Madre sola hay más de una

 

Una mujer de 25 años esquiva gritos y platos que le estallan cerca en plena noche y escapa con lo puesto. Sólo carga en sus brazos a su pequeña hija. Con apenas unos pocos billetes en el bolsillo, comienza a buscar soluciones. Es víctima de violencias cotidianas. Sin sostén familiar y con bajos recursos educativos –renunció a seguir estudiando cuando quedó embarazada– no consigue más que empleos precarios en tareas domésticas, para lo cual debe lidiar con los cuidados de su hija mientras trabaja. La violencia que sufre cotiza poco para un Estado con tiempos largos, burocráticos, que chocan con la inmediatez de sus necesidades y que obstaculiza las denuncias. Cuando finalmente se presenta una, la hace el padre de la niña. Argumenta impedimento de contacto con su hija. En el juzgado, transformado en arena de combate, se discute quién está en mejores condiciones para cuidarla. El padre tiene hogar, trabajo, y cuenta con su madre –la abuela de la niña– para atenderla. El sistema judicial le otorga la custodia temporal hasta que la madre resuelva su precariedad material. Ni la violencia psicológica ni la económica son puestas en juego en la definición. El relato es de Las cosas por limpiar, una ficción que cuenta una historia transcurrida en Estados Unidos, pero que representa a muchas realidades que transcienden fronteras.

La miniserie transmitida por la plataforma de contenidos Netflix actualiza una problemática social y estructural que hoy, en tiempos de la cuarta ola feminista, todavía parece lejos de resolverse. En la Argentina –según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de este año– 1,6 millones de los hogares del país son monomarentales. Están encabezados por madres solas a cargo, que conviven con sus hijxs y, en algunos casos, con hermanxs, madres, padres u otros familiares. Responsabilizadas por todo lo que implica la crianza, y con dificultades materiales y de otros tipos, encuentran una oferta estatal de sostén insuficiente o directamente inexistente, se trate de políticas estatales o soluciones judiciales.

La ficción transmite la soledad que se experimenta en la menos reconocida, pero a su vez más masiva, de las violencias de género. Junto a la psicológica, la violencia económica es determinante a la hora de reforzar las desigualdades. Es la regla, más que la excepción, cuando se disuelve el vínculo de pareja y una mujer queda con la responsabilidad exclusiva de la casa, el trabajo e hijxs.

 

 

 

El asunto, que tiene ribetes culturales, afecta vidas, y reproduce la violencia machista en muchos rincones del planeta, parece calar profundo en los huesos de la región. El lunes 22, el ultraderechista José Antonio Kast ganó el lugar más alto del podio en las elecciones chilenas, seguido de cerca por el candidato de izquierda Gabriel Boric. El tercero, con el 13% de los votos, fue el liberal Franco Parisi, quien podría ser clave en la definición de la presidencia de Chile. Este señor resultó ser todo un acontecimiento noticiable por cuanto vive en Birmingham (Estados Unidos) e hizo campaña a distancia de su suelo natal, a través de redes y tecnologías de comunicación. Pero lo más destacable sobre el personaje es lo que el Canal 13 trasandino informó hace un par de meses. Que Parisi no vuelve a su Chile porque tiene una “orden de arraigo” en su contra, la cual le impediría volver a salir del país luego de ingresar, y que resulta de una deuda de 249.000 dólares por pensión alimentaria impaga. El candidato, utilizando los protocolos de rigor, lo negó y puso sus abogados a trabajar, pero excusó su ausencia con vaguedades que harían enrojecer a los más descarados. No queda claro en qué trabaja en Alabama, tan solo declaró ejercer “actividades docentes” en establecimientos a los cuales prefirió no mencionar para evitar “hostigamientos”. Mientras tanto, sus hijxs crecen al cuidado de su madre, sin cuota alimentaria, en un clásico hogar monomarental.

Las dificultades de los hogares monomarentales no distinguen clases sociales. Todas son alcanzadas, pero la desesperación es mayor a medida que los ingresos familiares bajan. Es el caso de Lorena, que vive en Francisco Solano con su hija de 9 años en un departamento alquilado de dos ambientes. Cuenta con su mamá, que la ayuda cuidando a su nieta cuando ella sale a trabajar como empleada doméstica. Sus ingresos laborales, siempre insuficientes, los complementa con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Se distanció del padre de su hija cuando todavía estaba embarazada y desde entonces él es un espectro. No conoció lo que es compartir con alguien más el desvelo de los días de fiebre, las largas colas para conseguir un turno con el pediatra en el hospital ni las reuniones escolares. Tampoco los placeres ni los infinitos etcéteras de la crianza. Habitante de la economía informal, sin llegar a cubrir los ingresos necesarios para la diaria, no ve al sistema judicial como una opción para reclamar los derechos de su hija al cuidado paterno.

En el mejor de los casos, y suponiendo que los reclamos judiciales fueran eficaces, las cosas no son tan simples. La economía informal, donde trabajan muchos padres no aportantes, hace estragos porque pisa casi la mitad del mercado laboral. La ausencia de un salario registrado impide los embargos judiciales y cobija los desamparos de los hogares monomarentales. En el segundo trimestre de 2021, En el 50% de estos había ingresos que en el tope alcanzaban un máximo de 18.160 pesos per cápita, o sea que la inmensa mayoría estaba por debajo de ese valor. Las cifras hablan de la gravedad y apremio del tema. Si agregamos que en junio el valor de la Canasta Básica Total –para no ser pobre– de un adulto era de 20.856 pesos, queda claro que es muy difícil que esas familias puedan salir adelante sin la AUH o alguna otra ayuda social.

La administración de justicia hoy no parece ser un camino muy prometedor para ninguna mujer. Las de menores ingresos acceden a cuentagotas. A sabiendas del camino infructuoso, y sin recursos monetarios para afrontar tiempos y gastos judiciales, en la mayoría de los casos directamente desisten, más allá de la existencia de algunos patrocinios gratuitos. Cuando demandan alcanzan una reparación mínima y en una pequeña proporción de sus peticiones. Quienes pertenecen a sectores sociales medios, por lo general no cumplen con las condiciones necesarias para el patrocinio gratuito y, en un gran porcentaje, suelen quedar en el camino. Desisten porque los costos de abogados superan las posibles futuras soluciones que pudiera brindar la Justicia. Finalmente, aquellas que tienen los recursos para enfrentar los gastos que implica una demanda, trajinan soluciones lentas y que no siempre culminan con el cumplimiento efectivo de las cuotas alimentarias. Y vuelta a reclamar y recorrer los laberintos borgianos del aparato judicial. La percepción de los actores judiciales coincide en que los progenitores de mayores ingresos son hábiles para eludir costos y medidas. Por más que exista un Registro de Deudores Alimentarios, haya prohibiciones para salir del país, se impongan restricciones para ingresar a clubes, acceder a licencias de conductor u otras medidas de castigo, no hay eficacia para lograr que se cumplan los deberes de asistencia familiar.

Las distancias entre la realidad social de los hogares monomarentales y las resoluciones, los costos y los tiempos de la Justicia de familia son abismales. De las mujeres que se declararon ocupadas laboralmente, el 22% se desempeñaba en tareas de “servicio doméstico”; un 18% trabajaba en actividades de “servicios comunitarios, sociales y personales” y otro 12% dijo desempeñarse en “actividades comerciales”. Todos sectores con alta informalidad y baja remuneración, a lo que se suma conjugar el trabajo con el cuidado de los hijxs. Uno de cada cuatro de los hogares monomarentales no contaba ni con obra social, ni con planes, mutuales o seguros públicos de cobertura de salud, ni pagaban ni les descontaban por algún tipo de servicio médico. Este 25% de familias sin protección nuclea al 39% de las personas que habitan el total de esos hogares. Son casi 2,2 millones de personas, de las cuales 750.000 son niñxs. Un cuadro que deja al descubierto el desfasaje y el desamparo social que parece no resolver la fría letra de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Clarisa es profesora universitaria y también transita la maternidad en soledad. Hace cuatro años que no recibe ni un centavo del padre de sus hijxs, quien ya tiene otra familia. Aunque en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires avanza un proceso penal que podría condenarlo por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, sigue sin aportar ni dinero ni otros cuidados para sus tres primeros hijxs. La potencial condena no se traduce en una solución concreta a la cuestión alimentaria. En la Justicia penal el proceso de este delito, tipificado como violencia de género en su carácter económico, lo lleva adelante la fiscalía, de oficio. La afectada no necesita pagar un abogado ni incurrir en gastos. Pero en el juzgado de familia –fuero civil– Clarisa transita su contracara. Debe renovar cada tanto el embargo de una propiedad que, en el mejor de los casos, llevará años en ejecutarse. Mientras, en el día a día no ve un peso y debe afrontar puntualmente y con dificultades los honorarios de su abogado. La oficiosidad, que no existe en los juzgados de familia, impone una representación técnica de un abogado, ya que tramita como un tema entre privados. Solamente es posible contar con un patrocinio gratuito si se cumplen determinadas características que están ligadas, indignamente, a comprobar condiciones de pobreza. Un medievalismo estigmatizador que debiera resolverse.

El presente de la inmensa cantidad de madres y niñxs que habitan los hogares monomarentales reclama soluciones concretas y urgentes. La escuela, las zapatillas, la comida y las necesidades de cada día no pueden esperar. La oficiosidad en los juzgados de familia para temas de violencia física, psicológica y económica podría ser un modo de democratizar el acceso a la Justicia y resolver la cotidianidad que choca con los expedientes, acostumbrados a navegar por mundos paralelos, lejanos de la vida real. Una medida de igualación en el acceso a la Justicia impactaría en esa población, que abarca 5,6 millones de personas. Un número que justifica considerar el problema como de interés público. La insuficiencia de la vía judicial entre privados reclama urgentes políticas estatales para balancear estas situaciones que, sin discriminar clases sociales, desparraman y refuerzan desigualdades por doquier. Existen experiencias internacionales que podrían ser evaluadas e imitadas. En Israel, por ejemplo, el Estado resuelve inmediatamente cubriendo la cuota alimentaria y luego se encarga de litigar contra el incumplidor.

Mientras tanto, el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Marea violeta mediante, en el lento caminar de las transformaciones culturales y en el reconocimiento y la reparación por parte del Estado de las violencias de género naturalizadas, y ampliamente reproducidas, todavía quedan pendientes.

 

 

 

 

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