MANI PULITE

Con Ricardo Lorenzetti en campaña para la presidencia de la Corte Suprema, Ercolini le firmó el primer sobreseimiento de la causa Cuadernos al influyente dueño de Techint. Papeles, rosca y visitas.

 

Paolo Rocca se convirtió esta semana en el primer empresario sobreseído en la causa Cuadernos. El sucesor de Claudio Bonadío, Julián Ercolini, también sobreseyó a dos ejecutivos de la compañía. Y procesó al entonces viceministro de Planificación, Roberto Baratta. Usó una mano quirúrgica. Sacó del medio la figura de las coimas, que tiene dos partes: paga y recibe, e introdujo la del pago indebido, pero por razones humanitarias. Y para el funcionario, las dádivas. Doble vara. Quienes entienden de derecho penal dicen que el fallo es un escándalo porque construye una nueva doctrina, de pago por “razones necesarias” para los empresarios. A Techint lo libera, además, del fragoroso frente externo con accionistas que avanzan contra el Grupo como efecto de la causa Cuadernos. Hubo mucho llamado de Clarin por esta causa: uno de los ejecutivos sobreseídos fue Luis Betnaza, director de Techint y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).  Y visitas: un día antes del fallo, el lunes por la mañana, Ercolini pasó por el despacho de difícil acceso de Ricardo Lorenzetti. Un paso que observaron varios ojos del Palacio de Justicia, y confirmó uno de los amigos del supremo.

¿Habrán hablado del fallo?

 

 

 

 

Martina Cirimele es directora del CIPCE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Sostiene que el fallo es inadmisible porque abre una vía de impunidad, mientras construye otra línea donde los funcionarios del Estado siempre serían los únicos responsables. “Lo peligroso –dice– es que un juez seleccione algunos argumentos, omita otros, de forma totalmente parcial, y construya un estado de necesidad. Y, en virtud de ello, sobresea a los directivos de Techint, quienes estaban imputados por cohecho activo y avance con el procesamiento de Baratta por aceptación de dádivas. Como sostuvimos en nuestro comunicado, esta escandalosa resolución confirma la inmunidad de un sector en las causas penales. Se reproduce una visión en donde los/as funcionarios/as o ex funcionarios/as serían los únicos culpables de este tipo de delitos y los grandes empresarios serían víctimas de extorsiones o actuarían bajo causales de justificación”.

 

¿Qué dice el fallo?

Ercolini firmó un fallo de 62 páginas. Retomó la línea que introdujo Rocca cuando, sentado al lado de Luis Pagani y de Héctor Magnetto, disertó en el Hotel Sheraton –donde también acudió Mauricio Macri– el 16 de agosto de 2018. Los diarios dijeron que Rocca confesó todo. Sin embargo, lo que hizo fue introducir el argumento del pago por razones humanitarias del que jaló el juez en este nuevo contexto.

“Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí”, admitió Rocca en aquel momento. “Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien. Pero creo que no fuimos ni cómplices, ni partícipes de todo esto”. Y luego, agregó: “Se había militarizado la empresa. En esa circunstancia, (Luis) Betnaza accedió a una exigencia de apoyo. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme”.

 

 

 

 

La idea de la Venezuela militarizada creció en el expediente con el paso del tiempo. La realidad era distinta. El Grupo buscó la ayuda del gobierno argentino en la negociación con Venezuela por la nacionalización de una de las compañías. Techint estaba preocupada por esa indemnización, de la que hablaban una y otra vez los cables de WikiLeaks de ese 2008 y 2009 cuando los detectó el periodista Sebastián Lacunza. Y logró resultados sustantivos: valuada en 1,5 mil millones de dólares cobró 1,9 mil millones por la siderúrgica Sidor. Esa era la preocupación. Con el paso del tiempo, los defensores introdujeron en el expediente otra historia: agitaron el fantasma de Hugo Chávez y dijeron que pagaron porque buscaban proteger a los empleados durante el (sic) violento procedimiento de nacionalización de la compañía. Esa es la línea que ahora tomó Ercolini.

El caso Cuadernos saltó a la luz el 1 de agosto de 2018. Techint no figuró en la primera publicación de La Nación, pero apareció después vía Infobae. Los cuadernos de Centeno mencionaban a un tal “Héctor” que había hecho ocho entregas de dinero a Baratta, a quien el diligente chofer decía llevar al edificio de la compañía de la calle Della Paolera. Bonadío allanó Techint. Y detuvo a Héctor Zabaleta, ex director de Administración, que pasó una noche preso y pidió acogerse al sistema extorsivo del imputado arrepentido. Zabaleta dijo que entregó dinero a Baratta, pero por orden de la mano derecha de Paolo Rocca, el también influyente Betnaza: una de las personas que también visitó para esa época a Mauricio Macri.

 

 

 

 

 

En la versión de Zabaleta, al comienzo de la causa, muy inicial, Betnaza le pidió entregar ese dinero porque los amenazaban con cortar la luz y el gas en Venezuela. Hasta ahí esa era la situación, y no otra. Luego se presentó Betnaza, corrigió a Zabaleta, luego se presentó Rocca y corrigió todo. Luego acudieron los abogados. En las indagatorias posteriores, Betnaza puso sal y pimienta a la teoría de la violencia. Entre unas y otras versiones, Ercolini escogió: eligió a Betnaza. Lo dijo así: “Si bien Zabaleta dijo que recibió las órdenes de pagar porque mediaba una amenaza de corte de luz y de gas y el quite de las obras públicas, lo cierto es que, a esta altura, las constancias incorporadas me permiten inclinarme por la decisión que adoptaré y desarrollaré de seguido”. Y añadió que Betnaza sostuvo que “en virtud del conflicto suscitado en la República Bolivariana de Venezuela, a raíz de la nacionalización de la firma Sidor (vinculado con el peligro que significaba para la gente, cuando vio lo que le pasó a la directora de recursos humanos de la compañía, María Elena Posadas, y que además les quemaban los colectivos, etc.); se solicitó ayuda al gobierno argentino para lograr la rápida evacuación de los argentinos que se encontraban en el citado país, oportunidad en que los funcionarios le solicitaron la realización de un ‘aporte’ para afrontar gastos; y que por ello le dio instrucciones a Héctor Zabaleta, para que efectuara los pagos”.

Tomó testimonios trágicos sobre esos días. Un empleado declaró que “no era fácil. En mayo de 2008, un Diputado de Venezuela públicamente dijo que había que sacar una ley para prohibir la salida de los empleados argentinos de la firma”. O: “Había pintadas y amenazas contra los argentinos. El gremio se había puesto muy a favor de la nacionalización y presionaba para que ello ocurra rápido. Hacían manifestaciones dentro de la planta casi diariamente”.

Así, Ercolini concluyó en los sobreseimientos: “Si bien la conducta endilgada de ordenar y ejecutar los pagos, respectivamente, a un funcionario público podría tener relevancia penal en cuanto su adecuación típica, considero que, por los hechos acreditados que han sido reseñados, habría mediado una causal de justificación, en los términos del artículo 336, inciso 5 del Código Procesal Penal de la Nación, que conlleva el dictado del sobreseimiento”. Y remató: “Entiendo que los imputados, al concretar el pago de las sumas de dinero requeridas, se vieron en la imperiosa necesidad de afectar a un bien jurídico con el fin de salvar otros bienes jurídicos”.

 

Doble vara

Hasta ese momento, todos los imputados estaban con falta de mérito, incluso los funcionarios. Bonadío los había procesado. En abril de 2019, la Sala I de la Cámara Federal le dictó falta de mérito a Rocca con votos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. El resto de los imputados siguió acusado. Bonadío elevó la causa a juicio oral y luego Casación sacó el tramo Techint del juicio, y lo devolvió a la instrucción. Quienes leen los tiempos políticos de Comodoro Py dicen que entonces el final estaba cantado. Con Bonadío muerto, la causa pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y luego de Ercolini. Martínez de Giorgi, el año pasado, declaró falta de mérito para todos, mientras continuaba la investigación. Ercolini tomó la causa en ese punto, y cerró una parte.

A Rocca lo sobreseyó con los mismos argumentos de la Cámara Federal: “Si bien ocupaba una elevada posición dentro del holding, no es posible inferir que cada acto desarrollado por los directivos de las diferentes compañías fuese generado desde la cúspide del grupo que las aúna”. Y Betnaza, indicó, ocupaba un espacio de suficiente gravitación como para diagramar el curso de los acontecimientos. A Baratta no lo procesó por cohecho porque es una figura que requiere de dos partes, sino por recepción indebida de dádivas. El juez no explicó, sin embargo, qué relación funcional tuvo con los operativos de socorro. Entre el resto de los imputados está también Cristina Fernández. El juez no sobreseyó ni procesó, dijo que deberá seguir investigando. Para la defensa de CFK esto no significa una amenaza. Otros, en cambio, leyeron la sombra siempre presente de otro cadalso.

La trampa humanitaria

El fallo también es importante para Techint en el exterior. Durante la explosión de la causa Cuadernos, la compañía perdió en la Bolsa de Wall Street entre 10 y 15 por ciento del valor de sus acciones en Tenaris y Ternium, que ya habían caído en la Bolsa porteña entre 3 y 4 por ciento. Al mismo tiempo, el estudio de abogados The Rosen Law Firm anunciaba un litigio en puerta de parte de los accionistas que sostenían que el Grupo había inflado el valor de las acciones con el acceso indebido o pago a obras públicas o la indemnización en Venezuela. Eso no es pasado, sino presente. La Bolsa está regulada por la Securities and Exchange Commission (SEC), la autoridad de control del mercado de capitales en Nueva York. Y los juicios son parte de los datos que la compañía informa regularmente a los accionistas.

El último 4 de agosto, Tenaris publicó un informe semestral con un párrafo sobre el estado de los juicios en Estados Unidos, tras el impacto de Cuadernos. “Tras el anuncio de la Compañía del 27 de noviembre de 2018 en el que su Presidente y Director Ejecutivo, Paolo Rocca, había sido incluido en una investigación de un tribunal argentino conocido como El Caso de Los Cuadernos (…), se presentaron dos demandas colectivas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York”, señala. “El 29 de abril de 2019, el Tribunal consolidó las demandas en un solo caso, nombrado In re Tenaris S.A. Securities Litigation, y designó a los principales demandantes y abogados”. El 19 de julio de 2019, los demandantes presentaron una demanda modificada. Los demandados son el Presidente y Director Ejecutivo y el ex-Director Financiero de Tenaris. El 9 de octubre de 2020, el tribunal concedió en parte y denegó en parte las mociones de desestimación de los acusados”. En este momento, señala finalmente, “el caso está procediendo ahora con base en los reclamos que sobrevivieron a la moción de desestimación. La gerencia cree que la Compañía tiene defensas meritorias para estos reclamos; sin embargo, en esta etapa, Tenaris no puede predecir el resultado del reclamo o el monto o rango de pérdida en caso de un resultado desfavorable”.

La resolución de Ercolini es un resultado favorable que sirve en lo inmediato en ese escenario internacional. Rocca, agradecido.

 

Il consigliere

En 2010, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) definía la constitucionalidad de la Ley de Medios, Lorenzetti recibió a escondidas a Rocca, a Pagani y a Magnetto. La reunión se conoció días más tarde. Sólo entonces la poderosa Asociación Empresaria Argentina hizo un escueto comunicado del encuentro, también difundido en tres líneas por el portal de noticias de la Corte. Ahora, Lorenzetti está en campaña porque quiere volver a la presidencia del máximo Tribunal, con sucesión prevista para el 1 de octubre. Desde hace meses, lobbea (de lobby) apoyos de oficialismo y oposición. Lo que hasta ahora no se entendía eran las razones: la presidencia de la Corte no se elige en el Congreso sino por votos de mayoría de los cinco jueces de la Corte. Pero esta semana entró al Congreso un proyecto de ley para el cual los acuerdos políticos son importantes. ¿También pesará el factor Techint?

 

 

El proyecto

El proyecto promueve cambiar el artículo 21 del decreto-ley 1285/58 y sus modificatorias, con el objeto de reorganizar la sucesión de presidentes en la Corte. Siempre dilemática. Propone un mandato de tres años con sistema rotativo que empieza con el juez de mayor antiguedad. También sostiene que, en caso de que la persona rechace la presidencia, el puesto pasa a quien está en el orden siguiente. La propuesta lleva la firma del diputado Emiliano Yacobitti, un radical de la Ciudad de Buenos Aires, del círculo de Enrique Nosiglia. “El Coti” sentó a Lorenzetti dos veces con Mauricio Macri y a Martín Lousteau con Alberto Fernández. Es un todoterreno que accede a todos los campos. Esta iniciativa se presentó con la compañía de Cristian Ritondo. Pero políticamente, es un camino que, por arriba o por abajo, conduce a Lorenzetti.

El juez más antiguo en la Corte es Carlos Maqueda, le siguen: Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Si el proyecto prospera y el orden se respeta, pierde Rosatti, quien podría aspirar a la presidencia recién en nueve años. Rosenkrantz, tres años más tarde. Gana Lorenzetti: si tal como suponen en la Corte, Maqueda y Elena no aceptan la presidencia, como sucedió históricamente, él podría acceder garantizándose la silla en la que ahora no logra sentarse porque siempre le faltan números en el poroteo interno.

Pero nada es tan claro. Alrededor de Ritondo dicen que eso puede no ser así: que no hay que descartar a Maqueda, que hasta ahora nunca quiso la presidencia porque escapa a la rosca, pero no a la ley. Como sea, el espejo para pensar esta iniciativa fue el sistema de recambio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con mandatos de un año, rotativos por antigüedad, que vencen cada abril. En este caso, la vigencia de tres años es un número discutido.

El proyecto tiene dos partes. La primera con los artículos y la segunda con los fundamentos. La primera dice que la CSJN estará compuesta por 5 jueces. Es un dato. También especifica: “El Presidente será designado en orden de precedencia por antigüedad en el cargo. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones y será reemplazado sucesivamente en ese orden. En caso de ser necesario, por licencia o enfermedad, será sustituido por cualquiera de los ministros en funciones, en la forma que establezca en su reglamento”. Otro párrafo complementario señala que “será de aplicación inmediata a partir del día de su publicación, derogándose toda disposición que regule igual o similar materia, contradiga o se oponga a su plena implementación. Automáticamente y sin dilaciones, asumirá el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayor antigüedad, y si este no aceptara, se seguirá el orden de precedencia dispuesto en esta norma”.

Los fundamentos recuerdan la historia reciente: “La experiencia de los últimos tiempos ha demostrado que la propia Corte Suprema ha tenido grandes dificultades para elegir su presidente, ha modificado varias veces la fecha de la elección y, a su vez, ha dictado acordadas que cambiaron sustancialmente el rol de la presidencia, sustituyéndola por un sistema colegiado”. Estos cambios “han generado un escenario de inestabilidad que la propia Corte Suprema argentina no puede resolver internamente y que tiene implicancias institucionales serias”. Es necesario, sostienen, “que el Honorable Congreso, en uso de facultades propias, garantice regularidad y estabilidad mediante el establecimiento de un sistema electivo que trascienda cualquier cambio de criterio interno o regulación de tercer orden mediante una simple acordada”.

El proyecto, surgido de la oposición, es entendido por un sector del oficialismo como un mecanismo genuino de la política para introducir racionalidad en las internas palaciegas de la Corte. El problema, en todo caso, es Lorenzetti. Para algunos, el mal menor. Para otros, incluso en El Patria, el mal verdadero.

 

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