MACRILANDIA EN TERRITORIO MAPUCHE

 

Hace 10 años patrocino una demanda colectiva territorial [1] de 10 comunidades mapuche de Río Negro representadas por el CAI (Consejo Asesor Indígena) cuyo objetivo es reconocer las tierras de ocupación tradicional indígena, investigar los despojos por abusos de la diferencia cultural y restituirlas a sus víctimas en aplicación de la ley 2287 que obliga al estado a mensurarlas y entregarles a las comunidades indígenas el título de propiedad comunitaria y, en caso de insuficiencia, otorgarles además otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano que establece el art. 75 inc. 17 de la Constitución de la Nación Argentina.

En el juicio, se acreditó con informes y testimonios de historiadores, antropólogos y otros expertos la política de exterminio contra el pueblo mapuche. Quienes explicaron a los jueces las políticas del Estado argentino continuadas por el estado rionegrino fueron los co-autores del Informe de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales (CIRTTR) creada por la ley 4744. La CIRTTR funcionó entre 2012 y 2015 en la Legislatura de la Provincia de Río Negro y el gobernador Weretilneck la desactivó al asumir su segundo mandato, junto al primero de Macri. En las nacientes del Río Chubut está la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu.

Evidencias abrumadoras probaron los despojos estatales a favor de particulares y la consecuente insuficiencia del territorio. Se demostró que, en lugar de cumplir con la ley 2287 que impone al estado priorizar a los indígenas en el otorgamiento de tierras (arts. 16 y 17), socios y amigos del Presidente Macri recibieron miles de hectáreas a precio vil, incluyendo más de la mitad de las tierras de la comunidad Kom Kiñé Mu (KKM), cuya ocupación tradicional abarca 22.101 Hectáreas en los Parajes Arroyo Las Minas, Horqueta y Alto Río Chubut e incluyen las nacientes del río en lagunas y arroyos rodeadas de agua pura y bosques de lengas.

 

 

 

El informe de peritaje de agrimensura reveló que más de la mitad del territorio de la comunidad KKM fue despojado y está en conflicto.

La provincia discrimina a las comunidades mapuche: les impide actividades económicas cazar, criar hacienda, aprovechar leña o madera mientras las facilita a los autores de los despojos.  Los “milicos” les decomisaban sus productos a la gente que vive entre la extrema pobreza y la indigencia, y así vivían sometidos al menudeo de su ganado de subsistencia, con pequeños intercambios en clandestinidad, venderlo fuera del campo o malvender a intermediarios con “papeles”.

Para revertirlo, el CAI pidió medidas de salvaguarda (art. 4 del Convenio 169 OIT). La Cámara Civil de Bariloche las concedió por sentencia del 29-11-2017 que marcó una bisagra en la vida de miles de indígenas.  Con sólidos fundamentos e invocando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH, el Tribunal ordenó:

“1) anotación de la litis;

2) prohibición de innovar en la situación registral de las tierras;

3) prohibición de nuevos actos y hechos administrativos favorables a particulares que, respecto de las tierras en cuestión, implique:

a) nuevos fraccionamientos,

b) nuevas adjudicaciones, transferencias, renovaciones o prórrogas de cualquier tipo de derechos,

c) nuevas extensiones o renovaciones de permisos de caza;

d) nuevas extensiones o renovaciones de permisos de explotación forestal o agrícola;

4) prohibición de disponer en sede administrativa nuevos desalojos de las comunidades agrupadas por la demandante; y

5) prohibición de exigir títulos de propiedad o posesión privada de tierras a las comunidades representadas por la demandante para la extensión de boletos de marcas y señales; o para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal; o para la expedición de guías de transporte animal o forestal; o para la inclusión en planes y programas de asistencia social o fomento de la producción.

También encomendó el cumplimiento de esas medidas a la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble y a los Registros locales; a la Dirección de Tierras; a la Gerencia de Catastro; al Servicio Forestal Andino; y al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI).

El CAI quebró el ciclo de racismo provincial que exigía documentos del campo a los indígenas que no podían obtenerlos, pues el Estado que les exigía acreditar la “propiedad” del campo es el mismo que se niega a reconocerla. El odio y la discriminación estatal se advierten en la interpretación del gobierno rionegrino de la sentencia del 29 de noviembre de 2017: sostuvo que la prohibición de renovar o extender permisos de caza en los territorios abarcaba... ¡a los propios indígenas!

El CAI pidió al Tribunal una aclaratoria. El 28 de marzo de este año se indicó a la Provincia que esa prohibición se refiere exclusivamente a particulares ajenos a las comunidades agrupadas en el Consejo Asesor Indígena.

 

 

Negocios inmobiliarios ilegales

La Comunidad con el CAI denunció cómo en los '90 Van Ditmar presionaba a pobladores para que le vendan los campos que luego ofrecía al exterior del país. La Dirección de Tierras de Río Negro ocultaba expedientes y no respondía a pedidos de informes pero el inconfundible vehículo aéreo dejaba en claro quién viajaba gestionando los permisos estatales. Susana Lara expuso en El Cohete el despojo estatal a favor de Sede-Miguel Guajardo-Mindlin y Barabucci. En el juicio surgieron detalles que confirman quiénes estuvieron detrás, quiénes lo financiaron y son los continuadores del expolio.

 

 

Mindlin y Barabucci. Lewis y el árabe escondido.

La medida de salvaguarda permitió a la Comunidad KKM subir con sus animales a las veranadas (alta montaña) del alto río Chubut como lo hace todos los años entre diciembre y mayo y encontró allí gente ajena en febrero. Este verano de 2019 con cazadores, gracias a la sentencia del 28-11-2017.

Pobladores oyeron a Pablo Pradenas —ex encargado de Guajardo— decir que construyó un alambrado para coto de caza de ciervos para su patrón Lewis, el que según cuenta un integrante de la Comunidad restringe el acceso y el uso de los cañales a sus vacas en el inverno.

Este febrero la comunidad encontró a Pradenas con “Cané”, Andrés Saint Antonin. Los invitó a retirarse del campo y se opusieron. Días después, aparecieron mojones nuevos en las verandas. La Comunidad denunció el robo de sus pertenencias y emergieron nuevos actores del conflicto.

Así Hugo Alberto Barabucci, que según trascendidos había comprado a Mindlin, encontró que la comunidad mapuche KKM lo investiga como continuador del despojo y que logró las sentencias judiciales del 29-11-2017 y del 28-3-2018. La investigación prosperó gracias a la presentación de Barabucci de una serie de de escrituras, que aportan fuertes evidencias sobre fraudes a leyes de orden público.

En 1999 la provincia autorizó a Guajardo —sin consentimiento de la comunidad KKM— a mensurar en Zona de Seguridad de Frontera (ZSF) casi 15 hectáreas, Parcela 20-2-600250 que le vendió el 30-4-2008  (Departamento Bariloche) siendo gobernador Miguel Saiz en $1.330.830,37; pagó el 10% con hipoteca sobre el saldo. No había transcurrido ni un año cuando Guajardo la canceló el 16-6-2009, con migajas de los U$D 700.000 que obtuvo de la venta a Mindlin 7-7-2009 por escritura donde a Mindlin lo representó Lisandro Allende, imputado junto a Joseph Barrington Lewis por evadir, mediante simulación y testaferros argentinos, en la compra de 11.000 hectáreas circundantes al Lago Escondido. Las leyes impiden a extranjeros comprar tierras en ZSF con sobreseimiento revocado el 28-11-2017 Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

 

 

Nulidad absoluta de las transferencias

En el expediente 1260/14 iniciado por mi denuncia en representación de la comunidad KKM, la Legislatura provincial concluyó:

1º) que hubo “…una asimetría en los tiempos administrativos dada la celeridad de los mismos a favor del tercero adquirente (Guajardo, por entonces intendente de El Maitén,  Chubut) frente a otros trámites cuyo retardo en la solución está injustificado por parte del poder administrador de las tierras fiscales. 2º) Asimismo, se destacó el precio vil con que las tierras en cuestión fueron vendidas. 3º) En relación a la Renuncia al Pacto de Preferencia por parte de la Provincia y posterior autorización de venta, la misma fue otorgada en clara y flagrante violación al Decreto Provincial Q Nº 545/1970. 4º) Se evidenció violación al art. 12 de la Ley 2938 por cuanto no consta en el expediente dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro. La Comisión concluyó que se llevó adelante un accionar irregular por parte de la Dirección de Tierras que, con su conducta, habría vulnerado la voluntad de la Administración convirtiéndola en una voluntad viciada. (…) Los funcionarios actuantes habrían validado el proceso de enajenación del predio, inaplicando las disposiciones normativas que impiden enajenar los inmuebles antes de los cinco años de su venta, violando la normativa de aplicación (Ley Q 279 y Decreto Provincial Nº 545/1970). (…) Toda vez que se encuentra en juego el principio de legalidad y el orden público involucrado, afirmó que debería analizarse la posibilidad de retrotraer la operación efectuada, evaluando la aplicación de las leyes A 2938, Q 279 y D 2287 para el caso. Se elevó el dictamen a la Fiscalía de Estado a fin de que tome debida nota de las irregularidades presentes en el expediente administrativo e inicie las acciones legales necesarias en base a la violación de la ley A 2938 y Q 279 y Decreto Provincial Nº 545/1970. Asimismo, decidió girar lo actuado al CO.DE.C.I. y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a efectos de que ambos organismos actúen en la órbita de su competencia”.

Por escritura Nro. 15 otorgada por la Notaria Ana Elisa Aguado el 14-3-2017, Mindlin le vendió a Barabucci 3 parcelas, incluyendo dos en conflicto con la comunidad KKM, por U$D 2.050165. Dice que ese dinero es una donación. El pago salió de una cuenta del Banco First Gulf Bank en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos a una cuenta en el Banco J.P. Morgan Chase Bank, Sucursal Nueva York.  El rumor en el campo era que Lewis le vendió la tierra a un “árabe” y vieron gente con turbantes como los que aparecen en la foto con Barabucci, que armó un club de polo financiado por un Estado extranjero y fue denunciado por contrabando, subfacturación y triangulación.

Una operación altamente sospechosa. ¿Hay contradocumentos? ¿Cómo se vinculan los intervinientes con capitales extranjeros? ¿Cuál es la ruta del dinero?

Desde el 2011 la ley 26.737 impuso un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En 2017, en Río Negro, el Dto. Bariloche ya superaba los límites legales del 15%, con un 21,53% en cabeza de extranjeros, por lo cual el decreto 1154 (B.O.P. Nro. 5594, P.19 -31-8-2017) bajó a 100 el límite de hectáreas para el Bariloche donde se ubican las parcelas en conflicto con la comunidad KKM. Si detrás de las 19.280 hectáreas transferidas de Mindlin-Barabucci (¿o de Lewis a los Emiratos Arabes Unidos?) hubiera extranjeros, entonces chocarían abiertamente contra los fundamentos [2] de la baja del límite del decreto provincial.

El origen foráneo de los capitales y los protagonistas sugieren una fuerte hipótesis de transgresión a las prohibiciones legales para investigar una posible simulación fraudulenta.

 

 

 

[1] El juicio comenzó en el año 2009 tras varios años de reclamos administrativos. Tramita ante la Cámara Civil de S.C. de Bariloche. CONSEJO ASESOR INDIGENA (C.A.I) / PROVINCIA DE RIO NEGRO S / CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, Expte. Nro. 00345-039-09.

[2] “…proteger una región caracterizada por… alto valor ecosistémico… una política pública provincial orientado al cuidado especial de su riqueza paisajística… reduciendo el límite de hectáreas pasibles de ser adquiridas por personas humanas o jurídicas foráneas”.

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