Los únicos privilegiados

 

Campo de Mayo, la Unidad 34, se convertirá oficialmente en las próximas semanas en la única cárcel para los represores de la última dictadura. Esta información surge de un acuerdo al que se llegó entre la Cámara Federal de Casación y el Servicio Penitenciario Federal (SFP), reunidos el jueves para discutir la superpoblación carcelaria.

El encargado de llevar la propuesta del traslado fue Emiliano Blanco, el director del SPF. Con atención lo escuchaban el presidente del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, y otros jueces en representación de las distintas salas de la Casación. No hubo grandes resistencias por parte de los magistrados.

El gobierno rehabilitó la cárcel de Campo de Mayo a finales de 2016. Explicaron que lo hacían, pese a la protesta de organismos de derechos humanos y fiscales, porque el lugar era adecuado para atender a una población envejecida, que necesita estar cerca del hospital. Lo cierto es que, como detalló Alejandra Dandan en este medio, Campo de Mayo ofrece a los represores mayores comodidades que las otras unidades, y muchos de ellos se sienten como en casa.

Desde la reapertura de la cárcel de Campo de Mayo, empezaron a llover los pedidos de los represores para ser trasladados allá. Sólo quedaba un grupo reducido de represores alojados en Ezeiza, entre los que está Miguel Osvaldo Etchecolatz.

El gobierno necesita liberar plazas en Ezeiza porque hace semanas la Sala II de la Cámara de Casación le prohibió seguir incorporando internos al penal de Marcos Paz, la cárcel que más población tiene. Desde Casación deslizaron que puede haber una instrucción a los tribunales orales para que autoricen los traslados. Resta saber cuándo comenzarán a efectivizarse.

Aunque es poco probable que moviendo a los represores hacia Campo de Mayo vaya a resolver la crisis del SPF. A marzo de este año, el gobierno estimaba que el cupo estaba superado en un 12 por ciento, aunque la cifra siguió subiendo.

Al 4 de julio, los represores detenidos en los establecimientos del SPF eran 156 y representaban un 1,09 por ciento del total de la población carcelaria federal. Poco y nada.

 

 

Reuniones calefaccionadas

El lunes hubo reunión de superintendencia en Casación. Los casadores se veían la cara después del fallo de Daniel Rafecas que había desnudado la situación de hacinamiento que se vive unos pisos más abajo de sus oficinas, en la Unidad 29 del SPF – que funciona en Comodoro Py.

Hubo algunos pases de factura entre Mahiques y su colega Gustavo Hornos, que la semana anterior había visitado la Unidad 29 y hecho un informe lapidario que retomó Rafecas junto a la denuncia de la Defensoría General. En la reunión, Mahiques dijo que él había dado la orden de mantener la calefacción apagada.

El viernes hubo otra reunión, pero, en este caso, en el Ministerio de Justicia. Se juntaron quienes integran la comisión por la emergencia penitenciaria – creada con la declaración de emergencia del 26 de marzo. Ahí fue otro Mahiques la figura central del encuentro: Juan Bautista, el subsecretario que tiene a su cargo los asuntos penitenciarios y que está próximo a mudarse la fiscalía general de la Ciudad.

Mahiques (hijo) protestó contra los últimos fallos, dijo que eran políticos, y que, para resolver la situación, se necesitaba el acuerdo de todos los actores. Acto seguido, informó sobre los avances de obra. Se detuvo especialmente en el hecho de que estaban acondicionando dos edificios para ser usados como tránsito de detenidos, y que podrían estar listos en los próximos meses. Uno está ubicado en San Juan al 300, y que proporcionaría 132 plazas. El otro en Inmigrantes, con 93 plazas.

 

 

Coro de críticas

La situación en las cárceles viene despertando críticas de distintos sectores. Esta semana se sumó la defensora general Stella Maris Martínez. “Si podemos decir sin vergüenza que este sistema carcelario respeta los tratados internacionales de derechos humanos, las Reglas Mandela y la Constitución Nacional, el problema somos nosotros", sostuvo durante un seminario que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Hiperencarcelamiento y control jurisdiccional.

En el evento estuvieron varios de los actores que interactúan con el gobierno en el tema cárceles, como los jueces Alejandro Slokar (Casación Federal) y Leonardo Pitlevnik (Cámara de San Isidro), las juezas Magdalena Laiño (Cámara del Crimen) y María Jimena Monsalve, el ex magistrado Luis Niño y el procurador penitenciario adjunto Ariel Cejas Meliare.

A esta altura, el gobierno minimiza las críticas. Sus funcionarios dicen que la sobrepoblación carcelaria se debe a una exitosa política criminal. En diciembre de 2015, las personas detenidas eran 10.274, mientras que al 13 de marzo de 2019 eran 13.773. Según estimaron los juristas que participaron del evento, el número ya trepó a 14.350. El problema es que el SPF sólo tiene cupo para 12.135 personas. O sea, hay 2115 personas detenidas más de las que el SPF podría absorber. Difícilmente se resuelva con los traslados a Campo de Mayo.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí