Macri y el abrazo mortal del nudo gordiano

A doscientos ocho años de la independencia todavía resuenan en nuestro presente los agitados ecos de profundos conflictos sociales no resueltos, conflictos que giran alocadamente en torno a la apropiación y distribución de una mayor cuota del excedente producido en el país, de la riqueza acumulada y de los ingresos de la población. Estos enfrentamientos no solo han signado la relación entre Buenos Aires y el interior del país. También han caracterizado el antagonismo entre los pocos que tienen mucho y entre estos y los muchos que poco y nada tienen. Desde la década del ’30 del siglo pasado, el proceso de industrialización se constituyó en el teatro específico de estos conflictos. El resultado ha sido el estancamiento de la producción, el creciente endeudamiento externo y una crisis de legitimidad institucional que hoy amenaza nuevamente el futuro de nuestra democracia.

En sus orígenes el peronismo fue la expresión política de un proyecto de desarrollo nacional que, aprovechando la coyuntura internacional de guerra y recesión, pretendía superar las condiciones del desarrollo industrial limitado impuesto hasta ese entonces por la gran burguesía agropecuaria. Para ello el gobierno peronista pretendió ampliar el mercado interno a partir de una redistribución de ingresos hacia los sectores populares. Asimismo, buscó impulsar el desarrollo industrial a partir de transferencias hacia la industria del excedente económico apropiado por el campo. Nació así el populismo, al mismo tiempo que se institucionalizaba una política de industrialización basada en fuerte protección arancelaria y subsidios a la industria en su conjunto, subsidios posibles gracias a diversos mecanismos que aseguraban transferencias de ingresos desde el campo hacia la industria.

Más allá de los factores que condicionaron estas políticas y llevaron a la caída del peronismo en 1955, (Etapas de acumulación del capital y alianzas de clase en la Argentina, MPR, México Siglo XXI, 1972) lo cierto es que desde ese entonces, los distintos gobiernos que se sucedieron han impulsado la industrialización a través de subsidios, exenciones impositivas, contratos de provisión de servicios, licuación de deudas y hasta venta de activos públicos a precios de remate. Inicialmente estas políticas tuvieron por objetivo estimular el desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado fogonearon la concentración del capital y el poderío creciente de empresas extranjeras instaladas en distintos sectores de la industria.

Se configuró así una industrialización liderada por grandes empresas –generalmente de capital extranjero o asociadas al mismo– ubicadas en los sectores relativamente más intensivos en capital, sectores que generaban una demanda creciente de importación de tecnología incorporada en bienes intermedios y de capital. Esta dependencia tecnológica no podía ser satisfecha con las divisas que en su mayor parte provenían de las exportaciones agropecuarias o agroindustriales. De ahí que todo crecimiento industrial estaba destinado a desembocar en periódicas crisis del sector externo. Este fenómeno comúnmente designado con el término “restricción externa” constituye una de las características intrínsecas al proceso de acumulación en la Argentina. Sobre esta paradoja inherente a la dependencia tecnológica se ha asentado el conflicto entre campo e industria que ha marcado a fuego nuestra historia.

El monopolio tecnológico
Dos fenómenos han agravado la dependencia tecnológica del país en las últimas décadas. Por un lado, desde principios de la década de los ’60, la acumulación del capital en los países centrales, y especialmente en los Estados Unidos, dio origen a la integración compleja de la producción mundial en cadenas de valor global dominadas en puntos neurálgicos por el monopolio tecnológico ejercido por un puñado de corporaciones transnacionales. Esto ha impulsado la integración de la producción mundial al mismo tiempo que ha desintegrado los procesos productivos a nivel local impulsando la integración de los países periféricos a eslabones fácilmente sustituibles de estas cadenas de valor e imponiendo al mismo tiempo severos límites a la posibilidad que estos países tienen de articular políticas de desarrollo nacional e integrado. La industria automotriz argentina, y las limitaciones de la política industrial del gobierno K, son un ejemplo de estos condicionantes. Por el otro lado, el espectacular avance del cultivo de la soja transgénica ha atado al agro argentino a un modelo de negocios centrado en la necesidad creciente de importaciones de un paquete tecnológico cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales que controlan sectores claves del sistema agroalimentario a nivel global.

De este modo, la acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica ha generado en el país una estructura de poder que hoy constituye el nudo gordiano que impide el desarrollo nacional e integrado y la inclusión social, y condena al estancamiento económico, al endeudamiento externo y a la persistencia de conflictos por la apropiación de los ingresos con la consiguiente desestabilización política y social. Esta estructura de poder se asienta en el poder monopólico y oligopólico ejercido en sectores neurálgicos de la economía, por grandes empresas asociadas al capital extranjero. Estas grandes empresas que dominan estos segmentos de la producción, del acopio y del comercio interior y exterior son formadoras de precios en los puntos centrales de la economía y tienen una capacidad decisiva sobre la determinación de los precios del conjunto y sobre el control de las divisas provenientes del comercio exterior. Esto les permite retener y desabastecer productos de importancia estratégica desde el dólar hasta los alimentos pasando por la chapa y otros insumos básicos de producción, obtener ganancias extraordinarias y aprovecharse de los estímulos al mercado interno ejerciendo al mismo tiempo poder de veto sobre las políticas que supuestamente afectan sus intereses inmediatos.

Desde principios de los ’70 del siglo pasado, los lazos de este nudo gordiano se han vuelto paulatinamente más visibles encarnándose en tres fenómenos : la inflación, la corrida cambiaria y la restricción externa, fenómenos que han afectado a todos los gobiernos que se han sucedido desde ese entonces, incluida la dictadura militar que engendró al Terrorismo de Estado. Esta pelea por la repartija entre fracciones del gran capital, se ha dado en un escenario político agitado permanentemente —de un modo más o menos explícito, según las circunstancias— por la protesta social y las reivindicaciones de los sectores populares cada vez más perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y el desempleo inherente a una industrialización que, incapaz de generar crecimiento del empleo, reproduce la indigencia y la pobreza estructural. La eclosión política de estos conflictos a mediados de la década de los ’70 engendró un Terrorismo de Estado que, a través una salvaje represión militar, paramilitar y económica, pretendió aniquilar la protesta social y eliminar al populismo de la escena política. Paralelamente, esta dictadura militar buscó solución a los conflictos entre campo e industria cambiando las reglas del juego económico e impulsando la formación de grupos económicos hegemonizados por el capital financiero internacional (La economía política argentina: Poder y clases sociales, MPR, 1930-2006, Fondo de Cultura Económica. 2007).

Los cambios en el sistema financiero internacional facilitaron esta tarea. Ocurre que la expansión global de las cadenas de valor trajo aparejado un movimiento paralelo de expansión global de las finanzas internacionales. La apertura de los países emergentes a la penetración del capital financiero internacional habría de impulsar en la Argentina un intento de pacificación de la pugna distributiva entre campo e industria, impulsando el poderío de los grupos económicos con acceso al crédito externo. A través de la tablita cambiaria y el impulso dado al endeudamiento externo, la dictadura militar pretendió aggiornar la dinámica capitalista local a los cambios ocurridos en el escenario internacional por la apertura de las economías a la penetración de las finanzas internacionales. Lejos de obtener los resultados buscados, la política económica de Martínez de Hoz derivó en una creciente lucha por la apropiación de los ingresos entre grupos económicos cada vez más poderosos y dio origen a un creciente endeudamiento externo. Estos dos fenómenos habrían de signar todo el periodo de retorno a la democracia. Durante el mismo, la inflación, la corrida cambiaria y la fuga de capitales habrían de agravar las periódicas crisis del sector externo, dinamitando la estabilidad política de todos los gobiernos del periodo. En este periodo democrático, un nuevo intento de pacificar los conflictos sociales habría de dar origen en la década de los ’90 al engendro de la convertibilidad. Esta experiencia persiguió objetivos similares a los buscados por el Terrorismo de Estado. Por un lado, reprimió la protesta social y las reivindicaciones de los asalariados a través de un brutal ajuste de salarios, pensiones, y jubilaciones. Por el otro lado, busco atenuar los conflictos entre las fracciones del gran capital a través de la dolarización de la economía y la creciente integración de la estructura económica argentina a las finanzas internacionales a partir del crecimiento exponencial de la deuda externa.

Los dos primeros años del gobierno de Menem se caracterizaron por la agudización del conflicto entre los sectores más poderosos de la economía que, a través de los golpes de mercado, pugnaban por apropiarse de una mayor cuota de los ingresos de los asalariados y del excedente producido. La estampida inflacionaria, la corrida cambiaria y la consiguiente fuga de capitales dominaron la escena política, y la pelea entre los principales grupos económicos llevo la anarquía al propio gabinete económico. Hacia febrero del ’90 la situación se volvía insostenible: la inflación superaba el 100% mensual y Javier González Fraga, recientemente incorporado a la conducción del Banco Central, denunciaba a los grupos más concentrados de la industria y la banca privada por el vaciamiento del BCRA con manejos especulativos, identificando a estos sectores como la “patria contratista” y “la patria financiera” (MPR, ídem pp. 314-317).

Esto no detuvo ni la inflación ni la corrida cambiaria. Así, luego de veintiún meses de gobierno, estos fenómenos lograban el desplazamiento del tercer ministro de economía de Menem. Los exportadores retenían divisas, especulaban y lideraban las corridas cambiarias. En este contexto asumió Cavallo como Ministro de Economía y prohibió a los bancos oficiales prestar a los “grandes clientes insolventes” porque “nosotros vamos a quitar causas de monopolio, de falta de competencia… las grandes empresas que necesitan grandes cantidades de dinero tendrán que entenderse con los bancos privados y arreglarse entre ellos, porque los bancos oficiales solo atenderán las necesidades de crédito del pequeño y mediano productor industrial, comerciante” (MPR, ídem pp. 319- 320). Estas medidas sumadas al anuncio de la desregulación y privatización del área financiera y del fin de los incentivos arancelarios e impositivos, provocarían la presión de los grandes grupos económicos sobre el gobierno desencadenando una mini corrida cambiaria, que tiempo después fue reconocida por Cavallo como el primer intento de desestabilización de su política.

La caja de conversión
Su respuesta de Cavallo fue el plan de convertibilidad, que estableció una paridad fija de 1 peso = 1 dólar y adoptó el compromiso de respaldar con las reservas internacionales el 100% de la base monetaria. El BCRA quedaba así imposibilitado de emitir moneda sin la correspondiente contrapartida de divisas. Quedaba también impedido de utilizar una política monetaria activa, limitándose en cambio a acompañar los movimientos de capitales internacionales. Esta paridad cambiaria se hizo en base a una sobrevaluación del tipo de cambio que habría de tener enormes repercusiones sobre la actividad productiva. Así, la convertibilidad transformó al BCRA en una caja de conversión e impidió su función de prestamista de última instancia. En este contexto, el anuncio de privatizaciones de empresas del estado y las altas de tasas de interés local garantizadas por el seguro de cambio que implicaba la convertibilidad, atrajeron al capital financiero e impulsaron la especulación financiera y el crecimiento de la deuda externa. Hacia 1994 la mayor parte de las empresas estatales que producían bienes y servicios había sido privatizadas, constituyendo esto un poderoso mecanismo de transferencia hacia los sectores de capital local más concentrados, que asociados al capital financiero internacional participaron de las privatizaciones, de riqueza acumulada, futuros excedentes económicos e ingresos de la población.

Estas privatizaciones tuvieron impacto inmediato sobre la balanza de pagos por la magnitud creciente de las remesas de utilidades al exterior, las que sumadas al crecimiento exponencial de los intereses de la deuda externa habrían de convertirse en el mecanismo central para la reproducción de la propia deuda externa. Esto, sin embargo no fue todo: el impacto de la convertibilidad sobre las exportaciones sumado a la apertura total a las importaciones y a los flujos financieros habrían de asegurar que este mecanismo del endeudamiento creciente iría a funcionar a la perfección. Entre 1990 y 2001 la deuda externa creció un 66.6%, el PBI el 43% y los intereses de la deuda externa representaban casi el 16% de los ingresos tributarios.

La convertibilidad produjo un creciente deterioro del balance comercial. La sobrevaluación del tipo de cambio inundó el mercado interno con bienes importados, destrozando la competitividad de la producción nacional. Las privatizaciones dieron por resultado tarifas dolarizadas y rentabilidad asegurada para las empresas privatizadas sin ningún mecanismo de control o regulación, con el consiguiente impacto sobre los costos internos. Esto afectó la actividad productiva tanto en el campo como en la industria, erosionando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. A esto se agregó el impacto devastador de las altas tasas de interés locales y la falta de crédito interno. Mientras desaparecían las pequeñas y medianas empresas, el gran capital local atenuaba su presión sobre el gobierno y, entretenido con las privatizaciones, se preparaba para las fusiones y adquisiciones que desde mediados de los ’90 le permitirían incrementar su poder monopólico local. Sin embargo, la semilla de la autodestrucción de la convertibilidad habría de germinar a partir de la crisis del Tequila a fines del ’94 y principios del ’95. Por ese entonces el déficit comercial impulsado por la sobrevaluación del tipo de cambio pasaría a ser una variable determinante de la vulnerabilidad macroeconómica.

Al borde del abismo
La sobrevaluación del tipo de cambio junto con las altas tasa de interés domésticas y la garantía cambiaria que implicaba la convertibilidad habían garantizado ganancias especulativas tanto para los grandes grupos económicos locales como para el capital financiero internacional. La crisis financiera internacional del Tequila, conjuntamente con la subsiguiente crisis financiera del ’98, habrían de precipitar la fuga de capitales dejando al desnudo la vulnerabilidad de la economía argentina y la imposibilidad de afrontar con los propios recursos el creciente endeudamiento externo. A partir de entonces terminó el ejercicio de pacificación del conflicto entre las grandes fracciones del capital. Los golpes de mercado; i.e. la estampida inflacionaria, la corrida cambiaria y la fuga de capitales, desembocaron en el corralito y llevaron al país a la implosión social y al default.

Han pasado veinte años desde ese entonces, y nuevamente los lazos del nudo gordiano abrazan mortalmente a un gobierno que, representando a los sectores mas concentrados de la economía, tiene legitimidad de origen. La inflación desmadrada, una corrida cambiaria de magnitudes inéditas en la historia del país, y la fuga de capitales han colocado a Cambiemos al borde del abismo. Hoy como entonces se recurre a las recetas del FMI para impedir la debacle. Este gobierno, liderado por un representante del núcleo duro de la patria contratista, ha provocado desde un inicio -y con total impunidad- enormes transferencias de ingresos desde los sectores populares hacia su propia clientela. Dando satisfacción a las reiteradas demandas de los grupos mas concentrados de la economía, transformo al salario en la variable de ajuste de la economía. A pesar de ello, no ha logrado controlar a la inflación. Desde un principio su política ha sido jaqueada por la lucha entre las fracciones del gran capital, una lucha que tuvo por norte la apropiación de una mayor cuota de ingresos de la población, de la riqueza acumulada y del excedente de la producción, a partir del ejercicio de su poder monopólico y oligopólico sobre la determinación de sus precios, y por esta vía, del resto de la economía. En este contexto, recurrió al tarifazo – i.e la dolarización del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos- como medio para imponer la dolarización a la economía en su conjunto. Sin embargo, y a pesar del pedido explicito y reiterado a los sectores mas concentrados de la economía para que absorban este costo y no lo transfieran a sus precios, el tarifazo ha derivado en una creciente inflación.

Amparado en el relato oficial del “ todos juntos podemos,” del “sacrificar algo para que todos ganen” y del “abrirnos al mundo” Macri, no solo ha buscado aggiornar al capitalismo argentino integrándolo a la nueva fase de acumulación del capitalismo global monopólico (a partir de la desregulación y apertura total de la economía, y de un endeudamiento a un ritmo único en nuestra historia), sino también ampliar sus propios negocios. Usando los resortes del Estado y el know how de su gabinete de CEOs especializados en cuentas offshore, endeudamiento externo y gestión de bancos internacionales, fondos de inversión y buitres financieros, Macri ha intentado diversificar el poder de su grupo económico “invirtiendo” en nuevos sectores: comunicaciones, servicios, energía ( no renovable y renovable), recursos naturales (petróleo, litio, tierra, agua). Al mismo tiempo que buscó controlar (ya sea directamente y /o con testaferros y nuevos aliados) a estos sectores, se dio el lujo de imponer al resto de los grandes empresarios la dolarización de los combustibles y tarifas de servicios. Si bien desde un inicio brindó a los sectores mas concentrados de la economía ventajas impositivas de distinto tipo y una extraordinaria oportunidad para lucrar en la bicicleta financiera y fugar capitales, también les sugirió reiteradamente moderación a la hora de determinar sus precios monopólicos y oligopólicos. Esta contradicción impulsó la resistencia al tarifazo, derivó en la corrida cambiaria y la inflación que precedieron a las PASO y creó el caldo de cultivo para la actual corrida cambiaria, fenómeno que no ha terminado y que ya impacta en los precios de los sectores mas concentrados de la economía. La impotencia del gobierno frente a esta situación no solo se expresa por estos días a través de las denuncias y amenazas de las “espadas” de Cambiemos ( desde Carrió, a Negri pasando por el inefable Quintana, controlante de Farmacity) contra los “formadores de precios” y la cartelización. Se verifica también en la aceleración de los tramites de apertura oficial de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y en el reciente inicio de investigaciones por cartelización de precios a grandes empresas en distintos sectores de la economía. A esto se suman las sigilosas y constantes reuniones entre funcionarios de la Secretaria de Comercio y los principales lideres de los grupos económicos mas concentrados, que intentan negociar aumentos escalonados para moderar los aumentos de precios. Mientras esto ocurre en el ámbito de la economía real, la banca privada local cumple desde el inicio de este gobierno un rol central en el funcionamiento de la bicicleta financiera, en la fuga de capitales y en las corridas cambiarias. Consiguientemente, también ha sido recompensada con ganancias extraordinarias a lo largo de todo el periodo, y notoriamente, durante las corridas . Hoy constituye el principal soporte de la dolarización, y conjuntamente con los exportadores es blanco de las encrespadas acusaciones y demandas de las organizaciones que nuclean a pequeñas y medianas empresas del campo, la industria y el comercio.

Asimismo, la bicicleta financiera y el creciente y acelerado endeudamiento externo contribuyeron desde un inicio a calentar el ritmo de la lucha local por la apropiación de los ingresos y de la riqueza acumulada, al sumar nuevos actores a la batalla local por la repartija del excedente económico, los ingresos de la población y la riqueza acumulada: los buitres de las finanzas internacionales. A diferencia de la época de la Convertibilidad, hoy el sistema financiero internacional está severamente perturbado por las burbujas financieras en los mercados de bonos y acciones, por la guerra de monedas, por un crecimiento desmadrado de la deuda con derivados, y por una creciente impotencia de la banca central de los países del primer mundo ante la posibilidad de una corrida bancaria en circunstancias de falta de liquidez del sistema financiero internacional. En este contexto financiero internacional cada vez más encrespado los buitres buscan maximizar ganancias en el corto plazo sobrevolando sobre los países emergentes, atacando sus monedas y sus deudas y orientando su vuelo rasante sobre los recursos naturales y la riqueza acumulada. Este es nuestro presente y el talón de Aquiles de este gobierno .

Ni aún colgado de las plumas de los buitres del sistema financiero internacional el poder de Macri podrá sobrevivir a la dinámica autodestructiva de la dolarización. Nuestro pasado reciente nos muestra que la dolarización engendra la posibilidad de cambios en las relaciones de fuerzas que sacuden a los conflictos sociales en el país, cambios cuyo signo dependerá del grado de conciencia, organización y movilización de los actores sociales involucrados en los mismos. La autodestrucción ha sido inherente a todos los intentos de dolarización de la economía, llámense tablita, convertibilidad o tarifazo, que han potenciado una macroeconomía inviable en un contexto económico marcado por la dependencia tecnológica. Esta situación se ha agravado debido a la alta volatilidad que reina en el mercado financiero internacional como consecuencia del creciente riesgo de implosión de las burbujas especulativas que dominan los mercados de acciones, bonos, y monedas del primer mundo. Hoy como ayer, la dolarización implica un crecimiento exponencial de la deuda externa y de sus intereses, superior a la capacidad de pago a partir de las divisas que el país genera con sus exportaciones. Hoy el peligro inherente a esta situación es potenciado por la enorme volatilidad de las finanzas internacionales, que convierte a la ida y vuelta de los vuelos de los capitales golondrina en el vuelo rasante y pesado de los buitres financieros. En su afán de maximizar ganancias en el menor tiempo posible, estos buitres apresuran los tiempos de la inviabilidad macroeconómica y de la consiguiente implosión sistémica.

La dolarización no anula los conflictos resultantes de la estructura de poder local. En vez de ello, los agudiza. La historia de las ultimas décadas muestra que estos conflictos “no terminan,” no culminan en una “crisis terminal”. Se reproducen al mismo tiempo que empantanan al país en el estancamiento económico, la crisis de legitimidad institucional, la perdida de control nacional sobre los recursos naturales y el empobrecimiento de la mayoría de la población. Nuestra historia también nos muestra que la fragmentación y la anarquía de las demandas de la mayoría de la población abonan la arrogancia y la violencia de las demandas y acciones de los que mas tienen. También nos enseña que si no hay conciencia de las causas de los problemas estructurales que nos aquejan : es decir, si no hay un diagnostico correcto de las relaciones de fuerza que signan la coyuntura, y si no hay un análisis correcto de los aciertos y errores cometidos en el pasado, no podrán nacer alternativas superadoras de los conflictos actuales. Asimismo, si no hay una organización capaz de movilizar, desde abajo hacia arriba, a la mayoría de la población tras un proyecto de desarrollo nacional, integrado, inclusivo y con participación popular en la toma de decisiones y en la gestión de políticas, continuaremos reproduciendo los mismos conflictos sociales que nos canibalizan desde hace décadas.

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