LOS VUELOS, A JUICIO
Cinco ex miembros del Batallón de Aviación 601 en el banquillo
La puerta trasera del avión se abre y la violencia es ilimitada, su energía destructora, irrefrenable. Allá en lo alto el suboficial se sentía Dios, el médico se escondía después de aplicar la droga para no violar su juramento hipocrático, y el oficial aprobaba el compromiso de sus subordinados, a la distancia, lejos del vómito.
Así, por miles, fueron desaparecidos los opositores políticos del terrorismo de Estado en Argentina. Pero el mar y el río no siempre aceptaron la amarga ofrenda. Algunos cuerpos aparecieron en las costas atlánticas meses después de ser arrojados y fueron enterrados como NN. Exhumados y reconocidos décadas después, reclaman justicia.
Más de 40 años pasaron y ahora estamos a las puertas de un juicio que pondrá la lupa exclusivamente en los llamados vuelos de la muerte, en este caso del Ejército, que despegaban desde Campo de Mayo, el mayor centro de exterminio del país. El juicio, que se iniciará el próximo 5 de octubre, presenta otra novedad: juzgará no a los pilotos, como sucedió en la megacausa ESMA, sino a la estructura de mando, los llamados cuadros intermedios, en este caso del Batallón de Aviación 601 del Ejército.
El juicio con los cuerpos
El debate oral y público que ordenará el Tribunal Federal 2 de San Martín se realizará de forma remota y se podrá ver online a través de las redes. La causa que llega a debate es uno de los más de 700 casos que integran la megacausa Campo de Mayo. Su trato por separado surgió de un pedido del abogado Pablo Llonto en 2008. Durante la etapa de instrucción declararon cerca de 400 conscriptos que hicieron la colimba en el gigante predio que el Ejército tiene en San Miguel. Ahora, el tribunal tomará los testimonios de unos setenta testigos, la mayoría conscriptos, pero también de familiares y especialistas.
En base a estos testimonios y a un informe del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, presentado en 2014, los fiscales y las querellas particulares e institucionales pretenden condenar a cinco militares retirados: al teniente coronel Luis del Valle Arce, comandante del BA601; al teniente coronel Delcis Malacalza, segundo comandante y uno de los pilotos de los aviones Fiat Aeritalia G-222, llamados “Herculitos”; al ex oficial de Personal, capitán Horacio Alberto Conditi; a Eduardo Lance, también piloto de los “Herculitos” y oficial de Operaciones del Batallón; y al múltiple condenado Santiago Omar Riveros, que dirigía los Institutos Militares y tenía control operacional de todo lo que allí sucedía. El estrado de imputados no contará con el coronel retirado Alberto Luis Devoto, quien hasta hace poco ejercía como funcionario provincial en Córdoba pero que ahora fue apartado por incapacidad mental.
Los testimonios de los conscriptos durante la instrucción dieron cuenta de que las víctimas subían en general vivas a los aviones, aunque no por sus propios medios ya que antes eran drogadas; que había zonas de exclusión en Campo de Mayo, es decir que se continuaba con la clandestinidad de los métodos de represión ilegales; que los vuelos se ejecutaban de noche; que cumplían las tareas de limpiar los rastros de los aviones; y que también se encargaban de juntar las ampollas rotas del Ketalar, la droga que se usaba para dejar inconscientes a las víctimas. También contaron sobre el funcionamiento operativo de los mandos, las características de las aeronaves, el contexto del terrorismo de Estado, es decir las arengas que recibían de la oficialidad para participar de una “guerra contra la subversión”, y la participación del BA601 en el Operativo Independencia en Tucumán.
Como ningún otro crimen de la dictadura, la técnica de los vuelos era sumamente eficaz y no ha dejado testigos directos de los hechos, fuera del comando asesino que se subía a los aviones. De esta eficacia se deriva otra: no están los cuerpos de miles y miles de desaparecidos. Ello otorga la mayor relevancia al criterio jurídico: no hay crimen sin cuerpo, consideró la jueza Alicia Vence cuando elevó la causa a juicio oral en 2016. Distinto fue el criterio utilizado en la causa ESMA, que se le pidió a Vence en su oportunidad que tuviera en cuenta.
Por ello, son sólo cuatro las víctimas por las cuales se reclamará justicia. Juan Carlos Rosace, el Tano, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrado con 18 años el 6 de noviembre de 1976. Adrián Enrique Accrescimbeni, de 17 años, secuestrado un día antes que Rosace, su compañero de año y militancia. Sus cuerpos aparecieron juntos un mes más tarde en la zona sur del Río de la Plata a la altura de Punta Indio. En 2011 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó sus restos en el cementerio de Magdalena. Los especialistas concluyeron que sufrieron asfixia por inmersión y que tenían traumatismos compatibles con haber sido arrojados al agua desde una aeronave.
Roberto Ramón Arancibia, Eloy, cayó el 11 de mayo de 1977. Era un histórico militante del PRT-ERP. Junto a él fueron secuestrados sus dos hijes y su compañera María Zago. El cuerpo de Roberto apareció en la costa de Las Toninas en febrero de 1978 y fue enterrado en el cementerio de General Lavalle. Sus restos fueron también reconocidos por el EAAF. Rosa Eugenia Novillo Corbalán era militante del ERP. Fue secuestrada en abril de 1976. Su cuerpo fue encontrado en las costas de Magdalena, en el paraje Punta Piedra, en septiembre de aquel año. Sus restos fueron identificados en 1998. Estaba embarazada de pocos meses cuando la secuestraron y por eso las Abuelas de Plaza de Mayo cuentan un niet@ más por encontrar.
El rompecabezas de los vuelos
No hay nada parecido a una investigación judicial que ofrezca una mirada integral sobre el método de los vuelos. Hay varias razones para ello, partiendo de las características esenciales del terrorismo de Estado: la ilegalidad, el ocultamiento y la descentralización operacional.
Algunas pruebas y testimonios permitieron alcanzar justicia en algunos casos y encajar algunas piezas de este enorme rompecabezas. Así sucedió con la condena que recibieron algunos pilotos en 2017 en la llamada causa “ESMA III”. El juicio duró cinco años y dentro de la treintena de condenados estuvieron los ex pilotos de Prefectura Mario Daniel Arrú, Alejandro Domingo D'Agostino, Francisco Armando Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa. Fue la primera vez que se probaron judicialmente los vuelos, aún para víctimas cuyos cuerpos no fueron encontrados. Pero probar la responsabilidad de los pilotos no era fácil y Julio Alberto Poch y Rubén Ricardo Ormello quedaron absueltos, aunque se habían autoinculpado de manera involuntaria.
El método de los vuelos fue denunciado tempranamente en el país. En agosto de 1976 la agencia de noticias ANCLA informó que se sabía que los cuerpos que producía la dictadura eran arrojados desde aviones o desde barcos de la Armada en alta mar. Rodolfo Walsh, en su Carta a las Juntas, en marzo de 1977, antes de ser asesinado, también se refirió a los vuelos. Por entonces ya habían aparecido los primeros cuerpos en las costas montevideanas, como el del militante comunista Floreal Avellaneda, que tenía sólo 14 años y había sido visto en Campo de Mayo. En lo sucesivo serían varios más los cuerpos aparecidos en las costas de Uruguay que serían enterrados en cementerios del país vecino. Desde 1977 las fuerzas armadas pretendieron mejorar el método, agregando como destino de los vuelos el Delta entrerriano, como cuenta Fabián Magnotta en El lugar perfecto.
Quienes sobrevivían y eran liberados en aquellos años comenzaron también a contar sobre los “traslados” que se realizaban todas las semanas, en días específicos. Aunque no podían saberlo con certeza, los rumores, en muchos casos producidos por versiones que les hacían llegar los mismos captores, les permitían conjeturar el método que habían elegido las Fuerzas Armadas para “desaparecer” oponentes. Una de las primeras denuncias públicas se realizó en París, en octubre de 1979, por ex prisioneras de la ESMA.
Con posterioridad, militares ofuscados con sus superiores, conscriptos testigos y asesinos orgullosos fueron dibujando estelas de los vuelos, muchos de los cuales siguieron un curso judicial. El primer testimonio de un represor se produjo en 1981, todavía bajo dictadura. Luis Alberto Martínez, el Japonés, suboficial de la Policía Federal, contó ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que los grupos de tareas de Seguridad Federal usaban los vuelos como destino final de sus víctimas y aseguró que el método se adoptó antes del golpe de marzo de 1976. Pocos años después, en 1983 y 1984, confesaron también Raúl Vilariño y Roberto Peregrino Fernández. Se refirieron a los “vuelos sin puerta” de la ESMA, que pasaban por Ezeiza. Otros jóvenes oficiales de Prefectura declararon en 1984 y Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, declaró sobre el uso de esta base de la Fuerza Aérea ante la Conadep.
En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo reconoció ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos de la ESMA despegados desde Aeroparque y piloteados por oficiales de Prefectura y de la Armada, distintamente. Los detalles ofrecidos en el libro El vuelo son reveladores de la forma en que los mandos lograban involucrar a todos sus subordinados en el horror y cómo la iglesia católica alentaba el crimen y ofrecía consuelo. Aquel mismo año, dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método: los relatos del sargento Víctor Ibáñez y del suboficial Pedro Caraballo se produjeron respectivamente ante la prensa y ante una asociación de abogados.
En los años '90 el capitán de corbeta retirado Emir Sisul Hess, entonces gerente de un complejo turístico en Villa La Angostura, se jactaba ante conocidos de los vuelos de la ex ESMA. Sus conocidos declararon ante la Justicia y Hess comenzó a ser investigado. En 2002 se abrió una causa que tres años más tarde fue absorbida en la megacausa ESMA, donde ya se investigaba este método. Estos testimonios daban cuenta de los vuelos que partían de las bases de Palomar o Morón. Confesión importante también fue la que hizo a sus compañeros de hospital de Ushuaia el suboficial de la Armada, Juan Lorenzo “Jeringa” Barrionuevo, que pidió volar y tirar cuerpos, y que murió impune. Su caso se destapó en 2003, tras ser electo legislador provincial por el menemismo.
Estos testimonios fueron reconstruyendo una historia macabra, mientras iban nutriendo cuerpos en los despachos judiciales. Pronto fue claro que distintos tipos de aviones habían despegado de Aeroparque, Campo de Mayo, Ezeiza y también Palomar y Morón, para arrojar víctimas que pasaron por ESMA, por el predio militar bajo órdenes del Comando de Institutos Militares, pero también por otros circuitos represivos como Atlético, Banco, Olimpo (ABO) y Vesubio.
Años más tarde, en 2008, en la megacausa de Campo de Mayo, declaró un conscripto que cumplió servicios en la Compañía Helicópteros de Asalto del BA601. Aunque vio un solo vuelo, su testimonio fue importante porque identificó al líder de las FAR y Montoneros, Roberto Quieto, cuando lo subían a un avión. Su cuerpo jamás apareció. Por entonces cientos de colimbas declaraban sobre lo que llegaron a ver. En 2008, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121 contó que estos métodos también se utilizaron en Rosario, con aviones Hércules que partían del aeropuerto Fisherton para arrojar víctimas del centro La Intermedia.
Por aquellos años, en 2009, fue detenido en España Julio Alberto Poch, ex teniente de la Armada, quien había reivindicado ante otros compañeros de trabajo de la aerolínea holandesa Transavia su participación en los operativos de la dictadura. Caso similar al de Rubén Ricardo Ormello, cabo segundo de la Armada. Dos años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó un informe con fotos y datos sobre la aparición de cuerpos en costas de Uruguay, suponiéndose que los cuerpos allí hallados fueron arrojados en las costas de Carmelo. Sobre ello había ya informado en noviembre de 1982 el ex prefecto uruguayo Daniel Rey Piuma, quien huyó a Brasil.
El mismo genocida Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, declaró en 2012 sobre los vuelos de la muerte, atribuyéndoselos a la Marina. En 2013, la prensa difundió las declaraciones del teniente retirado Eduardo Francisco Stigliano, hechas por escrito en 1991 ante autoridades del Ejército. Sus superiores informaron que perseguían el fin de generar daños a la institución. Stigliano habló de los vuelos de Campo de Mayo, de los médicos bajo sus órdenes, del ketalar y de las personas envueltas en nylon. Uno de estos médicos era Julio Alejandro Verna, capitán retirado del Ejército, cuyo hijo Pablo Verna es uno de los hijos desobedientes que repudian a sus familiares genocidas.
El nuevo episodio judicial ofrecerá sin dudas más piezas de este rompecabezas del horror y, quizás, además, justicia.
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