Macro contra micro

 

En bandejas o cajones de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado aguardan desde fines de 2024 dos proyectos de la legisladora santacruceña Alicia Kirchner para rechazar la eliminación de la política de microcréditos a la economía social, consagrada por ley en 2006, e interrogar a la ministra Sandra Pettovello sobre las inconsistencias en que Capital Humano basó la disolución.

La herramienta en que trasmutó la motosierra no sorprende, por repetida: una ley discutida con participación de una diversidad de actores, aprobada luego por el Congreso y vigente por casi veinte años, con adhesión de 22 provincias y un centenar de municipios, fue amputada hasta la esterilidad por vía de decreto presidencial.

Esta vez, no resultó necesario agitar necesidad y urgencia. Oficial desde el 13 de diciembre, el decreto 1.094/2024 podó a gusto 16 de los 23 artículos de la ley 26.117, dejando sólo los imprescindibles para no tensar las facultades obsequiadas por el Congreso al Ejecutivo para legislar hacia adelante o en reversa. Ninguno de los artículos sobrevivientes representa una amenaza a los objetivos oficiales, porque no conllevan obligación de políticas o inversiones.

El mismo gobierno que no teme vaciar las arcas públicas otorgando beneficios a los sectores más concentrados o favoreciendo la importación, destruye una política de mínimo impacto fiscal destinada a unidades productivas cuyos activos no superasen el equivalente a medio centenar de canastas básicas totales por puesto de trabajo. El último registro del INDEC cifra esa valoración en 342.370 pesos. La multiplicación por 50 dimensiona el módico porte de los beneficiarios de un Programa que ya forma parte del pasado.

 

Letra muerta

La decisión del Presidente Javier Milei y su ministra priva a los márgenes de la economía de vías de acceso a crédito a tasa subsidiada por hasta doce veces un salario mínimo, vital y móvil, que este mes todavía se encuentra por debajo de 300.000 pesos.

La política buscaba contribuir a la generación de actividad y empleo, con la reinserción de los expulsados a la desocupación o la informalidad. Era el objetivo en el país de 2006, cuando la ley se propuso “estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales”.

Esa definición del primer artículo de la ley sigue vigente, pero carente de herramientas para su concreción:

• el propio Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, creado por el derogado artículo 3;
• su Comisión Nacional de Coordinación, prevista y regulada en los siguientes;
• su Comité Asesor;
• el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito; y
• las fuentes presupuestarias, incluyendo el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.

Con el antecedente de las viejas cajas de crédito gestadas por las colectividades de inmigrantes a comienzos del siglo pasado, el Programa buscó demostrar que el Estado podía incidir positivamente en la reconstrucción de la actividad económica y el tejido social, en el escenario posterior a la crisis heredada de la convertibilidad. No suponía sólo una inyección de fondos, sino la intervención de una heterogénea pluralidad de organizaciones administradoras de los microcréditos otorgados, lo que aseguraba la transparencia en la asignación y la asistencia en formación de los receptores, procurando generar entramados productivos autosustentables. De ese modo, la eliminación del Programa supone la interrupción de una política que pretendió superar la mera distribución de los llamados planes sociales, denostados por no obligar contraprestación ni reembolso.

El decreto presidencial de diciembre pasado no especifica qué ocurrirá con el personal contratado para las tareas interrumpidas ni qué tratamiento o seguimiento se dará a los microcréditos vigentes. Tampoco explica por qué se incluyó en el proyecto de Presupuesto 2025, bajo la órbita de Capital Humano, la asignación de recursos a un Fondo para el Financiamiento de la Economía Social que la ley y el decreto citados no contemplan bajo ese nombre, ni el firmado por Milei y Pettovello crea.

 

Si la Cámara Alta acompaña la propuesta de la senadora Kirchner, podrá consultar a la ministra de Capital Humano sobre las incongruencias escritas al desguazar en cinco carillas la ley que el propio Congreso aprobó hace casi dos décadas.

 

Programa de despojo

Un informe técnico elaborado por integrantes de lo que fue la Comisión Nacional de Microcréditos luego del decreto presidencial refuta sus principales argumentos y cuantifica la acción del Programa ahora eliminado.

De acuerdo al estudio, el fondo de microcrédito transferido por el Estado a las organizaciones administradoras fue de poco más de 2.000 millones de pesos, pero los microcréditos otorgados orillaron los 6.500 millones. De ese modo, el monto inicial rotó tres veces, con un recupero de 81,5% de los créditos otorgados y una tasa histórica de morosidad calculada en apenas 6%. En dos décadas, se adjudicaron más de 700.000 microcréditos que financiaron a 356.576 emprendimientos, con un alcance de alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras. Aun bajo el prisma de la eficiencia contable, son indicadores que no se condicen con la “dilapidación de recursos públicos” aludida por el decreto presidencial.

El informe apunta que la “narrativa artificial de ineficiencia” sólo encuentra sustento en las condiciones creadas por el propio gobierno, que para septiembre del año pasado había ejecutado el 5,4% de los 1.178 millones de pesos presupuestados. Los 64 millones que sí tuvieron ejecución correspondieron a subsidiar el monotributo social, como marcaba una resolución ministerial de 2011 que Capital Humano dejó sin efecto en septiembre último, en otro cachetazo a la sostenibilidad de un sector que en medio de su contracción debe abonar por conceptos en que se encontraba exento.

Asimismo, el estudio técnico denuncia una deliberada intención de la gestión de restringir la presentación y avance de los proyectos postulados por organizaciones habilitadas, contribuyendo a lo que el decreto presidencial catalogó luego como ineficiencia del Programa previamente entorpecido. Del mismo modo, la letra oficial utiliza el volumen salarial de la planta de trabajadoras y trabajadores en la órbita del Programa para compararla con el presupuesto sub-ejecutado, y nutrir con la supuesta desproporción una ilustración de ineficiencia o de espacio destinado únicamente a sostener fuentes de empleo público. La receta no es novedosa: vaciamiento previo, para justificar el desguace.

Milei y Pettovello no son innovadores en esas argucias, repetidas en cada ciclo de ajuste, pero tampoco cosechan sin siembra ajena. Caben responsabilidades también a sus antecesores: la mayor parte de los microcréditos que involucraron al Programa fueron entregados hasta 2015, antes de que el nuevo gobierno de Mauricio Macri subiera la tasa de interés y redujera el financiamiento, en sintonía con su visión de la eficiencia crediticia. El siguiente periodo presidencial, encabezado por Alberto Fernández, se entretuvo en internas y dilaciones y nunca devolvió al Programa el vigor perdido. Como en tantas otras esferas, ambos gobiernos contribuyen a explicar la disrupción que encarna el actual.

El discurso oficial en boga añade a su argumentación que el vacío dejado por el sector público en materia de microcréditos puede ser satisfecho por el privado, una premisa que queda eximida de análisis por la vigencia que conserva el marco legal entronizado por el modelo financiero impuesto hace medio siglo y sustentado por el terrorismo de Estado.

 

Sótanos

El desguace del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social resulta aún más grave en medio del despliegue de un modelo excluyente. Quienes caigan de un sistema cada día más concentrado no hallarán ya las redes de contención que gestaba el disuelto Programa, exitoso no sólo en su objetivo primario sino también en términos de cobrabilidad.

De ese modo, el aporte a la reducción del déficit fiscal será marginal, pero resultará en costos sociales y económicos altos para la población en condiciones de postular a los microcréditos ideados a mediados de la primera década del siglo como un motor para la reconstrucción de la producción y el empleo, en un país desgarrado por las consecuencias del anterior ciclo de concentración económica, endeudamiento externo y fuga de capitales.

No es una realidad que observe en su espejo el Presidente, entretenido en celebrarse vencedor de una comparación consigo mismo. El último festejo, por lo menos hasta el cierre de esta nota, fue el de un crecimiento del estimador mensual de actividad económica: según el INDEC, en enero de 2025 varió 0,6% respecto a diciembre de 2024 y 6,4% en la relación interanual.

El problema es que, en esa relación, Milei ya comenzó a compararse con su propio gobierno y no con el de Fernández. Además, no siempre encontrará un periodo tan favorable con el que confrontar su desempeño. Tras la devaluación con que inició el nuevo gobierno, enero de 2024 fue no ya el piso sino el sótano de la actividad económica en la pospandemia.

 

 

Todo ello sin contar con que no todos los números del último informe se corresponden con los previos del propio INDEC, una nueva incongruencia que aguarda clarificación.

 

 

 

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