Mano dura financiera

 

Apenas diez días atrás, el gobierno les pedía a los bancos comerciales que acompañaran la reducción de tasa de interés que el BCRA venía realizando desde mediados de diciembre. Tanto en la visión oficial como en la del conjunto de medios de comunicación que blindan al gobierno, la naturaleza del problema financiero nacional parecía estar bajo control gracias al efecto del programa de asfixia monetaria, impuesto en octubre pasado por el FMI. Alcanzado cierto clima de estabilidad, paulatinamente se podría apostar a reducir las tasas de interés ofrecidas al público con miras a regenerar el crédito y encarar un año electoral clave para la continuidad del programa neoliberal del gobierno. Sin embargo, a partir del lunes 18, el dólar —lentamente— volvió a despertarse, mostrando con claridad que, dentro del actual programa económico, no hay margen para avanzar más allá del objetivo de estabilidad cambiaria.

La respuesta no se hizo esperar; el central licitó LELIQs en exceso de lo ofertado, subió la tasa 300 puntos básicos e intervino vendiendo contratos de futuros sobre dólar. El resultado de las medidas implicó que el viernes el dólar volviera a recuperar cierta tranquilidad, pero el gobierno no tuvo más alternativa que volver a subir la tasa, reconociendo que su única opción es la mano dura financiera. Sabe que ese camino profundiza el mal humor social, pero bajo el plan de estabilización impuesto por el FMI, no tiene otra opción.

Visto con cierta tranquilidad, el comportamiento del dólar no hizo otra cosa más que ingresar en la zona de no intervención (ZNI). Durante enero el BCRA compró 560 millones, sin que la divisa mostrara un movimiento significativo. Pese a ello, a partir del lunes, todas las alarmas volvieron a encenderse mostrando que no hay margen para la tranquilidad cambiaria ni fuera ni dentro de la ZNI. El dólar debe permanecer cercano al piso y la tasa de interés lo suficientemente alta como para evitar oscilaciones bruscas que pudieran ocurrir desde el centro a la parte superior de la zona. Si la cotización llegare a quedar por arriba de la banda, el riesgo de inestabilidad cambiaria podría ser difícil de controlar en función de las restricciones que el FMI impuso al gobierno para intervenir sobre el mercado de cambios (cupos diarios y mecanismo de subastas). Pero, si sucediera lo contrario, ubicándose relativamente estable por debajo de la banda, también abriría riesgos de desarme repentino de cartera por reflejo del miedo de apreciación cambiaria. Nuevamente, el problema no es que flote, sino que, al ganar velocidad de flotación, sensibilice una nueva corrida en un contexto electoral. El gobierno es rehén en su propia trampa.

Varios elementos indican que no hay margen para corridas ni para ningún movimiento del tipo de cambio que, incluso dentro de la zona, pueda ser interpretado en esos términos:

1.  el dato de inflación de enero arrojó un resultado de 2,9%, que anualizado marcaría casi un 35%. La expectativa para  febrero arrojaría un resultado del orden del 3,5% mensual, sin mencionar —de pasada— que para marzo el dato sería aún peor. El país carga sobre sus espaldas con más de tres años de tasa de interés excesivamente alta y la política de desinflación no logró reducir el nivel de precios, pero sí el poder adquisitivo del salario que en el acumulado para los tres años del gobierno perdió 42% con respecto a la inflación acumulada para ese período.
2.  la decisión del BCRA de poner un límite a los bancos para la adquisición de LELIQs (Com A 6647). Según el último informe monetario del BCRA, el stock de letras equivale al 30% de los depósitos y la normativa del banco estableció que las entidades podrán adquirir hasta el 65% de los depósitos o el 100% de la responsabilidad computable (el más alto del mes anterior). Según se pudo conocer, tres bancos internacionales presentaban un exceso por encima de ese nivel y fueron obligados a desarmar la posición. Esa medida se adoptó el viernes previo al inicio del despertar del verde. Fue, sin duda una buena medida, expresión de una mirada orientada a adoptar decisiones prudenciales frente al carry trade. Pero en el contexto de un banco central que abandonó sus funciones de regulación financiera y cambiaria, no hizo más que generar sobrerreacciones dentro del mercado.
3. el déficit comercial continúa reflejando el principal desequilibrio que debe resolver nuestra economía, asociado a la falta de generación de dólares genuinos. Si bien el saldo negativo récord de 2017 se redujo en 4700 millones de dólares, 2018 igualmente cerró con un rojo de 3820 millones de dólares, de manera que la falta de dólares continua latente, a pesar del blindaje del programa financiero con el FMI. El viernes se conocieron las cifras estimadas del intercambio comercial del país a enero de 2019. El INDEC midió caídas de las exportaciones (-4,7%) y las importaciones (-26,5%). Si bien el saldo comercial cerró con un superávit de 372 millones de dólares, mostró una marcada desaceleración con relación al saldo de diciembre (1369 millones). La cosa es sencilla: si no hay un rebote contundente de las exportaciones que aumente la oferta de dólares, la tensión cambiaria va a crecer a medida que suba la demanda para atesoramiento. Aparte, analizada la composición del intercambio comercial, el impacto sobre la actividad industrial es indisimulable: la exportación de manufacturas de origen industrial cayó un 24,3%y la importación de bienes de capital un 41%. La industria se destruye a medida que el gobierno mantiene alta la tasa de interés.
4. el cumplimiento del programa financiero presenta un escenario de creciente incertidumbre. La última renegociación de acuerdos con el FMI permitiría —en principio— cubrir las exigencias del 2019, pero no hay ningún grado de certidumbre sobre los años siguientes. El macrismo se aseguró el 70% de los desembolsos (39.000 millones de dólares) y dejó librado a la suerte de quién gane las elecciones la resolución de los problemas financieros que acucian al país por el frente externo.

Es una espada de Damocles que obliga a construir una estrategia clara de renegociación de los compromisos de deuda. Hay dos opciones, profundizar el programa de subordinación al Fondo Monetario o encarar una propuesta de renegociación sobre la base de un vector de crecimiento como precondición ineludible de viabilidad. El anuncio de reformar la Carta Orgánica del BCRA, que el gobierno planea incorporar con el inicio de las sesiones, es una de las principales maniobras acordadas con el FMI para condicionar aún más el margen de acción de un eventual gobierno opositor. Sumado a ello, la fuga de capitales que arrojó niveles récord en lo que va del gobierno de Cambiemos (67.000 millones de dólares para el trienio; 27.000 millones sólo en 2018), va a continuar en aumento durante el año electoral. El impacto sobre las reservas internacionales podría arrojar caídas mayores a las previstas por el gobierno, que a todas luces resultan excesivamente optimistas (3.000 millones).

La cuestión fiscal también marca el delicado escenario macroeconómico que enfrenta el gobierno. Si bien a fuerza de ajuste y recesión, el déficit operativo del 2018 se redujo en un 16% mejorando el resultado fiscal en unos 65 mil millones de pesos, el déficit financiero aumentó un 16% por el mayor peso de los intereses de la deuda externa. Una vez más se cumple la regla de oro del proceso de financierización: lo que se ahorra por un lado, se extrae por el otro.

En este escenario, el otro elemento preocupante es la caída de la recaudación fiscal que para el acumulado 2018 terminó 24% por debajo de la inflación. El establishment económico pregona que el principal problema del país es el gasto público, pero lo único cierto —además del impacto recesivo sobre la recaudación— es que la AFIP se caracteriza por un elevado grado de ineficacia para prevenir la evasión fiscal de las grandes fortunas. El sistema de Justicia también forma parte de ese delicado problema que, en el mediano y largo plazo, incide en el desfinanciamiento del Estado. Cada investigación penal por defraudación tributaria agravada que se cierre sin el dictado de una condena y o/ decomiso de bienes tributarios, contribuye a dinamitar la capacidad recaudatoria. Más que la inflación, el primer desafío que las fuerzas del campo popular deben resolver en el futuro inmediato —tanto aquí como en el resto de la región— es la reorganización del sistema tributario sobre principios de progresividad impositiva, celeridad recaudatoria, eficacia y transparencia operativa. Tal como funciona el sistema vigente, no hace más que alimentar las reiteradas críticas de los agoreros del liberalismo financiero en torno a los mitos de la presión fiscal, el efecto sobre las inversiones y el mal manejo del ingreso tributario.

El slide del Ministerio de Producción que refleja que 20% de lxs rubixs financian la vagancia del 80% de lxs morochxs, expresa la dimensión más racial y violenta del neoliberalismo. Me recuerda la frase de David Viñas, según la cual el liberalismo enfrentado con la realidad argentina se transforma en darwinismo social. No hay nada más falso que la imagen que presenta el gobierno. De acuerdo a datos de CEPAL (estadísticas tributarias América Latina 1990/2016), la estructura impositiva argentina se compone del siguiente modo: 50% por impuestos indirectos (valor agregado y otros impuestos sobre bienes y servicios), 15% de impuestos sobre la renta, un 20% de impuestos sobre seguridad social y el 15% restante en otros impuestos. Es decir, se trata de un modelo profundamente regresivo donde los ricos evaden, eluden y además en términos relativos pagan menos porque su propensión al consumo y el impacto inflacionario son menores. Otros datos también muestran que la mayor eficacia en términos de recaudos recae sobre el IVA, mientras que la imposición sobre precios de transferencia es altamente permeable a la evasión fiscal. La idea del gobierno de eliminar impuestos se dirige a desfinanciar el Estado y favorecer la concentración económica, por eso le quitó el reintegro de IVA a los jubilados. Miseria en estado puro.

Por todo eso volvió la mano dura financiera cuya contratara más palpable es el aumento de las quiebras empresarias. Eva Sacco, economista de CEPA, mostró esta semana el dato más contundente: solo en CABA y GBA por día cierran casi 4 empresas. El dato es terrible, rápidamente impacta en desempleo, en la pobreza, la marginación y la violencia social. Eva también mostró los datos de cierre de empresas a lo largo del gobierno de Macri:

• en 2016 cerraron 666 empresas;
• en 2017, 716 y
• en 2018, 795.

Por otro lado, la apertura de concursos preventivos también viene en aumento:

• 210 en 2016,
• 227 en 2017 y
• 368 en 2018.

Ese es el efecto del mazazo de la tasa de interés que vuelve inviable el modelo económico de Cambiemos. El gobierno compró tiempo en el FMI (a cambio de regalar la soberanía política y monetaria), pero para llegar a las elecciones va a necesitar profundizar la persecución judicial, la manipulación mediática y la represión social. La mano dura financiera es hermana gemela de la mano dura social. Antes de que la economía termine de quebrar por completo, necesitamos cambiar el rumbo de los acontecimientos venciendo al gobierno en las elecciones. De continuar este modelo,  la movilidad social y las aspiraciones de la clase media desaparecerán por completo, al tiempo que la marginación y la cultura del descarte trasmutará en fenómenos de exclusión social con consecuencias impredecibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí