Macri se condenó solo

 

Hace dos semanas, el domingo 1° de septiembre, mientras tanto los economistas ortodoxos como los heterodoxos tomaban el consejo del preclaro obrero de la construcción que se hizo famoso en febrero de este año y le gritaban: “¡Hagan algo!”, el Presidente por fin modificó la suicida política de auspiciar que los exportadores dejen en el exterior los dólares producidos por sus ventas y repuso el decreto de Arturo Illia de 1964, que rigió desde entonces, salvo con Menem-Cavallo y Macri. Era hora.

Si lo hizo porque luego de un mea culpa corrigió un grosero error, o solo porque no llegaba a octubre vendiendo reservas (“ventana”, en los términos académicos del paper de Lacunza) y prefirió “gastarse” esos dólares de los exportadores a dejarlos al próximo gobierno, es anecdótico. La realidad se impuso.

También dispuso restricciones a la compra de dólares que los comunicadores refieren con una simpática metáfora de instrumento de tortura. El gobierno dice que la situación está políticamente controlada. Al menos en el cortísimo plazo, a costa de patear vencimientos y de una tasa de interés cada vez más alta. Si la tasa del Banco Central supera el 80 %, no hay crédito para la producción ni el consumo. Un supermercado muy conocido informó que la tasa de sus préstamos de consumo superaba el 250 %.

Alta la tasa, salvo para los pequeños ahorristas en dólares, para quienes no supera el 0,05 %. El discurso oficial es que la clase media debe fondear gratis a los bancos para que presten los dólares al 12 %. ¿Cuál es el argumento del capitalismo “moderno” argentino? Si los sacan del banco se los pueden robar. Deberían mejorar las razones y remunerar mejor el ahorro de la clase media.

Estas medidas tienen como causa la política de desfinanciar al Tesoro, endeudarlo y entregarse a las decisiones especulativas del capital. Tienen como contrapartida el desastre social. Las consecuencias en la realidad se expresan en el 35 % de la población sumida en la pobreza (proyectándose un 40 % para fin de año) y más de 500.000 hogares en la indigencia, que no es otra cosa que la imposibilidad de alimentarse. El hambre.

La negación de la indigencia es necedad. Ni el Gobierno lo hace, más allá de que, aturdido, responde con sinrazones y frases de algunos ministros que dan vergüenza ajena. Ante los pedidos de la oposición en el Congreso para sancionar una ley que ponga la emergencia alimentaria en el foco y promover soluciones, Cambiemos replicó que no hacía falta porque las herramientas legales estaban vigentes, citando a esta y aquella prórroga, como si se tratara de una mesa de exámenes en la facultad de derecho. Si están las normas, como dijo el obrero: “¡Hagan algo!”

Debe ser la primera vez que una oposición quiere autorizar a un Ejecutivo a disponer de aumentos en las partidas asistenciales en pleno período electoral y el oficialismo dice que no es necesario. Y casi sin reglas, porque el texto aprobado no impone ejecución descentralizada y da libertad a que las compras las haga el gobierno federal, lo delegue en provincias y municipios o los fondos sean acreditados en las cuentas de los beneficiarios.

El proyecto sancionado en Diputados, que el Senado transformará en ley, constituye una declaración política fuerte de la necesidad de que el Estado tome en serio la emergencia y ataque la indigencia. El costo fiscal no es significativo frente a la inmoralidad que significa el hambre o ante cualquier cifra que maneja el gobierno federal. Las estimaciones van de 4 a 12.000 millones de pesos (entre 66 y 200 millones de dólares) para este año. Con el obvio efecto colateral reactivador y benéfico para los productores y comerciantes. Pero más allá de costos, debe verse como una obligación moral y jurídica.

Aunque parezca frío ante una situación de tragedia, algunos números estadísticos pueden ayudar a entender la dimensión de la emergencia.

El sociólogo Alberto Sanchís realizó el siguiente cálculo para estimar cuál sería la cantidad necesaria de pesos en alimentos para atacar la emergencia en base a datos del INDEC.

Tomó la cantidad de hogares en condición de indigencia y la cifra en pesos que según el INDEC separa a una familia indigente de una familia pobre. Eso es lo que se llama brechas de pobreza e indigencia. La indigencia es un concepto que expresa la falta de ingresos de una población para adquirir una canasta básica de alimentos. Es un buen indicador de inseguridad alimentaria, aunque este último es más amplio ya que incluye otras situaciones que no se corresponden unívocamente con la situación de indigencia.

La brecha monetaria de indigencia expresa la cantidad de dinero que, en promedio, necesita un hogar para no caer en esa situación. La medición de la brecha monetaria de pobreza, a diferencia de la indigencia, considera, además de una canasta alimentaria, un conjunto de bienes y servicios que, junto a la primera, conforman la canasta básica total. Expresa la cantidad de dinero que, en promedio, necesita un hogar para no caer en esa situación.

El trabajo intenta estimar los niveles de pobreza e indigencia para el primer trimestre de 2019, en los 31 aglomerados que releva el INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El INDEC sólo publicó los valores de estos indicadores hasta el segundo trimestre de 2018, por lo cual para obtener información actualizada se procesaron los microdatos del primer trimestre de 2019 disponibles en la página de INDEC.

La EPH produce resultados para las 31 principales ciudades del país. En conjunto representan más de 28 millones de personas, algo así como dos tercios de la población total del país. Por lo tanto debe tenerse en cuenta que la información que allí se presenta no abarca a todo el territorio nacional, por lo que el cálculo de las brechas monetarias totales computan sólo a una parte de la población total.

Estos son los resultados:

 

Hogares y personas pobres e indigentes de los 31 aglomerados urbanos, primer trimestre de 2019.

 

Comparado con los últimos datos publicados, se observa que continúa la tendencia creciente tanto de la pobreza como de la indigencia.

En el segundo semestre de 2018 la indigencia alcanzó al 6,7% de las personas, mientras que el porcentaje de personas pobres fue de 32 %. En el primer trimestre de este año, la indigencia ya se había elevado hasta el 7,1% y la pobreza al 34,8% de las personas.

Veamos cuáles son las brechas de pobreza e indigencia de los 31 aglomerados urbanos al primer trimestre de 2019.

 

Brechas de pobreza e indigencia de los 31 aglomerados urbanos, Primer trimestre de 2019.

 

El cuadro anterior indica que, en promedio, un hogar indigente necesita incrementar sus ingresos en $ 4.149 para escapar de esa condición. Es el valor de referencia que permite estimar un cálculo, porque además de la cobertura (27 millones sobre 44) hay un problema técnico de la focalización, que es el procedimiento técnico que permite llegar con el subsidio a los hogares que efectivamente están en situación de indigencia. La inversión total mensual necesaria de una política con estos objetivos alcanzaría a los $ 2.051 millones mensuales, lo que anualizado representa una inversión de $ 24.000 millones a valores de la fecha de la información disponible.

Esa cifra representa solo un poco más de la cuarta parte del costo fiscal del paquete de medidas paliativas lanzadas por el Ejecutivo con posterioridad a las PASO, calculado por el propio gobierno en $ 91.000 millones. Esas medidas (devolución de ganancias, eliminación de IVA a ciertos bienes sin discriminar el comprador, etc.) están dirigidas sobre todo a sectores medios y medio altos.

En cuanto a la pobreza, se observa que cada hogar pobre necesitaba, en promedio, incrementar sus ingresos en $ 11.602 para salir de esa condición. Ello representa $ 28.896 millones mensuales y $ 322.757 millones anuales.

Si se aplica la variación de los precios de los alimentos observada por el INDEC entre el primer trimestre del año y el mes de julio pasado, los montos consignados para superar la indigencia deberían incrementarse en un 16,8%. Considerando la evolución de los precios de los alimentos los precios de los alimentos del mes de julio y bajo el supuesto de que no se agreguen nuevos pobres e indigentes, los montos quedan de la siguiente manera.

 

Brechas de pobreza e indigencia de los 31 aglomerados urbanos, ajustadas por IPC, a julio de 2019.

 

Los números ayudan a entender la gravedad de la situación y los costos de su atención inmediata.

Luego de bajar la bandera de “pobreza cero” y de retocar los números para que el índice de pobreza de inicio de su gestión fuera un poco más bajo, Macri dijo que el éxito o fracaso de su gobierno debía ser juzgado por el aumento de la pobreza.

El electorado le hizo caso.

 

 

 

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