Macrì abre el paraguas

 

Mientras el Presidente Maurizio Macrì prosigue su gira de despedida, con puestas en escena tan cuidadas que ni siquiera pretenden ser creíbles, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta intenta organizar el repliegue del PRO sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está confiado en retener ante el desafiante Matías Lammens, presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Esto incluye contactos políticos con la pata peronista de PRO, pero también la concreción de viejos proyectos que protejan los negocios realizados durante los años de vacas amarillas y los que puedan realizar en el futuro, convirtiendo la Capital Federal en una guarida fiscal como Panamá. Al mismo tiempo, el gobierno trata de cerrar las causas abiertas en la Justicia Federal que comprometen en forma directa al jefe supremo de los restos del Estado, como la del Correo, pero choca con la sensibilidad de los jueces, que como las casitas del tiempo miden con precisión los cambios de temperatura y humedad, en este caso políticxs.

 

 

De la intensidad y la dirección de esos vientos dependerá que Macrì se incline por el Plan B, de probar suerte una vez más en las elecciones de Boca Juniors, el 8 de diciembre, o avance entre 12 y 18 letras del abecedario para radicarse en Roma, como él preferiría, o Madrid, que atrae a su señora esposa, doña Juliana Awada. El estatuto boquense admite la presentación de candidaturas hasta dos semanas antes de los comicios, es decir después de las elecciones presidenciales.

Esta es otra muestra del avasallante optimismo de Macrì. Un aspirante opositor, Víctor Santa María, visitó a los candidatos a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof, y a la presidencia, Alberto Fernández, para fotografiarse con ellos, camiseta auriazul en mano, cosa que le sirve menos a ellos que a él. En las últimas elecciones del club, cuando se postuló para una vicepresidencia, ocupó un cómodo tercer puesto, con el 25% de los votos, pese a que entonces iba como aliado de José Beraldi. Esta incursión deportiva del sindicalista no contribuye a suavizar su relación con Lammens, quien está fastidiado por la incompetencia de la candidata a vice que escogió Santa María, a quien el cuervo siente como un lastre. Esta semana llegó a refutar públicamente su adhesión a una CONADEP para los periodistas, fuego amigo que ella misma tuvo que rectificar.

 

 

En el primer año

En el primer año del gobierno de Macrì al frente de la Ciudad Autónoma, cuando Horacio Rodríguez Larreta era su jefe de gabinete, la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió y el PRO aprobaron la ley 2875, que creó una Inspección General de Justicia paralela a la Inspección nacional, según un diseño del ex ministro duhaldista, ex diputado del PRO y luego nuevamente radical Jorge Reinaldo Vanidossi. Sancionada en octubre de 2008, la oposición porteña objetó la “incomprensible” creación de un organismo que generaría incertidumbre a un alto costo.

 

 

En febrero de 2009, la entonces Fiscal General ante la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la ley, ya que al ceder la autonomía a la Ciudad, el Congreso reservó al Estado Nacional la jurisdicción sobre la IGJ mediante la ley 24.588 o “Ley Cafiero”, como consta en el Estatuto Organizativo de la Ciudad. Esto diferencia a la Capital de las provincias, que tienen sus propios organismos, donde se inscriben y son controladas (o no son controladas) empresas locales. Pero en la ciudad de Buenos Aires tienen su asiento grandes empresas de alcance nacional e incluso internacional, cuya regulación siempre correspondió a la Inspección General de Justicia. El juez nacional en lo comercial Máximo Astorga dictó una medida de no innovar que frenó la puesta en marcha de la IGJ paralela. La Procuración de la Ciudad intentó que fuera revocada y sacar la causa de la órbita de la justicia nacional, aduciendo que Gils Carbó carecía de legitimación para intervenir en este caso, que consideraba local. Ese es el origen de la animosidad de Macrì contra Gils Carbó, quien en 2012 fue designada Procuradora General de la Nación por CFK. En su segundo año de presidencia, Macrì consiguió la renuncia de Gils Carbó, amenazada con múltiples causas impulsadas por fiscales y jueces adictos al gobierno.

 

 

Sin privilegios

Designado por Néstor Kirchner en 2003, Ricardo Augusto Nissen reforzó el control de la IGJ sobre las sociedades offshore, como señaló Gils Carbó al presentar la medida cautelar contra la ley porteña. “Hasta entonces, un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultaba sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. El mismo sistema se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada”, escribió.

Con el recurso al nuevo organismo porteño, los grandes evasores podrían eludir las reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional “en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”. La fiscal concluyó que el descontrol de las sociedades pantalla obstruye la planificación fiscal basada en la equidad, protege las actividades delictivas, descarga el peso tributario sobre la gente más pobre con impuestos al consumo y amenaza el tejido social y el Estado de Derecho.

La ley porteña 2875 supeditó la operatividad del órgano local que creaba, no a una ley nacional que revocara lo dispuesto por la “Ley Cafiero”, sino a simples “convenios de coordinación de competencias” entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad y el Estado Nacional. La regulación de sociedades extranjeras en la órbita federal unifica los controles sobre las sociedades offshore y evita que entes constituidos en guaridas fiscales sean utilizados en el país para eludir los regímenes nacionales en materia tributaria, laboral, familiar, de responsabilidad societaria o para encubrir la fuga de capitales y actividades ilícitas como el lavado de dinero. Según el propio gobierno de Maurizio Macrì, la Inspección porteña ofrecería trámites “sencillos y simplificados”, para que las sociedades opten por el sistema que les resulte “más ventajoso”.

Ya en 2004, Vanidossi había presentado un proyecto de ley de lisa y llana eliminación de la Inspección General de Justicia. Impulsaba así la “desregulación de las estructuras jurídico societarias” y la eliminación de controles administrativos, pensados para la detección de las llamadas sociedades pantalla. La ley 2875 va a contramano del mayor control que se propugna en el mundo y desconoce los avances de la IGJ nacional en el control de legalidad de la actividad societaria, en especial de las radicadas en el exterior, para evitar fraudes a la ciudadanía y al Estado. El ex director de la IGJ, Ricardo Nissen, advirtió que estos controles “sencillos” pueden implicar la vuelta a “lo peor de la (primera) década del neoliberalismo”, cuando la autoridad de control era un “mero buzón de documentos”, que facilitaba todo tipo de fraudes por medio de las offshore que proliferaron en los '90.

 

 

Los clubes de fútbol

La ley 2875 ofrece otra curiosidad: la regulación de las asociaciones civiles sería operativa en cuanto se creara el registro porteño, sin necesidad de convenio alguno con la Nación. De este modo, la IGJ nacional perdería el control también sobre los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles.

En 2003, la IGJ se opuso a la re-reelección de Macri como presidente de Boca porque violaba sus estatutos, y cuestionó que el club fuera accionista mayoritario en la sociedad anónima que comercializa el merchandising de Boca, porque este tipo de participaciones están vedadas por la legislación societaria. A solicitud del Procurador, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se declaró competente para entender en la causa de las IGJ paralelas, desestimó sin el debido proceso previo la acción entablada por Gils Carbó e invitó a la justicia nacional a que declinara su competencia. 

La Cámara Comercial no aceptó la invitación porque entendió que se trataba de interpretar normas federales y no locales, pero consideró que no se debía dirimir la contienda en ese fuero Comercial sino en el Contencioso Administrativo Federal. La Sala I de esa segunda cámara confirmó la medida cautelar que paralizó la creación del registro en 2009. La decisión fue celebrada por expertos en materia societaria, que se opusieron a ese “despropósito inconstitucional”. Todos coincidieron en que el funcionamiento de esta IGJ paralela llevaría a un estado de inseguridad jurídica, con un doble régimen regulatorio y disciplinario de posibles criterios dispares y la duda sobre cuál de los dos registros es el que otorga validez a las inscripciones. Vanidossi sostuvo que las sociedades podrían optar por inscribirse en uno u otro registro pero Nissen replicó que esta competencia entre organismos por captar administrados llevaría a la “mercantilización de la seguridad jurídica”, abriendo la posibilidad de que la puja se haga a través de “ofertas y liquidaciones estacionales” y controles más laxos.

 

 

De inmediato

En cuanto Macrì asumió la presidencia, la jueza subrogante en lo contencioso administrativo, Macarena Marra Giménez, eludió la medida cautelar concedida por su superior, la Sala I de la Cámara, lo cual es un despropósito, y cuestionó la legitimación de la fiscal de la Cámara de lo Comercial para presentarse en la causa.

Pero la apelación de Gabriela Boquín, quien sucedió a Gils Carbó como fiscal de la Cámara Comercial, aseguró su continuación hasta hoy, por el efecto suspensivo del recurso. Marra Giménez, que había sido secretaria de la Cámara, estaba concursando para ocupar en forma estable el juzgado, cosa que consiguió, mediante un decreto del agradecido heredero del Grupo Socma.

“El escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ —organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación— que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”, escribió Boquín en pleno escándalo por la revelación de los Panamá Papers y el rol del estudio Mossack Fonseca en relación con el Presidente Macrì.

A pesar de que la medida cautelar congeló la cuestión, en marzo de 2016 el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta creó por el decreto 195 el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, y designó como director al abogado Hernán Najenson, subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma, quien comenzó la organización del nuevo ente y firmó un convenio marco de colaboración con la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por el cual se creó una comisión mixta para preparar el traspaso que la Justicia no convalidó. También analizó las escalas salariales, ya que los sueldos de la IGJ superan a los porteños. Aparte de avanzar en el organigrama del ente fantasma, Najenson formó una mesa de trabajo con otras once dependencias porteñas, incluyendo el Banco Ciudad y el Boletín Oficial, para “agilizar el proceso de creación de empresas en la Ciudad”, que es el claro objetivo buscado. Esto incluyó el nuevo proceso para la constitución de sociedades, con el fin de reducir los pasos y los tiempos de tramitación. Najenson es voluntario de la Fundación Boca Social, dirigida por María Ines Belloni, la esposa de Daniel Angelici, y hasta su muerte, por Enzo Pagani, al mismo tiempo titular del Consejo de la Magistratura porteño. Debido a la creación del organismo, Rodríguez Larreta y Najenson fueron denunciados por Ernesto Tricarico, del Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra). El fiscal Franco Picardi instó la acción contra Horacio Rodríguez Larreta por abuso y contra Najenson por usurpación de autoridad y contra ambos por violación a los deberes de funcionario público, ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien imputó a ambos y al jefe de gabinete Felipe Miguel.

 

 

Macrì también intentó superar el obstáculo de la Ley Cafiero con un proyecto legislativo, presentado por su ministro de Justicia, Germán Garavano. Luego de que mejorara la relación de fuerzas del gobierno en la Cámara de Diputados a raíz de las elecciones de 2017, el proyecto llegó a tener dictamen de comisión, el 4 de septiembre de 2018, por una mayoría de Cambiemos. Pero no llegó a aprobarse en el recinto, debido a la agudización de la corrida cambiaria que puso en emergencia al gobierno nacional, y a la reiteración de informaciones acerca de sociedades offshore del Presidente y sus familiares.

Dada la imposibilidad de conseguir la sanción legislativa, el gobierno renueva en sus días finales la presión sobre los jueces. En la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la jueza Clara Do Pico se inclina por mantener la cautelar y su colega Rodolfo Facio por levantarla. Debía desempatar la recién designada camarista Liliana Heiland, pero se excusó. En su lugar fue elegido José Luis López Castiñeira, integrante de la sala II, que firmará como subrogante en la sala I.

 

 

López Castiñeira es el magistrado que dispuso que el diario La Nación no fuera considerado en mora ni pudiera ser embargado por su gigantesca deuda con la AFIP, ya que de lo contrario estaría en riesgo de quiebra, con afectación de la libertad de prensa (sic).

 

 

Querida exposa

En 2010, López Castiñeira fue sometido a un procedimiento de juicio político en el Consejo de la Magistratura, acusado por su exposa, la empresaria Verónica Kolodesky, de haber amañado junto con el auditor general Francisco Javier Fernández el concurso en el que fue designado. Uno de los jurados era Sergio Fernández, hermano del auditor de la escudería Stiuso.

 

Kolodesky presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, cuyo entonces presidente, Luis María Cabral, formuló la denuncia penal, que recayó en el doctor Glock. El juez la remitió al fiscal Gerardo Di Massi, quien sostuvo que no podía impulsar la acción penal pública porque Kolodesky tomó conocimiento de lo que denunciaba mientras estuvo casada con López Castiñeira. El artículo 178 del Código Procesal Penal de la Nación afirma que “nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado”. Su derogación es pedida por las asociaciones de familiares de genocidas. Con la misma razón, López Castiñeira pidió la nulidad de las actuaciones y Glock archivó las actuaciones.

Tanto el fiscal Di Massi como la comisión de acusación y disciplina del Consejo, entendieron que no había delito en lo denunciado. López Castiñeira es profesor en la universidad del conurbano de José C.Paz, donde será interesante ver cómo explica a sus alumnos su decisión, si como afirma con certeza el gobierno, votará por permitir la conversión de la Ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal.

 

 

Uno de los gremios judiciales, presidido por Julio Piumato, paró el jueves 26, denunciando el traspaso. "La necesidad de refugiarse en esta jurisdicción no es solo parte de la estrategia de salida de funcionarios actuales de la administración nacional, luego del resultado de las elecciones del mes de agosto, en las cuales casi el 70% de la ciudadanía expresó su voluntad de manera contundente. Esta medida apunta, además, a trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades offshore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A., bajo la órbita de la Ciudad", escribieron los dirigentes Julio Piumato y Ana Laura Cichilitti.

"Los judiciales le decimos no al traspaso, que viene a configurar otra embestida contra la Justicia, pretendiendo digitar desde un gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno", agregaron.

El viernes por la tarde, López Castiñeira, Facio y Do Pico estuvieron reunidos fuera del horario de tribunales discutiendo el tema y se prevé que el martes firmarían la resolución. Si, tal como se teme, fuera favorable al relajamiento de los controles para que las cajas chinas de las offshore en que son especialistas los Macrì conviertan a la Ciudad Autónoma en un refugio de todos los tramposos del mundo, comenzando por los propios, la medida podrá ser apelada tanto por la fiscal general comercial Boquín como por el fiscal general contencioso administrativo Rodrigo Cuesta, el mismo que dictaminó que el gobierno estaba obligado a entregar toda la información sobre el crédito del FMI por 57.000 millones de dólares.

 

 

La sombra de la quiebra

La causa que más inquieta al inminente ex mandatario es la del Correo, por varias razones:

• Según el cálculo que hizo a principios de siglo el entonces alfonsinista Gerardo Morales, quien denunció a su ahora aliado por el vaciamiento del Correo, la defraudación al Estado superaría los 500 millones de dólares.
• La quiebra del Correo, demorada durante 18 inverosímiles años, podría arrastrar también las de Sideco y SOCMA, las naves insignia de la Famiglia Macrì, que tuvieron activa participación en el vaciamiento.
• En ningún caso fue más evidente que en este que Macrì atendía de los dos lados del mostrador y que por defender los intereses particulares sacrificó al Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, para sustituirlo por su abogado personal, Bernardo Saravia Frías.
• Dejó todas las huellas del conflicto de intereses marcadas, cuando dijo desde el atril presidencial que ordenaría volver a fojas cero, interfiriendo en forma explícita con el accionar judicial.

Por lo pronto, Garavano volvió a mostrar su intolerancia con quienes contradicen los deseos oficiales al acusar a Boquín de guiarse por intereses políticos, lo que mereció el repudio de la asociación de fiscales que preside el encuadernador alterno Carlos Rívolo. La Corte Suprema rechazó la solicitud del Procurador de Macrì, Saravia Frías, de más tiempo para analizar la propuesta del Correo de Macrì, y ordenó a la Cámara Comercial que resuelva de una vez. Macrì quiere pagar una parte mínima de lo que debe, siempre y cuando el Estado le reconozca los reclamos que el Correo hizo para intentar una conciliación de deudas, que la Corte Suprema ya declaró inadmisible. Este es un síntoma de la adaptabilidad de las instituciones a los nuevos tiempos. Otro tanto se aprecia en la provincia de Buenos Aires y en Jujuy.

La Asociación de Magistrados de La Plata comunicó al Senado Bonaerense su preocupación por el intento del Hada Buena de “teñir la investidura de futuros magistrados judiciales” sin la debida prudencia ante el proceso electoral. En Jujuy, con pocas horas de diferencia, el gobernador Gerardo Morales cosechó fuertes declaraciones de repudio del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos y de Control Externo y del Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Le recriminan la promoción de juicio político y pedido de destitución contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Nora Millone Juncos, y los vocales René Barrionuevo y Mariana Leonor Bernal, y contra el fiscal ante el superior Tribunal de Justicia jujeño, Alejandro Ficoseco. La acusación contra el tribunal de cuentas es por no haber auditado los fondos federales recibidos por Milagro Sala. Durante una durísima reunión de apenas media hora, los Fiscales Generales de La Pampa, San Juan y Tucumán denunciaron incluso “el indisimulado copamiento de la Corte de Justicia, con el aumento del número de integrantes y posterior designación, por ejemplo, de dos diputados electos por el oficialismo”.

Cuando la persecución se ejerce sobre caucásicxs con título universitario, la impunidad tropieza con la resistencia corporativa. El comunicado de los fiscales consigna que Morales les comunicó su apoyo al juicio político de Ficoseco y les advirtió que no se entrometieran los de afuera. “Nos vamos de Jujuy aún más escandalizados que cuando llegamos y seguros de nacionalizar el tema”. Es decir de promover la intervención federal a la provincia.

El macrismo se retira con estrépito.

 

Además de documentos y entrevistas, la historia de la Inspección General de Justicia Paralela recoge informaciones de notas propias publicadas en el diario Página/12 y de los colegas Julián Maradeo, Ari Lijalad, Nora Veiras y Noelia Barral Grigera.

 

La música que escuché mientras escribía

 

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