Los ultimos serán los primeros

Por Horacio Verbitsky

 

La candidatura de Alberto Fernández cobró vuelo el día de julio en que sin previa consulta con nadie anunció que los medicamentos serían gratuitos para los jubilados y que se pagarían con los intereses que remuneraban a los bancos por la adquisición de Letras de Liquidez del Banco Central (Leliqs). Agregó luego: “Entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados”. Quienes poco sabían del ex jefe de gabinete comprendieron que el candidato del Frente de Todos se inscribe en las mejores tradiciones argentinas, que arrancan con Perón y Evita e incluyen a Néstor y a Cristina Kirchner. En su discurso, además, son constantes las referencias a Raúl Alfonsín, en cuyo gobierno ocupó su primer cargo oficial, como abogado del ministerio de Economía. Precisar cómo se operaría esa merma en los intereses sin que volviera a volar la cotización del dólar, ya era otra cosa. Pero la idea del subibaja, de que los últimos serían los primeros, quedó instalada.

Tasas y reservas

Sólo los bancos pueden adquirir Leliqs, que fue el instrumento sugerido por el FMI para desmontar la bomba de tiempo de las Letras del Banco Central (Lebacs), cuando su monto pasó del billón de pesos. Cuando Fernández opuso a bancos y jubilados, las tasas de interés de las Leliqs rondaban el 60%, táctica elegida por el gobierno de Maurizio Macrì para controlar la cotización del dólar dentro de ciertos límites compatibles con la campaña electoral en la que Cambiemos aún se ilusionaba con que habría 2019. Se le fueron en ello unos 18.000 millones de dólares, que alimentaron la formación de activos en el exterior. Fernández dijo que el FMI había financiado de ese modo la campaña electoral más cara de la historia. Un mes antes de las elecciones, las tasas llegaron al 85,9%, una cifra tan disparatada como el riesgo país, que para la misma época rozó los 2.500 puntos, lo cual es otra forma de decir que nadie estaba dispuesto a abrir la billetera para prestarle nada a nadie que viniera de la Argentina.

Todavía no se han cumplido tres semanas del nuevo gobierno y es apreciable el cambio de tendencia. El Poder Ejecutivo transmite la idea de que está moviendo piezas en un escenario de enorme complejidad, donde ninguna jugada puede realizarse sin atender a sus consecuencias encadenadas en diversos frentes. Esto será así por lo menos hasta marzo, cuando ya se sabrá si los acreedores externos creen viable contribuir al rescate de un gobierno atípico, que se desmarcó de todos los estereotipos con que su antecesor lo estigmatizó en la escena internacional, o si se disponen a despeñarlo desde la roca Tarpeya de Wall Street. El antecedente de Néstor Kirchner lo favorece, pero nadie ignora las diferencias básicas de ambos momentos:

  • La recesión era incluso más profunda entonces, pero la inflación tendía a cero, con lo cual las políticas de reactivación productiva carecían de contraindicaciones.
  • Ahora, Macrì dejó la peor combinación imaginable, la tan temida estanflación, prueba palpable del fracaso de su política económica.
  • La ortodoxia creyó que con los motores de la economía apagaría también la inflación y terminó su mandato sin entender qué sucedía. De ahí sus permanentes vaticinios de una pronta recuperación y sus justificaciones antológicas cuando la realidad los desmentía, del tipo de “pasaron cosas”.

Este monstruo económico de dos cabezas obliga a una extrema cautela. Las políticas contractivas son impensables como ancla antiinflacionaria, pero tampoco pasan sin riesgo los estímulos monetarios.

Finanzas, minería e hidrocarburos

Una vez promulgada la ley de solidaridad social y reactivación productiva, una pregunta legítima fue cuál sería el aporte de los sectores financiero, minero e hidrocarburífero. Quien busque un impuesto específico para cada actividad no lo encontrará. Incluso, el veto presidencial redujo del 12 al 8% las retenciones a las petroleras. Les corresponden sí, las generales de la ley: el incremento del tributo a los bienes personales, sobre todo a los que están radicados fuera del país y que se blanquearon con una ley de título engañoso, la de reparación histórica a los jubilados, entre cuyos capítulos Macrì coló el perdón a la fuga de capitales y a la evasión impositiva y previsional, especialidades de la casa.

 

En el caso de los bancos, los límites provienen de la regulación estatal, que viene a ordenar los restos de la fiesta animada por Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Gustavo Cañoñero y Guido Sandleris. En el minero, de la resistencia social a una actividad contaminante y de relativo impacto laboral, como acaba de verse en Mendoza.

El objetivo no es castigar a las entidades financieras, sino desacostumbrarlas a la ganancia fácil de prestarle al Estado a altísimas tasas y ponerlas a competir por los clientes privados, que aspiran al crédito para producir. Es imposible exagerar la dificultad de poner en marcha una maquinaria herrumbrada por el desuso, y esto es tanto una metáfora para el sector financiero como una descripción de lo que sucede con el manufacturero. Ni siquiera es simple determinar en qué medida la calificación de capacidad industrial ociosa engloba a las instalaciones bien conservadas listas para ocuparse, y a aquellas que por rezago tecnológico o simple deterioro, han sido desguazadas o podrían liquidarse como chatarra. La tasa de interés que los bancos perciben por las Leliqs se alejó de aquellas cumbres. La última semana descendió a 55% y es probable que muy pronto esté en el orden del 47%. Los jubilados ya están recibiendo sus medicamentos, además de los bonos con cerca de un 30% de aumento para la mínima y el anuncio de otro tanto el mes próximo.

El ajuste por inflación forzará a los bancos a cambiar de prácticas. Al concluir la aventura neoliberal, tenían acumulados no asignados por 258.000 millones de pesos, que después del ajuste por inflación se convirtieron en un saldo negativo de 107.000 millones. Deflactados sus balances, el resultado positivo de 239.000 millones se redujó a 18.000 millones. Esto significa que no pueden distribuir dividendos. Por ahora no maldicen al nuevo gobierno, porque tienen muy claro que llegaron a esta situación por las chapuzas del anterior. Ni el ajuste por inflación, ni las previsiones obligatorias por posibles créditos impagos son caprichos del presidente Alberto Fernández ni del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sino consecuencia de las normas imperativas que deben seguir todos los países integrantes del G20. En previsión de pérdidas futuras, los mayores bancos han debido detraer de sus balances el equivalente a un 20% de sus operaciones. Otro tanto pasa con los títulos públicos, un rubro en el que el Banco Central les ha dado un alivio, porque las previsiones por pérdidas, en medio del hundimiento del valor de los bonos, hubiera sido un tsunami, no sólo para la banca privada sino también para la pública, empapelada por el macrismo. Ya les llegará el momento, si como se prevé la reestructuración de la deuda eleva la cotización de esos títulos. Sólo tres bancos locales cotizan en Estados Unidos: el Macro, el Galicia y el Francés. Su capitalización de mercado desde 2016 hasta ahora describe con precisión los efectos del macrismo:

Capitalización de mercado, en miles de millones de dólares
Macro
Galicia
Francés
2016
3,7
3,5
3,1
2017
7,7
9,3
5,2
2019
2,5
2,4
1,2

 

La fiesta fue suntuosa pero efímera. El desplome fue similar para las mayores empresas cuyos ADR se cotizan en Nueva York, con excepción de las transportadoras de gas, donde se concentraron los negocios de Macrì y allegados.

El ministro de Economía, Martín Guzman, ya hizo dos colocaciones de deuda en pesos, de las que participaron grandes fondos internacionales de inversión, prueba de que las restricciones impuestas por Macrì luego de la derrota en las PASO de agosto, dan resultado. Si no es posible sacar dólares del país, los inversores institucionales quieren al menos instrumentos en pesos, a la espera de un cambio futuro. También las grandes empresas, como YPF, Axxion y Galicia han hecho colocaciones en pesos. El descenso de la tasa de interés dispuesto por el Banco Central, aproxima la tasa a la inflación y, en algunos casos, la torna negativa. Todo en su medida y armoniosamente, ya que además del interés de las empresas, cuenta el de quienes intentan preservar el valor de sus ahorros con instrumentos escasos, como los plazos fijos. La tasa debe bajar lo suficiente como para rescatar de un largo sopor el crédito y la inversión, pero no tanto como para desplumar a los depositantes que deben dejar su dinero a 90 días, ajustable por CER o UVA. Guzmán ha oscilado acerca de la monetización del déficit. Una vez sacada chapa de prudencia, se permite excepciones. Los bancos piden la reducción de encajes, para aumentar la masa prestable a empresas que necesitan capital de trabajo. El problema será para la Secretaria de Comercio, Paula Español, cuya misión será impedir que esos incrementos se trasladen a precios. A ello debería contribuir el acuerdo social firmado por empresarios, centrales sindicales y movimientos sociales. El texto es genérico, pero a diferencia de lo que ocurría con las convocatorias de Macrì, no reemplaza medidas concretas (como la doble indemnización por despido injustificado) y hay intención de llevarlo a la práctica.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, titulado Viraje de 180° en la política económica argentina grafica la gigantesca transferencia de recursos desde la base hacia la cima de la pirámide que produjo la modificación del impuesto a los bienes personales del macrismo:

 

El Informe inquiere sobre cómo afecta a la clase media el incremento de ese impuesto decidido ahora por el nuevo gobierno.  "El 70% de los titulares del impuesto (en la estimación anteriormente mencionada) son personas cuyo patrimonio declarable supera los $32 millones (valores a 2020) y que poseen el 68% de sus bienes en el exterior. Este segmento de personas alcanzadas por el impuesto, que alcanzan unos 64.000 casos, se ahorró cerca de $110.000 millones de pesos entre 2016 y 2019 por las modificaciones propuestas por Cambiemos y aprobadas por el Congreso. En segundo término, varias modificaciones benefician a los sectores medios alcanzados por el impuesto. Como fue mencionado, el aumento del MNI de $1.192.000 a $2.000.000, significa un
incremento de casi 70%, muy por encima de la inflación (que será de 55% en 2019) e incluso de la variación del tipo de cambio", es la respuesta.

CEPA también termina con la estólida discusión acerca de si las medidas del nuevo gobierno constituyen o no un ajuste. La recaudación adicional que obtendrá el Estado en 2020 alcanza a 2,14% del PIB. Pero esta vez no lo pagan los ofendidos y humillados, sino los poderosos, que es lo que importa. CEPA considera cuatro rubros: las retenciones, el impuesto a los bienes personales, el 30% sobre los consumos en dólares y las contribuciones patronales, tal como se aprecia en el gráfico, con las magnitudes y porcentajes correspondientes.

El tropiezo del gobierno bonaerense, al que la oposición le negó el quórum para aprobar la ley impositiva, es una medida indirecta de la gobernabilidad que les Fernández lograron en el Congreso Nacional. El descargo de Axel Kicillof en la conferencia de prensa posterior fue impecable: los gravámenes propuestos sólo impactaban y en forma muy moderada sobre la cúpula económica, y tendían a remediar el desastre que dejó el Hada Buena en la provincia. Pero la mejor explicación no equivale a una ley.

Marcha atrás

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, dio marcha atrás con la autorización al empleo de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, mercurio y otros tóxicos en la minería a cielo abierto, luego de la mayor movilización colectiva que se recuerda en la provincia en el último medio siglo, cuando el célebre mendozazo.

Incluso adhirieron a la protesta las reinas de la vendimia, porque la contaminación podría ser letal para la industria vitivinícola, que San Martín implantó en cuyo hace dos siglos. Dos notas de esta edición, escritas antes de la retractación, abundan en detalles. Omiten, sin embargo, algunos datos de alto interés acerca de quiénes son los interesados en el negocio al que la sociedad se opone en defensa del agua:

  • El ex presidente Maurizio Macrì y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Ronsenkrantz, quienes tienen relaciones de negocios mineros, entre ellos y con la empresa brasileña Odebrecht. Macrì obtuvo la devolución de un área que había perdido por incumplimientos, gracias al ex gobernador Alfredo Cornejo, tal como se explicó a mediados de año aquí. 
  • El ex asesor presidencial Ernesto Sánz, quien diez días antes del cambio de gobierno constituyó la sociedad minera e hidrocarburífera por acciones simplificadas, Bergbau SAS.
  • Los dirigentes justicialistas Omar y Emir Félix, el primero diputado nacional y el segundo intendente de San Rafael, quienes el 22 de octubre constituyeron la sociedad anónima minera, Sierras del Nevado.

Esto explica que la ley cuestionada contara con aval de senadores y diputados tanto de Cambia Mendoza (radicales y cambiemitas) como del Frente de Todos.

Con un fuerte componente conservador, la provincia cuyana no suele producir este tipo de respuesta social a decisiones del poder político. Lo mismo podía decirse de Santiago de Chile, apenas a 170 kilómetros en línea recta, cordillera de los Andes de por medio, hasta que un módico aumento en el pasaje del subte metropolitano encendió una llama que aún no se extingue.

Antes había ocurrido algo similar en Ecuador, luego fue el turno de Bolivia, sin contar las críticas situaciones en Colombia, Venezuela, y en países de Asia y África, de Argelia a Hong Kong. En cada país el detonante es diferente, pero en todos la paciencia escasea y el fastidio con el gobierno abunda, aún en el caso de Suárez, que acaba de ser electo por una cómoda mayoría de votos.

El Poder Ejecutivo ordenó al Secretario de Ambiente, Juan Cabandié, que precisara que se trató de una decisión provincial, sin injerencia de la Nación. Sumado esto a la tensa reunión con un grupo de ambientalistas, el gobernador radical optó por la retirada, lo cual marca un hito significativo. Primero la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y luego el propio gobernador Suárez declararon que el uso de esos tóxicos no era admisible sin lo que se conoce como licencia social, es decir, el consentimiento de las poblaciones afectadas. En el caso de los hermanos Félix, además, está en discusión la legitimidad de la posesión de la parcela de Malargüe donde se proponían la explotación del oro. El padre de ambos, Chafi Félix, fue intendente de San Rafael durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Esas tierras son reclamadas como propias por la comunidad mapuche Rukache.  Otro síntoma del clima nuevo que vive el país, es el pronunciamiento del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, un integrante del grupo de curas en opción por los pobres, quien fue uno de quienes solicitaron al gobernador que no promulgara la reforma legislativa, en una nota que puso bajo la advocación de la frase bíblica, del Éxodo, “He escuchado el clamor de mi pueblo”.

 

Lenta pero insegura

Lenta pero insegura, la Corte Suprema de Justicia ha dicho una palabra sobre la presunción de inocencia, la garantía de la doble instancia, el beneficio de la duda, durante el debido proceso con derecho de defensa en juicio. No lo hizo ante los recursos de la vicepresidente CFK y diversos funcionarios de su gobierno, sino en la causa por la que el Superior Tribunal de Misiones confirmó la condena contra Lucía Cecilia Rojas y Cristina Liliana Vázquez a prisión perpetua por homicidio a martillazos. Por unanimidad, la Corte enumeró esos principios básicos de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos que desde 1994 la integran, pero que en el sistema judicial realmente existente rara vez se aplican, de modo que las cárceles están repletas de personas sin condena. Rojas llevaba 14 años en prisión preventiva y Vázquez 11. De este modo, el tribunal abjura de la doctrina elaborada por Ricardo Lorenzetti y firmada sin pensarlo demasiado por el presidente de la Cámara Federal de la Capital, Martín Irurzun. Cuando llegue el momento de tratar los agravios de Cristina y de sus colaboradores, el tribunal podrá remitirse a lo dicho en esta causa, ya sin temor de que las damas y caballeros de Juntxs por el Cambio les organicen otra algarada frente a la Plaza Lavalle. Huevo Duro no tiene reparos en borrar con el codo fernandista lo que escribió con la mano macrista, y se ilusiona con que de ese modo pondrá fin al síndrome de abstinencia presidencial que lo desvela. El poeta Paco Urondo tenía una frase hermosa para estas ensoñaciones: “Difícil que el chancho chifle”.

La música que escuché mientras escribía.

 

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