Luchadores contra la impunidad

 

La historia de la ardua lucha de la sociedad argentina contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura perdió entre el cierre de enero y el comienzo de febrero a dos de sus referentes del campo judicial.

El sábado 29 se conoció la noticia de la muerte de la contadora y economista Judith König, desde mediados de la década pasada directora general de Asesoramiento Económico en investigaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde distintos roles, gran parte de su carrera se concentró en perseguir condenas para los responsables del genocidio que portaban uniforme y, luego, señalar los beneficios obtenidos por los civiles detrás de la masacre.

Tres días más tarde, cuando febrero transitaba sus primeras horas, falleció en Bahía Blanca el ex camarista federal Luis Cotter. Su partida se produjo el 1F, como se nominó a la convocatoria para reclamar por la democratización del Poder Judicial. Cotter fue de los pocos magistrados que en 1987 declararon la inconstitucionalidad de la ley de impunidad militar con la excusa de la obediencia.

Aunque con una amplia diferencia de edad (Cotter falleció a los 83 años, König a sus tempranos 57), ambas trayectorias revelan una coincidente capacidad de trabajo y compromiso para el ejercicio de cargos en el ámbito judicial, honrando los juramentos que prestaron al recibir sus títulos universitarios.

 

 

Una vida por la justicia y la equidad

Fue en 1982, el año en que cumplió sus 18, que Judith König ingresó como trabajadora en la Procuración General de la Nación. La dictadura acentuaba su declive y ella comenzaba a transitar sus estudios en ciencias económicas en la UBA, que fructificarían en títulos de contadora pública y economista. En el amanecer de 1985, a poco de recuperada la democracia, le llegó el ofrecimiento de sumarse al equipo de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. La magnitud histórica del desafío excedía el cálculo negativo de arduas horas de trabajo sin grandes saltos salariales.

Se trataba de dotar de musculatura a las acusaciones a formularse contra las primeras tres Juntas militares que controlaron el país entre 1976 y 1982, durante la dictadura que implementó el Terrorismo de Estado. La base inicial de datos la proporcionó el archivo reunido durante el año anterior por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, basado a su vez en la tarea desempeñada durante la dictadura por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el CELS. König dedicó largas jornadas de trabajo a analizar cada ficha, seleccionar los casos, contactar a testigos y víctimas, presenciar las audiencias, atender llamadas telefónicas. Con apenas 20 años le tocó recibir amenazas de bomba, habituales a una veintena de meses de la retirada dictatorial y con el poder militar abocado a preservar su impunidad. El 9 de diciembre de 1985, un día antes del segundo aniversario de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín, el juicio concluyó en condenas a integrantes de las dos primeras Juntas de dictadores.

 

 

El reclamo de víctimas sobrevivientes, familias de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos era continuar con los procesos judiciales, incluyendo todos los delitos denunciados. Pero en la Nochebuena de 1986 se promulgó la ley conocida como de “Punto Final”, que otorgaba apenas 60 días para citar de declarar a quienes pudieran ser acusados por crímenes de lesa humanidad.

Mientras una multitud protestaba en Buenos Aires por el incumplimiento de una explícita promesa de campaña del alfonsinismo, König ofreció su trabajo ad honorem en tareas investigativas y administrativas contrarreloj para avanzar con las imputaciones antes de la fecha perentoria. Semanas después, la denominada ley de Obediencia Debida cerró los caminos para el juzgamiento de los eslabones medios e inferiores de la cadena de mando castrense, de los que presumía que solo habían cumplido órdenes. En las décadas siguientes, König desplegó su pericia en materia económica en investigaciones sobre crimen organizado en juzgados y fiscalías federales.

Entrados los 2000, la demanda social y la decisión política del nuevo gobierno kirchnerista posibilitaron la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad. El avance de las investigaciones, que llevaron a juicio a centenares de represores, pronto dejó al descubierto la participación necesaria de actores civiles en el plan criminal: medios de comunicación que contribuyeron a instalar un clima de temor y anomia, pastores que dieron fundamento religioso a la represión, docentes que persiguieron el pensamiento disidente en sus universidades y empresarios sospechados de beneficiarse patrimonialmente con el genocidio.

Sobre este último grupo se concentró el trabajo de König, que analizó en detalle los registros de Papel Prensa, Ledesma, La Nueva Provincia, Molinos Río de la Plata y Loma Negra. Lo hizo desde la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración, creada en 2014 y convertida al año siguiente en Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las investigaciones del MPF.

Las contribuciones de König a la búsqueda de justicia, sin embargo, no se limitaron a hechos ocurridos durante la dictadura. En 2016, cuando Mauricio Macri acababa de asumir la Presidencia y sus portavoces le auguraban ocho años en el poder, la contadora y economista cumplió un rol central en el descubrimiento del acuerdo que Macri propiciaba desde ambos lados del mostrador, entre su empresa familiar de Correo Argentino y el Estado. El análisis de König nutrió la presentación de la fiscal Gabriela Boquín para demostrar que resultaba ruinoso para el patrimonio colectivo de argentinas y argentinos.

Una de sus últimas intervenciones públicas fue en octubre de 2021, cuando dialogó con Radio Provincia. Posgraduada en Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona, expuso la relación entre la falta de recursos de los Estados para redistribuir la riqueza generada, la necesidad de revertir el sistema impositivo regresivo del país, la evasión y la fuga de capitales hacia guaridas fiscales. En su primera respuesta, descartó la utilización del término “paraísos”, que suele aplicarse mediáticamente para calificar a las jurisdicciones que favorecen el ocultamiento de activos. “Decimos ‘guaridas’. Porque ‘paraísos’ tiene una connotación positiva que estos lugares no”, diferenció.

 

 

El trabajador judicial en el camarista federal

Bahía Blanca, inicios de 1987. Como en Buenos Aires, el trabajo es febril. La Fiscalía que conduce Hugo Omar Cañón y la Cámara Federal de Apelaciones deben cumplir con el plazo de 60 días corridos, contados desde la Nochebuena anterior, para citar a indagatoria a los responsables por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción, que abarca el sudoeste bonaerense, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Lo consiguen. Citan a indagatoria a una treintena de militares de alto rango encabezados por el general Adel Vilas, emblema del Terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que comienzan a desfilar por los tribunales de la ciudad. Pero se produce la rebelión carapintada de  Semana Santa  en abril de 1987. Menos de dos meses más tarde, el 8 de junio, queda promulgada la ley de “Obediencia Debida”. Con excepción de violaciones, latrocinios y sustracciones de identidad de menores, los delitos aberrantes perpetrados por cuadros medios e inferiores de las Fuerzas Armadas y de seguridad quedaron disculpados bajo el supremo deber de obediencia. En el Congreso, el senador oficialista Fernando de la Rúa, cuñado de un aviador naval en actividad, reconoció que el proyecto había surgido a partir de la presión castrense.

El fiscal Cañón, la abogada Mirta Mántaras y el sobreviviente Pedro Maidana solicitaron de inmediato a la Cámara bahiense la declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley. El 14 de junio, el voto de Luis Cotter encabezó la respuesta afirmativa. Lo acompañó Ignacio Larraza. Ricardo Planes, cercano al radicalismo, procuró hasta el final evitar el pronunciamiento de sus colegas camaristas. No lo logró, y esa mayoría convirtió a la Cámara Federal de Bahía Blanca en noticia nacional. Por entonces, fue el único tribunal de alzada del país que consideró inconstitucional la nueva normativa, que rompía con el principio de igualdad de civiles y militares ante la ley. Nuevamente la Cámara y el fiscal habían vencido al tiempo: como reconoció públicamente el entonces secretario de Justicia, Ideler Tonelli, Cañón elevó su requerimiento antes de que el Ejecutivo pudiera obligarlo a actuar en sentido contrario.

 

 

Poco más de dos años después, el 1º de diciembre de 1989, nuevamente a solicitud del fiscal, la Cámara Federal bahiense se pronunció por la inconstitucionalidad de los indultos que Carlos Menem había dispuesto en octubre con el fundamento de una pacificación nacional que igualaba a víctimas y verdugos. La nueva maniobra de impunidad benefició a altos mandos militares investigados pero sin condena, lo que chocaba con el concepto mismo de la herramienta utilizada. Diez de los indultados habían sido imputados en Bahía Blanca. La declaración de inconstitucionalidad fue votada por Cotter, acompañado esta vez por Planes.

Ambos fallos de la Cámara Federal bahiense fueron revertidos por la Corte Suprema, que cerró así la vía penal para juzgar a los responsables de secuestros, torturas y homicidios.

Hacia fines de la década, sin embargo, se abrió una posibilidad de avance con los Juicios por la Verdad. Se basaban en la premisa de que leyes y decretos de impunidad no eliminaban el derecho de sobrevivientes, familiares y la sociedad a conocer el destino de las personas desaparecidas.

En 1998 se inició en La Plata el primero de estos procesos orales y públicos. Pronto comenzó otro en Bahía Blanca, a pedido de la APDH local y la de Neuquén. Cotter presidió las audiencias y escuchó las declaraciones de represores a los que no podría condenar. El juicio no permitió conocer el destino de los desaparecidos pero contribuyó a visibilizar la magnitud de lo ocurrido y dejó datos que, desde mediados de la década siguiente, alimentarían a las reactivadas causas penales.

Los pasos de Cotter en favor de la Verdad y la Justicia tuvieron respuesta. Además de recibir amenazas y presiones, la Cámara Federal que integraba vio reducida su jurisdicción cuando –tras la declaración de inconstitucionalidad de los indultos en 1990– se aceleró abruptamente la puesta en marcha de un tribunal federal de alzada en General Roca, que dormía en espera desde 1984. En 2002, tras el Juicio por la Verdad, fue designado camarista Néstor Montezanti, agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura y acusado de integrar la Triple A. El hostigamiento hacia Cotter no cesó hasta su jubilación, en 2008.

Al recordar los principales hitos de su paso por la Cámara, el ex magistrado solía subrayar, por encima de sus recordadas decisiones, la importancia del intenso compromiso colectivo. Al igual que el fiscal Cañón, Cotter destacaba la disposición de su equipo de trabajo, que –por caso– renunciaba al descanso de sábados y domingos para poder vencer a la cuenta regresiva del Punto Final, sin percibir compensaciones por horas extras, negadas por la misma Corte que se encargaría de neutralizar esa ardua tarea.

En esas declaraciones, por encima del juez, se dejaba ver el trabajador que él mismo había sido. Cotter militó en los años iniciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA) que en las décadas siguientes participaría de experiencias históricas del sindicalismo nacional como la CGT de los Argentinos y la CTA. Ambas entidades de trabajadoras y trabajadores judiciales despidieron esta semana al ex camarista utilizando la misma palabra: “Compañero”.

 

 

 

 

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