauvinistas arraigadas.
Durante el último mes, las redes sociales –que en Chile son un duopolio– lograron imponer varios hashtag (etiquetas que hacen las veces de rating temáticos) en lxs que activistas de la derecha junto a trolls, bots y botnets instalaron las siguientes tendencias: #CircoConstituyente, #DestitucionDeElisaLoncon y #LonconPidePerdon. La ofensiva contra la Constituyente se combina ahora con la pretendida extensión de la Carta Náutica N° 8 publicada el 27 de agosto en el Diario Oficial, nominación chilena del Boletín Oficial.
Los relevamientos realizados por los sitios Contexto Factual y Analitic y por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) constataron que lxs emisores de los ataques coincidían con cuentas que promovieron, en octubre de 2020 –durante el plebiscito–, la negativa a que se realice la Convención Constituyente. Un repaso por esas mismas cuentas – de activistas, bots y botnets– muestra que son las mismas que vuelven a agitar el fantasma del robo a la Patagonia para referirse al ejercicio de soberanía liderado por Piñera.
Unas semanas antes de la intempestiva publicación del decreto 95 del 23 de agosto, la académica feminista y convencional Bárbara Sepúlveda Hales denunció que el gobierno chileno no habilitó las emisiones del debate –de lxs constituyentes– con el pretexto de que “se llegó al límite de transmisiones simultáneas que puede hacer la empresa encargada de su retransmisión”. En julio, los soportes digitales de la derecha difundieron una foto falsa de Elisa Loncón junto al militar genocida Augusto Pinochet. Pocos días antes de la divulgación del decreto 95, la presidenta de la Convención denunció agresiones de activistas pinochetistas frente a la complicidad de los carabineros presentes, encargados de custodiar las deliberaciones de la asamblea.
La medialuna
La medida sorpresiva de Piñera se presenta pocos días antes de la aprobación del reglamento de funcionamiento de la Convención, situación que habilita el debate de los temas sustanciales. La derecha se opuso al plebiscito. Luego de ese fracaso, intentó condicionar la elección de constituyentes a que sólo podrían aprobarse los cambios con dos terceras partes de los convencionales. El resultado de las elecciones de dichos constituyentes supuso una segunda derrota para los sectores corporativos, dado que no alcanzaron el tercio de los miembros electos. Su plan, en la actualidad, es “soberanizar” la elección de noviembre para evitar una conexión política –y de movilización popular– que vincule los debates de la Constituyente con las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.
El intento de desacreditar a los convencionales, que debaten cuestiones ligadas a la desigualdad estructural de la sociedad, pretende ser sustituido por apelaciones intempestivas a la soberanía. El énfasis y la falta de diálogo bilateral previo con Buenos Aires definen la extensión de la Carta Marítima como una improvisación ajustada a las urgencias domésticas.
Durante los 17 años en que Chile recibió las notificaciones de las presentaciones argentinas ante la Comisión de Límites de las Plataformas Continentales (CLPC) –que le permitían estipular cuestionamientos en el caso de considerarlo oportuno– su Cancillería permaneció en silencio. A partir de 2003 los funcionarios argentinos habían intensificado el relevamiento destinado a legitimar su plataforma continental con el objetivo de validarlo ante la CLPC, el órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), institución que integra el sistema de organismos de las Naciones Unidas.
En el artículo 76 de la CONVEMAR se estipula que “la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial” hasta una distancia de 200 millas o incluso hasta las 350 millas, lo que se conoce como “plataforma extendida”. Al amparo de ese artículo, la Cancillería argentina dedicó 18 años –con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares destinados a la contratación de expertos internacionales, geólogos y expertos en cartas marítimas– a la legitimación internacional de la soberanía sobre dicha plataforma.
El 21 de abril de 2009, la Cancillería argentina presentó, por primera vez, una propuesta sobre los límites exteriores de la plataforma continental ante la CLPC, tomando como base las Recomendaciones de la CLPC, avaladas por el estatuto de la CONVEMAR (aprobado el 10 de diciembre de 1982). En agosto de 2012, durante el 30° Período de Sesiones de la CLPC, se conformó una subcomisión específica, destinada a evaluar la petición. Todos los límites adjuntados cumplían las disposiciones de la CONVEMAR y las Directrices Científicas y Técnicas de la CLPC. A partir de la presentación de agosto se llevaron a cabo siete rondas de trabajo (febrero/marzo de 2013, julio/agosto de 2013, octubre/ noviembre de 2013, enero/febrero de 2014, agosto de 2014, noviembre de 2014, febrero de 2015) que habilitaron a la subcomisión para someter el dictamen ante Plenario de la CLPC.
El 27 de agosto, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) realizó su presentación frente al Plenario y, el 11 de marzo de 2016, la CLPC adoptó sin oposiciones, ni votos en contra, las recomendaciones sobre la presentación argentina, sugiriendo algunos cambios en la presentación. Entre marzo y octubre de ese mismo año se optimizaron los datos cartográficos y el 30 de octubre de 2016 la Argentina realizó una nueva presentación. En ese marco, la CLPC decidió considerar la Presentación Parcial Revisada durante ese período de sesiones, y el 14 de marzo se realizó la presentación final ante el plenario de la CLPC.
El 17 de marzo de 2017, esta Comisión aceptó la presentación del límite exterior de la Plataforma Continental Extendida argentina, con excepción de las superficies que fueron impugnadas por el Reino Unido (referidas a las áreas relacionadas con las Islas Malvinas, las Sándwich y las Georgias). Dicha salvedad, asumida por la CLPC supuso –a pesar de implicar una abstención respecto a las plataformas en torno a dichos archipiélagos– el reconocimiento documentado de la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El 4 de agosto de 2020, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la ley 27.557, que demarca la Plataforma Argentina extendida.
Desde que la Cancillería argentina se presentó ante la CLPC, en agosto de 2012, Chile se abstuvo de hacer cuestionamientos a las demarcaciones propuestas. Nunca impugnó los relevamientos realizados por la COPLA en la Reunión de Estados Parte de la CONVEMAR, ni tampoco objetó los estudios presentados ante la Asamblea General de la ONU. De hecho, en el caso de haberse presentado ante la CLPC, hubiese impedido que esta comisión pudiera expedirse, como sucedió en el caso del Reino Unido. Uno de los mecanismos dispuestos por el Derecho Internacional para cuestionar las plataformas continentales está estipulado en el Anexo 1 del Reglamento de CLPC, que inhibe a ese órgano de expedirse sobre una presentación vinculada con una controversia marítima o terrestre. Hubiese bastado –como lo consignaron los funcionarios del de la Comisión de Límites de las Plataformas Continentales– con una nota de la Cancillería chilena para evitar que esta se expida.
Los analistas políticos chilenos –que insisten en su anonimato– acuerdan que, además de las urgencias domésticas de la derecha chilena, los recursos naturales en disputa –tanto en el lecho de las plataformas como en su proyección hacia el continente blanco– son los núcleos estratégicos del debate. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Andrés Allamand, alegó la última semana que su país planteó objeciones en 2009, 2016 y 2020 con relación a la Plataforma Continental Extendida Argentina. Sin embargo, la documentación en poder de la Cancillería argentina evidencia otra realidad: en 2009, los funcionarios trasandinos presentaron una nota en la que hacían una “salvaguarda de sus derechos en la Antártida”, espacio ajeno a la “medialuna” que hoy procuran incorporar de forma unilateral, con la simple enunciación de su Carta Marítima. Por su parte, en mayo de 2016 –mientras se llevaban a cabo las presentaciones ante la CLP–, Chile presentó una disconformidad genérica que no fue acompañada de documentación cartográfica necesaria para justificar su oposición.
Según el Protocolo de Límites de 1893, la Argentina conserva su soberanía sobre todo el territorio que se extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico. Y Chile mantiene su dominio sobre el sector occidental de la misma cadena montañosa, hacia las costas del Pacífico. Ese es el primer antecedente de la división oceánica: Santiago no puede pretender soberanía sobre el Atlántico ni Buenos Aires sobre el Pacífico. Un siglo después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 insistió en el mismo principio de división oceánica: otorgó las tres islas en disputa a Chile (Picton, Nueva y Lennox) y remarco el principio del Pacífico para Chile y el Atlántico para la Argentina.
A pesar de estos antecedentes, Allamand postula la dilatación de una plataforma continental perteneciente a las islas Diego Ramírez –ubicadas en el Pacífico– hacia su vertiente oriental, que se adentra en el Atlántico. El gobierno chileno aduce que el Tratado de Paz sólo regulaba aguas, pero no plataformas continentales, motivo por el cual le corresponde expandirse unas 200 millas submarinas desde dicho archipiélago Ramírez hacia el este. Esa extensión se superpone en unos 5.300 kilómetros cuadrados –según la Cancillería chilena– a los trazados presentados por la Argentina ante la CLPC.
Te la debo
Mientras que el arco político chileno se congregó en torno a la postura anunciada por Piñera, en la Argentina no sucedió lo mismo. El macrismo divulgó un comunicado en el que se diferenció del Palacio San Martín, ubicándose en una posición de asepsia neutral por la que invitaba a ambos países a dialogar. La declaración firmada por la titular del PRO, Patricia Bullrich, equiparó ambos enfoques, poniendo en pie del igualdad la legitimación otorgada por la CLPC –luego de casi 20 años de presentaciones– con la unilateral Carta Marítima publicada en el decreto número 95.
El resquicio irradiado por la fuerza política que lidera la Alianza Juntos fue captado inmediatamente por el duopolio mediático chileno que caracterizó la falta de unidad –motivada por apetencias electorales– como una forma de fragilidad referida a la defensa de los intereses nacionales. El texto del PRO, señaló con claridad el canciller argentino Felipe Solá, pone “en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial (…) Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria”.
La cosmovisión de la derecha argentina referida a las demandas soberanas no coincide con el espíritu expelido por sus cofrades trasandinos. En abril de este año, Bullrich se refirió a las negociaciones del gobierno con el laboratorio Pfizer, sugiriendo que se podrían entregar las islas Malvinas a cambio de la obtención de dicho convenio. “Pfizer no pidió ni cambió de ley –deslizó en territorio televisivo en el que se siente cómoda–: sólo pidió un seguro de caución como a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas… bueno, las islas Malvinas se las podríamos haber dado”, subrayó. La escasez de interés soberano había sido exteriorizada por Macri cuando se lanzó a la política, a mediados de la década del '90: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro (…) las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina”. Esta misma sensibilidad es la que postuló la actual candidata macrista en la ciudad de Buenos Aires, la historiadora Sabrina Ajmechet, quien publicó en su cuenta de Twitter que “la creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional”.
Dos siglos atrás, Manuel Belgrano, en una carta dirigida a Bernardino Rivadavia –ancestro innegable del macrismo–, caracterizaba con apesadumbrada precisión a quienes permanecían ajenos a los intereses nacionales: “Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria.”
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